En Colombia persisten aún problemas relacionados con la inseguridad alimentaria de algunos grupos poblacionales, especialmente los más pobres y vulnerables, ubicados en las zonas rurales y las periferias urbanas, en los que el consumo y la disponibilidad de alimentos se ven afectados por el comportamiento de la producción de la canasta básica y los factores que determinan su sostenibilidad y suficiencia (PND 2014-2018).De acuerdo a datos de FAO, reportados en la publicación SOFI (Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo) 2015, Colombia cuenta con 4,4 millones de personas sub alimentadas, lo que corresponde al 8,8% de la población.
Sumado a esto, Colombia ocupa el segundo lugar entre los doce países con mayor diversidad biológica del mundo, después de Brasil, y actualmente tiene un registro de 54.871 especies, dentro de las que se incluyen vertebrados (7432), invertebrados (15269) y plantas (30.436), es el primer país en diversidad de aves y orquídeas, el segundo país más diverso en plantas, anfibios, peces de agua dulce y mariposas, el tercer país más diverso en reptiles y palmas y el cuarto con mayor variedad en mamíferos (Sistemas de información sobre biodiversidad en Colombia, 2015). Los principales motores que impulsan la pérdida de la biodiversidad son el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación de recursos, la introducción de especies invasoras y la deforestación, esta última para el caso de Colombia es importante especialmente en los departamentos de Caquetá, Nariño, Meta, Chocó, Putumayo y Cauca. Colombia tiene más de 114,1 millones de hectáreas de superficie continental, de las cuales el 51,8 % en el 2013, correspondían a bosques naturales (Ideam, 2013). Sin embargo, la pérdida de cobertura vegetal sigue siendo un reto para el país. En el periodo comprendido entre 1990 y 2010, Colombia perdió cerca de 6 millones de hectáreas en bosques. Si bien la tasa anual de deforestación ha disminuido de 310.000 hectáreas entre 2010 y 2013, sigue siendo alta, con 120.933 hectáreas deforestadas en el año (Ideam, 2014). Esta problemática se hace más relevante al considerar que los bosques naturales de Colombia almacenan en promedio 121,9 toneladas de carbono por hectárea, lo que convierte a la deforestación en una fuente importante de Gases de efecto invernadero –GEI-. (Phillips, et al. Ideam, 2012).
Por otro lado, Colombia es un país con desigualdades históricas, distribuidas por regiones y grupos poblacionales que se han visto limitados en el goce de sus derechos y en el acceso a los beneficios del desarrollo. Disminuir estas desigualdades ha sido uno de los retos que ha mostrado lento avance a lo largo de la historia del país. El país sigue teniendo una de las tasas de desigualdad más altas del mundo, con un coeficiente Gini de 53.5. Se han registrado una marcada disminución de la pobreza, del 45 % en 2005 al 30.6 % en 2013; una disminución del 32 % en ocho años. En tres años, entre 2010 y 2013, 1.7 millones de personas superaron la pobreza, y 700,000 personas salieron de la pobreza extrema. Sin embargo, y a pesar de tener una de las economías de mayor crecimiento de Latinoamérica, una porción significativa de la población colombiana sigue viviendo en una situación de pobreza o extrema pobreza.
En este contexto, ciertos grupos se han visto más afectados, entre ellos la población rural, y en particular las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los jóvenes y las víctimas del conflicto armado. Estos grupos enfrentan múltiples limitantes, que los posicionan en una situación de vulnerabilidad, y condicionan sus oportunidades y el ejercicio de sus derechos humanos. Entre estos obstáculos se destacan las consecuencias del conflicto armado, la degradación ambiental, la desatención a las zonas rurales y la discriminación históricamente arraigada en la sociedad y las instituciones. Muchos de estos grupos enfrentan formas compuestas de discriminación, que se reflejan en los ámbitos económico, social, laboral, político y cultural. Asimismo, la población desplazada representa uno de los grupos más vulnerables del país, el 98 % de esta población vive en condiciones de pobreza, y el 68.5 % en pobreza extrema. El 24 % de los niños desplazados padecen de malnutrición, el doble del promedio nacional.
En la actualidad, una de las mayores causas de la inseguridad alimentaria en Colombia no radica tanto en la escasez de alimentos, sino en la imposibilidad de acceder a ellos. Parte de la explicación se debe al bajo nivel de ingresos de la población vulnerable, lo cual se agudiza por las disfunciones mismas de los sistemas agroalimentarios relacionados con el abastecimiento y la distribución de alimentos, que en muchas ocasiones generan alzas notables e injustificadas de los precios. Estudios recientes en Colombia (MANÁ-FAO, 2015), reflejan que desde una mirada territorial las relaciones entre zonas de producción y consumo no se articulan de manera eficiente en términos de proximidad, ya que el comercio al interior de las regiones no supera el 24%, provocando externalidades asociadas al deterioro de los productos, pérdidas y desperdicios que alcanzan hasta el 50% en rubros como la yuca, el mango y las hortalizas de hoja, generando elevados costos energéticos que se traducen en precios más altos para la sociedad en general, pero con mayor incidencia en los consumidores con menor poder adquisitivo.
Es así como, el desarrollo de Sistemas Agroalimentarios Eficientes e Inclusivos, hace necesario el esfuerzo conjunto de políticas para incorporar la agricultura familiar al abastecimiento de alimentos a escala territorial y regional, generando para ello las condiciones y mecanismos operativos que permitan poner en práctica este propósito, y que todo esto permita continuar avanzando hacia la erradicación del hambre y la consolidación de una Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) sostenible y estable, como lo han postulado los países, tanto en las Conferencias Mundial y Regional de la FAO, como en las Cumbres de la CELAC.
Igualmente, las cooperativas agrarias, asociaciones de productores y productoras y otras formas de asociatividad han demostrado ser una forma de organización de la agricultura familiar con capacidad productiva y de gestión para incorporarse a los mercados. Sin embargo la dificultad de acceso a los mercados y la asimetría en la información y condiciones de negociación en éstos, así como las capacidades de gestión de servicios de apoyo a la producción y la comercialización de las propias empresas cooperativas de la AF, son todavía problemas latentes y limitantes para el desarrollo de este sector. Lo anterior reduce la posibilidad de identificar potencialidades de complementación comercial y estrategias de comercio solidario e inclusivo y que surjan oportunidades de negocios concretas entre ellos o que se generen iniciativas conjuntas para dinamizar el abastecimiento (MANÁ-FAO, 2015).
Por otra parte, los sistemas públicos de abastecimiento disponen de instrumentos, capacidades e infraestructura para actuar como un mecanismo de adquisición, almacenamiento y suministro de alimentos para atender la demanda de los programas de alimentación del Estado, de los organismos públicos y de la población en general en situaciones de emergencia. Sobre este punto, Colombia no cuenta desde 1996 con una entidad funcional al sistema público de abastecimiento para la regulación y la gestión de la información de los mercados. Por lo tanto, la puesta en marcha de una política de abastecimiento requiere de una institucionalidad competente y perdurable, capaz de corregir las inequidades, ineficiencias y externalidades desencadenadas de las relaciones comerciales que predominan a nivel territorial.
En el contexto de estas problemáticas, la participación de la sociedad colombiana en la elaboración y ejecución de las soluciones que demandan sus necesidades, ha sido tradicionalmente escasa; sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento de la participación de los agentes sociales en la provisión de soluciones a estos problemas. Es en esta coyuntura que surge el concepto de Innovación Social , el cual, a pesar de ser relativamente nuevo en el país, ha cobrado una especial importancia en diferentes sectores del estado Colombiano. Sin embargo, la innovación tecnológica en el país se ha concentrado en la implementación de procesos de transferencia tecnológica, por medio de modelos verticales de intervención, donde pocas veces se consideran importantes los saberes y conocimientos locales, por lo que no han causado los impactos que deberían, por lo que se debe avanzar en la estructuración de modelos de innovación social y tecnológica que estén acordes a las realidades de los territorios y sus poblaciones.
Como parte del contexto actual en Colombia, es importante mencionar que a mediados de 2012 se iniciaron en Oslo, Noruega, y posteriormente en La Habana, Cuba, conversaciones formales entre el Gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC-EP. Las conversaciones tienen como fin lograr una salida negociada a más de 50 años de conflicto armado interno y así establecer un camino para la reconciliación. El proceso de paz ha avanzado considerablemente hasta la fecha sobre la base de una agenda acordada de seis puntos, de la cual se han logrado acuerdos parciales sobre cuatro: el desarrollo agrario integral, la participación política, la solución al problema de las drogas ilícitas y reparación a las víctimas del conflicto.
En cuanto a las prioridades del país definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, documento que plasma la voluntad del Gobierno de construir una Colombia en paz, equitativa y educada, partiendo de la base de que estos elementos conforman un circulo virtuoso: una sociedad en paz es una sociedad que puede focalizar sus esfuerzos en el cierre de brechas y puede invertir recursos en mejorar la cobertura y calidad de su sistema educativo. Teniendo esto en cuenta, en el PND se definen tres pilares (Paz, equidad y educación), cinco estrategias transversales (Infraestructura y competitividad estratégicas, movilidad social, transformación del campo, consolidación del estado social de derecho y buen Gobierno), una estrategia envolvente (crecimiento verde) y cinco estrategias regionales (Caribe: Próspero y sin pobreza extrema; Pacífico: Equidad, integración y aprovechamiento sostenible de mercados; Centro-Oriente: Conectividad para la integración; Centro-Sur: Desarrollo del campo y conservación ambiental; Llanos: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano; Eje Cafetero: Talento humano innovador en territorios incluyentes).
Igualmente, se aprobó la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional para Colombia 2015-2018, la cual define 3 áreas temáticas: Construcción de paz, Desarrollo Rural Sostenible y Conservación y Sostenibilidad Ambiental, con las cuales se busca focalizar y dinamizar la cooperación internacional que recibe el país.
Finalmente, es importante recordar que en la 33va conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe , se definieron tres iniciativas prioritarias para la región , de las cuales Colombia ha sido priorizada para la 2 “Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial Rural para América Latina y el Caribe”, la cual tiene como objetivo reducir la pobreza rural y mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición a través del desarrollo territorial rural, promoviendo la creación de sinergias entre la agricultura y otros sectores del desarrollo social y rural. Este enfoque toma en cuenta las necesidades y particularidades del territorio y tiene como objetivo crear un entorno propicio para la agricultura familiar, al mismo tiempo que fomenta los medios de vida rurales de forma sostenible. El actual MPP, está alineado y apoya desde el país, el logro de los objetivos de esta iniciativa regional.