El mundo produce ahora muchos más alimentos de los necesarios para atender las necesidades de todos sus habitantes, y sin embargo 840 millones de personas -casi una de cada siete- no pueden alimentarse debidamente. La mayor parte de ellas viven en Asia meridional y África subsahariana. El hecho de que el hambre sea hoy un problema de dimensiones tan ingentes no encuentra explicación lógica posible. A escala mundial, existe la tecnología necesaria para permitir a los agricultores continuar produciendo excedentes de alimentos. Esto, unido a un cambio rápido en los hábitos alimenticios, ha hecho que la obesidad se convierta en uno de los problemas de salud de más rápido crecimiento en los países tanto desarrollados como en desarrollo. Los sistemas de información permiten conocer dónde se necesitan alimentos. Y hay medios para transportarlos rápidamente a cualquier lugar del mundo.
La existencia del hambre en un mundo caracterizado por la abundancia no sólo es una vergüenza moral; es también una torpeza desde el punto de vista económico. Las personas hambrientas no son trabajadores productivos, tienen dificultades para aprender (si es que van a la escuela), son propensos a la enfermedad y mueren jóvenes. El hambre se transmite también de una generación a otra, ya que las madres mal alimentadas tienen hijos con peso insuficiente, con mermada capacidad para la actividad mental y física. La productividad de los individuos, y el crecimiento de las naciones, se ven gravemente comprometidos por esta lacra. El hambre genera desesperación, y las personas hambrientas son fácil presa de quienes tratan de conseguir poder e influencia mediante el delito, la fuerza o el terror, lo que pone en peligro la estabilidad nacional y mundial. Por ello, la lucha contra el hambre responde a los intereses de todos, tanto ricos como pobres.
No hay falta de conocimientos sobre la manera de combatir el hambre. Casi tres cuartas partes de los pobres de los países en desarrollo viven en zonas rurales. Y el rápido aumento de la pobreza rural se puede explicar por el declive de la agricultura y el sector rural. La cara rural de la pobreza, la miseria humana y el hambre, se conocen ya suficientemente. Gran parte de la población rural pobre son pequeños agricultores de subsistencia y trabajadores sin tierras que tratan de vender su mano de obra. Dependen de la agricultura como fuente de ingresos, sea en forma directa, en calidad de productores y trabajadores contratados, o indirecta, en sectores que dependen de la agricultura. El comercio, el transporte y la elaboración cuentan con gran número de pequeños empresarios y son necesarios para la agricultura pero, al mismo tiempo, su supervivencia depende de las actividades agrícolas.
Es muy posible progresar rápidamente en la reducción de la incidencia del hambre crónica en los países en desarrollo, siempre que se consiga movilizar la necesaria voluntad política. Se necesita un planteamiento de doble componente, que compagine la promoción del crecimiento agrícola inmediato impulsado por los agricultores con programas selectivos que permitan a las personas hambrientas que no tienen ni capacidad para producir los alimentos que necesitan ni medios para adquirirlos tener acceso a suministros suficientes. Los dos componentes se refuerzan mutuamente, ya que los programas para mejorar el acceso directo e inmediato a los alimentos ofrecen nuevos cauces para aumentar la producción. Los países que han adoptado este planteamiento están recogiendo ya los beneficios.
Un requisito previo para el éxito de las inversiones en el enfoque de doble componente es la creación de un entorno normativo, tanto a nivel internacional como nacional, que sea propicio para un crecimiento económico con una base amplia. La creación de dicho clima corresponde a los gobiernos nacionales de los países en desarrollo, así como a la comunidad internacional. A nivel internacional, esto supone medidas para promover la paz y la estabilidad política y económica, así como condiciones comerciales apropiadas, especialmente para los productos agrícolas, que protejan y promuevan los intereses de desarrollo y seguridad alimentaria de los países en desarrollo. En el plano nacional, se requiere la adopción de políticas macroeconómicas que proporcionen la estabilidad necesaria para fomentar el ahorro y la inversión. En la mayoría de los casos esto requerirá un aumento de las consignaciones presupuestarias para el desarrollo agrícola y rural. Dichas políticas ponen de relieve la participación amplia en la adopción de decisiones y la aplicación de las políticas, junto con la descentralización institucional, de manera que aumente la responsabilidad de los gobiernos con respecto a sus poblaciones rurales y se fortalezca la capacidad de las comunidades y las organizaciones locales para plantear exigencias efectivas a los proveedores de servicios. Las políticas que definen derechos transparentes y seguros y promueven un acceso más equitativo a los recursos naturales, como la tierra, el agua y los animales silvestres (incluidos los peces), contribuyen tanto a su utilización sostenible como a la reducción de la pobreza. Además, se requieren políticas que mejoren el acceso de la población pobre, especialmente la que vive en zonas remotas, a conocimientos e información de interés para sus necesidades y que también los habiliten para participar en los beneficios del progreso tecnológico. Por último, hay que elaborar mecanismos para la protección social, que conduzcan a la creación de redes de seguridad fiables para las personas que no están en condiciones de satisfacer sus necesidades esenciales, en particular de alimentos, mediante la producción, la compra o los sistemas de supervivencia tradicionales.
Una inversión adicional pública estimada en aproximadamente 24 000 millones de dólares EE.UU. al año, centrada en los países pobres con gran número de personas subnutridas, haría posible alcanzar el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) y reducir a la mitad, en forma sostenible, el número de personas hambrientas para el año 2015. La consecución de este objetivo, en lugar de una reducción más limitada del número de personas subnutridas bajo condiciones invariadas («si todo sigue igual»), produciría beneficios adicionales por valor de al menos 120 000 millones de dólares EE.UU. al año, ya que quienes se benefician de esas mejoras disfrutarán de vidas más largas y sanas. Las medidas de inversión incluyen, entre otras cosas, una inyección de capital inicial, con un promedio de 500 dólares EE.UU. por familia, para inversiones en las explotaciones agrícolas con el fin de aumentar cada año la productividad y la producción de 4 a 5 millones de hogares en las comunidades pobres. Comprende también programas de asistencia alimentaria directa -con un costo de 30 a 40 dólares EE.UU. por persona y año- para un núcleo básico de hasta 200 millones de personas, muchas de las cuales son niños en edad escolar. Otros componentes corresponden al desarrollo de sistemas de riego y caminos rurales que enlacen a los agricultores con los mercados; la conservación y ordenación sostenible de suelos, bosques, pesquerías y recursos genéticos, y la investigación agrícola, el aprendizaje y los sistemas de información.
Se propone que el grueso del financiamiento necesario para el desarrollo agrícola y rural se comparta entre los presupuestos de los gobiernos nacionales de los países donde existe el problema del hambre y transferencias internacionales en forma de donaciones y préstamos en condiciones concesionarias. Las repercusiones de esta financiación compartida serán la duplicación de la financiación en condiciones concesionarias para el desarrollo agrícola y rural, y un aumento global de los gastos nacionales de aproximadamente el 20 por ciento para los países en desarrollo. Esta publicación no pretende tratar de conseguir recursos adicionales para ninguna organización o programa particular.
