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La inversión en la agricultura:
evolución y perspectivas


Documentos ténicos de referencia

© FAO, 1996


3. Volumen y fuentes de la inversión agrícola en el presente y en el futuro

3.1 En este capítulo se intenta cuantificar las inversiones agrícolas realizadas en el pasado y pronosticar las necesidades para el futuro. Algunas de las estimaciones son provisionales debido a la escasez de datos y problemas metodológicos, como las alteraciones de los precios y la dificultad de atribuir claramente ciertos tipos de inversión al sector examinado, como por ejemplo la infraestructura, así como de distinguir entre inversiones y gastos ordinarios.

Volumen actual

Inversión global

3.2 En 1992 el PIB mundial fue de unos 23 billones de dólares EE.UU. (a precios corrientes), de los que los países en desarrollo generaron menos de una quinta parte. La inversión en el conjunto de los países en desarrollo fue ligeramente superior a un billón de dólares. En ese mismo año, el PIB agrícola de todos los países en desarrollo representó un 16 por ciento del total, es decir unos 625 000 millones de dólares (FAO), producidos por un capital de origen humano de 1,7 billones de dólares. Durante el decenio de 1980-1990, el PIB agrícola de los países en desarrollo creció en su conjunto un 3 a 3,5 por ciento aproximadamente, o 20 000 millones de dólares anuales22.

3.3 Como se deduce de las estadísticas de la FAO sobre el crecimiento de la producción agrícola y los factores físicos de producción en los últimos 10-15 años, el aumento de la producción se ha obtenido mediante una inversión en las explotaciones agrícolas del orden de 77 000 millones de dólares anuales, de los que unos 26 000 millones (inversión neta) se han utilizado para ampliar la capacidad de producción, y el resto (51 000 millones de dólares) para mantener la capacidad existente (depreciación). Se han invertido anualmente unos 15 000 millones netos de dólares (34 000 millones brutos), excluido el capital de explotación (estimado en otros 10 000 millones de dólares) en actividades posteriores a la cosecha y 29 000 millones de dólares brutos en servicios públicos que benefician a la agricultura (infraestructura, investigación y extensión rurales). No es posible calcular actualmente a escala mundial la disminución del capital natural debida al deterioro de la base de recursos naturales que ha acompañado a este proceso, aunque se están haciendo progresos para incluir estos costos en los sistemas nacionales de contabilidad y se dispone de estimaciones cuantificadas (véase el Recuadro 5).

3.4 Los órdenes de magnitud antedichos23 indican que la inversión en la agricultura primaria, las actividades postcosecha y los sistemas públicos de apoyo representan una parte bastante modesta de todas las inversiones realizadas en los países en desarrollo. Desplazamientos relativamente pequeños de recursos de otros sectores a la agricultura, por ejemplo, poniendo fin a la tendencia a discriminar a las zonas rurales, podrían tener efectos considerables sobre el crecimiento.

3.5 Las fuentes de financiación de la inversión son, por definición, el ahorro interno o las importaciones de capital. Ambas fuentes de recursos varían considerablemente entre los países, con el resultado de que países con ingresos per cápita similares pueden tener tasas de inversión y crecimiento muy diferentes. Aunque estas diferencias se deben en parte a factores exógenos24, la tendencia desfavorable a la inversión, cuando existe, es de origen interno, puede atribuirse a políticas inapropiadas y, por consiguiente, puede remediarse.

 

Recuadro 4
GASTO DEL GOBIERNO DEL BRASIL EN AGRICULTURA,
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL

En 1985-88 el gasto público en la agricultura fue de unos 15 000 millones de dólares EE.UU., es decir el 15 por ciento del gasto federal, mientras que la parte correspondiente a la agricultura en el PIB fue de un 10 por ciento. En 1989-91 esta cantidad se había reducido a 9 000 millones de dólares, correspondientes al 7 por ciento del PIB agrícola. Al mismo tiempo, la composición del gasto público había cambiado. Mientras que en el período anterior se destinaron 12 000 millones de dólares, es decir el 80 por ciento del gasto, a intervenciones en el mercado (subvenciones al crédito, apoyo a los precios agrícolas y juntas de comercialización), esta proporción había disminuido a 5 000 millones, o sea el 60 por ciento de todo el gasto en agricultura, cifra que seguía siendo considerable. Si bien el gasto en bienes públicos (infraestructura, recursos naturales, investigación, extensión y educación) se mantuvo casi constante en términos reales absolutos, su proporción en el total aumentó de un 13 por ciento a un 20 por ciento durante este período. Los programas beneficiados (reforma de la tierra, sanidad rural y desarrollo regional) aumentaron de un 4 a un 10 por ciento y la administración de un 3 a un 10 por ciento.

 

3.6 La mayoría de los países dependen del ahorro local, tanto público como privado. En el Cuadro 1 se muestran las tasas de inversión y de ahorro en algunos países en desarrollo. Las diferencias entre países y regiones por lo que respecta al ahorro y la inversión son sustanciales. Por ejemplo, en una gran parte del Africa subsahariana, la tasa de ahorro fue negativa o inferior al 10 por ciento del PIB a comienzos del decenio de 1990. Es lógico que unos países que se encuentran en las fases iniciales de desarrollo dependan de las importaciones de capital, pero éstas sólo pueden ser complementarias y las perspectivas de conseguir un crecimiento sostenido serán limitadas si no aumenta su capacidad de ahorro. En cambio, los países del sudeste de Asia, que tienen una tasa de crecimiento elevada, además de atraer capital extranjero tienen una tasa de ahorro superior al 30 por ciento. En comparación, los países de la OCDE ahorraron como promedio un 22 por ciento e invirtieron un 21 por ciento de su PIB en 199225.

Inversión privada en la agricultura

3.7 Explotaciones agrícolas privadas. En el mundo en desarrollo, más de la mitad de toda la inversión en la agricultura y actividades afines tiene lugar a nivel de las explotaciones agrícolas. En su mayor parte reviste la forma de trabajo familiar en la roturación, nivelación y abancalamiento de tierras, riego y drenaje, plantación de árboles, construcción de casas y constitución de rebaños. En muchas zonas rurales la mano de obra familiar se ocupa sobre todo de realizar las tareas cotidianas necesarias para asegurar su supervivencia. La mano de obra agrícola familiar es escasa en las explotaciones agrícolas cuyo nivel de desarrollo es bajo, debido a la exigua productividad de personas que trabajan para sobrevivir. La mano de obra adicional, como inversión, debe sustraerse a menudo a tareas domésticas, faenas agrícolas o actividades no agrícolas que generan ingresos. Quienes se ocupan del desarrollo subestiman a menudo los costos de oportunidad de la mano de obra.

3.8 Utilizando las bases de datos de la FAO, se han estimado los órdenes de inversión a nivel de las explotaciones agrícolas y en actividades posteriores a la cosecha en los últimos años (Cuadro 1). A nivel de las explotaciones agrícolas, las inversiones principales corresponden al fomento de tierras en relación con el cultivo de plantas y árboles, riego, constitución de rebaños e instalaciones para los mismos, mecanización y aperos agrícolas. Estas inversiones debieron de ascender como promedio a unos 26 000 millones de dólares netos (77 000 millones brutos) anuales en el período 1988-92. Más de la mitad de las inversiones netas se destinaron a la mecanización y la actividad ganadera y alrededor de la sexta parte al riego.

 

Cuadro 1: Inversiones en agricultura primaria en los países en desarrollo, 1988-2013

3.9 Sistemas de la fase posterior a la producción. Las estimaciones de la inversión en las actividades postcosecha, esencialmente comercialización y elaboración en el sector privado, se basan en el costo unitario típico de la inversión en capacidad de comercialización y elaboración y en supuestos relativos a la proporción de la producción agrícola que pasa por canales comerciales (Cuadro 2). La estimación de 15 000 millones de dólares netos (34 000 millones brutos) excluye las necesidades anuales de capital de explotación.

3.10 Inversión privada extranjera. Los flujos internacionales de capitales privados netos a países en desarrollo han aumentado de 9 000 millones de dólares en 1986 a 167 000 millones en 199526. En comparación, en 1993 los fondos oficiales transferidos a países en desarrollo ascendieron a unos 64 000 millones de dólares netos.

Cuadro 2: Inversiones en almacenamiento y elaboracion en los paises en desarrollo, 1988-2013

3.11 Las diferencias en los tipos de interés atrajeron a gran parte del capital extranjero privado, impulsado también por la recesión dominante en ese período en los países desarrollados. Esta afluencia de recursos ha resultado ser en gran medida transitoria, como se observó durante la crisis del peso mexicano a finales de 1994. Sin embargo, a diferencia de los préstamos en petrodólares de finales del decenio de 1970, en 1995, alrededor de 90 000 millones de dólares fueron inversiones extranjeras directas y la cuarta parte se destinó a inversiones de cartera, y de éstas unos 22 000 millones de dólares correspondieron a participaciones en el capital social. Estas transferencias de capital indican el deseo de los inversores de aceptar compromisos a largo plazo y se ven favorecidas por la mejora de los resultados y perspectivas de los países, el crecimiento económico, los grandes mercados, la estabilidad política y un proceso de ajuste estructural muy avanzado.

3.12 La mayor parte de las inversiones privadas internacionales benefició a unos diez países. En 1994, China absorbió la cuota mayor (38 000 millones de dólares), correspondiendo el resto a la India, Malasia, México, Chile, Argentina y Turquía. Durante el período 1992-1994, Africa, que quedó al margen de este proceso, recibió entre 3 000 y 5 000 millones de dólares anuales en concepto de inversión extranjera privada, casi en su totalidad en inversiones extranjeras directas, dado que en el continente africano no existen prácticamente inversiones de cartera. La mayor parte de esos fondos se destinaron a Africa del Norte. Los principales beneficiarios fueron siete de los nueve países exportadores de petróleo (Argelia, Angola, Egipto, Gabón, Libia, Nigeria y Túnez), y en Marruecos y en las Seychelles hubo importantes inversiones en el sector turístico. Los países menos adelantados de Africa, la mayor parte de ellos del Africa subsahariana, sólo recibieron, en conjunto, de 300 a 400 millones de dólares anuales en el mismo período. De ese conjunto de países hay que destacar a Guinea Ecuatorial y Namibia por las inversiones extranjeras directas recibidas, tanto como porcentaje del PIB como en su cuantía per cápita. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) apunta varias razones para explicar por qué el Africa subsahariana no consigue atraer un gran volumen de inversiones extranjeras directas, entre ellas la inestabilidad política y los conflictos civiles, la escasa envergadura de los mercados, el crecimiento reducido o negativo, la falta de infraestructura, el elevado nivel de endeudamiento y la baja calificación de la mano de obra.

3.13 Los datos disponibles no permiten desglosar estas inversiones por categorías. Sin embargo, no cabe pensar que una parte importante de las inversiones privadas e internacionales se destinaran a la producción agrícola primaria. Cuando se interesan por los sectores agropecuarios, los inversores internacionales se orientan preferentemente al suministro de insumos, elaboración de productos agrícolas y explotaciones forestales y pesqueras. Sin embargo, en algunos países latinoamericanos (Argentina, Chile y México) las inversiones extranjeras privadas se destinaron también a los cultivos de exportación de alto valor, aunque se desconoce el volumen de las inversiones efectuadas.

Inversión pública en la agricultura

3.14 Los elementos que determinan la inversión del sector público son, además de los factores políticos, la esperanza de obtener determinados beneficios sociales. En los países más pobres, la mayor parte de las inversiones públicas en el sector agrícola se financian con fondos externos. Las estadísticas no siempre distinguen el gasto público por su procedencia, interna y externa, y por tanto puede contabilizarse por partida doble. Además, una gran parte de la inversión destinada al sector agrícola pasa por ministerios distintos del de agricultura, los de sanidad, educación u obras públicas. Por ejemplo, en Ghana, las carreteras rurales absorben un volumen de inversiones públicas tres veces superior al que se destina directamente a la agricultura.

3.15 El gasto público en agricultura suele representar un porcentaje modesto del gasto público total, y la inversión pública es una pequeña parte del gasto público en agricultura (aunque la distinción entre gasto e inversión no es clara).

3.16 Se ha estudiado en una muestra de países en desarrollo y desarrollados el gasto público en la agricultura como proporción del PIB agrícola y del gasto público total, basándose en los datos que existen para los decenios de 1970 y 198027. La parte de gasto público correspondiente a la agricultura se cifró en el 3 por ciento en los países desarrollados y en el 7,5 por ciento en los países en desarrollo, pero, al ponderar esas cifras por la importancia de la agricultura en el PIB, el volumen de fondos públicos destinados por los países en desarrollo a la financiación de la agricultura es el doble del que destinaron al mismo objetivo los países en desarrollo. El indicador de la tendencia del gasto, que es la parte del gasto público correspondiente a la agricultura como proporción de la parte de la agricultura en el PIB, se ha estimado en 0,3 para los países en desarrollo y en 0,7 para los países desarrollados.

 

Recuadro 4
GASTO DEL GOBIERNO DEL BRASIL EN AGRICULTURA,
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL

En 1985-88 el gasto público en la agricultura fue de unos 15 000 millones de dólares EE.UU., es decir el 15 por ciento del gasto federal, mientras que la parte correspondiente a la agricultura en el PIB fue de un 10 por ciento. En 1989-91 esta cantidad se había reducido a 9 000 millones de dólares, correspondientes al 7 por ciento del PIB agrícola. Al mismo tiempo, la composición del gasto público había cambiado. Mientras que en el período anterior se destinaron 12 000 millones de dólares, es decir el 80 por ciento del gasto, a intervenciones en el mercado (subvenciones al crédito, apoyo a los precios agrícolas y juntas de comercialización), esta proporción había disminuido a 5 000 millones, o sea el 60 por ciento de todo el gasto en agricultura, cifra que seguía siendo considerable. Si bien el gasto en bienes públicos (infraestructura, recursos naturales, investigación, extensión y educación) se mantuvo casi constante en términos reales absolutos, su proporción en el total aumentó de un 13 por ciento a un 20 por ciento durante este período. Los programas beneficiados (reforma de la tierra, sanidad rural y desarrollo regional) aumentaron de un 4 a un 10 por ciento y la administración de un 3 a un 10 por ciento.

 

3.17 Estas proporciones no son sino indicadores muy aproximados de una posible tendencia desfavorable a la agricultura, y no pueden utilizarse por sí solos para determinar la proporción correcta del gasto público en la agricultura y en otros sectores. Hay que tener en cuenta otros aspectos, como el costo social y los rendimientos relativos de la inversión de fondos públicos en zonas rurales y urbanas28. No obstante, las cifras extremadamente bajas de este indicador sugieren la probable falta de atención del sector público a las zonas rurales. Aunque en muchos países desarrollados los grupos de presión agrícolas son fuertes y pueden orientar la atención política en su favor, en los países menos adelantados sucede a menudo lo contrario.

3.18 Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, gran parte del gasto público en agricultura está constituido por subvenciones que arrojan un beneficio social neto bajo o negativo. Por ejemplo, en la India se ha calculado que las subvenciones para fertilizantes, crédito y apoyo a los precios de los alimentos, y las contribuciones para cubrir las pérdidas de los organismos paraestatales ascienden al 11,6 por ciento del PIB agrícola y al 3,4 por ciento del PIB total29. En México, de los 11 000 millones de dólares del gasto público destinados a la agricultura en 1986, dos tercios correspondieron a subvenciones. En 1992 las subvenciones representaban todavía el 37 por ciento de un presupuesto que se había reducido en un tercio. En Ghana, el sector del cacao absorbió hasta hace poco el 80 por ciento del presupuesto del sector agrícola, la mayor parte del cual se destinó a la Junta del Cacao. A pesar de las subvenciones, en casi todos los países en desarrollo los impuestos directos e indirectos que gravan la agricultura suelen dar lugar a una transferencia neta de recursos fuera del sector.

3.19 El volumen del gasto público en agricultura ha disminuido en los últimos años, debido sobre todo al ajuste estructural. Esa disminución puede tener efectos positivos si obedece al desplazamiento del gasto del sector público al privado, la reducción de las subvenciones improductivas o el cierre de empresas paraestatales con pérdidas. Una comparación entre países que habían realizado ajustes y países que no los habían realizado reveló que el porcentaje del presupuesto total gastado en agricultura seguía siendo superior en los países donde no se había efectuado un ajuste, con frecuencia a causa del mantenimiento de las subvenciones.

3.20 En muchos casos no es que los gastos en agricultura sean insuficientes, sino que están mal asignados. La reasignación de las subvenciones ineficaces y otros gastos improductivos permitiría aumentar la inversión agrícola pública y, en muchos casos, ofrecer servicios públicos en condiciones equitativas a las zonas rurales.

3.21 Las reformas presupuestarias para que el gasto público en agricultura sea más eficaz habrían de basarse en cierto número de principios:

3.22 En 1993, la inversión total en infraestructura en los países en desarrollo se estimó en 200 000 millones de dólares EE.UU. brutos30. Los principales rubros fueron la energía, las carreteras, las telecomunicaciones, los ferrocarriles, el agua y el saneamiento. En los países menos adelantados, hasta un tercio de esta inversión se destinó al riego. En los países con ingresos más altos, las inversiones en energía constituyeron el gasto más importante en infraestructura.

 

Cuadro 3: Ahorro e inversiones en algunos paises en desarrollo, promedio de 1989-1992

3.23 No es fácil determinar la proporción de las inversiones que benefician al sector agrícola, ya que gran parte de la infraestructura pública tiene varias finalidades y sólo favorece indirectamente a la agricultura. Si cabe aplicar un indicador de la tendencia desfavorable a la agricultura de 0,4, ligeramente superior al estimado por van Blarcom et al. (1993), para toda la inversión pública en infraestructura en los países en desarrollo31, se podría atribuir a la infraestructura rural en los países en desarrollo unos 12 000 millones de dólares anuales, de los cuales 4 000 millones en obras públicas de riego y el resto en carreteras y electrificación rural. A esto habría que añadir unos gastos (que pueden determinarse más fácilmente) directamente orientados a la agricultura y a la población rural, como la investigación y la extensión agrarias (10 000 millones de dólares) y sanidad y educación (unos 7 000 millones de dólares). Por lo tanto, la inversión pública en la agricultura en general puede estimarse en unos 29 000 millones de dólares.

Asistencia exterior a la agricultura

3.24 Los fondos oficiales para el desarrollo son una fuente de financiación de la agricultura de los países en desarrollo relativamente bien documentada. Es discutible qué proporción de estos fondos pueden considerarse como inversión en sentido estricto. En muchos de los países en desarrollo más pobres, la asistencia exterior es casi la única fuente de inversión pública en la agricultura y, en gran medida, también de financiación de los gastos corrientes. Unos dos tercios de esta asistencia se concede en condiciones muy favorables. Los préstamos en condiciones de favor, que pueden comportar un elemento implícito de donación del 70 por ciento o más32, son concedidos sobre todo por instituciones financieras multilaterales, mientras que los fondos a título de donación proceden de fuentes bilaterales33.

3.25 La parte destinada a la agricultura en la financiación total del desarrollo está disminuyendo desde hace algún tiempo. Los préstamos del Banco Mundial a la agricultura como proporción de los préstamos totales ha descendido del 30 por ciento en el decenio de 1970 al 16 por ciento en el de 1990. Esta situación refleja la reducción del sector agrícola en los países prestatarios del Banco a medida que crecen sus economías. Sin embargo, también se ha registrado últimamente un preocupante descenso en cifras absolutas de la asistencia exterior a la agricultura. Tras la crisis alimentaria de comienzos de los años setenta, las consignaciones anuales aumentaron hasta unos 12 000 millones de dólares. Esta cifra se mantuvo durante la primera mitad de los años ochenta y aumentó a 15 000 millones de dólares a finales del decenio. Sin embargo, a partir de ese momento las consignaciones disminuyeron a 12 000 millones de dólares en 1992 y han seguido reduciéndose desde entonces, hasta los 10 000 millones de dólares anuales de 1994. Esta reducción resulta aún más drástica si se ajusta para tener en cuenta la inflación (de unos 19 000 a 10 000 millones de dólares, dólares constantes de los EE.UU. de 1990) y se considera que las estadísticas sectoriales incluyen cada vez más el apoyo a la protección del medio ambiente y la ordenación de los recursos naturales, que, aunque son de gran importancia, tienen efectos menos directos e inmediatos sobre la producción de alimentos.

 

Figura 1: ASISTENCIA EXTERIOR A LA AGRICULTURA, 1990

3.26 Los motivos que se han dado del descenso de la asistencia exterior a la agricultura han sido el bajo rendimiento medio de algunos tipos de proyectos agrícolas, la complejidad y el costo de los préstamos a la agricultura, la influencia de los grupos de presión agrícolas y ambientalistas en los países desarrollados, el desplazamiento de los préstamos en favor del ajuste rural en el decenio de 1980, la reducción del personal agrícola especializado en los organismos de asistencia externa34 y, hasta época reciente, el descenso de los precios internacionales de los productos agrícolas. Por otro lado, el descenso obedece en parte a la supresión gradual de programas anteriores que habían dado resultados insatisfactorios, como los relacionados con el desarrollo rural integrado y el crédito agrícola. La eliminación de las inversiones que no son rentables reduce la progresión del endeudamiento de los países, mejora la capacidad de maniobra para iniciativas del sector privado y eleva la eficiencia global de la cartera de préstamos. La reducción de la asistencia externa que ha tenido probablemente efectos más perjudiciales sobre la producción agrícola ha sido la que se destina a la financiación del riego.

3.27 La proporción de la asistencia exterior que beneficia directamente a la producción alimentaria podría seguir reduciéndose a corto y medio plazo si los donantes continúan orientándose hacia los problemas sociales y ambientales. Sin embargo, a más largo plazo estos problemas suplementarios deberían tener una repercusión positiva sobre la producción agrícola (Cuadros 4a, 4b, 5a, 5b, 6a y 6b).

Necesidades de inversión agrícola en el futuro

3.28 Al proyectar las necesidades de inversión agrícola hay que tomar en consideración diversos aspectos. Es preciso considerar tanto su cantidad como su calidad, que están interrelacionadas, porque inversiones de mayor calidad –es decir las que generan un mayor volumen de beneficios con respecto a una determinada cantidad de capital– pueden reducir el volumen total de inversiones necesarias para alcanzar un incremento especificado de la producción de alimentos. Ninguno de estos dos aspectos puede analizarse sin hacer referencia a la influencia del sector público, que actúa como catalizador de la inversión privada al crear economías externas para los inversores privados. Por tanto, la inversión pública es muy importante en comparación con su parte en la inversión total, pero puede tener también efectos negativos. Al ser menos susceptible a las fuerzas del mercado, la inversión pública puede mantenerse aunque su nivel de eficiencia sea bajo. Esto infla innecesariamente la inversión total al tiempo que desplaza una inversión privada posiblemente más eficiente.

Cuadro 4a: Asistencia exterior total a la agricultura en condiciones de favor y en condiciones normales (en sentido lato), entre 1980 y 1994 a precios corrientes

Cuadro 4b: Asistencia exterior total a la agricultura en condiciones de favor y en condiciones normales (en sentido lato), entre 1980 y 1994 a precios constantes de 1990

 

Cuadro 5a: Compromisos totales de asistencia exterior a la agricultura por objetivos, entre 1980 y 1994, a precios corrientes

Cuadro 5b: Compromisos totales de asistencia exterior a la agricultura por objetivos, entre 1980 y 1994, a precios constantes de 1990

Cuadro 6a: Asistencia exterior total a la agricultura en condiciones de favor y en condiciones normales por regiones (en sentido lato), entre 1980 y 1994, a precios corrientes

Cuadro 6b: Asistencia exterior total a la agricultura en condiciones de favor y en condiciones normales por regiones (en sentido lato), entre 1980 y 1994, a precios constantes de 1990

Cantidad de las inversiones

3.29 Basándose en supuestos relativos a la estructura de la producción en diferentes países, regiones y zonas agroecológicas, el estudio AH2010 ha previsto las necesidades de factores materiales de producción para la mayoría de los países en desarrollo. Aplicando los costos unitarios estimados35 a estas previsiones y a las estimaciones del capital de origen humano invertido en la agricultura, se pueden deducir las necesidades medias brutas de inversión fija en la producción agrícola primaria en las explotaciones agrícolas. Hasta el año 2010 ascienden a 86 000 millones de dólares anuales, en dólares EE.UU. constantes (1993), incluidos 61 000 millones en concepto de sustitución del capital social y una inversión neta de 25 000 millones. Las cifras correspondientes al período 1988-1992 son de 77 000, 51 000 y 26 000 millones de dólares respectivamente. En el Cuadro 1 se muestra la asignación regional aproximada de estas inversiones. Las tres categorías principales de inversión en la agricultura primaria son la ganadería, la mecanización (incluida la tracción animal) y el riego, que absorben la mayor parte de las inversiones destinadas a los factores de producción primaria en los países en desarrollo de todo el mundo.

3.30 A escala mundial, las inversiones netas en producción primaria en el mundo en desarrollo no tienen por qué aumentar con respecto al volumen anterior. Las inversiones netas deberán incrementarse a medida que aumentan las necesidades de capital social y, con él, las necesidades de sustitución. Para efectuar las previsiones sobre las inversiones brutas necesarias para el sector primario y los sectores de la fase posterior a la producción se han tomado en cuenta todos los factores pertinentes y sus diferentes efectos sobre el nivel de inversión (por ejemplo, los precios reales de los bienes de capital, el progreso tecnológico y la desinversión en períodos anteriores). Puede afirmarse que el incremento de las inversiones necesarias previstas para la producción primaria, la fase posterior a la producción y el apoyo público a los servicios y la infraestructura, de 31 000 millones de dólares EE.UU. anuales, representan una estimación prudente del volumen necesario para conseguir el crecimiento de la producción proyectado en el estudio AH2010. La estabilización de las inversiones netas globales, que comprende un aumento en el Africa subsahariana y en América Latina, compensado por la disminución prevista en Africa del Norte y en Asia, es compatible con la disminución general de la tasa de crecimiento de la demanda efectiva de productos agrícolas en muchos países en desarrollo y se ajusta al modelo presentado en AH2010, que se basa en la desaceleración de la tasa de crecimiento demográfico y la reducción de la elasticidad de la demanda de alimentos a medida que aumenten los ingresos del consumidor de libre disposición.

3.31 Las necesidades materiales de servicios para las actividades posteriores a la producción se han deducido de los incrementos de producción previstos en el estudio AH2010, sobre la premisa de que la proporción de los diferentes productos básicos comercializados y los costos unitarios de los servicios de elaboración y distribución se mantengan en los niveles normales. Así, las inversiones necesarias para estas actividades ascenderían, como mínimo, a 43 000 millones de dólares EE.UU. brutos (17 000 millones netos)36. No se ha incluido en las estimaciones el capital de explotación adicional necesario.

3.32 A las cifras señaladas anteriormente para la inversión productiva en la producción primaria y en los sectores posteriores a la producción hay que añadir las inversiones públicas en la mejora de la infraestructura rural, los servicios públicos a la agricultura y el apoyo social en las zonas rurales. Se da por sentado que el volumen de las inversiones destinadas a las tareas de investigación y extensión (6 000 y 5 000 millones de dólares, respectivamente, en este momento) deberán aumentar el 50 por ciento (5 500 millones de dólares) con el fin de proseguir la doble orientación necesaria hacia la generación y transferencia de tecnología (sistemas y tecnología de la revolución verde). El desplazamiento de otros 6 000 millones de dólares al año de las inversiones totales anuales en infraestructura, que ascienden a unos 200 000 millones de dólares al año, para atender las necesidades rurales podría considerarse como un objetivo razonable. Sólo se reduciría ligeramente la tendencia a favor de las zonas urbanas, pero aumentarían en un 50 por ciento las inversiones actuales en infraestructura y servicios sociales rurales.

Figura 2: INVERSION PRIVADA EN PRODUCCION PRIMARIA Y SISTEMAS POSTPRODUCCION

3.33 Sería preciso corregir la grave insuficiencia de fondos para iniciativas regionales y mundiales encaminadas a vigilar las tendencias de los recursos, evaluar las amenazas relacionadas con los suministros mundiales de alimentos y generar la nueva tecnología necesaria para la intensificación por medio del sistema CIIA/GCIAI. Para ello podrían ser necesarios otros 500 millones de dólares anuales de asistencia oficial para el desarrollo. Por tanto, la inversión pública actual debería aumentar de los 29 000 millones de dólares anuales de los últimos años a 41 000 millones (es decir 12 000 millones de dólares) hacia el año 2010.

3.34 Cabe plantearse si la máxima de conseguir una agricultura sostenible que produzca los alimentos adicionales necesarios para la población mundial, cada vez más numerosa y -en promedio- más rica, exigirá nuevas inversiones y ocasionará nuevos gastos corrientes. En tal caso, éstos corresponderían a la modificación de las prácticas agrícolas en las explotaciones y apenas tendrían repercusiones sobre la financiación oficial (véase el Recuadro 4). El Banco Mundial (1992) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) (1995) han estimado órdenes de magnitud para conseguir la sostenibilidad en los lugares en los que no existía. Según estas indicaciones, la protección del medio ambiente y la rehabilitación de los recursos naturales de los países miembros en desarrollo del BAD tendría un costo de 13 000 millones de dólares (3 600 millones en la agricultura) anuales para una intervención mínima y 70 000 millones de dólares (15 400 millones en la agricultura) si se pretendiera realizar una tarea de rehabilitación y prevención acelerada. El Banco Mundial estima el costo adicional derivado de la ordenación sostenible de la tierra en 10 000 a 15 000 millones de dólares anuales en todo el mundo, comprendidas las obras de bajo costo de estabilización del suelo en más de 100 millones de hectáreas y la estabilización de cuencas hidrográficas en más de 2 a 4 millones de hectáreas anuales.

3.35 Debido a que la investigación en este campo es incompleta y a las dificultades metodológicas de traducir en elementos de costos lo que son fundamentalmente cambios de actitud de millones de pequeños agricultores, no se ha tratado en este documento de cuantificar los gastos adicionales privados en las explotaciones necesarios para conseguir una agricultura sostenible. El costo público de la generación y transferencia de tecnología incluye los costos que conlleva diseñar, experimentar y extender las tecnologías y sistemas de cultivo nuevos y más sostenibles. En algunos casos, seguirá siendo necesario un gasto suplementario para animar a los agricultores a que adopten esos sistemas, especialmente cuando se precisan nuevas máquinas u otras innovaciones relativamente costosas. Además, el sector público tiene que conceder subvenciones cuando una parte considerable de los beneficios de la mejora en la sostenibilidad revierte en la sociedad en general y no en los particulares.

Calidad de las inversiones

3.36 La evaluación del rendimiento de las inversiones públicas en períodos anteriores permite obtener ciertos indicios sobre su calidad. Los datos disponibles demuestran que los rendimientos de la explotación agrícola fueron superiores a la media, lo cual sugiere que la inversión fue insuficiente37. Según el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, la inversión en extensión parece haber sido también por lo general rentable. Los proyectos de riego e infraestructura rural específica suelen producir tasas de rendimiento aceptables, mientras que la ganadería, el crédito agrícola y el desarrollo rural integrado han dado a menudo resultados insatisfactorios. Esto no quiere decir necesariamente que haya una falta de potencial de inversión en un subsector o actividad determinados. La calidad deficiente del diseño de los proyectos podría haber contribuido en muchos casos a su bajo rendimiento. Por ejemplo, los modestos resultados de los proyectos de desarrollo rural integrado en los decenios de 1970 y 1980 se atribuyen, desde la perspectiva actual, a la complejidad de sus operaciones y al sistema de planificación de arriba hacia abajo que predominaba en los proyectos de este tipo y que representaba una sobrecarga para la capacidad de gestión de las autoridades públicas encargadas de ejecutarlos. Con la descentralización de la financiación y la mayor participación de los interesados en la planificación y ejecución, se prevé que los resultados mejorarán en el futuro38.

3.37 Otro aspecto que ha de tenerse en cuenta si se quiere que la calidad vaya acompañada de un rendimiento económico alto es el beneficio derivado de inversiones anteriores (costos irrecuperables). Por ejemplo, la rehabilitación de un sistema de riego existente permitirá por lo general obtener rendimientos mayores del dinero marginal invertido que en el caso de que ese dinero se utilizara para construir un nuevo sistema de riego. Se debería tratar de conseguir esas inversiones y promoverlas.

3.38 El cálculo convencional de las tasas de rendimiento pasa por alto consecuencias importantes, negativas o positivas, que han de tenerse en cuenta también como factores que contribuyen a la calidad de las inversiones. La contabilidad de los recursos naturales y de los efectos sociales está avanzando desde el punto de vista metodológico, y es necesario aplicarla en el mayor grado posible para llevar a cabo una evaluación más amplia de la calidad de las inversiones. De esta forma, se ponen también de manifiesto los efectos negativos de las políticas públicas sectoriales sobre la calidad de las inversiones privadas, por ejemplo en los casos en que el crédito subvencionado o los incentivos fiscales fomentan el desmonte de tierras para destinarlas a tipos de cultivo que son técnicamente insostenibles o perjudiciales para los usuarios tradicionales, o en que el número de perjudicados por el fomento del riego es superior al de los beneficiarios.

3.39 En los últimos años se ha reforzado también la convicción de que en la calidad de las inversiones es esencial que los beneficiarios participen y sientan los proyectos como suyos. Toda inversión realizada en beneficio de comunidades y campesinos rurales que no se adecue a las aspiraciones subjetivas de las personas y a su capacidad objetiva de gestión, así como al potencial de sus recursos, y que por consiguiente no sea aceptada por los beneficiarios es un despilfarro de energías y recursos. Pese a que tanto las personas que se ocupan del desarrollo como los gobiernos aceptan este principio, en la práctica raras veces se aplica de forma sistemática. La transferencia de fondos y del poder decisorio del nivel central a los interesados en el nivel comunitario necesarios para tomar en consideración las aspiraciones de los beneficiarios, encuentran todavía resistencia en muchas burocracias y donantes. Aunque las ONG y algunos organismos internacionales de financiación, como el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y organismos de las Naciones Unidas como la FAO han integrado los métodos participativos en su labor en el ámbito del desarrollo y han ocupado una posición de vanguardia en el desarrollo de metodologías, es necesaria todavía una gran labor educativa y de promoción para que los conceptos del desarrollo desde abajo hacia arriba se generalicen entre los responsables del desarrollo rural, los organismos de asistencia externa y los servicios estatales.

 

Recuadro 5
INVERSIONES EN AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

La importancia que ha adquirido en el último decenio la cuestión de la sostenibilidad como criterio importante de la viabilidad de proyectos y programas plantea un problema particular para la inversión en la agricultura y su financiación. ¿Se imponen costos suplementarios al sistema de producción agrícola, y en qué medida es compatible la sostenibilidad con los conceptos convencionales de viabilidad económica y financiera?

El deterioro de los recursos naturales en el curso de la producción agrícola puede ser considerable, y los sistemas nacionales de contabilidad que incluyen sistemáticamente el costo íntegro del deterioro o reducción de los recursos revelan que la producción del sector se ha conseguido en parte disminuyendo el capital natural. Por ejemplo, en México la disminución más importante de recursos naturales se ha registrado en el sector forestal, donde la producción neta resulta negativa después de realizar un ajuste para tener en cuenta la totalidad de los costos ambientales, mientras que en la ganadería se tuvo que reducir en un 70 por ciento y en la agricultura en un 15 por ciento. En Papua Nueva Guinea, el costo anual del deterioro de la calidad ambiental se ha estimado en un 1,3 por ciento del PNB sectorial en el caso de la agricultura y en un 6,5 por ciento en el de la silvicultura (Lutz, 1993). La reducción del PIB a causa de las pérdidas de suelo, por sí sola, se ha estimado entre el 0,5 y el 1,5 por ciento en Costa Rica, Malí y Malawi (Banco Mundial, 1992). La FAO (1995) ha efectuado algunas estimaciones para los productos básicos. Por ejemplo, la lucha integral contra la contaminación que ocasiona la producción y elaboración de aceite vegetal supone un costo añadido del 9 por ciento (semilla de colza), 15 por ciento (aceite de palma), 22 por ciento (aceite de soja) y 30 por ciento (girasol), con respecto al aceite producido con los métodos tradicionales.

Desde el punto de vista financiero, al agricultor le compensa aplicar prácticas agrícolas más sostenibles. El ejemplo más conocido es el manejo integrado de plagas, que reduce la utilización indiscriminada de sustancias químicas comerciales y produce un rendimiento financiero inmediato. Prácticas agrícolas de bajo costo, como el recubrimiento del suelo con una capa vegetal, la labranza mínima o el cultivo en curvas de nivel, pueden tener efectos relativamente rápidos por lo que respecta al descenso de la erosión y al aumento de los rendimientos y ser por consiguiente viables desde el punto de vista financiero, aunque algunos de ellos requieran una inversión inicial en equipo apropiado. Otros tipos de insostenibilidad son más difíciles y sumamente costosos de solucionar y pueden causar daños irreversibles. Por ejemplo, la salinización, problema que acarrea cuantiosos gastos, afecta a un cuarto de las tierras de regadío, mientras que el 10 por ciento de todas las tierras sufren una grave reducción de la productividad por esta causa.

Muchas conductas insostenibles obedecen a señales erróneas del mercado y a perturbaciones de los precios. Una correcta fijación de los precios del agua de riego, de los derechos por pie en la silvicultura y de las regalías en la pesca puede contribuir considerablemente a la difusión de prácticas más sostenibles, al igual que el fortalecimiento de los derechos de propiedad privados y comunales. Cuando esto no basta, y las fuerzas del mercado siguen sin reflejar suficientemente los objetivos sociales, el sector público ha de dar el primer paso mediante el apoyo financiero directo, la aplicación de impuestos o la reglamentación que sean oportunos para alcanzar los objetivos sociales a largo plazo, en contraposición a los objetivos privados a corto plazo.

Además de la influencia de las condiciones del mercado, la conducta insostenible se debe también en gran parte a la pobreza y a la falta de sensibilización. Toda medida adoptada en favor de la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza que mejore y estabilice el acceso de los agricultores a los recursos será también beneficiosa para la sostenibilidad. La falta de sensibilidad hacia las cuestiones ambientales puede abordarse mediante la educación en la familia y programas de educación y extensión de carácter oficial o extraoficial.

La mejora de la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales tiene a veces un costo inicial adicional. El cultivo en curvas de nivel lleva más tiempo que si se efectúa en línea recta; el barbecho cultivado para sustituir al barbecho de matorral exige mayor trabajo y otros insumos; el cultivo en hileras, la construcción de terraplenes u otros procedimientos para la estabilización de las laderas, como el abancalamiento, requieren también un trabajo adicional y sacrificar una parte de la tierra para obtener una producción más duradera y, posiblemente, más valiosa en un momento posterior. Y todo ello supone un volumen adicional de inversiones. Debido al largo tiempo necesario para la regeneración del suelo, la pérdida de la capa arable que ha ido a parar al mar puede considerarse como el agotamiento de un recurso no renovable, como los combustibles sólidos; los modelos de contabilidad ambiental tienen en cuenta el costo de ese agotamiento. Si se socava la fertilidad del suelo sin sustituir los nutrientes, la producción será, durante un tiempo, menos costosa que si se aplican fertilizantes y se añaden microelementos periódicamente. En materia de libertad de comercio, los países son perfectamente conscientes de los costos de la sostenibilidad y de la protección del medio ambiente, y aquellos que tienen normas ambientales muy estrictas pueden sentir amenazada su competitividad por los países en los que la reglamentación es menos severa, mientras que estos últimos pueden considerar que la normativa medioambiental se utiliza para limitar su acceso al mercado. Esos conflictos pueden reducirse si las nuevas relgamentaciones se sustentan en una base de datos más adecuada. La contabilidad ambiental está haciendo un rápido progreso. Pronto será posible evaluar alternativas y formular programas apropiados de apoyo que internalicen más plenamente los costos y beneficios ambientales. La comunidad internacional deberá tratar de conseguir la adhesión mundial a los principios y normas de una contabilidad de los recursos nacionales, que tenga en cuenta las pérdidas y las ganancias, así como de las intervenciones públicas en favor de la sostenibilidad. Ello favorecerá la consecución de compromisos razonables entre los intereses financieros y ambientales.

La mayor parte de las mejoras en las explotaciones para conseguir una mayor sostenibilidad de la agricultura necesitarán muy pocas asignaciones de las fuentes oficiales de financiación. Lo más importante es alentar a los campesinos a que emprendan las obras y adopten las prácticas requeridas, ofreciéndoles asesoramiento e incentivos, en forma de servicios de investigación y extensión adecuados, derechos de propiedad, la planificación participativa y la estabilidad del entorno socioeconómico y político.

Función del sector público en el futuro

3.40 Los resultados insatisfactorios de las inversiones realizadas en el pasado se deben en gran medida al desequilibrio en la asignación de recursos entre los sectores público y privado. Durante los últimos diez años aproximadamente, se ha prestado gran atención a este problema. Casi todos los gobiernos están ahora dispuestos a reconocer la primacía del sector privado en la inversión agrícola, y no desean perpetuar tipos de inversiones que no son rentables o que excluyen al sector privado. Es importante que estos principios sigan aplicándose a las nuevas inversiones públicas de las que depende el crecimiento futuro de los suministros alimentarios. La finalidad ha de ser aumentar todo lo posible la asignación eficiente de recursos privados por cada unidad de inversión pública.

El costo de las inversiones y las fuentes de financiación

3.41 Dado que los datos disponibles son limitados, la estimación de las inversiones necesarias para generar el aumento de la producción de alimentos que necesitará el mundo en desarrollo según las previsiones del estudio AH2010 no es más que una hipótesis de trabajo. La mayor parte del aumento de las inversiones brutas, de unos 9 000 a 10 000 millones de dólares anuales, destinadas a la producción primaria, a la fase poscosecha y a la cadena de comercialización, así como el capital de explotación adicional, se financiará con fondos privados, si existe un clima de mejora de la gestión macroeconómica y de las infraestructuras públicas. Como en períodos anteriores, la inversión pública adicional de 12 000 millones de dólares anuales se repartiría entre fuentes de financiación internas y externas, tanto instituciones financieras multilaterales como organismos bilaterales, en la relación aproximada de 60:40.

3.42 Teniendo en cuenta estas hipótesis, en el período 1988-1992, el balance de las inversiones agrícolas indica un aumento de las consignaciones de 19 000 millones de dólares anuales para las inversiones privadas, 7 000 millones anuales para las inversiones públicas de fuentes internas (de las que más de la mitad se obtendrían reorientando los recursos de infraestructura de otros sectores) y 5 000 millones de dólares correspondientes al aumento de la financiación oficial para el desarrollo, en su mayor parte en forma de ayuda en condiciones de favor. Este aumento incrementaría en total un 50 por ciento el actual volumen, reducido, del apoyo a la agricultura y lo situaría nuevamente en el nivel de finales de los años ochenta (Cuadro 7).

Cuadro 7: Inversion bruta fija en la agricultura en los paises en desarrollo: Volumen actual y necesidades futuras


4. Hacia una estrategia de inversión internacional

Prioridades de acción

4.1 Si la disponibilidad mundial de alimentos tiene que aumentar al mismo ritmo que el crecimiento demográfico y sus necesidades, es imprescindible que se mantengan también las inversiones en agricultura que, por dedicarse a los sistemas y cambios biológicos del comportamiento humano, en la mayoría de los casos avanzan lentamente. En cualquier estrategia para el futuro se deberán por lo tanto tener en cuenta dos hechos fundamentales. El primero es la necesidad de invertir lo necesario con la suficiente antelación. El segundo, que la inversión por sí sola es un instrumento demasiado lento para satisfacer hoy las necesidades de los que ahora están desnutridos.

4.2 En el futuro, la mayor parte de las inversiones deberán proceder del propio país. Aquellas partes del Africa subsahariana en que las posibilidades de ahorro son muy bajas deberán establecer compromisos adicionales con políticas que estimulen la inversión interna en agricultura a nivel de explotación agrícola familiar. Es preciso desplegar continuos esfuerzos en todos los países menos desarrollados para identificar y eliminar las distorsiones que representan discriminaciones contra la agricultura. El eliminar la polarización hacia el sector urbano significa abandonar la protección a la industria y los tipos de cambio sobrevalorados y dar un tratamiento equitativo a las zonas urbanas y rurales con respecto a la infraestructura y a los servicios. Las transferencias de ingresos generalizadas a través de subvenciones e intervenciones públicas en el mercado deberán ser sustituidas por ayuda orientada a los pobres y gastos de desarrollo que induzcan el crecimiento. A fin de aumentar la eficacia y el sentido de propiedad, los gobiernos locales y las comunidades rurales deberían estar capacitados para planificar y realizar sus propias inversiones, y los gobiernos deberían seguir adaptando su cometido a la nueva tarea de realizar ajustes postestructurales. Hay que tratar de conseguir la privatización de los servicios de apoyo a menos de que se trate de un bien público, como sería el caso de las investigaciones y servicios de extensión destinados a los sistemas de producción de los pequeños propietarios o que se ocupen de cuestiones a más largo plazo sobre la sostenibilidad, construcción de caminos rurales y servicios de saneamiento, educación y salud. Habría que reforzar los mercados financieros rurales a fin de que proporcionen los servicios financieros necesarios para las comunidades rurales. La financiación pública de los servicios no significa necesariamente que sea el Estado el encargado de dispensarlos, y a menudo resulta más económico contratar dichos servicios con el sector privado mediante licitación pública que recurrir a la administración directa.

 

Recuadro 6
INVERSION EN AGRICULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

La seguridad alimentaria introduce un aspecto de equidad en la inversión y el crecimiento agrícolas. El criterio de acceso a los alimentos como uno de los elementos constitutivos de la seguridad alimentaria, además de la disponibilidad y la estabilidad, requiere que se adopten medidas en favor de la mitigación de la pobreza. El hecho de que la población que vive en absoluta pobreza sea incapaz de manifestar plenamente sus demandas en el mercado explica por qué pueden coexistir el hambre y los excedentes de alimentos. Existe una distinción entre la seguridad alimentaria nacional y la familiar, y entre la inseguridad alimentaria crónica y la transitoria.

La inseguridad alimentaria crónica es la primera que debe tratar de reducirse mediante el crecimiento sostenible de los ingresos. Sin embargo, no basta con un crecimiento económico básico de base amplia. Se ha convertido en un lugar común el que, debido a la rigidez institucional y a los fallos del mercado, el efecto de filtración del crecimiento económico puede resultar insuficiente para que dicho crecimiento llegue a los pobres. Es necesario dirigir especialmente a los pobres los programas especiales de generación de ingresos o ayuda suplementaria para conseguir la equidad en el crecimiento. La única forma duradera de garantizar la seguridad alimentaria para los pobres es incrementar su derecho a los alimentos, lo cual puede conseguirse elevando su capacidad de obtención de ingresos, es decir su productividad en el trabajo, ya sea dentro o fuera del sector agrícola, mediante la inversión en infraestructura y en recursos humanos. Uno de los problemas clave es identificar a la población en situación de riesgo. Los organismos de ayuda internacional han elaborado en el último decenio métodos mejorados para que los programas estén orientados especialmente a los necesitados; estos programas pueden tener una gran amplitud. Aparte de poner a disposición de los agricultores pobres en recursos las tecnologías agrícolas adecuadas a ellos, pueden incluir obras públicas de gran intensidad de mano de obra en las zonas pobres, la promoción de mercados financieros rurales para facilitar el acceso de los pobres a la concesión de créditos, todo tipo de medidas para mejorar los servicios de salud, enseñanza primaria, sobre todo para las niñas, formación sobre nutrición, la distribución de tierras de propiedad pública y la reforma agraria para mejorar el acceso de los pobres a los recursos y todo tipo de medidas encaminadas a descentralizar y hacer participar a los pobres en los programas de desarrollo. En las zonas pobres en recursos y con un elevado nivel de crecimiento demográfico, la emigración puede ser el único medio de conseguir la seguridad alimentaria.

La inseguridad alimentaria transitoria se produce cuando las existencias de alimentos no son suficientes para llegar a la próxima cosecha, si la inestabilidad climática produce grandes variaciones en la recolección; o en situaciones de emergencia como las guerras o las catástrofes naturales. Si las necesidades de dinero en efectivo obligan a la población a vender después de la cosecha más alimentos de los que requiere la familia durante el año para el consumo y más semillas, en los países del Sahel se ha encontrado la solución de crear bancos de cereales que al menos mantengan las existencias de alimentos en la región en lugar de obligar a la población a comprarlos fuera a un elevado precio durante la temporada baja. Estas actividades se han visto a menudo obstaculizadas por problemas de gestión y liquidez. La solución más generalizada es la emigración estacional, especialmente de los hombres, para obtener ingresos fuera de la explotación durante la temporada baja. Esto hace que se queden habitualmente en los poblados las mujeres, los niños y los ancianos, lo cual exige la adopción de medidas especiales para garantizar su seguridad alimentaria. Cuando las emigraciones estacionales se ven limitadas por la escasez de oportunidades de empleo, se puede aliviar la situación emprendiendo obras públicas durante el período de escasez siempre que no coincidan con la temporada de siembra. Si la inseguridad alimentaria transitoria está provocada por emergencias tales como la guerra o las catástrofes naturales, la ayuda alimentaria directa puede contribuir a restablecer la salud y la productividad entre la población afectada. Cada vez está más aceptado el hecho de que las catástrofes naturales están provocadas en gran parte por el ser humano, y se ven agravadas por la presión demográfica y por la falta de preparación de los gobiernos, ya que podrían mitigarse mediante sistemas de alarma rápida y adopción de precauciones adecuadas como la disponibilidad oportuna de medios de transporte, suministros médicos, crédito para importaciones excepcionales de alimentos y la creación de existencias de alimentos de emergencia en las zonas afectadas. Además, la coordinación y la ayuda internacional pueden contribuir en gran medida a mejorar la eficacia en el consumo de los recursos de la ayuda disponible.

A nivel nacional, la seguridad alimentaria requiere que se eleve el grado de autonomía, lo cual liberará divisas de la importación comercial de alimentos y las dejará disponibles para inversiones en diversificación económica que fomenten el crecimiento. Otro de los efectos se manifiesta en el mantenimiento de los recursos naturales. Los que padecen inseguridad alimentaria son mucho más propensos a destruir el propio medio que los demás. El acceso equitativo a la tierra es tan importante como el asegurar los derechos de propiedad, y mucho depende de adoptar políticas nacionales que no penalicen al sector rural. Comoquiera que la población más pobre sigue viviendo en su mayor parte en las zonas rurales, un crecimiento agrícola de amplia base puede contribuir en gran medida a aliviar la pobreza rural. Sin embargo, la pobreza rural y la pobreza humana no son problemas alternativos que compiten por la atención de las autoridades y de los fondos: en la mayor parte de los países en desarrollo la pobreza urbana es consecuencia de la pobreza rural, y se ve favorecida por la emigración del campo a la ciudad, los elevados costos de vida en la ciudad para los pobres y las limitaciones del mercado para los bienes y servicios no agrícolas que se ofrecen en el sector urbano. Una forma de aliviar la pobreza rural es mejorar la relación de intercambio a favor de la agricultura, cosa que resulta útil sobre todo cuando la mayoría de los pobres se encuentran en las zonas rurales y tienen acceso a los factores de producción agrícola, sobre todo a la tierra. Estas condiciones siguen prevaleciendo en una gran parte de los países en desarrollo. Con una urbanización rápida e incontrolada y un número creciente de campesinos sin tierra, en algunos países la situación está cambiando y requiere la adopción de nuevas medidas. Para luchar contra la inseguridad alimentaria, la producción de alimentos no sólo debe resultar beneficiosa para el productor, sino que debe poder permitírselo el consumidor, lo cual requiere que aumente continuamente la productividad de los factores, además de que se incentiven los precios como condición principal para la seguridad alimentaria.

Los intentos para alcanzar la autosuficiencia alimentaria son costosos cuando se realizan en condiciones de desventaja comparativa. Según la teoría económica clásica, todos los países deben de contar con alguna ventaja comparativa. Se ha dicho, sin embargo, que esa teoría sólo es válida cuando no existen movimientos internacionales de capital. Si los países se encuentran en una situación de total desventaja en todas las actividades económicas importantes, es muy posible que opten por asegurar ante todo la producción de alimentos. En tales casos, y cuando existe una situación de desventaja en la competitividad, es decir de desventaja no causada por una dotación y costos relativos de los factores de producción sino por distorsiones comerciales nacionales o internacionales, puede resultar conveniente apoyar un grado mínimo de autosuficiencia en los países pobres en recursos, aun cuando los rendimientos de las inversiones sean más bajos de lo habitual. Cuando tal cosa es necesaria deberá realizarse con un agudo sentido crítico, una completa evaluación de las alternativas y una gran sensibilidad para las repercusiones de tales políticas en la sostenibilidad. Como en los países interesados suele ser bajo el costo de oportunidad de la mano de obra deberá darse prioridad a la producción con gran intensidad de mano de obra.

Los países pobres con déficit de alimentos pueden necesitar proteger a sus consumidores de los precios inestables del mercado mundial estabilizando los precios interiores para los productos básicos. En el caso de una emergencia nacional, se puede recurrir a préstamos especiales como los del Servicio de Financiamiento Compensatorio para Imprevistos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Se ha considerado que en los países vulnerables, las existencias de reserva reguladoras constituyen una importante contribución a la seguridad alimentaria nacional. Esta opinión ha cambiado desde que el elevado costo de mantener las existencias de alimentos no se justificaba a menudo ante la posibilidad de realizar importaciones en situaciones de emergencia, incluso a costos considerablemente superiores al promedio. Actualmente se confía más en los sistemas de alerta rápida, los préstamos para casos de emergencia o imprevistos, el buen funcionamiento del sistema comercial internacional y las reservas en efectivo. Según las proyecciones de la FAO, la demanda de cereales en los países en desarrollo aumentará en 550 millones de toneladas entre 1990 y el año 2010, y las necesidades netas de importación en más de 70 millones de toneladas, lo que supondrá un aumento de 10 000 a 20 000 millones de dólares EE.UU. en el costo total de las importaciones de los países en desarrollo. Como es frecuente que los PBIDA no cuenten con alternativas a corto y a medio plazo de conseguir divisas para importar los alimentos necesarios, es importante que la comunidad internacional estudie la forma de garantizar la atención de sus necesidades combinando la ayuda alimentaria o los acuerdos de financiación especial con el apoyo para conseguir oportunidades de producción.

Mejoras inmediatas en la seguridad alimentaria de las familias

4.3 En la práctica, la única forma de solucionar los problemas inmediatos de los que padecen hambre actualmente es aumentar la ayuda en alimentos destinada a determinados grupos. Se conoce muy bien la manera de alcanzar este objetivo, ya se trate mediante programas alimentarios escolares, programas destinados a las madres y los niños o a las personas desplazadas, o de proyectos de alimentos por trabajo. La cantidad teórica de alimentos necesarios para los programas destinados a beneficiarios determinados a fin de cubrir las necesidades totales –unos 30 millones de toneladas al año actualmente– parece reducida si se compara con las disponibilidades mundiales (cerca de 2 000 millones de toneladas de cereales); pero la propia orientación de la ayuda, la organización y la logística para alcanzar a todos los necesitados constituiría una tarea formidable. Si se pueden mantener las condiciones generales favorables para el crecimiento agrícola, es muy probable que la cantidad de alimentos necesaria para cubrir el pronunciado déficit tienda a disminuir en lugar de aumentar en el futuro. Lo que falta no son ni suministros alimentarios ni inversiones, sino un compromiso político –nacional e internacional– para establecer programas de alimentación dirigidos a objetivos concretos en la escala necesaria. Los países en desarrollo más prósperos podrían movilizar los alimentos para tales programas nacionales obteniéndolos del superávit de producción nacional o de las importaciones comerciales. Los países de bajos ingresos con déficit de alimentos (PBIDA), serían los principales beneficiarios de los alimentos destinados a objetivos concretos a través de la ayuda internacional, a corto plazo.

Aumento de la seguridad alimentaria en los países de bajos ingresos con déficit de alimentos

4.4 El déficit alimentario crónico de los países de bajos ingresos con déficit de alimentos (PBIDA) constituye un importante problema en lo que respecta a los esfuerzos globales para mejorar la seguridad alimentaria. Con el fin de reducir al mínimo la posible dependencia no sostenible de la compra de alimentos importados, o las necesidades continuas de ayuda alimentaria destinada a grupos determinados, los PBIDA deberían iniciar programas de inversiones prioritarias para que la producción nacional de alimentos se aproxime lo más posible a las necesidades nacionales, en la medida que lo permitan su dotación de recursos y sus ventajas económicas comparativas. En muchos casos deben crearse condiciones que estimulen un aumento relativamente rápido de la producción. Los cambios normativos que mejoran la rentabilidad a nivel de explotación agrícola pueden producir los primeros efectos. Introduciendo mejores incentivos, se puede ayudar a los agricultores a adoptar tecnologías de producción sostenible e intensificada o criterios nuevos para el almacenamiento, elaboración y comercialización, lo cual, en aquellos casos en que la inseguridad alimentaria crónica es sobre todo un problema rural, repercute de manera importante en la seguridad alimentaria nacional e individual. Estas medidas deberán complementarse con otras, no necesariamente agrícolas sino de carácter productivo, destinadas a elevar los ingresos de los miembros más pobres de las poblaciones urbanas y rurales (Recuadro 6).

4.5 Siempre que sea posible, la asistencia de emergencia en forma de alimentos destinados a grupos determinados debería integrarse en las iniciativas antes señaladas para reducir el déficit crónico de alimentos de los PBIDA. Pueden utilizarse los programas de alimentos por trabajo para construir las nuevas vías de transporte, los mercados o la infraestructura de riego de los que dependerá en parte el subsiguiente incremento de la producción.

4.6 Los PBIDA continuarán en su mayor parte con proporciones muy bajas de ahorro interno y escaso acceso al crédito comercial internacional. Tanto el sector privado como el público tendrán dificultad, al menos a corto y medio plazo, para conseguir los fondos de inversión necesarios para aprovechar las nuevas oportunidades de producción, aun cuando cuenten con ventajas económicas comparativas. La asistencia exterior en forma de subvenciones o préstamos en condiciones favorables continuará desempeñando su función habitual. Los incentivos del gobierno para introducir cambios tecnológicos, o para apoyarlos, serán importantes sobre todo para instar a los beneficiarios más vulnerables –agricultores con una economía casi de subsistencia de las zonas pobres en recursos– a aceptar los riesgos de intensificar sus sistemas tradicionales. Paralelamente, las condiciones precarias de vida en estos países requieren que se dé preeminencia a las inversiones en salud, educación y servicios de seguridad social en las zonas rurales.

Aumento de la disponibilidad mundial de alimentos

4.7 Después de haber cubierto las necesidades urgentes de los pobres desnutridos y de los que padecen inseguridad alimentaria crónica en los PBIDA, el próximo paso es aumentar las inversiones extraordinarias imprescindibles para provocar un aumento de la producción de alimentos y permitir a la población de los países en desarrollo incrementar el acceso a esos fondos. En los próximos veinte años se necesitará aumentar las inversiones en unos 31 000 millones de dólares EE.UU. al año con respecto a las inversiones actuales, de los cuales 24 000 millones de dólares se espera que provengan de la inversión privada. La clave para movilizar recursos no privados será la provisión de incentivos a nivel de familia rural mediante políticas adecuadas que estimulen el ahorro privado y aumenten la confianza de los pequeños agricultores en el futuro.

4.8 El objetivo de la inversión pública deberá ser transferir y crear las condiciones para la aplicación de las nuevas tecnologías de producción de las que depende el crecimiento, tanto de los ingresos como de los productos. Los progresos realizados dependerán de las dos vías siguientes: mantener las ganancias de la revolución verde y hacerlas avanzar hasta donde permitan la dotación de recursos y las condiciones socioeconómicas, e introducir nuevos sistemas para la intensificación sostenible de la productividad a niveles más bajos en las zonas menos dotadas. Hay que garantizar tanto los conocimientos como los medios físicos para la producción. Un rasgo común a las dos vías será avanzar hacia una mayor eficacia en el uso de los factores limitados de producción, naturales o producidos por el hombre. La diferencia de cada país entre las nuevas inversiones en zonas de alto potencial frente a las de bajo potencial, deberán reflejar la eficacia relativa en la utilización de los factores de producción que pueden obtenerse en distintas situaciones, así como el necesario equilibrio normativo entre las ganancias en productos y las ganancias en bienestar social. Gran parte de la inferioridad con que se considera la agricultura como destinataria de las inversiones se debe a las distorsiones normativas y a la discriminación en contra del sector agrícola. Se podría mejorar considerablemente el atractivo relativo de la agricultura adoptando políticas equitativas y reconociendo su función como regulador social en condiciones de rápido crecimiento demográfico.

4.9 Las inversiones privadas seguirán dedicándose sobre todo a los bienes agrícolas, muebles e inmuebles, al suministro y distribución de insumos fabricados, así como a la elaboración, el almacenamiento y el transporte. La inversión privada se desplazará cada vez más a sectores donde los beneficios pueden ser asignados a sujetos privados de los que, por lo tanto, deberá seguir retirándose el sector público. Dada la oportunidad y las facilidades, el sector agrícola es también muy capaz de responder a las nuevas oportunidades como puede ser el cambio a productos de mayor valor (frutas y hortalizas, carne y productos lácteos) y ofrecer servicios de elaboración que son cada vez más objeto de demanda en las economías en expansión y en el proceso de urbanización.

4.10 Las posibles iniciativas privadas incluyen algunos elementos de investigación agrícola, servicios de extensión a los que pueden pagarlos, una mayor proporción de infraestructura de riego así como su funcionamiento y mantenimiento, más servicios en las explotaciones agrícolas, algunos productos de la infraestructura económica o social de las zonas rurales, y financiación rural. Pueden ser grupos de individuos o comunidades más bien que individuos o empresas comerciales los que asuman las responsabilidades de las instituciones oficiales. Las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar también un importante papel ayudando a los individuos y a las comunidades a organizarse para asumir sus nuevas responsabilidades.

4.11 La participación pública en las inversiones debe seguir siendo flexible y adaptarse a las distintas situaciones de los países pero reducirse cuando sea posible. A pesar de la reducción de la contribución financiera, es muy probable que la función pública aumente en importancia en lugar de disminuir. Si la prevista expansión de la participación del sector privado en la agricultura se hace realidad en más países en desarrollo, será necesario contar con una política oficial esclarecida y conveniente, apoyada por una administración eficaz, ninguna de las cuales constituyen el tema específico de este documento, si bien las repercusiones se han constatado en muchos puntos: habría que establecer incentivos adecuados, modelos aceptables de riesgos y un marco estable para las transacciones comerciales. Aparte de esto, siguen siendo necesarias muchas inversiones para el crecimiento agrícola, cuyos beneficios pueden ser absorbidos sólo parcialmente por los agentes privados, o pueden no ser absorbidos en absoluto. Se trata de responsabilidades públicas que los gobiernos no pueden permitirse descuidar. En algunos casos, como en el de la elaboración y ensayo de nuevos sistemas para la producción sostenible en las zonas pobres en recursos, la expansión de los sistemas de riego, o el perfeccionamiento de infraestructura rural de menor importancia, las inversiones se compartirán con los beneficiarios. Otras inversiones, como en servicios de extensión para la población pobre de las zonas rurales y la vigilancia, reglamentación y protección de los recursos naturales en las zonas agrícolas, serán totalmente financiadas por los gobiernos. La elección deberá regirse por la división de responsabilidades públicas y privadas.

Renovación de compromisos para el progreso

4.12 Las prioridades enumeradas anteriormente representan una continuación de las tendencias que están cobrando ya impulso en muchos países. Se trata no solamente de si es una perspectiva realista aumentar la financiación oficial para el desarrollo ante la creciente inseguridad alimentaria de los países menos desarrollados, sino si los países tienen la voluntad política necesaria para reestructurar su normativa en favor de la agricultura, vaya o no a recibirse asistencia exterior extraordinaria. La resolución de esta dicotomía provocará no solamente una mayor madurez económica e independencia, al margen de la actitud y de las políticas de la comunidad internacional de donantes. Las decisiones viables y la correcta ejecución de las inversiones eficaces, no solamente se adoptarán en virtud del consenso entre todos los interesados directos –públicos y privados– dentro y fuera del país. Dado el carácter a largo plazo de la inversión agrícola, el consenso debe ser durable y, una vez adquiridos los compromisos, deben cumplirse. Sólo entonces se realizarán las inversiones privadas previstas y producirán el efecto esperado los programas de promoción de los gobiernos.

4.13 Habrá que reforzar las alianzas existentes y concertar otras nuevas.

La función de la FAO

4.14 La FAO continuará prestando su ayuda a los Estados Miembros para crear un marco que posibilite la generación de inversiones mediante servicios tales como el trabajo sobre los sectores, el análisis de políticas, los estudios sobre productos básicos, la creación y mejora de sistemas de alerta rápida, la previsión sobre los cultivos y el asesoramiento legal. Todas estas actividades constituyen medios para mejorar las decisiones en materia de inversiones y reducir los riesgos y, en cierta forma, atraer capital para la agricultura. La FAO participa también directamente en la preparación de proyectos de inversión en nombre de sus Estados Miembros, utilizando un personal altamente capacitado. Como organización que opera a nivel mundial, la FAO está en buena situación para servir como foro y fuente de experiencia y ayuda a la comunidad internacional en cuestiones transnacionales, incluido el apoyo a la inversión en el ámbito de la agricultura y del medio ambiente.


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Notas

22 La estimación se basa en datos procedentes de informes sobre el desarrollo mundial (1993 y 1994), cuadros mundiales del Banco Mundial (1993) e índices de producción agrícola de la FAO.

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23 Aunque no puedan sacarse muchas conclusiones de estas cifras, hay que señalar que en 1993 la relación media capital/producto en la agricultura de los países en desarrollo fue superior (2,6, si se entiende como producto neto) a la relación de incremento capital/producto (1 aproximadamente). Esto parece indicar una productividad creciente del capital agrícola con el tiempo, contrariamente a lo que cabría prever teniendo en cuenta la ley de los rendimientos decrecientes. Esta tendencia sería congruente con el hecho de que la tecnología es en gran medida el motor de la agricultura (párrs. 2.38-2.47), considerándose a la tecnología como un factor exógeno. Regresar al texto

24 Según un documento elaborado recientemente por el Banco Mundial, el coeficiente nacional de ahorro tiende a aumentar en los países que tienen una parte importante de la población en edad de trabajar y un crecimiento económico elevado, están poco urbanizados y gozan de un fuerte desarrollo del sector financiero y de estabilidad política. El Africa subsahariana no posee ninguna de estas características, salvo un bajo índice de urbanización. El grado en que el potencial de ahorro de un país se traduce en una inversión productiva en el sector agrícola depende de los rendimientos y riesgos en otros sectores y de las oportunidades de inversión en el extranjero. Las perspectivas limitadas de crecimiento agrícola, los impuestos directos e indirectos elevados, las relaciones de intercambio desfavorables y la aversión al riesgo en el sector privado contribuyen a que los ahorros se desplacen de la agricultura a otros sectores. En los países desarrollados con altos ingresos y en muchos países en desarrollo medianos este desplazamiento se compensa en parte con transferencias.

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25  FMI (1994), Naciones Unidas (1994) y CFI (1994).

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26 Banco Mundial (1996).

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27 Van Blarcom et al. (1993).

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28 La inversión en zonas rurales puede tener un efecto multiplicador mayor que la inversión en zonas urbanas. Así, en Kenya, el efecto multiplicador sobre el crecimiento agrícola se cifró en 1,64, frente a 1,23 en el caso de las inversiones no agrícolas. Ello se debe tal vez a que la demanda inducida en las zonas rurales se orienta en menor medida que la demanda urbana a los bienes y servicios importados. Si este extremo se confirmara, sería una razón de peso para realizar inversiones en las zonas rurales, a pesar de que se afirma que producen menos rendimientos.

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29 El coeficiente efectivo de protección de la agricultura en la India se ha cifrado en el 0,87, a pesar de las cuantiosas subvenciones, frente al 1,4 para la industria (véase van Blarcom, op. cit.).

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30  Banco Mundial, World development report 1994.

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31 El indicador de tendencia del gasto público en agricultura de 0,3 para los países en desarrollo se estimó sobre una parte mayor del PIB agrícola de los países en desarrollo en el PIB total (25 por ciento) que el que se aplica en la actualidad (15 por ciento) después de un crecimiento industrial rápido, especialmente en el Asia oriental y sudoriental. Además, en los 10 ó 20 últimos años se han suprimido muchas subvenciones agrícolas, que en los años setenta y ochenta se incluían en el gasto público. La disminución del gasto público agrícola en el que la mano de obra es un factor importante ha sido menos acusada que la del gasto público en general. Muy diferente es la situación en el caso de las infraestructuras, que al ser intensivas en capital, han sufrido mayores recortes. Por ejemplo, en una muestra representativa de países que estaban aplicando políticas de ajuste, el gasto público en general disminuyó el 10 por ciento, el correspondiente a la agricultura el 7 por ciento, la partida de infraestructuras el 18 por ciento y el destinado a la manufactura, la minería y la construcción el 14 por ciento (van Blarcom et al., 1993). La disminución de la parte del PIB agrícola en el conjunto del PIB, del 25 al 15 por ciento parece indicar un aumento de la tendencia desfavorable a la agricultura, pero el menor peso de la infraestructura rural pública en el gasto público tendería a disminuirlo. La cifra del 0,4 para el indicador de tendencia parece verosímil.

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32 FAO (1991).

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33 Las transferencias en condiciones de favor (con un componente de donación superior al 25 por ciento) se denominan asistencia oficial para el desarrollo (AOD).

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34 von Braun et al. (1993).

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35 Estas estimaciones se basan en el supuesto de que los costos unitarios reales y la productividad del capital permanezcan invariables y, por tanto, son estimaciones prudentes. Previsiblemente, el progreso tecnológico permitirá aumentar la productividad del capital (disminuyendo la relación marginal del capital-producto) con lo cual se necesitará menos inversión por unidad de producción. Los precios reales de algunos bienes de capital (maquinaria agrícola, ganado) han descendido en los últimos decenios, y hay razones para pensar que ese descenso continuará. Esto refuerza la afirmación de que para hacer frente a la demanda no será necesario un gran incremento de las inversiones.

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36 No se ha estimado la proporción de la producción (previsiblemente mayor) que se comercializará como consecuencia de la urbanización. Por consiguiente, las inversiones para la fase posterior a la producción son el mínimo necesario.

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37  Evenson (1994) y Umali (1992).

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38 Banco Mundial (1995).

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