I. EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS ARROCERAS

En los últimos dos años el mercado internacional del arroz ha sido caracterizado por unos suministros abundantes, tras el nivel sin precedentes alcanzado por la producción mundial en 1999, las perturbaciones registradas en la demanda de importación y una caída pronunciada en los precios mundiales. Dichos acontecimientos están en pleno contraste con los elementos que han caracterizado la temporada de 1998, cuando la elevada demanda de importaciones hizo aumentar el volumen de intercambio hasta un nivel máximo sin precedentes y sostuvo los precios. Esta transición dio lugar, en el período examinado, a cambios considerables en las políticas arroceras nacionales que dejaron de centrarse en el objetivo de asegurar unos suministros de arroz estables y asequibles para los consumidores y apuntaron pues a garantizar ingresos aceptables para los productores. Como consecuencia de ello, muchos gobiernos intervinieron en apoyo de los productores mediante ingentes compras de abastecimiento, transferencias directas de ingresos, restricciones a la importación e incentivos a la exportación. Ahora bien, el uso de éstas y otras medidas conexas se regula en los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de la Ronda Uruguay sobre la Agricultura (ARUA) o de los programas de ajuste estructural.

POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN

Dada la exigüidad del mercado internacional del arroz[1], un déficit de producción en un país productor importante a menudo da lugar a un aumento de la demanda de importaciones y a un alza pronunciada de los precios internacionales, lo que merma la capacidad de los importadores para asegurar unos suministros asequibles en el mercado mundial. Así pues, tradicionalmente la mayor parte de los países en los que el arroz representa un alimento básico importante persigue el objetivo de un elevado nivel de autosuficiencia para lograr la seguridad alimentaria. Este enfoque en materia de políticas no ha cambiado en los últimos dos años, a pesar de la grave baja de los precios internacionales. Por esto muchos países, sobre todo los importadores tradicionales como por ejemplo Bangladesh, Brasil, Colombia, Filipinas, Indonesia y Nigeria, y también los exportadores netos tales como Camboya, India y Myanmar, han mantenido políticas de expansión de la producción arrocera.

El arroz es un producto muy sensible a la coyuntura en muchas partes de Asia, donde constituye el principal alimento básico de los consumidores y un punto de apoyo fundamental para la población agrícola. A pesar del desplazamiento general hacia la liberalización de los mercados, el arroz sigue siendo uno de los productos agrícolas más protegidos, dado que el sector arrocero a menudo está sujeto a intervenciones gubernamentales directas en el contexto de la comercialización interna, por conducto de organismos comerciales estatales, así como a elevadas barreras arancelarias y no arancelarias.

En Bangladesh, desde la introducción de importantes medidas de reforma, a principios de los años noventa, el Gobierno ha reducido su intervención directa en el sector del arroz. Sin embargo, en el marco del Programa de desarrollo nacional, adoptado en mayo de 1999, ha mantenido entre sus objetivos el logro de la autosuficiencia. La estrategia del Gobierno para alcanzar dicho objetivo depende del impulso que se dé al sector arrocero; de las inversiones en infraestructura de riego, que han contribuido al incremento de la cosecha Boro, en la temporada seca; de la concesión de créditos subvencionados, en especial a los agricultores pobres; y de la distribución de variedades de arroz mejoradas. Por lo tanto, en 1998 el Gobierno autorizó la importación de variedades de semillas híbridas y en 1999 lanzó un Programa nacional para las aguas. Tanto en 1999 como 2000 se aumentaron con arreglo a la inflación los precios de sostenimiento del arroz, que era el único cultivo que junto con el trigo se beneficiaba de precios mínimos al productor. Además, dado que en el año 2000 los precios de los mercados internos cayeron por debajo de estos niveles, el Gobierno incrementó considerablemente sus compras de arroz.

Camboya se halla en un proceso de reforma desde principios del decenio de 1990 con el fin de facilitar la transición de una economía de planificación centralizada a una economía orientada hacia el mercado. Se ha determinado que la autosuficiencia arrocera constituye el principal medio de garantizar la seguridad alimentaria, un objetivo que el país persigue a través del fomento de la producción y la mejora de la infraestructura de comercialización, sobre todo en los sectores del transporte y la elaboración. Habida cuenta de todo ello, el Gobierno lanzó en 1999 un programa de inversiones para la construcción de cisternas de agua y otros proyectos de riego, parte de los cuales iban a ser financiados por el Banco Asiático de Desarrollo.

Desde mediados de los años noventa China se ha comprometido a perseguir el objetivo de aumentar los ingresos de los agricultores y de mantener a la vez un nivel elevado de autosuficiencia en cereales, en el marco del “sistema de responsabilidad por sacos de cereales de los gobernadores”. En 1998, las preocupaciones suscitadas por el gravamen financiero que conllevaba el almacenamiento de existencias ingentes, la mala calidad del arroz comprado y la caída de los precios de los cereales en los mercados llevaron a la aplicación de la reforma de “cuatro separaciones y un consumo”[2], que atenuó la actitud expansionista del país en relación con las políticas cerealeras. Desde 1999 se han adoptado nuevas medidas encaminadas a reducir la producción de arroz de baja calidad. En consecuencia, en 1999 el Gobierno primero redujo los precios de protección de las variedades de arroz tempranas (consideradas de calidad inferior) y luego eliminó dichas variedades de la cesta de productos básicos que recibían apoyo para garantizar un precio mínimo. Aunque el Gobierno sigue esforzándose por lograr un elevado nivel de autosuficiencia arrocera, en la actualidad se hace hincapié en aumentar la eficiencia del sector y mejorar la calidad del arroz producido con objeto de ajustarse constantemente a las cambiantes preferencias de los consumidores.

En julio de 2000, India anunció que aplicaría una nueva política nacional en materia de agricultura cuyo objetivo sería aprovechar las posibilidades de crecimiento del sector, fortalecer la infraestructura rural, promover la adición de valor, crear empleo en el medio rural, desalentar la migración a las zonas urbanas y preparar el sector a hacer frente a los desafíos planteados por la liberalización y la globalización de la economía. A pesar del elevado déficit de la producción provocado por la sequía en el año 2000, el país ha almacenado ingentes existencias de arroz a raíz de tres campañas agrícolas excepcionales y de la reducción de las exportaciones. No obstante, han seguido aumentando los precios de sostenimiento del arroz (Cuadro I-4) y se han intensificado las compras de abastecimiento por parte de la Corporación de Alimentos de la India (FCI) y de otros organismos gubernamentales de compra. Como consecuencia de ello, en 1999-2000 el volumen del arroz comprado aumentó a alrededor de 17,3 millones de toneladas, es decir 5,4 millones de toneladas más que en la campaña anterior y, según se prevé, en 2000-2001 aumentará aún más, hasta 18,5 millones de toneladas aproximadamente. En 1999-2000 el Gobierno ha lanzado un Plan nacional de seguro agrícola que prevé primas cuyo importe asciende a un nivel comprendido entre el 1,5 por ciento y el 3,5 por ciento del valor asegurado. El plan otorga incentivos especiales a los pequeños productores y productores marginales en forma de un subsidio del 50 por ciento de la prima, financiados en igual medida por el Gobierno central y los gobiernos estatales, pero tendrá que concluirse al cabo de cinco años.

Después de tres años de fuerte dependencia de las importaciones para satisfacer las necesidades, de 1996 a 1998, Indonesia intensificó su política de producción arrocera con objeto de alcanzar la autosuficiencia. En 1998, 1999 y 2000, este renovado énfasis dio lugar a un alza marcada de los precios de sostenimiento y a cuantiosas compras internas de arroz cáscara por parte del Organismo Nacional de Logística, BULOG.

En enero de 2000, la República de Corea aprobó una nueva Ley sobre la Agricultura que hacía hincapié en el desarrollo de una agricultura sostenible y el mantenimiento de un nivel elevado de autosuficiencia en el sector arrocero. Los productores de arroz siguieron beneficiándose de precios de sostenimiento atractivos, que en 2000 volvieron a aumentarse en el 5 por ciento. Sin embargo, los volúmenes comprados por el Gobierno, en 1999 y 2000, fueron inferiores a las adquisiciones de los años anteriores con el fin de mantener el apoyo global a la agricultura dentro de los límites del ARUA, ya que el arroz representaba más del 90 por ciento del total. Los esfuerzos del Gobierno por elevar la productividad se concentraron en la investigación y la promoción de variedades de arroz híbridas de madurez temprana y alto rendimiento.

Cuadro I-1: Compras oficiales de arroz de la República de Corea

1996	1997	1998	1999	2000*
(.............miles de toneladas..........)
1,267	1,224	928	876	906

Fuente: USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)
* Provisional

La República Democrática Popular Lao ha apoyado la producción de arroz cáscara sobre todo mediante la promoción del cultivo en régimen de regadío de una variedad para la temporada seca. Esta iniciativa dio lugar al aumento de la superficie cultivada en la estación seca, que pasó de 18 000 hectáreas en 1996-1997 a 87 000 hectáreas en 1999-2000. El objetivo para la campaña de 2001 se ha establecido en 120 000 hectáreas.

En los últimos años Malasia ha aplicado una política coherente con el objetivo de lograr una autosuficiencia en arroz del 65 por ciento. En el año 2000 el objetivo se ha elevado al 70 por ciento y se ha intensificado la prestación de asistencia directa a los agricultores. En especial, al final de ese mismo año se ha anunciado que se aplicaría un ambicioso programa centrado en el incremento de la productividad y la mejora de la calidad. Sin embargo, desde 1998 el país mantiene inalterado el nivel de apoyo a los precios en pro de los productores de arroz, lo que en 2000 ha provocado un descenso del 6 por ciento en términos reales.

Al final de 1998, Myanmar adoptó una estrategia bi-frontal a fin de revitalizar la producción interna de arroz sobre la base de planes de saneamiento de tierras y riego en gran escala. El nuevo plan tiene por objeto ampliar la superficie destinada a arrozales de 5,8 a 7,3 millones de hectáreas. A diferencia de lo que se ha verificado en los planes anteriores, se prevé que el sector privado desempeñará una función clave en el logro de tales objetivos. Para impulsar las inversiones privadas en la producción arrocera, el Gobierno ha ofrecido contratos de arrendamiento agrario de 30 años, el establecimiento gratuito de infraestructura de riego, y unas exenciones fiscales y arancelarias sobre las importaciones de maquinaria y equipo. Además, se ha otorgado a los grandes productores el derecho a exportar directamente hasta el 50 por ciento de sus productos agrícolas. Desde 1998 también se ha invitado al sector privado a participar en la importación y distribución de productos agrícolas e insumos básicos. Sin embargo, los pequeños productores de arroz siguieron pagando el arrendamiento agrario en especie, mediante ventas forzosas de arroz que, por término medio, representaron el 12 por ciento de la producción. En 1998-1999 se notificó que el precio pagado por aquellas entregas era inferior en 50 por ciento al precio de mercado a nivel de la explotación agrícola.

En Pakistán, gran parte de las intervenciones del Gobierno a nivel de producción y comercialización del arroz se eliminaron a mediados de los años noventa. No obstante, el Gobierno aún desempeña una función activa en la financiación de las actividades de investigación y extensión con objeto de fomentar la expansión del cultivo de variedades de arroz híbridas y de promover un empleo más eficaz de los insumos básicos. Además, cada año se anuncian los precios mínimos al productor, pero sólo para fines indicativos. En 1999-2000 los precios de apoyo se elevaron en un 6 por ciento, y en 2000-2001 el incremento fue aún más pronunciado, del orden del 15 por ciento. Al final del año 2000 una caída de los precios de mercado muy por debajo de los niveles que se pretendía alcanzar impulsó al Gobierno a comprar arroz, por primera vez desde 1995, por conducto de la Corporación de Suministros Agrícolas y Almacenamiento del Pakistán. Sin embargo, sólo se adquirieron 25 000 toneladas dado que al estar poco dispuesto a intervenir directamente en el mercado arrocero, el Gobierno optó de hecho por prestar asistencia indirecta al sector mediante la promoción de las exportaciones a través de acuerdos bilaterales con otros gobiernos.

Filipinas ha perseguido una política activa de incremento de la producción de arroz y reducción de la dependencia de las importaciones mediante la extensión, la promoción de variedades híbridas de alto rendimiento, y el riego. De conformidad con dicho enfoque, en 1999 se han emanado nuevas directrices sobre “inactividad agrícola en tierras de labranza y detracción prematura de tierras”, cuyo objeto era impedir que las tierras agrícolas de regadío se destinaran a otros usos. El renovado énfasis puesto en la producción del arroz se reflejó en el anuncio de un nuevo objetivo de cultivo de las variedades híbridas: de 600 000 hectáreas en 2000 a un millón de hectáreas en 2001, con un incremento del 12 por ciento en los precios de sostenimiento en 1999, después de tres años de situación inalterada. En 1999 el sistema de precios de sostenimiento del arroz cáscara se modificó sobre la base de un mecanismo de doble nivel, conforme a la campaña agrícola. Al mes de enero de 2000 también la Junta Nacional de Alimentos (NFA), es decir, el organismo estatal responsable de la comercialización interna del arroz y de su comercio internacional, estaba facultada para pagar 0,50 pesos más por kilogramo (12,4 dólares EE.UU. por tonelada) por el arroz que le entregaran. La prima se pagaba en especie, a través de suministros de fertilizantes y, desde julio de 2000, también era posible el intercambio por semillas de calidad. Las cantidades de arroz oficialmente compradas han aumentado enormemente en 1999 y 2000, frente a la baja de los precios, y han superado así el nivel máximo anterior de 1990.

Cuadro I-2: Compras oficiales de arroz de Filipinas

Fuente: Junta Nacional de Alimentos

El apoyo a los precios de los productores de arroz en Tailandia sigue basándose en un plan de hipoteca del arroz (Cuadro I-3) administrado por el Banco de Agricultura y Cooperativas Agrícolas. En el marco de dicho plan los agricultures participantes reciben préstamos a tasas preferenciales de hasta el 90 por ciento del valor del arroz hipotecado al precio de sostenimiento oficial. El volumen del arroz comprometido disminuyó notablemente entre las campañas de 1996 y las del año 2000, pero se recuperó luego en 2001.

Cuadro I-3: Plan de hipoteca del arroz en Tailandia

Fuente: Banco de Agricultura y Cooperativas Agrícolas

Desde 1999 el plan de hipoteca del arroz se ha ampliado de modo que los agricultores puedan entregar arroz elaborado, además de arroz cáscara, como garantía del préstamo a la Organización de comercialización de los agricultores y la Organización de almacenes públicos. En 2000 cada una de estas organizaciones estaba facultada para comprar 500 000 toneladas de arroz elaborado al precio a efectos del préstamo. Además del plan de hipoteca arriba indicado, se asignaron 1 900 millones de baht (44,1 millones de dólares EE.UU.) a varias instituciones públicas para la compra de alrededor de 380 000 toneladas de arroz cáscara, para su siguiente elaboración y venta local. Si bien se aumentó considerablemente el volumen del arroz objeto de precios de sostenimiento, el nivel de los precios oficiales o “precios indicativos” se mantuvo inalterado en las últimas dos temporadas. Con la aprobación de un plan de seguro para los productos, que cubría el arroz y el maíz, y la asignación al programa, por parte del Departamento del Presupuesto, de 1 000 millones de baht (24,3 millones de dólares EE.UU.), se adoptaron nuevas medidas destinadas a ayudar a los productores de arroz. El plan asegura a los productores contra las catástrofes naturales, tales como inundaciones o sequías, e indemniza a los agricultores por los gastos contraídos pero tan sólo hasta un importe máximo de 1 000 baht por rai (152 dólares EE.UU. por hectárea) para la primera cosecha de arroz y de 1 500 baht por rai (228 dólares EE.UU. por hectárea), para la segunda. En el año 2000 las primas, de las que se harán cargo en la misma medida el agricultor y el Gobierno, se fijaron en 59 baht por rai (9,0 dólares EE.UU. por hectárea) para la primera cosecha de arroz, y en 30 baht por rai (4,6 dólares EE.UU. por hectárea), para la segunda.

Dado que Sri Lanka ha liberalizado ampliamente su mercado interno del arroz y ha limitado mucho las responsabilidades de la Junta de Comercialización del Arroz, el apoyo al sector arrocero se concentra principalmente en la promoción del cultivo de variedades híbridas mediante el establecimiento de infraestructura básica de riego y el suministro de subsidios para fertilizantes. Aunque el Gobierno no suele intervenir para sostener los precios al productor a través de operaciones en el mercado, sigue anunciando los precios oficiales del arroz cáscara para fines indicativos. Estos precios oficiales se incrementaron en más del 50 por ciento, en términos reales, entre 1998-1999 y 2000-2001.

Hasta 1999, la preocupación principal de Viet Nam era convertir los arrozales a otros usos. Por consiguiente, el Gobierno fijó la superficie total de arrozales de regadío en 4,2 millones de hectáreas y promovió la rehabilitación de los campos erosionados o montañosos que se hallaban dentro de dicha superficie. En junio de 2000, frente a los bajos precios y a una actuación exportadora relativamente escasa, el Gobierno redujo la superficie reservada al cultivo del arroz de regadío a 4 millones de hectáreas y decidió asignar las 200 000 hectáreas menos productivas a otros productos agrícolas. En 1999 y 2000, también se ofrecieron a los productores de arroz créditos en condiciones de favor. En 1999, el crédito máximo otorgado sin garantías a los productores de arroz para la producción se duplicó a 10 millones de dong (720 dólares EE.UU.). Frente a los bajos precios al productor, en marzo de 2000 se pidió a los bancos comerciales que reprogramaran las viejas deudas y emitieran nuevos préstamos a los productores de arroz. Además, los tipos de interés sobre los préstamos para inversiones se redujeron del 9 al 7 por ciento anual. En junio de 2000 se estableció un Fondo de garantías para crédito destinado a ofrecer préstamos en condiciones de favor a agricultores, pequeñas empresas y cooperativas. Llevado por el afán de elevar los precios, también el Gobierno otorgó créditos subvencionados a los comerciantes para la compra y el almacenamiento del arroz (véase la sección sobre el comercio).

Entre los demás países asiáticos, la República Islámica del Irán fomenta la producción arrocera mediante la investigación, la distribución de insumos básicos y el sistema de precios de sostenimiento. En 1999 los precios de sostenimiento se aumentaron en el 12 por ciento. El incremento fue aún superior en el año 2000, al oscilar entre el 35 y el 40 por ciento, según la variedad, ya que el país tuvo que hacer frente a un gran déficit de producción provocado por sequías recurrentes. El país notificó que en 1999 había distribuido 300 toneladas de semillas de variedades mejoradas, frente a las 200 toneladas del año anterior.

En los últimos años, África ha tenido que aumentar su dependencia de las importaciones para satisfacer sus necesidades internas. En los principales países productores y consumidores de arroz, la asistencia al sector se va reduciendo desde cuando se han desmantelado las juntas de comercialización de productos, en los años ochenta y noventa. El escaso apoyo que se presta actualmente se limita sobre todo al establecimiento de infraestructura, financiado con frecuencia mediante asistencia internacional, y a la distribución limitada de insumos básicos a los agricultores pobres. Los controles oficiales sobre los precios internos y las intervenciones en los mercados se practican raramente en la región y también las medidas de protección en frontera son relativamente escasas.

Burkina Faso aplica una política de asistencia limitada a los productores de arroz, tras liberalizar la mayor parte de los aspectos de la producción y comercialización. En el marco de su segundo Programa de ajuste estructural, el país emprendió un plan de acción para organizar el sector agrícola, en cuyo ámbito se fijaron objetivos específicos para el sector arrocero. En virtud del plan de conversión de tierras, en 1998 se acondicionaron 800 hectáreas de arrozales de tierras bajas para el cultivo de secano; en 1999, 1 000 hectáreas; y en 2000, otras 1 000 hectáreas. El plan prevé ahora el aprovechamiento de otras 4 000 hectáreas entre 2001 y 2006. De manera análoga, Benin promueve la expansión de la producción arrocera en los valles del interior. Desde la liberalización del mercado del arroz y de los insumos agrícolas básicos, el Gobierno otorga créditos para la producción a corto plazo a los agricultores pobres solamente.

En 2000, Malí aplicó un programa de desarrollo del sector del arroz con objeto de lograr la autosuficiencia para el año 2002. El programa prevé el aprovechamiento de 30 000 hectáreas de nuevas tierras para el cultivo del arroz. El Gobierno también desempeña una función activa por conducto de la Oficina del Níger en el establecimiento de sistemas de riego y el abastecimiento de agua para riego a precios subvencionados.

Egipto tradicionalmente impone limitaciones al cultivo del arroz mediante el establecimiento de cuotas por superficie con el fin de ahorrar agua para el riego, que en la actualidad se proporciona de manera gratuita. Al mismo tiempo el país ha contribuido a intensificar la actividad del sector, sobre todo a través de la investigación y de la distribución de variedades híbridas de alto rendimiento. Estas últimas han hecho aumentar enormemente los rendimientos hasta alcanzar un nivel sin precedentes en todo el mundo. Además, el país ha lanzado un programa de recuperación de tierras, de 20 años de duración, a fin de ampliar la superficie de tierras agrícolas. El programa abarca un ambicioso proyecto de riego llamado “Valle nuevo” en el desierto sudoccidental, cuya ejecución dependerá de la construcción de una estación de bombeo y de un canal de riego de 72 kilómetros de longitud, a partir del Lago Nasser, y otro proyecto en el desierto occidental en el que se aprovecharán las aguas subterráneas para regar 100 000 hectáreas.

Una forma importante de apoyo a los productores de cereales en Nigeria ha consistido en la concesión de elevadas subvenciones para fertilizantes, hasta su supresión en 1998 en el marco de un programa más amplio de liberalización de los mercados. En mayo de 1999 tales subvenciones volvieron a introducirse y se dieron instrucciones a los organismos gubernamentales de comprar fertilizantes dentro del país. La nueva política conlleva la compra de 120 000 toneladas de fertilizantes, a 2 904 millones de nairas (28,75 millones de dólares EE.UU.), destinados a la venta a los agricultores, con una subvención del 25 por ciento. El país anunció asimismo la constitución de nuevas empresas estatales de comercialización de productos.

En América Latina y el Caribe los mercados internos del arroz se han liberalizado en gran medida y la protección en frontera constituye la forma dominante de tutela del sector. En muchos países de la región las organizaciones de productores de arroz han reaccionado a la reducción del papel del sector público haciéndose cargo de muchas de las funciones anteriormente desempeñadas por los gobiernos, incluidas las actividades de promoción e información.

En Costa Rica el arroz sigue siendo un producto básico estratégico y los precios al productor (así como al consumidor) están aún sujetos al control directo del Gobierno. Los precios de sostenimiento al productor registraron un aumento tanto en 1999 como en 2000, pero dicho aumento se mantuvo por debajo de la inflación, lo que dio lugar a un descenso del 5 por ciento en términos reales.

En la República Dominicana la Comisión Nacional del Arroz fija los precios mínimos y máximos de compra y venta e interviene en el mercado a través de un organismo de estabilización de precios llamado INESPRE. En mayo de 1999 este organismo adquirió unas 41 000 toneladas de arroz cáscara a un precio mínimo de 330,67 dólares EE.UU. por tonelada.

En 2000, Guyana suprimió todos los impuestos sobre la venta de insumos básicos, como por ejemplo fertilizantes y plaguicidas, e incrementó el volumen de las semillas distribuidas a los agricultores por conducto de la Junta del Arroz. Los esfuerzos se concentraron asimismo en amplias obras de infraestructura en las zonas productoras de arroz, en el marco de un vasto programa de rehabilitación de los sistemas de riego y drenaje.

México es uno de los pocos países de la región que actualmente aplica un programa de pagos desconectados a los productores, en el marco de “Procampo”. Desde 1998 este programa se complementa con una forma de sostenimiento directo de los precios en el marco de un programa de apoyo a la comercialización que cubre un volumen de 308 000 toneladas de arroz cáscara, es decir, unas tres cuartas partes de la producción nacional. En el marco de este plan, los productores de arroz recibieron una prima sobre el volumen comercializado correspondiente a 150 pesos (17 dólares EE.UU.) por tonelada para la cosecha de invierno de 1998, y a 250 pesos (26 dólares EE.UU.) por tonelada para las cosechas de invierno y verano de 1999 y 2000.

Brasil aplica aún distintos planes de sostenimiento de los precios, incluido un sistema de préstamos que permite a los agricultores dar su arroz como garantía, según una valoración basada en un precio mínimo garantizado. A raíz de la recuperación de la producción y de la caída de los precios que se produjeron a mediados del decenio de 1990, los volúmenes de arroz ofrecidos dentro del programa registraron un incremento notable, lo que llevó al Gobierno, en agosto de 1999, a asignar fondos para el almacenamiento de otras 500 000 toneladas de arroz.

El Gobierno de Colombia no interviene directamente en el mercado del arroz mediante compras o ventas. No obstante, desde hace algunos años exige que los encargados del pilado y la elaboración compren todos los suministros internos de arroz a un precio predeterminado, antes de expedir licencias de importación. Según se ha notificado, en Ecuador, Honduras y Perú se adopta un sistema análogo.

Cuadro I-4: Precios de sostenimiento del arroz cáscara en algunos países (precio por tonelada)

Precios en divisas nacionales												Precio en dólares EE.UU.
Precios nominales									Precios reales (ajustados según el IPC 1995/96=100)
Países		Divisa	1998/99		1999/00		2000/01		1998/99	1999/00	2000/01	1998/99	1999/00	2000/01
En desarrollo Exportadores
India:	calidad	Rupia	4400		4900		5100		3454	3590	3552	104	113	110
	corriente A	Rupia	4700		5200		5400		3690	3810	3769	111	120	116
Myanmar		Kyat	16774	1/	16774	1/	n.d.		7600	6285	...	2713	2712	n.d.
Pakistán:	Irri	Rupia	4375		4625		5125		3376	3426	3640	95	89	90
	Basmati	Rupia	8250		8750		9625		6366	6481	6836	179	169	169
Tailandia		Baht	5460	2/	5460	2/	5460	2/	4509	4531	4457	151	143	127
Importadores
Bangladesh		Taka	7588		7913		8250	p	6541	6423	6435	164	163	162
Costa Rica		Colón	74837		80000		84783		51223	49689	47444	291	280	275
Indonesia		Miles de rupias	1000		1400		1400		701	629	633	103	158	187
Irán, Rep. De		Miles de riales	1181		1323		1856		666	612	761	674	755	1052
Corea, Rep. De		Miles de won	1309		1376		1452		1111	1161	1208	992	1147	1274
Malasia		Ringgit	800	3/	800	3/	800	3/	726	699	688	214	211	211
Filipinas		Peso	8000		9000		9000		6369	6711	6461	198	237	211
Sri Lanka		Rupia	7420		10000		12000		5361	6906	8108	119	145	164
Turquía		Millones de Lira	145		240		330		23	23	20	527	529	497
Desarrollados
CE		Euro	316		298		298		293	272	265	365	313	260
Japón		Miles de yen	263	4/	259	4/	252	4/	256	253	248	2240	2520	2243
Estados Unidos		Dólares EE.UU.	143	5/	143	5/	143	5/	134	131	127	143	143	143

p provisional n.d. no disponible
1/Promedio de los precios de compra de la Empresa de comercio de productos agrícolas de Myanmar (MAPT).
2/Arroz cáscara, 5% arroz quebrado.
3/Incluida una subvención a la producción de 250 ringgit por tonelada de arroz entregado a un molino arrocero o una instalación de secado autorizados.
4/Sobre la base de arroz descascarado.
5/Precio a efectos de los préstamos para la asistencia a la comercialización.

En abril de 2000 el Japón aprobó tres objetivos básicos para las políticas agrícolas nacionales a medio plazo, a saber: la estabilidad de los suministros alimentarios; el desarrollo de una agricultura sostenible; y el aprovechamiento del potencial multifuncional de la agricultura. En el marco de su política de reducción de la producción de arroz, el Japón siguió aplicando un programa de detracción de tierras para destinarlas a otros usos, y redujo los precios al productor en 1,8 por ciento, en 1999, y en 2,7 por ciento, en 2000. Sin embargo, dado que las medidas aplicadas no fueron suficientes para impedir que se fueran acumulando unas existencias de arroz cuantiosas, en septiembre de 2000 el Gobierno adoptó un conjunto de medidas de urgencia especiales. En el ámbito de las medidas anunciadas, la superficie de arrozales sometida a diversificación se aumentó en 100 000 hectáreas[3] hasta alcanzar 1 063 000 hectáreas, o sea, el 22 por ciento de la superficie total de arrozales; los pagos compensatorios a los agricultores por los arrozales destinados a cultivos forrajeros aumentaron de 730 000 yen a 930 000 yen (8 530 dólares EE.UU.) por hectárea, pero sólo han podido aplicarse para el año 2001; el Gobierno anunció asimismo que efectuaría unas compras de urgencia de 400 000 toneladas de la cosecha de 2000, de las cuales 150 000 toneladas para sustituir las viejas existencias estratégicas en poder del Estado que se utilizarían para forraje; también se estableció una reserva de 750 000 toneladas para ayuda alimentaria externa.

En el marco de la Ley FAIR, en los Estados Unidos los productores de arroz reciben asistencia gubernamental mediante contratos de flexibilidad de la producción (CFP), que dan derecho a los productores que reúnan los requisitos necesarios a recibir pagos fijos pero decrecientes por hectárea, en función de los ingresos, sobre la base de la superficie objeto del contrato estipulado con el productor en 1996. De 1998 a 2000, los titulares de contratos CFP para el arroz se beneficiaron de algunos pagos complementarios efectuados en virtud de la legislación sobre ayudas a la agricultura en casos de urgencia. Como consecuencia de ello, los desembolsos totales del Gobierno a los productores de arroz, en el marco de los CFP y los programas de ayudas a la comercialización en casos de urgencia, aumentaron de unos 70 millones de dólares EE.UU., en 1998, a alrededor de 90 millones de dólares EE.UU. en 1999 y 2000, con lo cual se duplicaron respecto de 1996 y 1997 (Cuadro I-5). Además de las transferencias de ingresos, la Ley Federal de Mejora y Reforma Agrícolas (FAIR) estipula la prestación de asistencia directa a los productores de arroz, en virtud del programa de préstamos para la comercialización, con el fin de indemnizar a los agricultores por la diferencia entre el precio mundial y el precio nacional a efectos de los préstamos equivalente a 143 dólares EE.UU. por tonelada de arroz. Dado que hasta 1998 los precios del mercado eran superiores a los precios a efectos de los préstamos, durante los primeros dos años de aplicación de la Ley se efectuaron pequeños pagos en el marco del programa de préstamos. Sin embargo, a medida que los precios mundiales comenzaron a disminuir, en 1999, los pagos de los préstamos a los productores aumentaron de 14 millones de dólares EE.UU. en 1998 a 395 millones de dólares EE.UU. en 1999, y a 415 millones de dólares EE.UU. en 2000. En el marco de la Ley sobre Consignaciones Adicionales para Emergencias de 2001, también se duplicó a 150 000 dólares EE.UU. el límite global por persona de 75 000 dólares EE.UU. relativo a los préstamos para comercialización. En el año 2000, el sector del arroz, junto con otros cultivos, se benefició también de una reforma de los seguros en virtud de la cual 8 200 millones de dólares EE.UU. se utilizarían en cinco años para financiar un aumento de las subvenciones a las primas del orden del 80 al 90 por ciento.

Cuadro I-5: Política arrocera de los Estados Unidos en el marco de los contratos de flexibilidad de la producción y los programas de préstamos para la comercialización

	Precio estacional medio de mercado del arroz	Precio del arroz a efectos de los préstamos	Certificados de préstamo para la comercialización	Pagos en virtud de los contratos 1/	Pagos totales
	Dólares EE.UU./tonelada	Dólares EE.UU./tonelada	Millones de dólares EE.UU.	Dólares EE.UU./tonelada	Millones de dólares EE.UU.
1996/97	220	143	0	61	455
1997/98	214	143	0	60	448
1998/99	196	143	14	64	717
1999/00	131	143	395	62	932
2000/01	1252/	143	415	57	8973/

^1/Se incluyen los pagos efectuados en el marco de los programas de ayuda a la comercialización durante emergencias.
^2/Desde agosto de 2000 hasta marzo de 2001.
^3/Pronósticos al 12 de julio de 2000.
Fuente: USDA.

De conformidad con las reformas de la política agrícola común (PAC) emprendidas en 1992 y con el ARUA de 1994, entre 1997-1998 y 1999-2000, la Comunidad Europea (CE) modificó su régimen de política arrocera. Los cambios se basaron en la concesión de pagos compensatorios en función de la superficie a cambio de una reducción del 15 por ciento en los precios de intervención, aplicada mediante recortes anuales del 5 por ciento entre 1997-1998 y 1999-2000. Como consecuencia de ello, el precio de intervención cayó de 351,00 euros por tonelada en 1996-1997 a 298,35 euros por tonelada en 1999-2000. Los productores fueron indemnizados mediante un incremento triple del pago por superficie entre 1997-1998 y 1999-2000, dentro de una superficie nacional máxima garantizada. Por ejemplo, en 1999-2000 los productores italianos recibieron 318 euros por hectárea, frente a los 106 euros por hectáreas que habían recibido en 1997-1998. Sin embargo, en España el reajuste excesivo del 7,3 por ciento del límite máximo de la superficie de arrozales dio lugar a un recorte del 44 por ciento en los pagos que podían efectuarse en 1999-2000, que pasaron así de 334,33 euros por hectárea a 187,89 euros por hectárea.

La caída en los precios de mercado del arroz que se produjo en los países miembros en los últimos dos años dio lugar a un incremento de las compras de intervención y al crecimiento de las existencias de intervención. Para hacer frente a los excedentes estructurales de mercado, que se han producido desde la apertura del mercado a las importaciones y el recorte de las exportaciones subvencionadas, la Comisión de la CE presentó, el 7 de junio de 2000, una propuesta de reforma de la política arrocera aplicable en la campaña agrícola de 2001-2002, que postulaba la supresión de los precios de sostenimiento y del sistema de compras de intervención obligatorias, así como la reducción de la superficie agraria (Recuadro I-1). No obstante, dado que los principales países productores de la CE no estaban de acuerdo en eliminar el sistema de intervención, la propuesta quedó temporalmente aplazada.

Recuadro I-1: Cambios Propuestos en la Política Arrocera de la CE

POLÍTICAS RELATIVAS AL CONSUMO, LA COMERCIALIZACIÓN Y LAS EXISTENCIAS

Debido a la importancia estratégica del arroz como principal alimento básico, los gobiernos solían intervenir para garantizar suministros asequibles para los consumidores mediante operaciones de mercado y sistemas de distribución pública en gran escala. Desde la liberalización de los mercados, en los decenios de 1980 y 1990, se han eliminado o reducido gran parte de estas intervenciones, en especial en África y América del Sur. Por otro lado, las organizaciones comerciales estatales mantienen en sus manos la mayor parte de las responsabilidades de comercialización interna del arroz en varios países de Asia.

Desde 1995, en China se ha restringido la circulación del arroz entre las provincias, a las que se ha alentado a producir un volumen suficiente de cereales para satisfacer sus necesidades. Con la reforma de 1998 se introdujeron nuevas restricciones a la comercialización, ya que se prohibió a los comerciantes privados comprar arroz directamente de los agricultores y sólo se les dejó la posibilidad de comprarlo de los organismos estatales. Al parecer, en los últimos dos años este tipo de acuerdo de adquisición del arroz ya no se aplica rigurosamente en varias provincias. A raíz de cinco años de cosechas de cereales muy abundantes, se estima que el nivel de las existencias nacionales de arroz ha aumentado considerablemente y que gran parte de las mismas está almacenada en depósitos de cereales públicos. Para reducir el gravamen financiero que esto conlleva para los gobiernos provinciales y mejorar la calidad del arroz adquirido, las juntas cerealeras han limitado sus compras, reducido los precios y adoptado especificaciones más estrictas en materia de adquisición. En 1999, el país lanzó un plan de inversiones de gran alcance para ampliar su capacidad de almacenamiento de cereales en 20 millones de toneladas con el fin de reducir las pérdidas debidas al almacenamiento de los cereales en condiciones inadecuadas.

India mantiene el control gubernamental directo sobre el sector cerealero interno, en el marco de la Ley sobre Productos Básicos de 1995, que contiene disposiciones encaminadas a limitar el volumen de cereales en poder del sector privado y a restringir la circulación de los cereales entre las provincias. A pesar de los esfuerzos realizados en 1997 por reducir proporcionalmente las responsabilidades de la Corporación de Alimentos de la India (FCI) en materia de mercadeo interno y comercio internacional, el organismo público de distribución de alimentos siguió jugando un papel dominante en la adquisición[4] y distribución del arroz. Para reducir el elevado desembolso presupuestario de la FCI, en el año 2000 India aumentó los precios del arroz vendido por conducto del sistema público de distribución. Los precios de emisión subieron el 25 por ciento para el arroz de calidad A[5] vendido a los consumidores que se hallaban por encima del umbral de pobreza, y el 61 por ciento para el arroz de calidad corriente vendido al grupo que estaba por debajo del umbral de pobreza. A principios de 2001, el Gobierno indio lanzó un nuevo programa de distribución del arroz destinado a la población en condiciones de suma pobreza mediante la colocación de algunos de sus excedentes. Como consecuencia de ello, el sistema público de distribución se divide actualmente en tres categorías de consumidores: los que pertenecen al grupo “por encima del umbral de pobreza”, quienes pueden comprar un volumen ilimitado de arroz a 11,3 rupias por kilogramo (0,25 dólares EE.UU. por kg); los consumidores con bajos ingresos que se hallan “por debajo del umbral de pobreza”, quienes pueden comprar hasta 20 kilogramos por mes y hogar a 5,65 rupias por kilogramo (0,12 dólares EE.UU. por kg); y, por último, una nueva categoría de “pobres entre los pobres” a quienes se les ofrecen hasta 25 kilogramos[6] mensuales por familia a 3 rupias por kilogramo (0,07 dólares EE.UU. por kg).

Para tratar de racionalizar las actividades de la FCI, el Gobierno aprobó una nueva política nacional en materia de almacenamiento de cereales alimenticios destinada a modernizar la infraestructura básica de comercialización y a aumentar su eficacia. La ley prevé, en particular, una mayor participación del sector privado en el almacenamiento y la manipulación de los cereales a granel y toma en consideración la posibilidad de privatizar gran parte de las instalaciones de almacenamiento actualmente en poder de la FCI. Con objeto de facilitar la transición, el Gobierno ofrece una exención fiscal de cinco años sobre las inversiones privadas en infraestructura de almacenamiento y transporte de cereales, a la que seguirá una desgravación fiscal del 30 por ciento.

En 1998, Indonesia comenzó un proceso de liberalización de mercados, en el marco de un acuerdo estructural con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en virtud del cual se reducía la función de BULOG, el Organismo Nacional de Logística, en la comercialización interna y las importaciones de cultivos alimentarios. Desde 1999, este organismo sólo está facultado para comprar arroz cáscara, lo que hace por conducto de los organismos locales de logística, denominados DOLOG, mientras que se abstiene de comprar arroz elaborado de los molineros. Además, en virtud de la reforma de 1998, BULOG depende de los créditos bancarios y las tasas de interés vigentes en el mercado para financiar sus operaciones. Sin embargo, ha mantenido la responsabilidad de estabilizar el mercado interno del arroz mediante la liberación de suministros procedentes de las existencias y de administrar un plan de distribución del arroz a la población necesitada subvencionado por el Gobierno. En el marco de dicho programa, en 1999 se dio derecho a los hogares de bajos ingresos a recibir 10 kilogramos de arroz mensuales por persona, a 1000 rupias por kilogramo (0,14 dólares EE.UU. por kilogramo). Este organismo también vende arroz a los funcionarios militares y civiles, como parte del pago de sus sueldos. En 1999 y 2000, se estima que ha liberado en el mercado interno unos 4,8 millones de toneladas de arroz, la mitad de las cuales en el marco de sus programas especiales y la otra mitad en el ámbito de operaciones comerciales corrientes llevadas a cabo por conducto de los DOLOG.

El Japón redujo en 1999 y 2000 el precio del arroz vendido a los mayoristas (Cuadro I-6). El recorte, que se aplicó al arroz tanto local como importado, se anunció en 2000 y se fijó en el 6 por ciento. El país también adoptó medidas para reducir el nivel de las existencias de arroz al destinar algunos suministros a la producción de piensos en el marco del plan de arroz para piensos, y en 1999 el Gobierno decidió utilizar para la fabricación de piensos unas 170 000 toneladas de arroz. El volumen fijado para el programa de emergencias de 2000 ha sido de 150 000 toneladas.

Cuadro I-6: Precios de reventa del arroz producido en el Japón fijados por el Gobierno (ejercicio económico)

Fuente: FAO y USDA

Llevada por el afán de aumentar la competitividad de sus productores, la República de Corea emprendió varias iniciativas en el año 2000 para mejorar la comercialización del arroz. En el ámbito de este programa, el Gobierno abrió un sitio en Internet con el fin de intensificar el intercambio de información. Además, anunció un plan de reconstrucción, para 2004, de 360 centros de elaboración del arroz con instalaciones de secado, elaboración y almacenamiento.

En julio de 2000, Malasia restringió la circulación del arroz procedente del estado de Kelantan para tratar de frenar las importaciones ilegales de arroz desde Tailandia. La medida se suprimió luego en agosto.

En Filipinas, el Organismo Nacional de Alimentos (NFA), que se encarga de estabilizar el mercado arrocero nacional mediante las distribuciones de arroz en zonas deficitarias y mercados urbanos al por mayor, bajó sus precios de venta en octubre de 1999 pero los volvió a subir hasta el nivel anterior en enero de 2000. A raíz de la extensión de su mandato a otros productos, en 1999 el NFA introdujo un programa de ampliación del acceso de la población pobre a los mercados minoristas, una iniciativa que refleja el desplazamiento progresivo desde un sistema de distribución del arroz en gran escala hacia un sistema de venta más selectivo reservado a los grupos de bajos ingresos.

Siria, que también solía vender cantidades limitadas de arroz a precio muy subvencionados, anunció la suspensión del programa a partir del mes de noviembre de 2000.

La expansión de la producción de arroz y las amplias fluctuaciones en los precios internos que se han producido en los últimos años han llevado a Tailandia a asignar unos 205 millones de dólares EE.UU. a la ampliación de la capacidad de almacenamiento de cereales del país en apoyo del plan de hipoteca del arroz. Los nuevos depósitos, que estarían ubicados en las principales regiones arroceras, funcionarían asimismo como centros de elaboración y envasado para mejorar la calidad y aumentar la comerciabilidad del producto. Se notificó también que el país había emprendido un nuevo plan, por conducto del Banco de Agricultura y Cooperativas Agrícolas, encaminado a ampliar el acceso de los productores a la información comercial, inclusive mediante Internet.

De conformidad con la política de elevar la calidad del arroz comercializado, a principios de 2000 Viet Nam presentó un proyecto de programa para mejorar su sistema de elaboración de alimentos en el curso de los próximos 20 años. Entre las medidas específicas para el sector arrocero figura la expansión de la capacidad de secado, descascarillado y almacenamiento del arroz. Para el año 2005, el plan prevé incrementar el potencial de secado del arroz en 6 a 7 millones de toneladas mediante el suministro de maquinaria pequeña a los agricultores, y la capacidad de descascarillado del país, en hasta 6 millones de toneladas por año.

Al mes de enero de 2000, el Gobierno del Sudán suprimió los impuestos y derechos sobre la comercialización de los productos agrícolas, incluido el arroz, a fin de promover la participación del sector privado en la comercialización interna.

Costa Rica mantiene el control sobre los precios de comercialización del arroz mediante la imposición de límites máximos para los precios de venta a los mayoristas, minoristas y consumidores. Si bien tales precios se han modificado muchas veces desde 1998, los márgenes de ganancia se mantuvieron en el 3 por ciento, del mayorista al minorista, y en el 10 por ciento, del minorista al consumidor (Cuadro I-7).

Cuadro I-7: Precio máximo de venta del arroz en Costa Rica (arroz con un 20 por ciento de arroz quebrado)

Fuente: Oficina del Arroz, Informe Annual de la Actividad Arrocera, 1999-2000.

Aunque el sector arrocero opera en un contexto ampliamente liberalizado en El Salvador, en agosto de 2000 el Gobierno promovió una coalición estratégica entre todos los participantes del sector privado. Mediante esta alianza se procura estabilizar los suministros del mercado y los precios internos con el fin de estimular la demanda de arroz producido dentro del país. Se basa en la introducción de directrices y normas sobre las transacciones en la bolsa nacional de productos agrícolas, BOLPROES, como principal instrumento para mejorar la transparencia y competencia de los mercados.

En Santa Lucía el arroz siguió siendo uno de los productos básicos sujetos a precios gubernamentales máximos al por mayor y al por menor, en el marco del reglamento sobre control de precios de 1999, que sustituyó al reglamento anterior de 1984.

OTRAS POLÍTICAS INTERNAS CONEXAS

En 1999 y 2000 han aumentado las preocupaciones por las repercusiones negativas de la producción arrocera sobre el medio ambiente, y varios países adoptaron medidas para reducir el cultivo del arroz en los ecosistemas frágiles. Dichas medidas requerían, por lo general, el retiro de la producción arrocera de las tierras erosionadas o marginales y un uso más amplio de variedades mejoradas en zonas aptas para el cultivo. El impacto ambiental derivado del hecho de destinar a otros usos las tierras tradicionalmente dedicadas al cultivo del arroz ha suscitado preocupación en algunos países desarrollados que temen, en particular, el aumento de la salinidad del suelo o problemas de erosión y eventual destrucción de los hábitat de las aves salvajes. Otros varios países han notificado la adopción de medidas destinadas a comprobar que no se utilicen en medida excesiva fertilizantes y plaguicidas o tecnologías para ahorrar agua.

Se tiene noticia de que en China, en los medios frágiles, sobre todo en las regiones occidentales, se han otorgado subsidios en forma de distribuciones de arroz e indemnizaciones en ingresos a los agricultores dispuestos a abandonar el cultivo del arroz y restablecer en sus tierras pastizales y bosques. En virtud del programa, a los agricultores asentados a lo largo del río Yangtze se les han entregado 2 250 kilogramos de arroz cáscara por hectárea de tierra destinada a pastos y bosques, y se les ha pagado un importe en efectivo. En las zonas superior y mediana del Río Amarillo, la subvención en especie de la que se ha informado asciende a 1 500 kilogramos de arroz cáscara por hectárea. La indemnización a los agricultores se mantendrá aún por un período de cinco a ocho años. También Viet Nam retiró 200 000 hectáreas de tierras muy erosionadas de la superficie destinada a arrozales, aunque se trató principalmente de un intento de racionalizar la producción. En México el cultivo del arroz se redujo considerablemente en Sinaloa, en el marco del programa regional de conservación de aguas. Burkina Faso ha intensificado su actividad de vigilancia del impacto ambiental derivado de la producción arrocera a fin de asegurar la sostenibilidad de la misma. En consecuencia, los proyectos de producción arrocera son objeto en medida creciente de análisis en cuanto a sus repercusiones ambientales. El país, además, está promoviendo planes de ahorro del agua y de plantación de árboles alrededor de los arrozales, con el fin de preservar la biodiversidad. Entre los países desarrollados, el Japón ha ejecutado un programa de promoción de métodos de producción sostenibles entre los productores de arroz, con objeto de reducir los nutrientes en el agua de drenaje y las emisiones de metano.

POLÍTICAS DE COMERCIO INTERNACIONAL

Si bien el comercio internacional del arroz sigue representando una pequeña parte de la producción total solamente, o sea, alrededor del 4 por ciento en 2000, desde 1995[7], año en que comenzó a aplicarse el ARUA, se ha registrado un incremento considerable en términos de volumen. El nuevo entorno político internacional, sin embargo, sólo contribuyó en pequeña medida a ese nuevo empuje comercial. El crecimiento se debió más bien a un incremento de la demanda de importaciones provocado por los déficit de producción a los que dieron lugar las condiciones atmosféricas en varios importantes países productores y consumidores, y por las ingentes disponibilidades de arroz en los países exportadores tradicionales.

Medidas de Importación

El comercio de arroz en Bangladesh se ha liberalizado desde principios de los años noventa y el sector privado realiza la mayor parte de las importaciones. Al 1° de enero de 2000, el país volvió a introducir el derecho del 5 por ciento sobre las importaciones de arroz que había suprimido en 1998, cuando el país se enfrentaba con un déficit de producción. No obstante, las importaciones se mantuvieron exentas del impuesto del 2,5 por ciento sobre la infraestructura que se aplicaba a otros productos.

En la actualidad, en China, el Gobierno ejerce pleno control sobre el comercio internacional del arroz y otros cereales. Las decisiones sobre el volumen de las importaciones y exportaciones[8] son adoptadas por la Comisión Estatal de Planificación y Desarrollo en consulta con el Consejo de Estado. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC) administra el comercio de cereales, mientras que las transacciones efectivas están a cargo de una empresa comercial estatal, la Compañía nacional de importaciones y exportaciones de cereales, aceites y productos alimenticios de China (COFCO). En 1999 y 2000 el nivel de las exportaciones de arroz siguió siendo alto en comparación con los años anteriores, de conformidad con la política del Gobierno de reducir el tamaño de las existencias estatales.

Las importaciones de arroz a Hong Kong (región administrativa especial de China) se realizan de manera autónoma desde la China continental. En la actualidad se regulan mediante un sistema de concesión de licencias y de contingentes de importación, pero están exentas de impuestos. Tradicionalmente los contingentes se asignan a varias empresas autorizadas según proporciones fijas. Para aumentar el nivel de competencia del mercado este sistema se hizo menos riguroso al principio de 1997, cuando se permitió a los comerciantes autorizados incrementar sus asignaciones mediante la aplicación de un cupo facultativo. Inicialmente el volumen global de las importaciones, con arreglo a los cupos facultativos, no podía superar el 30 por ciento de las necesidades totales de importación. Esta proporción se aumentó al 40 por ciento en 2000.

Fiji regula las importaciones de arroz mediante la imposición de un gravamen del 27 por ciento sobre los envíos de arroz elaborado y arroz quebrado y del 10 por ciento sobre los de arroz cáscara y arroz descascarillado. Al final de 2000, el Gobierno anunció que reintroduciría un sistema de concesión de licencias para el arroz descascarillado, en virtud del cual podrían efectuar importaciones sólo las empresas con una licencia de importación y un cupo asignado.

Desde 1997, en la India se permite al sector privado importar arroz, que contenga más del 50 por ciento de arroz quebrado, en franquicia arancelaria. A raíz de la arancelización aplicada en el marco del ARUA y de la eliminación de las restricciones cuantitativas impuestas durante decenios en virtud de las disposiciones en materia de balanza de pagos del GATT, en 2000 los aranceles consolidados aplicados al arroz pasaron del 0 al 70-80 por ciento. El 1° de abril de 2000 el país aumentó los aranceles aplicados hasta el nivel consolidado del 80 por ciento para el arroz descascarado y el arroz quebrado, y del 70 por ciento para el arroz elaborado o semielaborado.

A raíz de la reforma de 1998, Indonesia redujo el monopolio de las importaciones de arroz de BULOG y en 1999 autorizó por primera vez al sector privado a importar arroz. No obstante, las importaciones privadas inicialmente se limitaron al arroz de alta calidad con no más del 5 por ciento de arroz quebrado y se gravaron con un derecho de importación del 25 por ciento. La restricción relativa a la calidad se retiró en enero de 2000 y se impuso sobre todas las importaciones, tanto del sector privado como de BULOG, un arancel de 430 rupias por kilogramo (58 dólares EE.UU. por tonelada), equivalente a un derecho ad valorem del 30 por ciento.

Tras una cosecha muy abundante recolectada en 2000, Malasia intensificó sus controles en frontera con el fin de impedir la circulación no autorizada dentro del país y de suspender, a principios de 2001, la expedición de licencias de importación sobre los productos derivados del arroz.

Aunque el Organismo Nacional de Alimentos (NFA) sigue gestionando la mayor parte de las importaciones a Filipinas, desde 1997 los comerciantes privados están autorizados a importar arroz especial, de consistencia semidura o glutinosa, con un gravamen del 50 por ciento y conforme a un contingente de acceso preferencial. En 1999 también se autorizó a los comerciantes privados a importar arroz de calidad común. En el marco del ARUA, el país se ha comprometido a ampliar el acceso otorgado con arreglo a este contingente en 20 000 toneladas por año, pasando de 59 000 toneladas en 1996 a 239 000 toneladas en 2005.

Frente a los déficit de arroz que se produjeron en 1999, durante el último trimestre del año Sri Lanka bajó temporalmente el arancel sobre las importaciones de arroz del 35 al 10 por ciento. Más tarde, en enero de 2000, dicho arancel volvió a subirse al nivel anterior del 35 por ciento; esta operación precedió al anuncio de que en agosto de 2000 se suspendería la concesión de nuevas licencias de importación.

Si bien es un importante exportador de arroz, Viet Nam importa este mismo producto de los países vecinos, en particular Camboya. En abril de 1999, el país subió los gravámenes a la importación del 10 al 20 por ciento para todos los tipos de arroz, excepto el arroz cáscara, que se mantuvo exento de impuestos. En julio de 2000, se aplicó un nuevo aumento del 30 por ciento.

En enero de 2000, en África, los países miembros de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA)[9] aplicaron un arancel externo común (AEC) y permitieron a la vez la libre circulación de bienes dentro de la región (Cuadro I-8). Conforme al sistema aplicado a las importaciones procedentes de países no miembros, se distinguen cuatro categorías de productos, sujetas a un tipo arancelario fijo; se introduce un sistema de aranceles e impuestos comunes a todos los miembros; y se fijan aranceles e impuestos provisionales, que pueden ser aplicados facultativamente por cada país.

Cuadro I-8: Arancel externo común de la UEMOA y otros gravámenes ^1/

Categoría	Arancel ad-valorem	Impuesto estadístico	Impuesto de Solidaridad
		porcentaje
0	0	1	1
1 (arroz cáscara/semillas)	5	1	1
2 (todos los demás tipos de arroz)	10	1	1
3	20	1	1

Fuente: UEMOA
1/Aplicable al valor del costo y flete (C y F).

Estos aranceles e impuestos provisionales pueden introducirse con arreglo a dos sistemas facultativos que dan a los países miembros la posibilidad de introducir medidas de protección adicionales. El primer sistema, destinado a compensar la pérdida de la protección que se deriva de la aplicación del AEC, consiste en la imposición de un arancel decreciente hasta el año 2003 (Cuadro I-9). El segundo permite a los países proteger a sus mercados de las fluctuaciones de los precios mundiales mediante la aplicación de un derecho del 10 por ciento sobre un precio de activación.[10]

Cuadro I-9: Impuesto facultativo de la UEMOA sobre las importaciones extrarregionales

Período	Impuesto bajo	Impuesto alto
	porcentaje
del 01/07/99 al 31/12/99	10	20
del 01/01/00 al 31/12/00	7.5	15
del 01/01/01 al 31/01/01	5	10
del 01/01/02 al 31/01/02	2.5	5
del 1/01/03	0	0

Fuente: UEMOA

Como consecuencia de la aplicación del AEC, en enero de 2000, Benin aumentó el arancel sobre el arroz descascarillado o el arroz elaborado del 5 al 10 por ciento, mientras que el arancel aplicado a las importaciones de arroz cáscara y semillas de arroz se mantuvo en el 5 por ciento. Siguió aplicándose además a las importaciones un impuesto al valor añadido del 18 por ciento.

En 1999, la aplicación del AEC en Côte d’Ivoire ha dado lugar a un incremento del arancel común aplicado, que pasó del 5 al 10 por ciento para el arroz descascarado, y a una reducción del arancel aplicado al arroz con un porcentaje de arroz quebrado del 15 por ciento o inferior, que pasó del 25 al 10 por ciento, y del arancel aplicado al arroz con un porcentaje de arroz quebrado superior al 15 por ciento, que pasó del 15 al 10 por ciento. El arroz importado está sujeto también a un impuesto sobre el valor añadido del 20 por ciento.

Al final de 1999, a raíz de un pronunciado incremento de los envíos de arroz, Kenya introdujo un nuevo gravamen del 25 por ciento, o sea, de 7,50 chelines kenyanos por kilogramo (alrededor de 100 dólares EE.UU. por tonelada), que sin embargo constituye el gravamen más elevado, además del gravamen del 50 por ciento ya aplicado.

En enero de 1999, Nigeria eliminó la reducción arancelaria del 25 por ciento sobre las importaciones de cereales, concedida a partir de 1995, y volvió a aplicar a las importaciones de arroz el arancel total del 50 por ciento (sobre las importaciones de arroz). Al mes de noviembre de 1999, también se restableció el sistema de inspección de los envíos de mercancías importadas y, a principios de 2001, se anunció un nuevo aumento del arancel de importación sobre el arroz, que subió al 75 por ciento, como medida de protección de los agricultores contra la competencia exterior.

Según se notificó, en enero de 2001, en el Sudán, se han eliminado provisionalmente todos los gravámenes sobre las importaciones de arroz y de otros cereales, hasta el comienzo de la nueva campaña en octubre, con objeto de mitigar los déficit temporales de los suministros.

En la región de América Latina y el Caribe, Costa Rica, en marzo de 1999, aumentó del 20 al 35 por ciento los aranceles aplicados al arroz descascarillado, que se acercaron así al arancel ya aplicado al arroz elaborado y llegaron a coincidir con el nivel consolidado del ARUA. Sin embargo, el país autorizó al mismo tiempo la importación de 60 000 toneladas de arroz descascarado con un tipo arancelario del 10 por ciento, cuya entrega se efectuó entre abril y junio de 1999. Al persistir los bajos precios internacionales, en diciembre de 1999 el país recurrió a una medida protectora que imponía por un año un precio especial a las importaciones de arroz descascarillado y arroz elaborado, lo que dio lugar a un gravamen adicional del 6 por ciento.

Tras las negociaciones sobre consolidaciones arancelarias con la OMC para los productos agrícolas clave, la República Dominicana revisó al alza su límite máximo arancelario que en 2000 pasó del 40 por ciento al 111,5 por ciento. El país se comprometió asimismo a establecer, en el mismo año, un contingente de 12 410 toneladas con un arancel del 20 por ciento. El tamaño del cupo preferencial se ampliaría progresivamente a 15 262 toneladas en 2005. Para aquel período el arancel aplicado fuera del contingente se reduciría al 99 por ciento.

En octubre de 1999, El Salvador aumentó al 40 por ciento los aranceles de importación sobre todos los tipos de arroz[11]. Anteriormente, dicho arancel era del 20 por ciento para el arroz cáscara, y del 35 por ciento para los demás tipos de arroz. Al mismo tiempo, con el fin de subsanar un déficit de producción, el país estableció un contingente arancelario exento de impuesto de 25 000 toneladas cuya entrega estaba prevista entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2000.

En 1999, en Honduras, el arancel aplicado a las importaciones de arroz subió del 30 al 45 por ciento, mientras que se mantuvo en el 20 por ciento el tipo aplicado al arroz descascarillado. Tras el acuerdo de cinco años entre productores e importadores en virtud del cual estos últimos se comprometían a comprar arroz nacional a un precio predeterminado, el Gobierno bajó del 20 al 1 por ciento el arancel sobre el arroz descascarado. Sin embargo, pudieron beneficiarse del arancel más bajo sólo las importaciones efectuadas entre marzo y abril, cuando en el mercado solía producirse una situación de escasez.

En 2000, México ha incluido el arroz elaborado en la lista de productos sujetos al sistema de aranceles garantizados, que establece un precio mínimo de importación para fines de cálculo de los aranceles. En el marco de este sistema, el arroz importado por debajo del precio mínimo predeterminado está sujeto a un depósito equivalente a los derechos aplicados a la diferencia de precio. Tal depósito se le devuelve al importador después de seis meses.

A raíz de las negociaciones celebradas en la OMC entre octubre de 1999 y diciembre de 2000, Panamá subió del 60 al 130 por ciento el nivel de los aranceles consolidados sobre las importaciones de arroz. El arancel consolidado se reducirá año tras año hasta alcanzar en 2004 el 103 por ciento. En el marco de los compromisos del ARUA, el país aumentó también el tamaño de su contingente preferencial de 5 524 toneladas en 1998 a 6 048 toneladas en 1999, y 6 572 toneladas en 2000.

Frente al incremento de las existencia y la baja de los precios, en abril de 2000 Brasil introdujo la prohibición de importar arroz de la Argentina y el Uruguay; esta medida se suprimió en junio de 2000. El país, en cambio, estipuló un acuerdo con estos dos países miembros de MERCOSUR en virtud del cual las exportaciones de la Argentina y el Uruguay a Brasil se reducirían en 2000 a 550 000 toneladas. Chile disminuyó los aranceles aplicados a los tipos de arroz del 11 por ciento en 1998 al 10 por ciento en 1999, y al 9 por ciento en 2000. Con arreglo al programa de reducción arancelaria del país se efectuarán nuevos recortes del 1 por ciento anual hasta el año 2003, a partir del cual el arancel se mantendrá en el 6 por ciento.

En el marco del Pacto Andino, la circulación del arroz elaborado entre los países miembros/asociados del Pacto Andino[12] no está sujeta a impuestos. Las importaciones de países externos a la región se autorizan en caso de que no haya disponibilidad de suministros dentro del país. En virtud del sistema de escalas de precios de la comunidad andina, las importaciones de arroz (excluido el arroz cáscara) de terceros países están sujetas a un derecho de importación variable. Éste se determina sobre la base de un precio mínimo y un precio máximo, fijados en abril de cada año por el Consejo Presidencial Andino, y de un precio de referencia que el Consejo ajusta cada dos semanas[13]. En 1998, los precios mínimo y máximo de la escala de precios del arroz se fijaron en 336 dólares EE.UU. por tonelada y 390 dólares EE.UU. por tonelada, respectivamente. El precio mínimo se subió a 358 dólares EE.UU. por tonelada en 1999.

Colombia expide licencias de importación solamente cuando todos los suministros internos se han vendido a un precio predeterminado. Tales licencias se conceden a los molineros y elaboradores según una proporción fija de sus compras locales, que en 2000 era de 1 tonelada de productos importados por cada 2,5 toneladas de arroz nacional. Las importaciones de arroz de Colombia están sujetas a derechos ad valorem del 20 por ciento para el arroz elaborado y del 15 por ciento para el arroz cáscara. Sin embargo, al ser miembro de la comunidad andina el país ha impuesto unos derechos adicionales a la importación en el marco del mecanismo de escalas de precios. Su aplicación dio lugar, al final de 1998, a la fijación de un gravamen de 73,4 dólares EE.UU. por tonelada. El recargo fue muy superior en agosto de 1999, al fijarse en alrededor de 135,6 dólares EE.UU. por tonelada. Subió a 143 dólares EE.UU. por tonelada en marzo de 2000 y a 162 dólares EE.UU. en abril de 2001.

Al igual que Colombia, Ecuador aplica un complejo régimen de importaciones comerciales vinculado con el sistema de escalas de precios del Pacto Andino, basado en un arancel ad valorem, un derecho variable y un derecho de salvaguardia complementario. Durante los últimos tres años, el arancel ad valorem se mantuvo en el 20 por ciento pero el derecho variable aplicado al arroz aumentó considerablemente, de 1 por ciento en 1998 a 26 por ciento en 1999, y a 40 por ciento en 2000. Además, el país impuso un derecho de salvaguardia que subió del 5 por ciento en 1998 al 10 por ciento en 1999 y 2000. Como consecuencia de tales medidas, el derecho de importación global aumentó del 26 por ciento en 1998 al 56 por ciento en 1999, y al 73 por ciento en 2000, pero se mantuvo dentro del límite máximo consolidado del ARUA.

Tras la arancelización de los obstáculos al comercio, en 1998, el Japón renunció a aplicar al arroz la disposición del ARUA en materia de trato especial. Esto desaceleró el proceso de apertura del mercado interno, que pasó de un consumo básico inicial del 0,8 por ciento anual al 0,4 por ciento. Como consecuencia de ello, el contingente de importación exento de impuestos se amplió de 644 000 toneladas en 1999 a 682 000 toneladas en 2000. Paralelamente, el arancel de importación fuera del contingente se redujo de 351,17 yen por kilogramo (2 943 dólares EE.UU. por tonelada) en abril de 1999, a 341 yen por kilogramo (3 334 dólares EE.UU. por tonelada) en abril de 2000.[14]

En base al Acuerdo de Blair House estipulado entre los Estados Unidos y la CE, y expresado en los compromisos contraídos por la CE en virtud del ARUA, las importaciones de arroz descascarillado y elaborado a la Comunidad están sujetas a un impuesto variable desde 1995, mientras que al arroz cáscara y el arroz quebrado se les han aplicado aranceles fijos dentro de los límites consolidados del ARUA (Cuadro I-10). El impuesto variable sobre el arroz elaborado y el arroz descascarillado, que representan el grueso de las importaciones de arroz de la CE, se basa en la diferencia entre un precio de referencia externo y un precio máximo derivado del precio de intervención prevaleciente. Este sistema impide que el precio de importación libre de derechos[15] supere el precio de compra de intervención en más del 80 por ciento para el arroz descascarillado Índica; en más del 88 por ciento, para el arroz descascarillado Japónica; en más del 163 por ciento, para el arroz elaborado Índica; y en más de 167 por ciento, para el arroz elaborado Japónica. Su aplicación ha provocado una caída de los impuestos variables aplicados en los últimos tres años a las importaciones de arroz descascarillado y arroz elaborado, debido en parte a la caída del precio de intervención durante este período. Por ejemplo, el derecho aplicado al arroz descascarado Índica importado de terceros países (excluidas las importaciones efectuadas en el marco de sistemas de acceso preferencial) disminuyó de 235,9 euros (266,05 dólares EE.UU.) por tonelada, al comienzo de la campaña de 1998-1999[16], a 207,76 euros (220,50 dólares EE.UU.), en 1999-2000. En 2000-2001 bajó a 203,83 euros (181,06 dólares EE.UU.) por tonelada, un nivel muy inferior al de los dos años anteriores, debido en parte a que el precio de intervención ya no estaba sujeto a reducciones. Durante el período en cuestión, disminuyeron de manera análoga los derechos aplicados a las importaciones de arroz que entraban a la Comunidad en virtud de los cupos con acceso preferencial (que representaban alrededor del 40 por ciento de los envíos totales). Por último, en los últimos dos años también bajaron los derechos aplicados al arroz cáscara y el arroz quebrado, que estaban sujetos a tipos fijos, de conformidad con las disposiciones del ARUA.

Cuadro I-10: Derechos de importación consolidados aplicados en virtud del ARUA a los tipos de arroz de la CE (euros por tonelada)

Fuente: AgraEurope

La propuesta de reforma de la política arrocera presentada por la Comisión en 2000 (véase el Recuadro I-1) puede haber repercutido de manera importante en la estimación de los derechos aplicables a las importaciones de arroz elaborado y descascarillado, dado que la eliminación del precio oficial de intervención para el arroz no permitiría aplicar el sistema de cálculo de los gravámenes de importación vigente para el arroz descascarillado y el arroz elaborado. Tal vez esto signifique que el derecho aplicado a tales productos tendría que basarse en los aranceles consolidado del ARUA, tal como ya se hace para el arroz cáscara y el arroz quebrado. Sin embargo, debería negociarse con los interlocutores interesados de la OMC un cambio de este tipo, en virtud del Artículo XXVII del GATT de 1994 (Modificación de las Listas).

En septiembre de 2000 la Comisión de la CE presentó otra propuesta, ratificada luego en febrero de 2001 por los países miembros, y consistente en la apertura del mercado europeo a todos los productos, salvo las armas, procedentes de 48 países menos adelantados[17]. Si bien en el ámbito de esta iniciativa denominada “Todo menos Armas” se otorga un acceso ilimitado y sin restricciones a la mayor parte de los productos agrícolas procedentes de los países receptores, el arroz se señaló, junto con el azúcar, como uno de los productos sensibles a la coyuntura que se hallaba en una fase de transición (Cuadro I-11). En consecuencia, hasta 2009 se permitiría importar sólo volúmenes limitados de arroz en régimen de franquicia aduanera.

Cuadro I-11: Cupos de importación de arroz de la CE en régimen de franquicia aduanera, en el marco del sistema de acceso preferencial de la iniciativa “Todo menos Armas” (toneladas)

Fuente: CE

Medidas de fomento de la exportación

Desde 1998 China persigue una política activa de exportación arrocera y las ingentes existencias en poder de las empresas públicas de cereales han permitido al país mantener un elevado nivel de envíos incluso en el año 2000, cuando el país se enfrentó con un pronunciado déficit de exportación y con la contracción del mercado mundial.Hacia el final de 2000, India trató de fomentar las ventas al extranjero ofreciendo arroz para la exportación en las licitaciones públicas de la FCI. Sin embargo, no se tiene noticia de ninguna exportación en el marco de tales licitaciones debido a que los precios mínimos de venta eran relativamente altos. Además, contrariamente a la tendencia prevaleciente en otros países exportadores, en 2000 India suprimió el sistema de reembolso de impuestos que había permitido a los productores de arroz obtener una compensación por los impuestos locales pagados sobre la adquisición de insumos básicos.

Durante los últimos dos años, la Corporación de Comercio del Pakistán proporcionó mayor apoyo a los exportadores privados de arroz mediante la concertación de acuerdos bilaterales entre los gobiernos en el sector arrocero. Además, patrocinó el establecimiento, en el año 2000, de un comité de examen de la calidad para dar garantías a los clientes extranjeros acerca de la calidad del arroz entregado por el país.

En Tailandia se ha prestado en general asistencia a los exportadores en forma de créditos subvencionados. En 2000, se asignaron para este fin 20 000 millones de baht (487 millones de dólares EE.UU.) mediante un Fondo de apoyo a las exportaciones administrado por el Banco EXIM. En ese mismo año se les pidió a los exportadores que compraran un millón de toneladas de arroz nacional a los precios de mercado prevalecientes y que las conservaran almacenadas en espera de una recuperación de los precios. A cambio de eso, el Gobierno proporcionó préstamos sin intereses para respaldar las compras y cubrió los gastos de almacenamiento.

Entre 1998 y 2000, Viet Nam siguió gestionando las exportaciones mediante un sistema de precios y cupos mínimos de exportación asignados a las empresas de exportación autorizadas, tanto públicas como privadas. En 1998, el Gobierno estableció un contingente de 4 millones de toneladas, de las cuales el 70 por ciento para la exportación por parte de empresas provinciales y el 30 por ciento por parte de empresas nacionales. Más tarde, en 1999, el cupo se fijó en 3,9 millones de toneladas y, en 2000, en 4,2 millones de toneladas, mientras el número de las empresas de exportación autorizadas se aumentó de 19 a 41, en 1999, y a 52, en 2000. Sin embargo, debido a la debilidad del mercado internacional, las exportaciones efectivas estuvieron muy por debajo del objetivo del Gobierno para el año 2000. También fue necesario bajar reiteradamente los precios mínimos de exportación con el fin de mantenerlos en consonancia con los cambios de los precios internacionales. Con objeto de sostener el mercado, el Gobierno también concedió créditos a los exportadores para comprar un millón de toneladas de arroz a un precio mínimo. Además, el país ha emprendido un programa de establecimiento de explotaciones arroceras orientadas específicamente a la producción de arroz de alta calidad para la exportación en el intento de promover la competitividad del país y obtener un mayor acceso a los mercados más remunerativos.

En diciembre de 2000, a raíz de una cosecha excepcional, Egipto levantó la prohibición de exportar arroz cáscara. En los otros países de África, se han suprimido las barreras a la exportación entre los países miembrosde la UEMOA.

La ayuda a las exportaciones de arroz del Uruguay se limita al reembolso de los impuestos indirectos pagados durante el proceso de producción. La devolución corresponde al 4,50 por ciento del valor f.o.b. de exportación para el arroz descascarillado y al 4,25 por ciento para la mayor parte de los otros tipos de arroz. De manera análoga al Uruguay, Argentina limita su asistencia a los exportadores al reembolso de los impuestos, en un porcentaje que va del 6,8 al 12 por ciento. En el Perú se concede a los exportadores de arroz un reintegro del 5 por ciento en concepto de devolución de los impuestos ad valorem pagados sobre los insumos básicos.

En los Estados Unidos, desde 1997 ya no se utilizan las subvenciones que solían otorgarse en el marco de los programas de fomento de las exportaciones, y los incentivos a la exportación se conceden en su mayor parte a través de los programas de garantía del crédito a la exportación (Cuadro I-12). El volumen de las exportaciones que sacaron provecho de estos últimos programas pasó de 499 000 toneladas en 1998 a 192 000 toneladas en 1999, y 225 000 toneladas en 2000 (dato aún provisional). En conjunto, en 1999 alrededor del 25 por ciento de las exportaciones de arroz de los Estados Unidos se efectuaron en concepto de ayuda alimentaria o en el marco de programas de garantía del crédito; en 2000 este porcentaje fue del 19 por ciento, muy superior a la proporción del 12 por ciento que se había alcanzado en 1996 y 1997, cuando los precios mundiales eran relativamente elevados.

Cuadro I-12: Programas de exportación de arroz de los Estados Unidos

* Provisional
Fuente: USDA - Rice Situation and Outlook Yearbook, (Anuario sobre la situación y las perspectivas arroceras), noviembre de 2000.

Acuerdos de comercio bilaterales

A medida que los gobiernos de los países exportadores intensificaban sus esfuerzos por garantizar las ventas de arroz, se efectuaron muchas transacciones en el marco de acuerdos bilaterales entre los gobiernos, con frecuencia en forma de acuerdos comerciales de trueque. Recurrieron a tales acuerdos algunos países exportadores, tales como Myanmar, Pakistán, Tailandia y Viet Nam, y países importadores como por ejemplo Filipinas, Malasia, Indonesia, la República Islámica del Irán, Iraq y Sri Lanka. Según se notificó, se concertó un acuerdo multianual solamente, en virtud del cual Egipto se comprometió a proporcionar a Libia unas 100 000 toneladas de arroz por año, hasta 2003.

En septiembre de 2000, Tailandia y Viet Nam han firmado un memorando de entendimiento en cuyo ámbito cada país se compromete a aportar a un fondo común 100 000 toneladas de arroz, con un 25 por ciento de arroz quebrado, para su venta a un precio mínimo de 152 dólares EE.UU. por tonelada. La finalidad del plan es evitar que los precios de exportación caigan e impedir por tanto que en las transacciones internacionales ninguno de los dos países asociados venda a precios inferiores al del otro país asociado. Sin embargo, las cantidades asignadas y el número de países interesados han sido demasiado limitados para que el plan resulte eficaz. Si bien China e India han manifestado interés por la iniciativa, oficialmente no se han adherido al acuerdo.

CONCLUSIONES Y CUESTIONES PLANTEADAS

En los últimos dos años, los cambios en las políticas de producción del arroz sólo en parte han estado en consonancia con los bajos precios prevalecientes en los mercados nacionales e internacional. De hecho, pocos países han adoptado medidas para reducir la producción y la mayor parte ha mantenido políticas de expansión de la producción arrocera. Además, en muchos países se fortalecieron las medidas de apoyo a los precios, ya sea mediante el aumento de los precios de sostenimiento o bien con un mayor volumen de compras por parte de organismos públicos de adquisición. Este comportamiento ha puesto de relieve, en el caso de muchos grandes países productores y consumidores de arroz, una persistente preocupación por la creciente dependencia de las importaciones para satisfacer las necesidades internas, así como la necesidad de aumentar los ingresos de la población agrícola a fin de aliviar la presión del proceso de urbanización. A pesar de la intensificación de las compras públicas de abastecimiento de arroz, los países en desarrollo no siempre han conseguido proteger a los productores de los efectos de los precios bajos, al no poder permitirse programas de intervención o de protección social en gran escala. Por otro lado, los países desarrollados han cumplido con las obligaciones contraídas en virtud del ARUA de reducir las medidas de sostenimiento de los precios y realizar planes de reducción de la producción. Sin embargo, con frecuencia estas medidas han resultado ineficaces en contener el exceso de producción debido a los considerables aumentos de rendimiento y los elevados pagos compensatorios a los productores, que han contribuido a contrarrestar los efectos de la caída de los precios.

El examen del período indica un uso creciente de formas indirectas de ayuda a la producción. Más específicamente, los gobiernos han intensificado sus contribuciones a la investigación, la extensión y las inversiones en infraestructura. Al parecer, han aumentado asimismo las subvenciones a los programas de seguro como instrumentos de apoyo a los agricultores en los países tanto desarrollados como en desarrollo.

La respuesta a la reducción del papel del sector público en las actividades de producción y comercialización del arroz, un proceso comenzado hace más de diez años, parece haber dado lugar a marcados contrastes entre las regiones. En la región de América Latina y el Caribe hay pruebas de que las organizaciones de productores se han hecho cargo de importantes funciones que anteriormente formaban parte de las responsabilidades de los órganos estatales, en especial la distribución de insumos, la extensión e incluso la investigación. Por el contrario, en muchos países de África el sector privado no parece haber conseguido sustituir a las juntas públicas de productos en la comercialización de insumos básicos y productos finales, la concesión de crédito, etc.

Durante el período examinado, ha seguido disminuyendo el número de los gobiernos que ejercen un control directo sobre los precios al por mayor o al por menor. Además, el crecimiento de los ingresos y los precios bajos han llevado a los consumidores a optar en general por una mejor calidad del arroz lo que, a su vez, ha dado lugar a reajustes en la producción hacia variedades de arroz de calidad superior y a inversiones en infraestructura de elaboración y almacenamiento. Por otra parte, dado que los precios al por menor han mermado los beneficios de los programas especiales de distribución, varios gobiernos se han beneficiado de dicho entorno favorable y han conseguido aliviar el gravamen de tales programas en las finanzas públicas al aumentar los precios de venta o reducir los programas públicos de distribución. A este respecto, ha crecido el apremio, ya sea internamente o por parte de las organizaciones de financiación internacionales, por volver a examinar las funciones de los organismos comerciales estatales en la adquisición, comercialización interna y comercio internacional del arroz, posiblemente con vistas a reducir el tamaño de sus actividades y a compartir con el sector privado algunas de sus responsabilidades. Si bien las abundantes compras de intervención promovieron un aumento del volumen de las existencias públicas, el derrumbe de los precios de mercado ha alentado a algunos gobiernos a reducir gradualmente las existencias en poder del Estado para tratar de bajar los costos financieros y superar los problemas en materia de espacio de almacenamiento. No obstante, varios países han continuado a mantener reservas mínimas de arroz.

En algunos países en desarrollo con problemas de erosión de suelos, salinidad o desertificación, han adquirido mayor importancia las preocupaciones por el medio ambiente. Tal vez las medidas introducidas para subsanar tales problemas indiquen un enfoque más equilibrado y sostenible, conforme a los objetivos de seguridad alimentaria a largo plazo.

En cuanto al comercio internacional, los países miembros de la OMC han cumplido por lo general con las obligaciones asumidas en el marco del ARUA, a saber: abrir sus mercados arroceros mediante cupos arancelarios preferenciales y reducir las subvenciones a la exportación. Además, el Acuerdo sobre la Agricultura resultó eficaz en impedir a varios países descargar sus excedentes de arroz en los mercados mundiales a precios inferiores a los nacionales. Aunque algunos países han utilizado ampliamente los créditos a la exportación para fomentar las exportaciones, sigue siendo objeto de controversia la medida en que tales países han otorgado una subvención implícita a los exportadores. Las disposiciones del ARUA en materia de acceso a los mercados no han impedido los aumentos arancelarios, debido sobre todo a que se han fijado aranceles consolidados suficientemente elevados para dar a los gobiernos un margen de variación amplio.

Habida cuenta de todo ello, cabe prestar especial atención a varios acontecimientos políticos recientes que pueden repercutir en el futuro de la economía mundial del arroz, a saber:

• El carácter cambiante de las empresas comerciales estatales. La mayor parte de estas empresas está experimentando un proceso de reestructuración que podría debilitar considerablemente su papel en la adquisición, la comercialización interna y el comercio internacional del arroz. Es probable que tales reformas permitirán intensificar la participación del sector privado en esos sectores, pero no ampliarán necesariamente el acceso a los mercados nacionales del arroz.
• La próxima adhesión de China a la OMC. Es posible que el impacto sobre el mercado mundial del arroz sea bastante limitado a medio plazo, a pesar del compromiso del país de establecer amplios cupos de acceso mínimos. De hecho, no se prevé que el Gobierno mitigue su política de elevada autosuficiencia en arroz dada la naturaleza del mercado arrocero internacional. Además, aunque se prevé que el país experimentará crecientes dificultades en materia de recursos, al parecer tiene todavía buenas posibilidades de incrementar la productividad gracias a los avances tecnológicos. La eliminación de las deficiencias en la comercialización nacional también fomentará la competitividad del arroz producido internamente con respecto a las importaciones.
• La iniciativa de la CE denominada “Todo menos Armas”. Dicha iniciativa abrirá el mercado del arroz, aunque sólo en 2009, a 48 países menos adelantados, incluidos varios grandes productores de arroz. El largo período de transición podría aminorar en gran medida las posibles ventajas para los países beneficiarios, en especial si la reforma de la política arrocera de la CE lleva a la supresión de los precios de intervención, ya que esto reduciría las diferencias entre los precios nacionales de los países de la CE y los precios internacionales del arroz. La disminución del sobreprecio haría de hecho que el mercado de la CE fuese mucho menos atractivo para los países beneficiarios, en especial los que tienen que cubrir costos de producción o comercialización relativamente elevados. Desde este punto de vista, es posible que la reforma propuesta del régimen de la política arrocera de la CE tenga repercusiones más profundas en el mercado mundial del arroz que la propia iniciativa “Todo menos Armas”.
• El acuerdo de exportación entre Tailandia y Viet Nam. El plan no parece haber resultado eficaz en impedir una baja de los precios del arroz en 2000. Sin embargo, en caso de que China, India y Myanmar decidan adherirse a dicho acuerdo, dado el interés demostrado al respecto, es posible que en los próximos años el acuerdo llegue a influir en el mercado. No obstante, las posibilidades de éxito del plan parecen ser bastante escasas, habida cuenta de la naturaleza del mercado mundial del arroz[18]. Es posible, además, que los miembros de la OMC se opongan a dicho acuerdo de exportación.
• Aunque no recae en absoluto en el ámbito del presente examen, un sector específico que plantea desafíos a los responsables de la formulación de las políticas a medio plazo está relacionado con la entrada en el mercado de las variedades de arroz modificadas genéticamente. Este aspecto merecerá especial atención ya que podría tener repercusiones importantes en la estructura del comercio y los precios.

[1] El comercio internacional del arroz representa el 4 por ciento solamente de la producción total, en comparación con el 12 por ciento del maíz y el 18 por ciento del trigo.
[2]Para mayores detalles véase el documento Medidas adoptadas en 1996-1999 en cumplimiento de las directrices para las medidas nacionales e internacionales en relación con el arroz (CCP:RI 99/4).
[3] Cifra que ha de reducirse a 50 000 hectáreas en caso de malas cosechas.
[4]Los agricultores no están obligados a vender a los organismos gubernamentales pero a menudo lo hacen, ya que los precios no suelen superar el nivel de sostenimiento. No obstante, los organismo de compra obtienen el grueso de sus suministros directamente de los molineros, quienes deben vender a dichos organismos una parte de su producción, que va del 50 por ciento en Andhra Pradesh al 75 por ciento en Punjab y Haryana, a un “precio de exacción” establecido. Dicho precio, que varía de un estado a otro, está vinculado con el nivel de sostenimiento y los costos de elaboración. El arroz comprado se distribuye luego a través del sistema público de distribución.
[5] Incluye las variedades de arroz fina y superfina.
[6] Dicha cantidad puede recibirse a sea en arroz o en trigo.
[7] De 16,5 millones de toneladas en 1994 a una cota sin precedentes de 27,5 millones de toneladas en 1998, y 22,2 millones de toneladas en 2000.
[8] China suele exportar arroz de calidad de baja a mediana e importar, en cambio, arroz perfumado de calidad superior.
[9]Los miembros de la UEMOA son Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo.
[10] En Senegal, se tiene noticia de que el precio de activación correspondía al promedio ponderado entre el precio internacional (30 por ciento) y los costos de producción interna (70 por ciento).
[11]Salvo para los tipos de arroz objetos del Código del SA 1904-90-90, que estaban sujetos a un arancel del 15 por ciento.
[12] Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
[13] Si el precio de referencia se halla entre el precio mínimo y el precio máximo, el derecho variable corresponde al 20 por ciento del precio de referencia, prescindiendo del verdadero valor de la importación. Si el precio de referencia está por debajo del precio mínimo, el derecho variable corresponde al 20 por ciento del precio mínimo más la diferencia entre el precio de referencia y el precio mínimo. Cuando el precio de referencia supera el precio máximo, el recargo se fija en el 20 por ciento del precio máximo, menos la diferencia entre el precio de referencia y el precio máximo.
[14]Sobre la base del tipo de cambio de 119,33 yen por 1 dólar EE.UU., al 1° de abril de 1999, y de 102,28 yen por 1 dólar EE.UU., al 1° de abril de 2000
[15] Sobre la base de cinco precios C y F de referencia para arroz común en carga suelta, en los puertos de la CE.
[16] La campaña arrocera en la CE va del 1° de septiembre al 31 de agosto.
[17] Todos los países ACP (África, el Caribe y el Pacífico), más Afganistán, Bangladesh, Bhután, Camboya, Laos, Maldivas, Mauritania, Myanmar, Nepal y Yemen.
[18] Las posibilidades de éxito dependen en gran medida de la porción de mercado que lleguen a representar los exportadores participantes en el plan; de la elasticidad de la demanda mundial de importaciones; y de la elasticidad de la oferta en los países no miembros