En los últimos años, varias de las novedades normativas han tenido por finalidad asistir a los agricultores y/o al sector agrícola en general. Al no ser en sí políticas de productos específicamente, no cabe incluirlas en los capítulos anteriores, pero es probable que tengan una repercusión indirecta importante en determinados productos. Estas políticas suelen referirse al sostenimiento de los ingresos y/o al socorro en casos de catástrofe, a cambios en las subvenciones para insumos y programas de créditos, y a reformas estructurales en curso. Los acuerdos comerciales internacionales suelen ser también de carácter general y afectan a varios productos.
En su presupuesto para 2000-2001, el Gobierno de Australia asignó 309 millones de dólares australianos (182 millones de dólares EE.UU.) con arreglo al programa Agriculture-Advancing Australia (AAA), iniciado en 1997. Este programa tiene por finalidad contribuir a que las zonas rurales sean más competitivas, sostenibles y rentables.
En el Canadá, desde 1998 se brinda apoyo adicional no referido a un cultivo concreto a los agricultores que, por razones fuera de su control (incluida la inestabilidad de los precios, la competencia con producción subvencionada de otros países y el mal tiempo) sufrieron una importante y repentina reducción de sus ingresos agrícolas. En noviembre de 1999, el Gobierno amplió el alcance de sus pagos por catástrofes mediante una asignación de 179 millones de dólares canadienses (114 millones de dólares EE.UU.) a los agricultores cuyas operaciones agrícolas hubieran arrojado márgenes brutos negativos en los últimos tres años (usados como referencia). La nueva financiación se agregaba a la asignada en virtud del Programa de asistencia en casos de catástrofe para los ingresos agrícolas (AIDA), un programa nacional de dos años destinado a los agricultores cuyos márgenes brutos hubieran caído por debajo del 70 por ciento del período de referencia. El programa para casos de catástrofe se incrementó aún más con la provisión de otros mil millones de dólares canadienses (670 millones de dólares EE.UU.) en enero de 2000 con el fin de ayudar a los agricultores a administrar los riesgos que plantean el mercado y la producción. Además, en julio de 2000, finalizó un programa de tres años sobre redes de seguridad de ingresos agrícolas, evaluado en 5 500 millones de dólares canadienses (3 700 millones de dólares EE.UU.), financiado en una relación de 60:40 por los gobiernos federal y provincial, respectivamente. Con este programa se prevé conceder indemnizaciones por las pérdidas de ingresos debidas a la baja de precios y al mal tiempo; el programa se ha concebido de forma tal que resulten mínimos sus efectos potenciales de distorsión de mercados.
El Gobierno de Polonia redujo sus gastos presupuestarios a fin de subvencionar una tercera parte de la producción de abono de cal a 19 millones de dólares EE.UU. en 2000, en tanto que aumentaba los impuestos indirectos y sobre el valor añadido del diesel, y que el Parlamento polaco aprobaba un nuevo impuesto al valor añadido (IVA) para los insumos agrícolas. Un IVA del 3 por ciento se aplicará a todos los productores agrícolas cuyos ingresos anuales sean iguales o superiores a 20 000 zloty (4 255 dólares EE.UU.).
La Federación de Rusia pudo cumplir todas sus obligaciones relativas a los programas de incentivo agrícola, si bien en el año 2000 se redujeron los gastos presupuestarios correspondientes a la agricultura en un 32 por ciento. Se suministraron 1 050 millones de rublos (36 millones de dólares EE.UU.) para el fondo de préstamos para maquinaria; 100 millones de rublos (3,5 millones de dólares EE.UU.) para el fondo de semillas y protección de cultivos; 500 millones de rublos (18 millones de dólares EE.UU.) para créditos agrícolas en condiciones favorables y 341 millones de rublos (12 millones de dólares EE.UU.) para un fondo estacional de repuestos. El Gobierno tiene la intención de cancelar unos 70 000 millones de rublos (252 millones de dólares EE.UU.) de la deuda agrícola en 2001 y extender diez años el período de reembolso de otros 50 000 millones de rublos (180 millones de dólares EE.UU.) de deuda de los productores.
En el año 2000, el Gobierno de Ucrania destinó alrededor de 9 000 millones de hryvnas (167 millones de dólares EE.UU.) a respaldar su sector agrícola. De la cantidad asignada, aproximadamente 1 400 millones de hryvnas (26 millones de dólares EE.UU.) fueron préstamos para los agricultores y más de la mitad de esa cantidad se entregó directamente a los agricultores para indemnizarlos por las pérdidas sufridas a raíz de la sequía.
En el período en examen, algunos países desarrollados intensificaron el uso de programas de urgencia y de socorro en caso de catástrofes. En los Estados Unidos, además del apoyo que se prestaba normalmente a los programas en virtud de la Ley FAIR, en 1999 y 2000 se concedió a los agricultores asistencia adicional no referida a un cultivo determinado, compatible y complementaria con los programas de redes de seguridad existentes. La principal finalidad de estos pagos fue compensar a los agricultores por las pérdidas sufridas debido a las condiciones desfavorables del mercado y/o las condiciones climáticas adversas experimentadas en esos años.[34] En junio de 2000, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley por el cual se brindaba asistencia de urgencia a los productores que se enfrentaran con períodos prolongados de depresión de precios, y para reestructurar los programas de seguros de cosechas. En virtud de este proyecto de ley, se asignaron en total 15 000 millones de dólares EE.UU., de los cuales alrededor de 7 000 millones se destinaron a pagos de socorro en casos de urgencia y el resto a los programas de seguro de cosechas, que se preveía funcionaran por cinco años.
En 1999, la CE publicó nuevos reglamentos sobre cómo manejar los planes ambientales y de desarrollo rural, que obligaban a los agricultores participantes a ajustarse a las buenas prácticas agrícolas. Por ejemplo, los proyectos agroambientales que limitaban el uso de abonos o productos para la protección de las plantas tenían derecho a recibir un pago compensatorio de hasta 600 euros (580 dólares EE.UU.) por hectárea.
En Bulgaria, a fines de 2000, el Gobierno propuso que la propiedad extranjera de cualquier proporción de tierra se interrumpiera por 10 años una vez que el país fuese miembro pleno de la CE. En la actualidad, está autorizada (parcialmente) la propiedad extranjera de la tierra en forma de empresas mixtas con compañías registradas localmente. En diciembre de 2000, el Gobierno de Kirguistán eliminó la prohibición de la propiedad privada de la tierra, que regía desde 1998. En virtud de esta nueva directiva, la tierra que sea propiedad del sector privado sólo debe usarse para fines agrícolas y se limita a 50 hectáreas por persona como máximo. Esta medida permite la propiedad en régimen de arrendamiento a quienes no sean nacionales por un período máximo de 50 años.
A principios de 2001, el Gobierno polaco anunció que ofrecería pagar pensiones a los agricultores en edades prejubilatorias que abandonaran la agricultura y transfirieran sus explotaciones a un sucesor. Esta nueva regla, similar a la que ya está en vigor en los Estados Miembros de la CE, apunta a atraer a los más jóvenes a la agricultura. Tales pensiones se pagarían de forma mensual por cinco años a ex agricultores que tengan entre 60 y 65 años, en el caso de los hombres, y entre 55 y 60 años en el caso de las mujeres. La cantidad que se pagaría a cada agricultor sería equivalente al 150 por ciento de la pensión más baja que se pague en el país. Sin embargo, el Gobierno debe financiar el plan de pensiones por sí solo hasta ser miembro de la CE; una vez que lo sea, podrá solicitar una cofinanciación del 75 por ciento del presupuesto de la Comunidad.
A principios de 2000, el Gobierno de El Salvador introdujo un impuesto sobre el valor añadido (IVA) para los productos alimenticios. Previamente se aplicaban impuestos a los productores de alimentos a una tasa del 13 por ciento para las compras de insumos, pero se había eximido a los consumidores del pago del IVA. Se estima que este IVA haga aumentar el costo de los alimentos en el hogar promedio salvadoreño aproximadamente en 38 dólares EE.UU. por año, y aumente los ingresos fiscales del Gobierno en alrededor de 30 millones de dólares EE.UU. anuales. En julio de 2000, el Gobierno australiano introdujo un impuesto de bienes y servicios (GST) del 10 por ciento sobre el precio de venta de los productos agrícolas y sobre las ventas de bienes agrícolas. Se exigió que todos los agricultores que ganaran 50 000 dólares australianos (30 000 dólares EE.UU.) en un período de 12 meses se registraran para pagar el impuesto de bienes y servicios. Dicho impuesto no grava a los cereales a los que el agricultor haya añadido valor y/o los exportados por los propios agricultores, siempre que la operación se realice en un plazo de dos meses desde la emisión de una factura o el recibo de pagos.
El ARUA llevó a muchos países a aprobar nuevos acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales y, en algunos casos, a aprobar un fortalecimiento de los acuerdos vigentes. Además, los países que quieren adherirse a la OMC han estado concertando acuerdos bilaterales con sus principales socios comerciales. Cabe destacar el importante acuerdo entre China y los Estados Unidos, firmado en noviembre de 1999, en el que se establecían muchas de las obligaciones comerciales agrícolas que se prevé figuren en el acuerdo de protocolo final de adhesión de China a la OMC. Posteriormente se convinieron acuerdos similares con la CE, Australia y otros miembros de la OMC, de modo que se completaran los requisitos para la adhesión de China. En el Recuadro V-1 se hace un resumen del acuerdo China - EE.UU. por lo que hace a los productos comprendidos en el presente informe.
En África oriental y meridional, el Mercado común para África oriental y África austral (COMESA), integrado por 22 países, finalizó modalidades para crear la mayor asociación de libre comercio de África. (En el Recuadro V-2 se exponen los antecedentes y un resumen de este acuerdo).
En octubre de 2000, los Estados Miembros del MERCOSUR comenzaron a deliberar con el fin de formular un marco para la entrada de Chile en la organización. Se espera que Chile pase a ser miembro pleno en 2002. Siguieron a esta reunión debates entre los miembros tanto del MERCOSUR como del grupo del Pacto Andino para la creación de una zona de libre comercio regional. Como plazo para la creación del acuerdo de libre comercio se fijó el mes de enero de 2002. Los representantes del MERCOSUR y la República de Sudáfrica iniciaron deliberaciones para crear una zona de libre comercio a fines de 2000. Durante los debates, Sudáfrica presentó una propuesta de ampliación de la zona comercial de modo que incluyera a los otros Estados Miembros de la Unión Aduanera del África Meridional (Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia).
Asimismo, en el marco de un acuerdo básico sobre integración económica convenido entre El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el Gobierno de El Salvador introdujo en mayo de 2000 un programa de reformas que suponía fijar derechos de importación de alimentos de entre un 15 y un 40 por ciento, reducir la pobreza y elaborar programas que respetaran el medio ambiente.
A fines del año 2000, la CE autorizó la asignación de 520 millones de euros (520 millones de dólares EE.UU.) de su presupuesto de programas de desarrollo rural (SAPARD) a los diez países de Europa central y oriental.[35] En octubre de 2000, la República Checa, Eslovaquia y Hungría firmaron un pacto para liberalizar aún más el comercio mutuo de productos agrícolas a partir de enero de 2001. En otras partes, Rusia, Belarús, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán firmaron oficialmente un tratado por el que se establecía una nueva “Comunidad Económica de Eurasia” basada en una unión aduanera anterior entre los países. Este acuerdo tenía por principal finalidad armonizar las respectivas estructuras fiscales, legales y administrativas.
En mayo de 2000, la Federación de Rusia y los Estados Unidos firmaron un acuerdo en virtud del que Rusia exportaría fertilizantes de nitrato de amonio a los Estados Unidos a un precio mínimo de 85 dólares EE.UU. por tonelada. Este acuerdo apuntaba a dirimir un conflicto previo antidumping por el cual los Estados Unidos imponían un margen de antidumping como depósitos de efectivo de exportadores rusos. En virtud del acuerdo, los EE.UU. suprimieron el gravamen antidumping y Rusia se comprometió a exportar un máximo de 690 000 toneladas de abono en entregas anuales entre 2000 y 2004. Además, a fines de 2000, los Estados Unidos restauraron su programa de garantía crediticia a Rusia, que se había anulado en 1998. Se proporcionó inicialmente una garantía de 40 millones de dólares EE.UU. para la compra de cereales u otros productos agrícolas estadounidenses.
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Recuadro V-1 ACUERDOS DE PRODUCTOS BÁSICOS PARA LA ADHESIÓN DE CHINA A LA OMC En el curso de las negociaciones bilaterales mantenidas para la adhesión de China a la OMC, dicho país acordó conceder un contingente arancelario del 1 por ciento respecto de 2,66 millones de toneladas de arroz en el primer año siguiente a su admisión en esa organización, y aumentar progresivamente esa cantidad a 5,32 millones de toneladas en el quinto año (2004). A las importaciones dentro del contingente se aplicará un arancel del 1 por ciento, en tanto que el contingente arancelario antes citado se reducirá del 77 al 65 por ciento en 2004. A partir del primer año de aplicación se concederá al sector privado el 50 por ciento de los derechos de contingentes de importación. Asimismo, se concederá a los comerciantes privados la parte no utilizada del contingente preferencial de las empresas estatales de comercio. Como parte integral de este acuerdo, China convino en reducir los aranceles de los cereales y fijar un contingente arancelario para el trigo y el maíz, así como aranceles más bajos para otros cereales secundarios. Por lo que respecta al trigo, el contingente arancelario se fijó en 7,3 millones de toneladas, y debe llegar a 9,64 millones de toneladas en 2004. En cuanto al maíz, se estableció un contingente de importación inicial de 4,5 millones de toneladas, que debe llegar a 7,2 millones de toneladas en 2004. El arancel dentro del contingente se fijará en un 1 por ciento por lo que hace a los cereales y un máximo de un 10 por ciento respecto de los productos cerealeros elaborados. En cuanto al trigo y al maíz, el derecho por encima del contingente debe disminuir del 77 al 65 por ciento en 2004. Del volumen total del contingente de importación, entre un 25 y un 40 por ciento se asignará al sector privado para el maíz y alrededor del 10 por ciento para el trigo, durante el período de aplicación. Además, toda parte del contingente que deje inutilizada el Estado se volverá a asignar al sector privado. Por lo que respecta a la cebada y al sorgo, que no están sujetos al sistema de contingentes arancelarios, China acordó bajar los aranceles de la malta de cebada del actual 30 por ciento (3 por ciento para el sorgo) a un 10 por ciento (2 por ciento para el sorgo) en un plazo de cinco años. Las condiciones acordadas para la adhesión de China a la OMC conducirán a importantes cambios en la política comercial del país en relación con los productos oleaginosos. Se aplicarán derechos arancelarios consolidados respecto de las semillas oleaginosas y las harinas, en tanto que para los aceites vegetales regirán los contingentes arancelarios (que suponen derechos concretos dentro y fuera del contingente). Durante los primeros cinco años posteriores a la adhesión se aumentarán gradualmente los distintos contingentes mientras disminuirán a la vez los derechos correspondientes, hasta eliminar progresiva y totalmente las restricciones cuantitativas. Una proporción de cada contingente se asignará a comerciantes del sector privado y se terminará el anterior monopolio de las empresas estatales de comercio. Por lo que respecta al aceite de soja, China se ha comprometido a un contingente arancelario de 1,72 millones de toneladas en 2000, que debe pasar a 3,26 millones en 2005. A las importaciones dentro del contingente se aplicará un derecho bajo (del 9 por ciento), y en el año 2000 se fijarán los derechos por encima del contingente en un 74 por ciento, que disminuirá a un 9 por ciento en 2006. A las empresas comerciales del sector privado se asignará un 50 por ciento del contingente arancelario en 2000, que se aumentará al 90 por ciento en el año 2005. El sistema de contingentes arancelarios respecto del aceite de soja se eliminará en 2006, cuando pasará a ser un derecho arancelario consolidado del 9 por ciento. Además, se eliminarán definitivamente las subvenciones a la exportación. Por último, ya no será posible aplicar impuestos diferenciales a los distintos aceites. Por lo que respecta a los productos cárnicos, China reducirá los aranceles del cerdo y los menudos congelados de un 20 a un 12 por ciento antes de 2004; los aranceles de la carne vacuna congelada, del 45 al 12 por ciento; y los aranceles de la fresca o refrigerada, del 45 al 25 por ciento. En virtud del Acuerdo, también reducirá los aranceles de las aves del 20 al 10 por ciento antes de 2004. |
Fuente: distintos informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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Recuadro V-2 COMESA: LA ZONA DE LIBRE COMERCIO MÁS GRANDE DE ÁFRICA Tras casi 16 años de liberalización del comercio y ajustes económicos, las 20 naciones del Mercado Común para África oriental y África austral (COMESA)* ultimaron en octubre de 2000 el acuerdo por el que se establecía una zona de libre comercio. Ya en 1984, los Estados miembros habían acordado darse ocho años para reducir gradualmente los aranceles (de una lista seleccionada de productos) a cero de modo que se llegara a una zona de libre comercio en 1992. Sin embargo, este objetivo no se logró dentro del plazo de 1992 debido a las preocupaciones de algunos Estados miembros acerca de las pérdidas de ingresos potenciales. En ese momento se decidió ampliar el programa de reducción de aranceles a todos los productos que se originaran en los Estados miembros, y prorrogarlo por otros ocho años, hasta 2000. Gracias al renovado impulso que brindó el Acuerdo de la Ronda Uruguay, el acuerdo entre la CE y los países ACP y las negociaciones comerciales de la OMC en curso, nueve de los 20 países miembros estaban listos para integrar la zona de libre comercio, en tanto que el resto de los miembros adheriría oficialmente antes de octubre de 2001. El establecimiento de dicha zona de libre comercio es una fase importante de un Mercado Común más amplio y de un proceso de integración económica completa de los Estados de COMESA: en 2004 se establecerá una unión aduanera con aranceles externos comunes y libre movilidad de factores y, en 2025, una comunidad económica completa similar a la de la Unión Europea. Hasta la fecha, el comercio dentro de COMESA representa tan sólo entre un 5 y un 7 por ciento del valor total del comercio de todos los Estados miembros; las importaciones de productos agrícolas dentro de COMESA representan menos del 1 por ciento, aún cuando los aranceles promedio ya se encuentran cerca del nivel cero deseado. Entre 1994 y 1999, el valor acumulado de las importaciones registradas de cereales - el principal producto alimenticio - entre los miembros fue de tan sólo unos 165 millones de dólares EE.UU. Si bien existe el potencial para que ésta sea una iniciativa de gran éxito, dada la inmensa diversidad de la base de recursos y una población que en total suma unos 380 millones de personas, quedan aún algunos asuntos por resolver:
Para superar algunos de estos problemas, COMESA ha aplicado programas de cooperación en los sectores industrial, agrícola, energético y del transporte y las comunicaciones. Se está elaborando un programa de seguridad alimentaria regional cuya finalidad es lograr que se cuente en todo momento con suficientes alimentos. En 1997, los jefes de Estado de COMESA recomendaron que el sector de la alimentación fuera respaldado por la aplicación inmediata de un plan de acción de riego en la región. La Organización apoya asimismo la fijación de normas agrícolas y reglamentos fitosanitarios comunes de modo que se estimule el comercio de cultivos alimentarios. Pese a estos problemas, algunos países ya están obteniendo beneficios del comercio intrazonal de COMESA. Egipto notificó un aumento de dicho comercio de aproximadamente un tercio, esto es, de 78 millones de dólares EE.UU. en 1998 a 107 millones en los primeros dos trimestres de 1999. Kenya y Zimbabwe son también grandes beneficiarios, países ambos a los que se debe, juntos, más de la mitad del comercio intrazonal de COMESA. Por consiguiente, si se cuenta con un entorno normativo propicio, a saber, una armonización de las barreras no arancelarias y técnicas que se ponen al comercio entre Estados miembros de COMESA, el logro de los objetivos de esta iniciativa podría ayudar a crear posibilidades de estabilidad regional, comercio y seguridad alimentaria en la región. *Las naciones miembros de COMESA son: Angola, Burundi, Comoras, Congo
(Rep. Dem.), Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenya, Madagascar,
Malawi, Mauricio, Namibia, Rwanda, Seychelles, Sudán, Swazilandia,
Uganda, Zambia y Zimbabwe. |
[34]Aunque se han proporcionado fondos para una variedad de propósitos, es problemático clasificar el apoyo brindado
por beneficiario y/o tipo de cultivo
[35] Los diez países de Europa central
y oriental son: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia, la República Checa y Rumania
