Para honorar los compromisos que asumimos hace cinco años, los países desarrollados y en desarrollo necesitamos hacer nuevos esfuerzos. El hambre, además de ser un problema de sufrimiento en millones de seres humanos, tiene implicancias en la instabilidad social, los desplazamientos masivos de poblaciones, la violencia y, en última instancia, la seguridad y la paz.

El hambre sigue siendo el mayor problema ético y político que enfrenta el proceso de globalización. Para ser beneficiarios de este proceso nuestros países requieren de mayor crecimiento económico y mejores oportunidades comerciales.

El Perú renueva su compromiso de reducir el hambre y la pobreza a la mitad para el año 2015. El desafío es enorme. Compartimos los problemas de pobreza e inseguridad alimentaria de los países en desarrollo. Adicionalmente hemos sufrido flagelos como el terrorismo, que costó 30 mil vidas de nuestro país e incontables pérdidas materiales, una iper-inflación, que llegó a 7 500 por ciento y luego un Gobierno autoritario y corrupto que manipuló el programa de asistencia alimentaria con propósitos de clientelismo político.

Y en esta etapa de transición nuestro país está renovando su compromiso con la democracia y el desarrollo económico equitativo y sostenible, elementos centrales de nuestra aspiración a la seguridad alimentaria. Además, el Perú viene impulsando diversas iniciativas para consolidar la estabilidad y la paz regional en un marco de cooperación y reducción concertada de gastos en armamentos que permitirá dedicar mayores recursos a la lucha contra la pobreza y el hambre.

Es objetivo prioritario del Gobierno del Presidente Toledo promover la seguridad alimentaria de toda la población, en especial de los grupos vulnerables. El Gobierno peruano destinará el 40 por ciento de los ingresos por privatizaciones al combate de la pobreza. Igualmente ha iniciado la reestructuración de los programas sociales para hacerlos más eficaces en el uso de los recursos. Invertiremos más recursos financieros y esfuerzos en el desarrollo de capacidades de las numerosas redes de seguridad alimentaria ya existentes, privilegiando la participación de las mujeres, y evitando que el apoyo alimentario sea instrumento de manipulación política.

Nuestras políticas productivas privilegian la agricultura, la pesca y la agroindutria, como ejes centrales de la generación de empleo. En agricultura buscamos mejorar la rentabilidad de los principales productos agropecuarios y forestales, elevando la productividad de los pequeños productores rurales y para esto venimos reorientando la inversión pública y privada hacia la infraestructura rural de transportes, electrificación, educación y la provisión de servicios públicos agropecuarios para un millón y medio de pequeños productores.

Apuntamos a consolidar el crecimiento económico, reactivar las economías regionales, aumentar el empleo adecuado en los sectores productivos e incrementar los ingresos reales de los pobladores rurales. Conscientes de la necesidad de dar la sostenibilidad a este esfuerzo, mi Gobierno promueve un acuerdo nacional con las principales fuerzas políticas y la sociedad civil organizada, que dará estabilidad a esta estrategia en los próximos veinte años.

Para tener éxito requerimos también de apoyo internacional, no solo por razones humanitarias sino porque el Perú viene trabajando en manera seria y persistente en un programa de desarrollo económico y social viable y con amplia legitimidad democrática. Somos conscientes que nuestros esfuerzos servirán de poco si no contamos con un entorno internacional equitativo, compartimos e impulsamos la creación de la Alianza Internacional Contra el Hambre para cuya operatividad se requiere la inmediata puesta en marcha del conjunto de lineamientos aprobados en la Declaración de esta Cumbre.

Se requiere prioritaria atención de la comunidad internacional al flagelo del narcotráfico y su relación con la inseguridad alimentaria. Los criterios de responsabilidad compartida y enfoque integral y equilibrado sobre el problema, deben reflejarse en una mayor cooperación para los programas de desarrollo alternativo y facilitar el acceso de los productos sustitutos a los mercados internacionales. Similar atención exigen otros temas esenciales como el alivio de la deuda y la paulatina eliminación de los subsidios a la agricultura de los países desarrollados.

La transición en el Perú viene demostrando que los países en desarrollo sí podemos combatir efectivamente la corrupción y retomar la ruta del crecimiento económico con plena vigencia de la democracia. Hay aún mucho por hacer en este combate universal contra el hambre y la pobreza, pero tenemos confianza que los objetivos trazados son viables, si demostramos en los hechos el compromiso político que aquí hemos renovado.