La posibilidad de llevar adelante proyectos nacionales de cualquier tipo y sector, está vinculado con la fortaleza de sus instituciones y con el respeto que se tenga hacia las organizaciones del sector privado. Además, es imprescindible el trabajo conjunto de la población. Por tal motivo, a fin de destacar la viabilidad real de estas proyecciones, que no pretenden ser sólo numéricas o voluntaristas, se hará un análisis sobre el estado de las instituciones en la Argentina desde la observación de sus propios habitantes.
La crisis que sufrió y aun padece Argentina afectó notablemente, más aun a partir de fines del 2001, la credibilidad de nuestras instituciones. Por eso resulta importante situar la economía en un contexto particular, donde históricamente se han visto afectadas las relaciones de confianza de los individuos entre sí, así como de los ciudadanos y sectores con el gobierno y las instituciones de la sociedad civil.
En este contexto adquiere relevancia el análisis del concepto de capital social, que se define como aquellas características del gobierno y de la sociedad que facilitan la acción colectiva para el beneficio mutuo de un grupo (familia/nación). La idea central del capital social es que las redes y las normas asociadas de reciprocidad, tales como la confianza, tienen valor para la gente, facilitando a los participantes la cooperación para alcanzar objetivos compartidos y generando externalidades demostrables a la sociedad, que facilitan la acción colectiva. Así, las relaciones y redes sociales constituyen un importante activo para las personas, a las que pueden recurrir en situaciones críticas. Por esto, comunidades dotadas con este capital están en mejores condiciones para confrontar la pobreza, resolver las disputas o tomar ventajas de las nuevas oportunidades. Sin embargo, es claro que se trata de reglas informales, no surgidas ni impuestas en niveles superiores del análisis institucional sino derivadas y reguladas por las expectativas del común entendimiento de “las reglas del juego” y de las penalidades por su incumplimiento.
Cuando se hace referencia al capital social público o gubernamental se intenta agrupar a aquellas instituciones estatales que influyen en las capacidades de las personas para emprender acciones colectivas en beneficio mutuo y hace referencia a los incentivos generados para el cumplimiento de los contratos (seguridad jurídica), el cumplimiento de las leyes, y el grado y extensión en que se permiten las libertades civiles. La inversión, por ejemplo depende de la confianza en la justicia y la policía, pero la confianza dentro de la sociedad no sólo es un substituto del dinero sino un elemento esencial de la calidad de vida.
Por otra parte, el capital social “civil o privado” hace referencia a valores comunes, normas, redes informales y asociaciones de miembros que favorezcan la capacidad de las personas para trabajar mancomunadamente con el fin de alcanzar objetivos del grupo. Además, suele incluir tanto medidas de redes sociales, así como características humanas personales tales como la confianza, la reciprocidad, los talentos sociales, entre otros, de modo tal de poder capturar la capacidad organizativa de la comunidad en sus bases, la facilidad a la sociabilización, a la acción colectiva y, por lo tanto, de las fuentes de creación de confianza.
Por lo expuesto, puede decirse que la carencia de capital social genera incapacidad de superar problemas de acción colectiva y cuando se extiende esta falta de capacidad en el ámbito de un país, falla la convivencia entre sus ciudadanos y la actividad principal pasa a ser depredar la riqueza de la sociedad como si se tratara de un recurso de propiedad común.
Por esto resulta de interés medir el capital social del país a través de herramientas idóneas tales como el Barómetro Iberoamericano que realiza el seguimiento de las instituciones, tanto públicas como privadas, de la Argentina y otros países de Latinoamérica, y permite extraer conclusiones sobre las características básicas que permitan determinar el nivel de confianza que generan las instituciones en los ciudadanos.
Tal como puede apreciarse en la Tabla 79, las instituciones políticas argentinas (sindicatos, Congreso y partidos políticos) son las que generan menos confianza en la gente, hecho que evidencia una crisis de representatividad. En los últimos 10 años, el Congreso no ha logrado elevar su prestigio ni la confianza de los ciudadanos, que no se sienten representados y que son espectadores de recurrentes episodios de corrupción. Por su parte, los partidos políticos, cuya función es formar líderes y hacer propuestas de modificación al contrato social del país, están desprestigiados y debilitados por la ausencia de representación; y los líderes con nuevas ideas crean su propio partido político para acceder al poder. Los de mayor desprestigio son los sindicatos, que en vez de representar a los trabajadores suelen actuar de acuerdo con otros intereses.
Tabla 79. ARGENTINA: Confianza en las Instituciones
Luego le siguen los bancos, que producto de las crisis financieras, pero particularmente a partir del incumplimiento de contratos para con sus clientes, al no restituirles sus depósitos, perdieron la credibilidad del 83% de los ciudadanos.
La policía y la justicia gozan de desprestigio público en Argentina casi para el 80% de la población, hecho que se explica principalmente por la ausencia de transparencia en los procedimientos y la impunidad de la que gozan. Por su parte las fuerzas armadas tampoco generan un alto nivel de confianza, alcanzando apenas un 38%.
En Latinoamérica, la empresa privada tiene una posición media de confianza, ya que el 54% de la población les otorga credibilidad, porque en general consideran que es bueno el servicio que la empresa le presta al país y es buena la calidad de su gente. En Argentina las empresas privadas generan bajos niveles de confianza en la gente, alcanzando apenas el 33% de credibilidad. Los motivos de esta evaluación no son fáciles de percibir, pero podría asociarse con una característica de su funcionamiento subsidiaria, en general, de beneficios otorgados por el estado.
La prensa, las ONGs y los noticieros despiertan confianza en menos del 50% de la población.
Las instituciones con mayor prestigio son la educación y la iglesia, que gozan del 67% y del 59% respectivamente. En Latinoamérica existe una tendencia creciente a confiar en la educación. Este es un hecho importante que los gobiernos parecen no comprender, por la poca importancia que le asignan en los gastos presupuestarios. La educación es el factor de movilidad social, que permite escapar del flagelo de la pobreza, disminuir el desempleo y la violencia, y ser una institución que otorga contención social, aunque actualmente se ve excedida en esta demanda. A pesar de esto, la población es consciente de las limitaciones en la calidad de las prestaciones de la escuela pública.
Tabla 80. Confianza en las Instituciones. Países Seleccionados y Latinoamérica
En la Tabla 80 puede apreciarse la escala de confianza de las instituciones en Brasil, México, Venezuela y Latinoamérica en su conjunto. Para el caso de la empresa privada se aprecia que Argentina es la que denota el más bajo nivel de confianza en la empresa privada, obteniendo un 33% de credibilidad.
También cabe destacar la confianza que despiertan los bancos en las otras economías latinoamericanas.
En el caso del sector forestal, en opinión del autor de este informe, puede destacarse, tal vez, la poca importancia que dan las empresas a las demandas estructurales hacia el gobierno. En el sector forestal, se puede observar que las instituciones intermedias, que en general son fuertes, aunque un poco divididas, llevan adelante su genuina acción gremial empresaria sobre la base de reclamos de incentivos y protección contra las importaciones de productos realizada en forma indebida.
Esto, obviamente, no está mal en si mismo porque es claramente una de sus funciones. Pero, al mismo tiempo, se observa una defensa poco sólida o inexistente de asegurar la productividad y competitividad del país en el futuro por medio de exigir una planificación forestal y la fijación de objetivos claros que, en conjunto con la importante función de inversión y riesgo que la empresa privada representa en el sistema económico, permita a futuro un mayor bienestar de la población.
Es claro que hacer una proyección sobre estos puntos es más que dificultoso. Hacia mayo de 2003 la Argentina ha comenzado a superar una dificilísima crisis institucional, sin lo cual es prácticamente imposible pensar en un desarrollo económico sano.
Es de esperar que este factor vaya mejorando y, en primera instancia, se ponga en línea con las experiencias latinoamericanas. Un país sin confianza en sus instituciones de gobierno, en sus empresas y en sus bancos no puede prosperar.
Desde el sector forestal se está observando una tendencia a impulsar el sostenimiento de políticas sustentables en el área. Pero al mismo tiempo, en particular en Misiones, se vive un duro enfrentamiento entre una de las principales empresas: Alto Paraná S.A. y la comunidad, en la que parece quedar descartado el claro aporte que una empresa de esa envergadura hace al desarrollo regional. Se advierte en este caso una responsabilidad compartida porque la empresa en cuestión no presta, tal vez, la adecuada atención a la interacción con la comunidad. Otros ejemplos regionales mostraron comportamientos diferentes.
En lo que hace a la proyección de estos puntos se debe destacar el mencionado Plan para PyMES forestoindustriales en Misiones, realizado por la consultora STCP a pedido de la SAGPyA, en el cual se detallan sugerencias de un plan que incluye a las empresas mencionadas y excluye a las empresas grandes. El estudio, cuyo resumen se incluye en el título Potencialidad de desarrollo para la provincia de Misiones. Plan para los aserraderos chicos y medianos. de la página 32, por instrucciones de quien lo encarga, hace este enfoque que claramente prioriza el enfrentamiento al aprovechamiento de las sinergias productivas que puede presentar un área en la que convivan sanamente grandes y pequeñas empresas como sucede en cualquier cuenca forestal del mundo. Este enfrentamiento también se ve expresado en el análisis de la compra que está llevando adelante Alto Paraná S.A. de la empresa PECOM, luego de la adquisición de este último grupo por parte de la empresa Petrobrás.
Entonces, de no mediar cambios, para los próximos años no se advierte que la relación empresa/sociedad en el sector forestal vaya a cambiar, pero se empiezan a notar en los diálogos y en las opiniones una mayor comprensión de los beneficios que pueden acarrear para todos una relación más sana y limpia.