Las fuerzas impulsoras que definen las tendencias del sector forestal pueden ser entendidas como factores sectoriales y extra sectoriales que influyen en el desarrollo del sector. En el caso de Guatemala, existen varios factores que son determinantes; entre estos: la evolución de factores socioeconómicos (crecimiento de la población, educación, pobreza, tenencia uso y acceso a la tierra); las políticas nacionales macroeconómicas y sectoriales (de financiamiento e inversiones en el sector, de exportación, de investigación y de conservación ambiental, entre otras); políticas institucionales; factores de mercado, factores tecnológicos y el desarrollo de la industria forestal del país.
Para efecto de este estudio se han considerado como fuerzas determinantes sobre el sector forestal de Guatemala, aquellas que inciden directa o indirectamente sobre la cobertura forestal, los usos del bosque, la transformación y comercialización de productos forestales; identificándose como las más importantes, las siguientes:
Guatemala se caracteriza desde el punto de vista sociológico, como un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. La riqueza étnica y cultural de Guatemala también se manifiesta en conductas sociales directamente relacionadas con los recursos naturales, y especialmente con el recurso bosque. La gran diversidad étnica constituye un escenario con condiciones prácticamente imposibles de cambiar desde las políticas de recursos naturales y seguramente desde cualquier otro conjunto de políticas (Cabezas, 2000).
En el marco de esa riqueza étnica y cultural que caracteriza a Guatemala, existen aspectos socioeconómicos que tienen una mayor influencia sobre el desarrollo del sector forestal; a continuación se describen algunos aspectos.
El aumento de la densidad poblacional en zonas pobres ejerce una presión cada vez mayor sobre la tierra y la falta de opciones económicas no agrícolas obliga a los campesinos a buscarla fuera de su lugar de origen. Este fenómeno ha provocado las migraciones masivas hacia tierras nacionales generalmente forestadas, principalmente en el departamento de Petén en donde la mayoría de las tierras son del Estado, y ha sido la causa de la pérdida de más del 30 por ciento de los bosques tropicales del sur de este departamento entre los años 1986 y 2000 (FIPA/USAID, 2002a).
Figura 11. Proyecciones de la población del 2002 al 2020
Fuente: Estimaciones y Proyecciones de población 1950-2050, INE 1997.
En Guatemala más del 50 por ciento de la población está íntimamente vinculada a la producción agropecuaria, y aproximadamente el 65 por ciento de los hogares utilizan leña como principal fuente energética para la cocción de sus alimentos. Esto explica porque el crecimiento poblacional en nuestro país es un fenómeno vinculante con el avance de la frontera agrícola, que por un lado incrementa la demanda de tierras para cultivos y por otro requiere de mayor cantidad de productos forestales (madera y leña como fuente energética), sin que exista una cultura de reposición del recurso.
La anterior descripción traerá mayor presión sobre los recursos naturales en general y se percibe que las tierras del norte del país, servirán de válvula de escape a esa presión; con las consecuentes repercusiones negativas sobre los bosques.
La demanda de tierras para usos agrícolas constituye una clara competencia para el establecimiento de plantaciones y puede ser en el mediano plazo el principal factor limitante para el cumplimiento de las metas de reforestación y manejo de bosques del Programa de Incentivos Forestales.
En la actualidad las corrientes migratorias más fuertes al interior de Guatemala se vinculan claramente con la expansión de la frontera agrícola, por lo cual estas migraciones rurales-rurales se dirigen principalmente hacia las zonas boscosas del Norte del País en Petén y Las Verapáces. En ambos casos se trata de ecosistemas boscosos frágiles y suelos no aptos para la agricultura, por lo que las consecuencias en términos de deforestación, degradación de suelos y de recursos hídricos son graves (PNUD, 1999).
Además se considera que la presión demográfica ha sido un factor limitante en la gestión forestal municipal, y ha hecho que las municipalidades vean sus recursos boscosos con otra perspectiva, la mayoría de veces como solución a las crecientes demandas de adjudicación de tierras para cultivos agrícolas de subsistencia de sus poblaciones (FERROUKI, L.; ECHEVERRIA, R. 2002).
La concentración de la tierra en Guatemala, sigue siendo elevada y no ha disminuido en los últimos veinte años: el 94.1 por ciento de las explotaciones menores que comprende las microfincas y fincas subfamiliares, suman el 18,6 por ciento de la tierra; mientras que el 1,5 por ciento de las explotaciones mayores a una caballería (45 ha) suman el 62,5 por ciento de la superficie en fincas.
El tamaño medio de las microfincas y fincas subfamiliares de 7.7 a 5.2 manzanas subrayando así el proceso de minifundización creciente de la tierra en manos de campesinos empobrecidos (PNUD, 2002).
El índice de distribución per cápita de tierras en el país, disminuyó de 1.71 ha/habitante para el año 1974 a 0.79 ha/habitante en 1990, y para el año 2000 se estima que fue de 0.4 ha/habitante (MAGA-PAFG, 2003a).
El incremento en las áreas para uso agropecuario y en el minifundismo, común denominador de las propiedades rurales en el altiplano central y occidental, tienen un impacto directo sobre los bosques naturales, reduciéndolos como ha ocurrido con los bosques naturales de la región norte del país, aumentando su fragmentación y limitando la aplicación de modelos de manejo generados para ese tipo de bosques, como es el caso del modelo Centroamericano para el manejo de bosques de coníferas.
Cualquier tipo de intervención relativa al manejo apropiado de los recursos naturales del altiplano occidental, esta condicionado a la tenencia de la tierra, en términos de: la distribución de la tierra por tamaño de fincas, regímenes de tenencia en términos de los derechos de los usuarios (minifundios agropecuario, bosques comunales y municipales) y la condición legal. (Gálvez J., 2000)
La falta de certeza jurídica en la tenencia y propiedad de las tierras forestales con o sin bosque, es también un elemento común en las propiedades rurales, y a la vez se constituye en un factor limitante para el desarrollo forestal, porque por un lado limita el acceso a las fuentes de financiamiento (PINFOR, Crédito forestal) y por otro crea incertidumbre a las inversiones privadas en actividades de largo plazo como la silvicultura. Según Loening y Markussen (2003) las regiones en las cuales los derechos de propiedad están mejor regulados, registran una menor deforestación en tierras de aptitud forestal.
En Guatemala la tenencia de la tierra presenta una distribución con características de desigualdad en el reparto, desde el punto de vista de su utilidad como medio de producción. y subsiste como una de las demandas de la sociedad guatemalteca, especialmente del área rural (Añoveros, 1,987).
En Guatemala, la pobreza constituye precisamente una de las mayores limitantes para acceder a un mejor nivel de desarrollo humano, y aún cuando ha aumentado el empleo durante la última década, la baja productividad de la mano de obra impone serios límites al nivel de ingresos necesarios que permita mejorar la condición de vida de la población. (PNUD, 2002).
La pobreza extrema y la falta de oportunidades económicas alternativas al uso de la naturaleza, como principal forma de capital, es una de las principales causas estructurales de la pérdida de los bosques naturales del país.
La pobreza y la deforestación se pueden asociar entre si a través de la falta de ocupaciones no agrícolas. La inexistencia de otras alternativas de trabajo crea una restricción que obliga frecuentemente a ejercer actividades con ingresos bajos. Entre estas actividades se encuentra la transformación de áreas forestales en áreas agrícolas, la mayoría de las veces no aptas para ese tipo de uso; o bien buscar en el bosque una fuente de ingresos a través de la extracción de leña para el mercado local; en muchas comunidades la leña se considera un bien de libre acceso sean estos bosques naturales de propiedad pública o privada, dando lugar a situaciones de ingobernabilidad.
La población guatemalteca que consume leña, es predominantemente la rural y dentro de ésta la pobre o muy pobre; a ésta se ha sumado también, la población pobre o muy pobre que se ubica en los barrios marginales de las principales ciudades del país. (PAFG-IARNA, 2002).
Según Loening L.; Markussen M. (2003) existe una relación significativa entre el consumo percápita de recursos forestales y la pobreza rural. En el modelo de regresión desarrollado por estos autores, encontraron que el signo positivo del coeficiente respecto a la pobreza, señala que con una proporción creciente de la población rural en condiciones de extrema pobreza, se da un incremento de la deforestación per cápita a nivel departamental. Como promedio nacional el 57 por ciento de los pobres se dedica a la agricultura, 14.8 por ciento a la industria manufacturera y 13.1 por ciento al comercio. El 15 por ciento restante se ocupa de actividades vinculadas a los servicios de la construcción, entre otros. (PNUD, 2001)
La pobreza impide obtener un mejor nivel educativo y, al mismo tiempo, la falta de educación acentúan la pobreza. Hay razones sólidas para creer que mayores salarios rurales generados por mejores opciones de empleo no agrícola reducen la deforestación. Según Vakis (2002) en el caso de Guatemala, existe una fuerte relación entre actividades no agrícolas y pobreza rural, los ingresos no agrícolas incrementan la liquidez de los agricultores, lo cual les permite comprar insumos agrícolas e incrementar la productividad; y estas actividades son importantes para la población que no tiene acceso a la tierra, ya que se convierte en una alternativa de ingreso.
En Guatemala el nivel de alfabetismo está fuertemente asociado al área donde viva la persona (urbana o rural), el género (masculino o femenino) y la etnicidad (indígena o no indígena); los hombres tienen un nivel de alfabetismo más alto que las mujeres, independientemente de la etnicidad o el lugar de residencia (PNUD, 2001)
La brecha educacional urbano/rural aumentó a lo largo de la década de los años 90 a medida que la escolaridad en las áreas urbanas se expandió más rápidamente que en las áreas rurales. Al final de la década en cuestión, la escolaridad media de los trabajadores de las áreas urbanas era casi 3 veces mayor que la de los trabajadores de las áreas rurales. (PNUD, 2001). El analfabetismo dificulta el uso de métodos convencionales de extensión y educación formal para informar y capacitar sobre la relevancia del buen manejo de recursos forestales y la aplicación de mejores prácticas de manejo.
El sistema educativo nacional no incluye dentro del pénsum de estudios contenidos que contribuyan a la formación de una cultura ambiental y forestal. A la vez, se carece de programas de educación no formal enfocados en el manejo y conservación de los recursos forestales, dirigidos a adultos y población sin acceso a la educación programática. (MAGA-PAFG, 2003a).
En Guatemala, la productividad media por trabajador es una de las más bajas de América Latina, por encima únicamente de Honduras y Nicaragua; lo que en parte se explica por el hecho de que Guatemala tiene uno de los niveles más bajos de calificación de la fuerza de trabajo (PNUD, 2001). En el sector forestal la falta de personal entrenado, competente, con conocimientos técnicos y con habilidades prácticas de trabajo, determinan que la productividad y la eficiencia de la industria primaria sea pobre, principalmente en los aserraderos de pequeña escala4.
En materia de Educación Forestal, hay una carente formación de recurso humano, especialmente en la rama de la industria forestal; hasta la fecha ninguna universidad o centro educativo forestal del país están formando recurso humano en el área de tecnología e industria de la madera. De las más de 300 industrias identificadas apenas un cinco por ciento posee personal altamente calificado para dirigir los procesos productivos mientras que la capacidad del personal del 95 por ciento restante, puede calificarse de regular a deficiente. (Kiuru, 2003).
Los aserraderos entrenados profesionalmente en Guatemala son pocos y no hay muchos trabajadores operarios que tengan entrenamiento adecuado en el campo, lo que determina una necesidad crítica de entrenamiento desde el nivel administrativo hasta los operadores en el lugar de trabajo (Kiuru, 2003).
La necesidad de la ordenación forestal sostenible según normas internacionales, exige una reorganización de los sistemas que lo rigen. Los responsables de las decisiones, usuarios del bosque, los empresarios de hoy en día y del mañana deben recibir una capacitación actualizada en sus respectivos sectores de actividad. (Bellefluor, 2000).
El desarrollo de la base humana es necesario para lograr niveles adecuados de productividad y competitividad de la industria guatemalteca, lo cual abarca de manera particularmente destacada la formación de recursos humanos para el desarrollo de la actividad económica.
En Guatemala se evidencia una cultura forestal poco desarrollada, con el consiguiente desconocimiento o escaso interés de la población sobre la potencialidad del recurso bosque y de las oportunidades de desarrollo que puede representar para el país. Pese a que la mayoría de los suelos son de aptitud forestal, se ha desarrollado ancestralmente una cultura agrícola “hombres de maíz”, impulsada por el Estado a través de políticas de fomento de actividades agropecuarias en detrimento del gran potencial forestal natural que tiene el país.
Es necesario reconocer que los diversos actores del sector forestal ha tenido poca capacidad para mostrar a la sociedad guatemalteca con casos exitosos de buenas prácticas de manejo forestal; la forma adecuada de manejar y utilizar el recurso, situación que ha despertado desconfianza hacia las actividades lícitas de utilización del recurso bosque, y ha dado lugar a conflictos entre comunidades, gobiernos municipales, sector privado e instituciones responsables de la administración forestal.
El desarrollo de un sentimiento negativo hacia las actividades de aprovechamiento de los recursos forestales, en la sociedad civil guatemalteca, se ha visto reforzada con el impulso que ha tomado el movimiento ambiental que ha centrado su atención en la conservación de los bosques, generando en los medios de comunicación y a la opinión pública una visión conservadora en torno al uso de los recursos forestales del país. Esta situación en gran medida ha frenado la ejecución de proyectos que podían haberle dado un impulso al desarrollo del sector forestal como es el caso de la Empresa de Celulosas de Guatemala, y el proyecto de Forestal Simpson. (N+1 Internacional, 2002).
La escasa cultura forestal es por lo tanto un factor negativo para el desarrollo del sector forestal y de esa forma ha sido reconocido por diversos grupos de actores del sector forestal consultados en el marco de la revisión y actualización del Programa Forestal Nacional.
Las inversiones que se desarrollan en el sector forestal normalmente son de largo plazo, y por lo mismo pueden ser afectadas por políticas macroeconómicas tales como las distorsiones en el tipo de cambio y en la tasa real de interés. El riesgo de inflación y el riesgo país son identificados como los principales factores en el aumento de las tasas de interés; a su vez el efecto acumulado de la tasa de interés es de mayor relevancia cuando se consideran inversiones de mediano y largo plazos (FIPA/USAID, 2002c.)
Entre las variables macroeconómicas que tienen mayor influencia sobre los resultados económicos de las inversiones productivas están el tipo de cambio y la tasa de interés. En las últimas décadas, en Guatemala han sido implementadas políticas macroeconómicas que han causado distorsiones en ambas variables, que pueden haber provocado, en parte, dificultades para que el impulso a las inversiones en plantaciones forestales no haya ocurrido con el vigor esperado por varios sectores de la sociedad. Las altas tasas de interés han sido un desestímulo a la inversión productiva y la sobre valuación del quetzal un desestímulo a la actividad productiva de exportación.
Las distorsiones en la tasa de interés provienen de políticas que son reflejadas en la prima por riesgo de inflación y en la prima por riesgo país. Las distorsiones mantienen la tasa de interés por encima de lo que podría observarse en economías sanas y estables, causando disminución en la rentabilidad de inversiones de largo plazo como las que se requieren en el sector forestal (FIPA-USADI 2002c).
En los últimos años las altas tasas de interés han obstaculizado la inversión, y el valor alto del quetzal respecto al dólar ha castigado las exportaciones.
En la última década el Estado guatemalteco ha realizado importantes inversiones para el mejoramiento de las vías terrestres, especialmente en el departamento de Petén y en otras regiones que facilitan el acceso a casi todos los lugares del país. Esto sin duda alguna beneficia al sector forestal que tiene la oportunidad de trasladar con menores costos los productos forestales.
El transporte de la materia prima a las industrias primarias es generalmente realizado directamente por los empresarios del sector o por intermediarios, mediante camiones que cargan de 7.5 a 10 toneladas métricas; lo cual constituye un factor crítico para la producción forestal, pues no se dispone de otros medios (ferrocarril), que hagan más efectiva esa actividad. Si bien la red ferroviaria atraviesa el país, desde el puerto de Santo Tomás de Castilla en el Atlántico hasta puerto Quetzal en el Pacífico, atravesando la ciudad capital, este medio de transporte no esta acondicionado para dar el servicio al sector forestal.
En el transporte marítimo Guatemala cuenta con puertos estratégicamente ubicados en los dos océanos: Océano Pacífico y Océano Atlántico, por su importancia los puertos más utilizados son: en el océano pacífico el Puerto de Champerico que dista una distancia de aproximadamente 225 kilómetros de la ciudad capital y el Puerto Quetzal, que dista una distancia aproximadamente de 115 kilómetros de la ciudad capital; y en el océano Atlántico el Puerto Santo Tomás de Castilla , que distan aproximadamente una distancia de 280 kilómetros de la ciudad capital (PAFG, 1999). Situación que representa una ventaja para el fomento de las exportaciones forestales, por tratarse la madera de un producto voluminoso, sin embargo, eso requiere de una readecuación de la infraestructura portuaria. Una de las mayores deficiencias es la mala calidad de los puertos centroamericanos y sus elevados costos operativos, lo cual incrementa en 8,000 kilómetros la distancia efectiva entre Centro América y Estados Unidos. (PASOS LACAYO, 2002).
La actividad industrial moderna requiere para su desarrollo de una infraestructura física y de una base institucional eficientes: transporte y comunicaciones para fortalecer la integración de las diferentes regiones del país y facilitar los flujos comerciales con el resto del mundo; y abastecimiento competitivo de energía e insumos industriales básicos.
La situación energética nacional, se caracteriza por los siguientes aspectos: a) falta de recursos energéticos convencionales, como petróleo, gas, entre otros y b) por una escasez de los recursos económicos y financieros, que arrastra un déficit estructural mayor y una oferta energética muy insuficiente respecto a la alta demanda y a lo que necesita el desarrollo del país (ECOSYSTEMES, 1998).
Al igual que en la mayoría de los países en vías de desarrollo, la mayor parte de la población y especialmente la población rural no tiene acceso a la energía eléctrica. El precio elevado de estas energías fósiles en comparación con las escasas rentas, les hace inaccesibles. Además, el coste de dichas energías crea y aumenta la dependencia y el déficit monetario del país al mismo tiempo que incrementa en este país agrícola, el coste de los productos derivados tales como los fertilizantes.
Los resultados de las encuestas de programación de las Naciones Unidas así como las elecciones técnicas de la población demostraron que los guatemaltecos no quieren soluciones centralizadas sino sistemas energéticos que favorezcan la autonomía y responsabilidades locales y regionales de los sistemas de energías renovables. Para las generaciones futuras, sólo las energías renovables pueden permitir (como "energía relevo o de arreglo" en espera de soluciones centralizadas de potencia) el desarrollo del sistema sanitario y educativo, y el fortalecimiento de una actividad comercial, microindustrial, agrícola y artesanal (ECOSYSTEMES, 1998).
Para fomentar el comercio exterior a partir de 1996 se crearon programas de apoyo como el Programa Nacional para la Competitividad –PRONACOM-, la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales; el Programa de Agregados Comerciales de Inversión y Turismo –PACIT-, la Comisión Nacional Coordinadora de Exportaciones –CONACOEX-, todos bajo la tutela del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones –CONAPEX-. Sin embargo, éstos programas no han logrado desarrollarse como fue planificado en parte debido a la falta de asignación financiera para su funcionamiento; en realidad se atribuye al distanciamiento entre el sector público de la administración del anterior gobierno y el sector privado. Panorama que se espera cambie con las políticas del nuevo gobierno (CIG, 2003).
Hacia finales del año 2 003, Guatemala ha participado en diversos procesos de negociación de Tratados de Libre Comercio, los cuales abren la posibilidad al producto nacional de incursionar en nuevos mercados con mayores ventajas comparativas. Así pues, cabe resaltar la finalización de negociaciones de Tratados de Libre Comercio con República Dominicana, México, Chile y Cuba. Esta pendiente de ser ratificado por el Organismo Legislativo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos el cual fue firmado por las partes a finales del 2003, Se espera también en el corto plazo concluir los Tratados con Panamá. Asimismo, se están haciendo los mejores esfuerzos de los países latinoamericanos por concluir, en el año 2,005, la negociación del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
La opinión pública sobre los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, está divida y según encuesta realizada por ASIES al Sector de Productos Agrícolas No Tradicionales, algunos opinan que la negociación será positiva para la actividad exportadora, y los que consideran que no tendrá efecto alguno, es decir que persistirán las posibilidades y limitaciones actuales. Entre quienes consideran que el TLC tendrá un efecto positivo, el principal factor es la apertura de nuevos mercados para las exportaciones nacionales; otro elemento importante son la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, y muy ligado a ello, un acceso más fácil de los productos guatemaltecos a los Estados Unidos. En resumen, se percibe que el TLC significará una expansión de las posibilidades de inserción en el mercado de nuestro principal socio comercial (ASIES, 2003).
La implementación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos es un proceso en marcha que regirá la mayor parte de las relaciones económicas de Guatemala con los Estados Unidos, principal socio comercial del país. Esto requiere de la aplicación de un conjunto amplio de políticas nacionales, sectoriales y territoriales para asegurar que se aprovechan las oportunidades y se reduzcan los costos a que podría dar lugar el TLC, tomando en cuenta que involucrará a ganadores y perdedores, con el riesgo de que los primeros afectados serán los perdedores, sobre todo en el área rural; y a sabiendas que los ganadores surgirán de manera más gradual (PNUD, 2003).
Para aprovechar las oportunidades que se abrirán con el TLC, deben impulsarse en el área rural tres tipos de políticas, absolutamente prioritarias, orientadas a suministrar bienes públicos básicos para pequeños agricultores que incluyen: a) crear un programa masivo de infraestructura física, con caminos asfaltados, acceso a electricidad de bajo costo, servicios de telefonía; b) fortalecer la infraestructura institucional de pequeños productores mediante una promoción amplia y decidida de asociaciones para contribuir a que los pequeños productores lleven a cabo conjuntamente actividades de comercialización y tengan acceso a sistemas de extensión y crédito rural; c) financiar con recursos del Estado, cambios tecnológicos mediante arreglos institucionales que articulen a productores pequeños y fuente de tecnología. (PNUD, 2003)
El proceso requiere conformar un equipo (gobierno-empresarios) para la búsqueda de oportunidades de comercio, de nuevos productos y mercados, atracción de inversiones y negociación de acuerdos, así como para diseñar y ejecutar una política nacional de inserción en la economía mundial. Además, se requiere implementar un Plan de Acción de modernización del sistema aduanero, impulsar la unificación de legislación aduanera a nivel centroamericano, impulsar legislación de fomento a la competencia, instituir la Superintendencia de Protección al Consumidor conforme a los estándares internacionales y fortalecer el marco regulatorio de los servicios públicos. (PAFG, 2000b).
Todos éstos instrumentos jurídicos establecen un marco que permite, tanto a los productores como a los comerciantes, desarrollar oportunidades de expansión y diversificación, ventajas que también benefician indudablemente al sector forestal. Se espera que la puesta en marcha de esos tratados por un lado abran la posibilidad al producto nacional de incursionar en nuevos mercados con mayores ventajas comparativas, y por otro lado propicien una mayor inversión extranjera directa en el sector forestal.
Para el sector privado, agrupado en la Gremial Forestal, la suscripción del Tratado de Libre Comercio "será una oportunidad para atraer inversión extranjera y prestamos blandos que permitan generar más empleos, mejores salarios y utilización de nueva tecnología", pues "generaría una mayor capacidad exportadora y más facilidad para colocar los productos en el mercado internacional". De acuerdo a estadísticas del Banco de Guatemala, las exportaciones de madera a Estados Unidos pasaron de 11,6 millones de dólares en 1996 a 20,7 millones de dólares en el 2002 (ANSA, 2003).
La política de la industria nacional se encuentra contenida en el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, partiendo de la necesidad de ampliar los mercados nacionales, mediante un adecuado y eficaz aprovechamiento de todos los recursos; la preservación del medio ambiente, el constante mejoramiento de la infraestructura, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación y modernización de los distintos sectores de la economía.
En esta iniciativa los países centroamericanos se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la Unión Económica Centroamericana cuyo objetivo básico, creado por este instrumento complementario del Protocolo de Tegucigalpa es alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita loa transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y técnicas, eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía internacional.
En el campo de los recursos naturales y el medio ambiente, los Estados parte convienen en desarrollar estrategias comunes, con el objetivo de fortalecer la capacidad de los Estados para valorizar y proteger el patrimonio natural de la región adoptar estilos de desarrollos sostenibles, utilizar en forma optima y racional los recursos naturales del área, controlar la contaminación y restablecer el equilibrio ecológico, entre otros, mediante el mejoramiento y la armonización a nivel regional de la legislación ambiental nacional y el financiamiento y la ejecución de proyectos de la conservación del medio ambiente.
Por su parte el sector privado representado en la Cámara de Industria de Guatemala, presentó en el 2002 su propuesta de “Política Nacional para la Industrialización del país” (Cámara de la Industria 2002) . El objetivo central de ésta política es conformar, a través de la acción coordinada de todos los sectores nacionales, una planta industrial competitiva a nivel internacional, orientada a producir bienes de calidad, de mas valor agregado y de mayor contenido tecnológico. La propuesta se fundamenta en tres pilares: a) estabilidad política y democracia; b)estabilidad macroeconómica y un clima de negocios competitivo, y; c) estabilidad fiscal y reglas claras.
La propuesta de la Cámara de la Industria esta integrada por los siguientes elementos: competitividad de la base humana, modernización de la infraestructura física y servicios básicos; fortalecimiento y desarrollo de las cadenas productivas y de clusters; modernización de la infraestructura tecnológica (tecnología y calidad); transparencia del marco normativo; competitividad de las exportaciones; negociaciones comerciales internacionales; promoción de la competencia y fortalecimiento de la gestión ambiental.
El financiamiento del sector forestal proviene de diferentes fuentes. Entre 1991 y 2001, se canalizaron al sector forestal un total de EUA $ 109 millones, equivalente al 82.9 por ciento de los recursos destinados al sector ambiental. La contribución de fuentes públicas es casi la mitad de los recursos (56%), y equivale al 1.08% del gasto de gobierno. Las cifras indican que el financiamiento del sector forestal se apoya en gran medida (44%) en las fuentes externas. De los $ 109.4 millones el 90 por ciento se destinó hacia el manejo sostenible de recursos naturales, el siete por ciento para la mitigación de los impactos causados sobre los bosques y el tres por ciento restante fue destinado a la conservación (MAGA/PAFG, 2002a).
Entre las fuentes publicas de financiamiento del sector forestal, sobresale el Programa de Incentivos Forestales (PINFOR), el cual se fundamenta en la Ley Forestal (Decreto Legislativo 101-96) que lo crea con una vigencia de 20 años a partir de 1997 y establece que el mismo debe funcionar a partir de una asignación del uno por ciento del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado. La inversión que el Estado ha realizado en la ejecución del PINFOR desde sus inicios hasta el 2003 asciende a 305.84 millones de quetzales que equivalen a 38.2 millones de dólares (comunicación personal del coordinador del PINFOR)., y el monto potencial estimado5, que el Estado invertirá en los 20 años de duración del Programa asciende a US$ 392 millones.
En relación al crédito forestal el Banco de Desarrollo Rural -BANRURAL - a través de un convenio firmado con INAB ha fomentado el crédito para el establecimiento y manejo de plantaciones y bosques naturales. Bajo ese convenio BANRURAL ha financiado de 1998 al 2001 un total de 130 créditos por un monto de US$ 2.8 millones (comunicación personal enlace INAB-BANRURAL); sin embargo; diversos actores del sector forestal señalan que el crédito otorgado por estos es limitado y se ha distribuido en pocos beneficiarios; sobre todo que no ha incluido a los pequeños productores. Los problemas señalados se refieren a las condiciones en las que se otorga (tipo de garantía, plazo y tasa de interés) no corresponden a las características de la actividad forestal, más bien a las características de la actividad agropecuaria particularmente por el enfoque cortoplacista (máximo de 18 meses de plazo).
La distribución de los créditos otorgados por BANRURAL muestra que el 93 por ciento ha sido otorgado en tres regiones: Petén (52%); Nor-oriente (21%) y las Verapaces (20%), que coinciden con los tres núcleos de concentración de las plantaciones forestales, es decir, el crédito otorgado ha estado fundamentalmente entorno a los proyectos del PINFOR.
Otro elemento importante de tipo financiero, es el presupuesto anual asignado tanto al INAB, como al CONAP, entidades responsables de la administración del recurso bosque. Los montos asignados por el gobierno central para el funcionamiento de éstas instituciones en el año 2002 fue de para INAB US$ 5.7 y de US$ 4 millones para CONAP; lo cual muestra que los recursos asignados a estas instituciones son escasos y limitan disponer del recurso humano y la logística requerida para cumplir eficientemente con las funciones asignadas. Esta situación limita la capacidad de respuesta de estas instituciones ante la demanda de servicios de los usuarios; y repercute negativamente en la dinámica del Sector. Entre las limitantes del desarrollo de las actividades forestales productivas, más frecuentemente señaladas por diferentes actores del sector forestal esta la centralización y lentitud en los trámites administrativos para obtener las licencias o autorizaciones respectivas.
Según el CIEN (2002), uno de los grandes pilares del crecimiento económico es la inversión en capital físico y capital humano. El análisis plantea que con relación a la inversión de capital físico, el país no ha logrado superar los efectos de las altas tasas reales de interés, el clima de negocios poco favorable y una política tributaria errática y cuestionable en cuanto a su eficiencia económica. En ese sentido, sin mayores cambios en el diseño de la política económica y sin una mejora significativa en las expectativas de los inversionistas, es bastante difícil que la inversión pueda alejarse mucho de su futura tendencia hacia la baja.
En términos del financiamiento dado a las inversiones del sector forestal; la información disponible muestra que en las última década ha sido el Estado el que mayor aporte ha dado a las actividades de fomento de la actividad forestal a través de los Programas de Incentivos Forestales y los Proyectos de desarrollo; se esperaría que el sector privado invierta en igual o mayor magnitud en el sector.
Guatemala cuenta en la actualidad con un marco de políticas explícitas relacionadas con el manejo del recurso bosque. Los mayores avances se han dado a partir de 1999, cuando se publicaron las siguientes políticas: a) Política forestal, b) Política de Áreas Protegidas, y c) la Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad.
La política forestal contempla las siguientes áreas de acción y estrategias: a) contribución al fortalecimiento del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, protección y conservación de ecosistemas forestales estratégicos; b) fomento del manejo productivo de bosques naturales; c) promoción de la silvicultura de plantaciones; d)fomento de sistemas agroforestales y silvopastoriles en tierras de vocación forestal; e)fomento a la ampliación y modernización del parque industrial de transformación primaria y secundaria y f)apoyo a la búsqueda y aprovechamiento de mercados de productos forestales y diseño de productos (MAGA/INAB/CONAP/PAFG. 1999).
La Política Forestal, presenta una orientación hacia el fomento de la actividad forestal productiva, estimulando la inversión pública y privada así como el desarrollo de la competitividad del sector forestal; tiene como objetivo “Incrementar los beneficios y servicios generados en los ecosistemas forestales y contribuir al ordenamiento territorial en tierras rurales, a través del fomento del manejo productivo y de la conservación de la base de los recursos asociados como la biodiversidad, el agua y los suelos; incorporando cada vez más la actividad forestal a la economía del país en beneficio de la sociedad guatemalteca” (MAGA/INAB/CONAP/PAFG. 1999).
También se establece la promoción y apoyo al sector privado y organizaciones comunitarias de base en proyectos de manejo y conservación de recursos naturales a través de incentivos, subsidios directos localizados o mecanismos de financiamiento en condiciones blandas y se apunta a la búsqueda de la cooperación Internacional.
Tanto la Ley Forestal como la Política Forestal contemplan como una prioridad “El fomento del manejo sostenible de los bosques naturales”; es por lo tanto de esperarse que a futuro se de un mayor fomento al manejo sostenible de los bosques naturales.
Además de las políticas nacionales se han desarrollado e implementado políticas forestales a nivel municipal, en más de 30 municipalidades. El INAB a través del proyecto para el Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal (BOSCOM), y con el apoyo de la cooperación internacional (GTZ, FINNIDA; PNUD), ha venido trabajando sobre aquellos factores y condiciones que propiciaron la formulación y socialización de políticas forestales públicas y forestales municipales que tratan de devolverle a las municipalidades, y los grupos organizados de la sociedad civil, la posibilidad de participar y decidir directamente sobre sus recursos forestales (CODERSA, 2002 ).
Otro marco orientador del Sector Forestal en el caso de Guatemala, es el Programa Forestal Nacional (pfn), que contempla el planteamiento de un escenario de desarrollo sectorial e intersectorial consensuado con una visión de Guatemala Forestal para la próxima década (2003-2012), a partir de una determinación de la situación forestal actual, un análisis de brechas y la definición de la ruta a seguir materializada mediante proyectos, estudios y arreglos institucionales. (PFN, 2003)
El pfn, tiene como finalidad la sostenibilidad de la gestión forestal ambiental, materializada en la existencia, permanencia, mejoramiento y multiplicación de la actividad forestal, productiva y protectiva en el país, como un medio para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de la sociedad guatemalteca; y se plantea para un horizonte de 10 años del 2003 al 2012.
Esta política se define como "La descripción del conjunto de principios, objetivos, marco legal e institucional, líneas de política, instrumentos y situación deseada, que el Estado declara, con el propósito de garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales y la conservación de la diversidad biológica para el bienestar social y económico de sus pobladores".
Algunos de los principios de la política de áreas protegidas son los siguientes: respeto a la vida en todas sus formas; oferta sostenible de bienes y servicios ambientales para la sociedad; ordenamiento territorial en tierras rurales; sostenibilidad en el acceso y uso de la biodiversidad.
La política de Áreas Protegidas, tiene como objetivo “mejorar la protección y la utilización sostenible del patrimonio natural y cultural del país, para coadyuvar a incrementar la calidad de vida de los guatemaltecos del presente y del futuro”. Para alcanzar ese objetivo define las siguientes líneas y estrategias: a) administración integral del SIGAP6 ; b) fortalecimiento a la representatividad biológica y cultural del SIGAP; c) fomento al manejo productivo de bienes y servicios ambientales; d)restauración ecológica en espacios naturales degradados; e) aumento de la disponibilidad de información y conocimientos sobre el patrimonio natural y cultural de la nación; f)fortalecimiento y consolidación de la participación de la sociedad civil en la administración del SIGAP; y g)consolidación de sistemas e instrumentos de financiamiento para el SIGAP. (CONAP, 1999).
Además de las políticas mencionadas, también influyen directamente sobre el sector forestal dos políticas a) Política agropecuaria y b) Política ambiental.
En cuanto a la política agraria el Fondo de Tierras (FONTIERRAS), plantea la promoción del acceso a la propiedad y uso sostenible de los recursos naturales. Asimismo, el desarrollo de planes de reordenamiento territorial y la aplicación de criterios de sostenibilidad económica y ambiental. Se plantea la creación de jurisdicción agraria y ambiental dentro del organismo judicial, mediante la emisión de una ley correspondiente.
La presentación de los lineamientos de política del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para el periodo 2004 -2007, puede influir positivamente al Sector Forestal, con el cumplimiento de sus objetivos y que tienen relación con la contribución al acceso de alimentos vía la generación de empleos agrícolas y no agrícolas en el área rural, conservar el recurso hídrico e incrementar el área con reforestación y lograr el uso adecuado de los suelos de vocación forestal.
La política Agropecuaria contempla ejecutar los dos últimos objetivos, mediante las siguientes acciones: a) Promoción de la producción forestal sostenible con fines comerciales; b) Ampliación de la cobertura de incentivos forestales y c) Promoción del aprovechamiento integral del bosque y generación de valor agregado. Además de la política mencionada, también influyen directamente sobre el sector forestal la Política ambiental.
Guatemala es un país que tradicionalmente ha basado su economía en la agricultura, siendo la mayoría de sus tierras de vocación forestal. Esta paradoja es un claro ejemplo de la importancia de una política ambiental coherente y abordada desde varias ópticas disciplinares. Además, la economía y la cultura guatemaltecas tienen fuertes nexos con la naturaleza, por lo que el aprovechamiento sostenible de la misma se hace urgente. (MARN/FIPA USAID, 2002).
En los esfuerzos realizados por superar esta situación, de no inclusión del tema ambiental en el quehacer del Estado y detener el deterioro de los recursos naturales, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ha formulado la política ambiental nacional y una Agenda Estratégica Nacional de Ambiente y Recursos Naturales 2002-2004, con sus mecanismos que permitan a la sociedad crear condiciones para la participación en la solución de problemas que atañen a toda la sociedad guatemalteca. (MARN/FIPA USAID, 2002).
El objetivo de la política ambiental se establece en el marco de acción de los Acuerdos de Paz y procurando su cumplimiento y “pretende promover la conservación, protección y mejoramiento del ambiente, previniendo su deterioro, así como el manejo sostenible de los recursos naturales del país; defendiendo el derecho humano a convivir en un ambiente saludable con equidad social, económica, ecológica y ambiental” (MARN/FIPA USAID, 2002). Sin embargo; el tema ambiental es el que menos atención ha recibido por parte de las instituciones públicas. Hay muy pocas políticas formuladas, y menos aún implementadas, para abordar la compleja problemática ambiental de nuestro país.
En Guatemala, país tradicionalmente agrícola, el turismo ha tomado un auge especial en los últimos tiempos, abriendo las puertas a un nuevo desarrollo, que debe ser sostenible económica, ambiental y culturalmente. A través del ecoturismo, Guatemala tiene una buena oportunidad de diversificar su economía, no sólo a nivel macroeconómico, sino principalmente brindándole a las personas del área rural la oportunidad de una actividad económica alternativa a los monocultivos y agricultura de subsistencia. (FIPA/EPIQ/USAID, 2003).
El Instituto Guatemalteco de Turismo ve la necesidad urgente de proporcionar un marco general de políticas que incentiven un cambio conductual en la forma de hacer turismo en nuestro país, guiando dichas acciones hacia la sostenibilidad, para ello ha promulgado en septiembre del 2003 la Política Nacional de Ecoturismo (FIPA/EPIQ/USAID, 2003), que pretende marcar las pautas del turismo sostenible en nuestro país, evitando las malas prácticas, incentivando la tecnología limpia, rescatando el uso ético del prefijo “Eco” y fomentando el desarrollo sostenible del país en beneficio de las comunidades locales.
Entre los objetivos de ésta política se pretende propiciar la consolidación y desarrollo del ecoturismo, beneficiando a todos los guatemaltecos en los ámbitos económico, sociocultural y ambiental, tal como lo indican los Acuerdos de Paz.
Desarrollar y consolidar productos ecoturísticos de iniciativa privada (individual o comunitaria) a través de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y culturales de Guatemala, orientando los beneficios económicos del ecoturismo hacia las comunidades locales.
La descentralización forma parte de la reforma del Estado; es parte de los Acuerdos de Paz y sobre todo, constituye una medida que se vincula directamente con los procesos de democratización de la vida social y política del agro guatemalteco. El marco normativo de las políticas de descentralización y desconcentración se encuentra en lo que dispone la actual Constitución Política de Guatemala y en las leyes de descentralización promulgadas en el 2002.
En el marco de la descentralización el INAB ha impulsado un modelo de administración forestal municipal fomentando la creación de Oficinas Forestales Municipales. Los resultados muestran que de las 331 municipalidades, el 33 por ciento cuenta con este tipo de oficinas. Por su parte CONAP ha desarrollado el proceso de otorgamiento de Concesiones Forestales de Petén. Ambos son procesos orientados a descentralizar la administración y manejo forestal y fortalecer el poder local.
La existencia de oficinas forestales en las municipales ha abierto un espacio, en el cual se facilita por una parte el acceso a los vecinos, a los servicios que en materia forestal esta en capacidad de brindar la municipalidad. Constituyen un espacio de comunicación y diálogo con los líderes comunitarios, interesados en el manejo de conflictos rurales, derivados del arbitrario uso de los recursos forestales, teniendo como punto de partida las leyes vigentes en materia forestal y la participación de la municipalidad en la administración de tales recursos.
La descentralización, contenida en la Constitución Política de la Republica de Guatemala, establece que se debe invertir en el desarrollo social del país, a través de la aprobación de un presupuesto nacional que privilegie los gastos sociales y el combate a la pobreza. El cual comprende un porcentaje (10% de los ingresos ordinarios) del presupuesto y que por ley debe canalizar el gobierno central a las 301 municipalidades, para concretar la infraestructura y los servicios sociales, incluidas las acciones para aprovechar sostenidamente los recursos naturales (Ferrouki, L.; Echeverria, R.).
En el marco de la agenda de trabajo propuesta por el Gobierno para el período 1996-2000 y con base a las condiciones imperantes en el país, el Gobierno de Guatemala en la reunión de Presidentes de Centroamérica en el año 1996, junto con los Jefes de Estado de los otros países centroamericanos, promueven la creación del Proyecto Regional de Competitividad, el que está enmarcado en la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, y es financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-.
En Guatemala, dicho proyecto se concretiza en el año de 1997, y a principios de 1998 se define la Agenda Nacional de Competitividad y dentro de la misma, las áreas de acción, en tal sentido se definen dos ejes centrales de trabajo. Primero; en áreas prioritarias del clima de negocios y segundo; en el fortalecimiento de clusters. Posteriormente se definen cuatro sectores prioritarios para el Programa de Competitividad, siendo estos: agroindustria alimenticia, vestuario y textiles, Turismo y Forestal.
El objetivo principal del proceso de desarrollo de clusters forestales es promover las acciones tendientes a elevar la competitividad de las empresas del sector forestal, principalmente las directamente involucradas en la cadena productiva tales como; producción de semilla, producción de planta, reforestadoras, silvicultores, industria primaria y secundaria y comercializadoras y además lograr la integración de las empresas de los sectores de servicios, conexos y de apoyo. El proceso de desarrollo del Cluster Forestal enfoca sus esfuerzos en tres áreas: Competitividad, promoción de inversiones y promoción de negocios (IDC. 1999).
En los Acuerdos de Paz, firmados en 1,996 entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), se incluyeron tres acuerdos donde figuran los recursos naturales y el ambiente estos son: (FIPA, 2002c)
• Acuerdo para el reasentamiento de poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado; menciona desde la fijación de sus principios el desarrollo sostenible, sustentable y equitativo, se refiere a los criterios para la selección de tierra: al potencial agroecológico, precio, sostenibilidad de los recursos naturales renovables y servicios existentes. Estos criterios relacionan específicamente la producción con el manejo sostenible de los recursos.
• Del mismo modo, en la ejecución de los proyectos acuerdan que deben tener relación con desarrollo agrícola sostenible, ordenamiento territorial, utilización de recursos naturales en función de su potencial titulación y derechos sobre la tierra y el agua, usufructo y planificación de los recursos naturales, e infraestructura de saneamiento.
• Acuerdo sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas; en el mismo se fortalece y amplían los aspectos relacionados con el ambiente y los recursos naturales, en lo relacionado a la ciencia y la tecnología se menciona la necesidad de promover innovación tecnológica y el principio ético de conservación del ambiente. En lo referente a la tierra, se contempla la necesidad de administrar de manera sostenible los recursos naturales, ya que de ella dependen bajo una concepción propia de la población indígena.
• Acuerdo sobre aspectos socioeconómica y situación agraria; se menciona con mayor insistencia los aspectos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, desde un principio se menciona la necesidad de impulsar una estrategia integral que incluya : tenencia de la tierra, uso de los recursos naturales renovables, sistemas y mecanismos de crédito, procesamiento y comercialización; legislación agraria y seguridad jurídica, relaciones laborales, asistencia técnica y capacitación; sostenibilidad de los recursos naturales y organización de la población rural.
La firma de los Acuerdos de Paz en 1996, incluye aspectos que pueden impactar favorablemente en el Sector Forestal, especialmente en el cumplimiento de los contenidos de los siguientes acuerdos: Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Conflicto Armado, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, donde se acepta el compromiso de “impulsar un programa de desarrollo ecoturístico, con amplia participación de las comunidades debidamente capacitadas” y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
El marco jurídico del sector forestal, esta definido por varias leyes y reglamentos que inciden directa o indirectamente sobre el sector. Las dos leyes específicas que regulan al recurso bosque son la Ley Forestal (Decreto 106-96) y la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-86 y sus reformas Decreto 110-96). La Ley de Áreas Protegidas dio vida desde 1989 al Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- como órgano máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP- y con la Ley Forestal se creó en 1996 el Instituto Nacional de Bosques- INAB-
El INAB es el ente rector que vela por la parte operativa y administrativa del manejo de bosques fuera de áreas protegidas; mientras que el CONAP es responsable de asegurar la conservación de niveles socialmente deseables de biodiversidad y la administración de áreas protegidas, quedando bajo su control y supervisión el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).
El Instituto Nacional de Bosques (INAB), es una entidad estatal, autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa. En su nivel superior tiene una Junta Directiva integrada por un representante titular y un suplente de las diferentes instituciones: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), quién la preside, Ministerio de Finanzas Públicas (MIFP), la Asociación Nacional de Municipalidades(ANAM), Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA); Gremial Forestal; Universidades que impartan estudios forestales y conexos dentro de las profesiones afines; y La Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los recursos naturales, ecología y el medio ambiente, (ASOREMA). La forma en que está integrada su Junta Directiva le ha dado solidez a la dirección institucional y continuidad a las políticas impulsadas.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, es la institución rectora del SIGAP, de la protección y del uso sostenible de la biodiversidad y la vida silvestre en el ámbito nacional, con el propósito de asegurar la permanencia y equilibrio de los bienes y servicios del patrimonio natural, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. Tiene en su estructura organizativa en su nivel superior dos órganos: La Secretaría ejecutiva que depende directamente de la Presidencia de la República y el Consejo Nacional que está integrado por siete representantes de las siguientes instituciones: Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales que lo preside; Centro de Estudios Conservacionistas –CECON-; Instituto de Antropología e Historia – IDAHE-; el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación –MAGA-; la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-; y un delegado de las organizaciones no gubernamentales relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente, registradas en el CONAP.
El INAB tiene bajo su administración los bosques fuera de Áreas Protegidas, que hacen un total de 19 032 Km2, y representan el 44.4 por ciento de la cobertura forestal del país; mientras que al CONAP le corresponde la administración de los recursos forestales contenidos dentro de las Áreas Protegidas y éstos ascienden a 23 835 Km2 que representan el 55.6 por ciento de la cobertura forestal (INAB,CONAP;UVG, 2004). Además del INAB y CONAP, el marco institucional del subsector de los recursos naturales y medio ambiente está definido por la interacción de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Este marco institucional del Sector Forestal no define con claridad un ente rector que coordine el accionar institucional (anexo 6).
Complementan el marco institucional las 331 municipalidades, representadas en la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), apoyándose técnicamente en el Instituto Nacional de Fomento Municipal (INFOM), así como los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano, y Rural principalmente en los aspectos referidos a las inversiones en el ámbito del municipio, el subsector de la industria forestal, y los actores involucrados: los productores locales, comunidades rurales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y las cooperativas.
El marco institucional creado con la Ley Forestal (Decreto 101-96) establece la participación de las municipalidades en su órgano de dirección y asigna atribuciones a las municipalidades al señalar que serán las que otorguen las licencias para la tala de árboles ubicados dentro de sus perímetros urbanos, para volúmenes menores de diez metros cúbicos por licencia, por finca y por año. Así mismo, en el artículo 58 de la Ley forestal establece que las municipalidades ejecutaran los sistemas de vigilancia que se requieran para evitar los aprovechamientos ilegales de productos forestales a nivel de cada municipio, con el apoyo del INAB.
Asimismo, el Código Municipal (Decreto 12-2002) define el papel de las municipalidades en la conservación y manejo de sus recursos naturales renovables. Además; asigna al Consejo Municipal la competencia de “la promoción y protección de los recursos renovables y no renovables del municipio, y señala como gestión de intereses del municipio y competencias propias del municipio la “promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del municipio”.
En Guatemala la industria primaria esta concentrada en cinco departamentos: Guatemala (33 por ciento), Chimaltenango (9 por ciento), El Progreso(8 por ciento) y Las Verapaces (13 por ciento). En Petén se concentra la industria que procesa madera de latifoliadas y representa el siete por ciento del total de la industria del país. Esta concentración obedece fundamentalmente a la infraestructura y servicios disponibles más que a la ubicación de las masas boscosas.
La industria forestal primaria está fundamentalmente orientada a la producción de madera aserrada (principalmente de coníferas), se caracteriza por poseer un bajo nivel tecnológico que no permite transformar los diámetros menores con rentabilidad, situación que determina que los compradores exijan un diámetro superior a 8 pulgadas en la punta de la troza. Eso implica un fuerte desperdicio de madera en el bosque natural y un limitado uso comercial para las trozas de diámetro menores a 25 cm.
En algunos casos las pérdidas por transformación industrial llegan a ser hasta un 60 por ciento del volumen de madera (Kiuru, 2003). Estimaciones realizadas en la región de Las Verapaces en aprovechamiento de bosques de coníferas, reflejan que el volumen que no se aprovecha de los extremos del fuste puede alcanzar entre 14 000 a 28 000 m3 por año (Beaulieu G. et. al. 2002).
Situación similar se presenta en el caso de madera duras, donde la tecnología utilizada en el aprovechamiento y transformación determina que exista una elevada relación entre el volumen de madera cortada y el volumen de madera que finalmente es transformada en la industria. Según Imbach, A; Gálvez J. (1999) la relación promedio entre el volumen apeado y el volumen vendido en las Concesiones Forestales de Peten es de 4.84:1. Según estos autores, parte de esas pérdidas se producen al convertir la troza en un bloque cuadrangular o rectangular y por las piezas que no llegan a siete pies de largo y no son aceptadas por la industria, así como en los diámetros delgados (menos de 7 pulgadas) en los sobrantes de los árboles rajados o dañados.
Desde el punto de vista de la administración, la industria forestal no ha logrado desarrollar las diferentes etapas del proceso administrativo que se reflejan en una oferta irregular de materia prima, un bajo nivel tecnológico, una demanda inestable, una baja capacidad operativa del personal, bajos niveles de inversión y bajo nivel de desarrollo empresarial (Kiuru, 2003).
Por su parte la industria secundaria está enfocada a la exportación (especialmente de muebles), y en algunos casos prefiere importar la materia prima para garantizarse el abastecimiento continuo y una calidad uniforme, lo que muestra una clara desintegración entre la industria primaria y la industria secundaria .
Las áreas potenciales para la aplicación de la ciencia y tecnología se hayan en el mejoramiento del nivel tecnológico de la industria, que no permite transformar los diámetros menores con rentabilidad, lo cual constituye una seria limitante para el manejo silvicultural de las plantaciones, y los niveles de desperdicio reducen significativamente la rentablidad del manejo de bosques naturales y la aplicación de tratamientos silviculturales (raleos) en las plantaciones. Esta situación es percibida por diversos actores del sector forestal, como una de las principales limitantes para lograr el anhelado desarrollo forestal del país; y puede ser en el corto plazo (2 a 5 años) el factor crítico para Programas como el PINFOR.
Existen factores socioeconómicos que limitan en gran medida el desarrollo del sector forestal, pues se arrastra aún con deficiencias estructurales en cuanto a la tenencia de la tierra, niveles extremos de pobreza, altas tasas de crecimiento poblacional, bajos niveles educativos, escasa cultura forestal. Bajo estas circunstancias se hace necesario un impulso mayor a las políticas orientadas a fortalecer la infraestructura institucional de pequeños productores mediante una promoción amplia y decidida de asociaciones con acceso a la comercialización y a sistemas de extensión y crédito rural; así como el desarrollo tecnológico mediante arreglos institucionales que articulen a productores pequeños y fuente de tecnología.
Las políticas y programas nacionales en el plano económico e industrial, aún cuando contienen objetivos que buscan el desarrollo económico basado en el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, siguen privilegiando las actividades agropecuarias en detrimento de las forestales. Esto se manifiesta de forma clara en la orientación de los créditos que se otorgan al sector agropecuario.
Aún cuando existen expectativas en el sector, por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con E.E.U.U., se hace necesario e indispensable solicitar plazos que permitan mejorar la producción y la productividad forestal, mejorando las condiciones de infraestructura, tecnología y calificación de la mano de obra.
En la situación actual un elemento crítico es la situación de la industria forestal, la cual requiere de una modernización hacia una industria primaria y secundaria más eficiente que permita el uso integral de la troza de grandes y pequeños diámetros y la utilización de una mayor diversidad de especies latifoliadas, especialmente de aquellas especies poco conocidas pero potencialmente comerciales, y que además, permita innovar productos y bajar costos. De igual manera se requiere de una integración entre la industria primaria y secundaria. La industria constituye hoy el cuello de botella para el desarrollo del sector forestal.
En cuanto a las políticas sectoriales e intra sectoriales se hace necesario integrar acciones transversales que permitan alcanzar los objetivos y metas propuestas, especialmente las políticas forestales, ambientales y agropecuarias.
El sector forestal debe orientar sus esfuerzos a exportar mayor diversidad de productos que tengan un proceso de industrialización , que aunque en principio puede ser mínimo, posteriormente con la innovación tecnológica y la experiencia podrá llegar a esquemas más complejos y sofisticados.
4 Se consideran de pequeña escala aquellos aserraderos que procesan menos de 1000 m3 por año.
5 Calculado con base en la proyección de la asignación del 1% del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado que le corresponde al PINFOR.
6 Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, lo conforman todas las áreas protegidas declaradas y las entidades que las administran.
