De acuerdo con los principios económicos orientados al mercado de aceptación general, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han continuado avanzando en el proceso de supresión de reglamentaciones, privatización y apertura hacia el exterior de sus economías. Estas políticas han seguido atenuando los viejos problemas debido a una inflación elevada y a los desequilibrios de las cuentas exteriores y fiscales. La presión inflacionista se ha reducido, en algunos casos de manera espectacular. El endeudamiento externo, es todavía un importante impedimento para una recuperación plena, no obstante haber disminuido algo, gracias a las medidas de reestructuración y reducción de la deuda, así como al descenso general de los tipos de interés desde comienzos de los años noventa. El nuevo clima de confianza creado por las mejores perspectivas económicas y la apertura hacia el exterior ha permitido la llegada de una importante afluencia de capital privado. La integración regional ha adquirido un impulso considerable, siendo una característica importante del proceso actual, la mayor apertura del sistema comercial regional hacia los elementos externos.
Sin embargo, estos resultados no impiden que haya incertidumbres. La tasa de crecimiento económico ha registrado una aceleración acentuada en la mayoría de los países durante los años noventa, pero han sido escasas las mejoras significativas conseguidas, si se considera su distribución por habitante. El crecimiento del PIB regional en 1993 fue importante, con un 3,2 por ciento (excluido el 2,6 por ciento del Brasil, muy por debajo del promedio anual, de casi un 5 por ciento, de los dos años anteriores). La inflación descendió por debajo del 10 por ciento en la Argentina, Bolivia y México, y también disminuyó considerablemente en economías antes hiperinflacionistas, como las del Perú y Nicaragua. Sin embargo, la tasa de inflación superó el 2 200 por ciento en el Brasil, con una influencia desestabilizadora sobre toda la región. El déficit regional en cuenta corriente aumentó considerablemente en 1993 (hasta el 2,5 por ciento del PIB, en comparación con el 1 por ciento de comienzos de los años noventa), con una balanza comercial negativa por segundo año consecutivo desde el comienzo de la crisis a principios de los años ochenta. La fuerte afluencia de capital hacia unas economías muy vulnerables a la inflación ha creado problemas de «nueva generación» en la gestión económica. Ante la necesidad de contrarrestar una acumulación excesiva de liquidez, los gobiernos han efectuado ajustes monetarios (y en menor medida fiscales), cuyo efecto general ha sido una elevación de los tipos de interés. Al mismo tiempo, se han seguido aplicando políticas en materia de divisas como instrumento de estabilización interna, con el resultado de una sobrevaloración progresiva de las monedas nacionales en numerosos países, lo cual ha afectado negativamente a su competitividad exterir.
Siguen siendo necesarios importantes esfuerzos para ampliar la base de la recuperación económica y extender sus beneficios a los grandes sectores de la sociedad que continúan viviendo en una situación de extrema pobreza. El ajuste estructural ha comenzado por fin a producir dividendos de crecimiento y estabilización, y puede haber establecido la base para pautas de crecimiento más estables y sostenidas en numerosos países. No obstante, la reforma orientada al mercado todavía tiene que demostrar su eficacia en la creación de las condiciones necesarias para una distribución más equitativa de los recursos y el bienestar en la región. La recuperación económica constituye una oportunidad para que los gobiernos desplacen sus prioridades de los problemas cotidianos de la actuación ante la crisis hacia aspectos más estructurales, entre ellos los de la esfera social.
Si se prescinde de los factores específicos de cada país y climáticos, los resultados de la agricultura en 1993 se han visto fuertemente afectados por las condiciones agroeconómicas generales. La capacidad de producción de la agricultura regional ha sufrido los efectos negativos de la continuación de las medidas de estabilización, que han reducido la capacidad de los gobiernos para efectuar una intervención de apoyo; la sobrevaloración de las monedas, con la consiguiente pérdida de competitividad; y el mantenimiento de los problemas de una demanda interna e internacional deprimida de los productos agrícolas, agravados por el constante proteccionismo en los principales mercados de exportación de la región.
En consecuencia, el índice de producción agrícola de la región considerada en conjunto mostró en 1993 una reducción de casi un 1 por ciento con respecto al año anterior. Este retroceso se produjo después de varios años de resultados mediocres o malos en numerosos países de la región. La producción agrícola regional solamente subió un promedio del 1,2 por ciento anual durante 1990-93, alrededor de la mitad de la ya deprimida tasa media de crecimiento del decenio anterior.
El sector de las exportaciones agrícolas de la región mostró una tendencia igualmente débil, en notable contraste con los resultados relativamente dinámicos de las exportaciones de otros sectores desde comienzos de los años noventa.
En los próximos años se espera que mejore algo el marco de las políticas internacionales que rodean el comercio agrícola, en particular como resultado de las conclusiones de la Ronda Uruguay de Negociaciones del GATT. El recientemente fortalecimiento de los precios agrícolas de algunos de los principales productos de exportación de la región es un signo alentador en este sentido44. Sin embargo, los precios del café, el azúcar, el trigo y la soja se han mantenido muy por debajo de la media de los años setenta y la mayor parte de los ochenta. Asimismo, a pesar del compromiso de muchos países de reducir los niveles de sostenimiento de la agricultura y mejorar el acceso al mercado, la región tendrá que seguir haciendo frente a una fuerte competencia en las exportaciones de sus productos básicos, así como al riesgo de nuevas formas de proteccionismo, como las medidas sanitarias y fitosanitarias.
Políticas sectoriales. Al igual que el resto de la economía, las políticas regionales se han concentrado cada vez más en la función de las fuerzas del mercado en la agricultura como principal mecanismo para la asignación de recursos. Este proceso ha impuesto la difícil tarea de redefinir la función del sector público, incluso en agricultura. Como demuestra la experiencia reciente de la región, los cambios radicales de estrategia tienen el riesgo de pasar de un extremo al otro, en este caso de una presencia excesiva en los mecanismos de producción y de mercado a una ausencia excesiva del sector público.
Estas cuestiones adquieren mayor interés ante los resultados en general poco satisfactorios de la agricultura regional en los últimos años. Entre los diversos factores que han determinado tales tendencias, ¿cuál ha sido la función de las nuevas estrategias normativas? Más en concreto, ¿corren peligro un gran número de agricultores de ser los grandes perdedores en la reforma del mercado libre? Aunque esta cuestión, muy debatida, solamente puede tener respuesta en un plazo más largo, el problema tiene repercusiones inmediatas para las autoridades. Sin un apoyo adecuado de los gobiernos, una parte considerable de la agricultura, sector históricamente olvidado en la región, corre el peligro de perder la viabilidad económica en el período de transición, hasta que las fuerzas del mercado lo encaucen para permitirle alcanzar una eficacia y autosuficiencia mayores a largo plazo. El apoyo se debe concentrar en la mejora de la productividad agrícola y la aceleración del proceso de modernización. Esto se puede conseguir proporcionando a los agricultores una infraestructura mejor, servicios de extensión y capacitación y asistencia técnica y financiera.
El mayor conocimiento de estos problemas y necesidades indujo a varios países de la región a fortalecer la función de las políticas sectoriales en 1993, sobre todo con respecto a las políticas e instrumentos institucionales de apoyo a la agricultura.
Una esfera importante de la reforma institucional, con amplias consecuencias para la agricultura, fue la creación de los ministerios de medio ambiente en Bolivia, Colombia, El Salvador y Nicaragua. Esta novedad es particularmente interesante no sólo como signo del creciente reconocimiento de la importancia de los problemas relativos al medio ambiente en la región, sino también porque define una línea nueva de acción normativa de esos gobiernos en el marco de la redefinición del sector público. También puede considerarse como indicio de condiciones económicas y políticas mejores para la adopción de decisiones, en la medida en que los gobiernos pueden canalizar una cantidad considerable de recursos humanos y financieros hacia objetivos a plazo más largo.
Otro sector donde se han registrado novedades institucionales importantes es el proceso de integración regional y subregional, que se examina en la sección sobre acuerdos comerciales en América Latina y el Caribe (pág. 156).
Por lo que se refiere a las políticas internas relativas al sostenimiento de la agricultura, se registraron varias novedades importantes, especialmente en Colombia, México y la Argentina. En 1993, el Gobierno de Colombia promulgó una serie de medidas destinadas a promover el desarrollo agrícola en los próximos años. Fueron las siguientes: la Ley General de Desarrollo Agrícola y Pesquero, un plan decenal de mejora y saneamiento de la tierra, el establecimiento de un sistema nacional de transferencia tecnológica y la creación de una institución cooperativa para la investigación agrícola y el establecimiento de Colombia Internacional, institución para la promoción de las exportaciones. En la nueva Ley General se definen varias normas y reglamentos para el sostenimiento de la agricultura. Cabe mencionar, por ejemplo, la eliminación de los derechos en el origen para los servicios agrícolas, incentivos a la creación de capital en las zonas rurales y la creación de fondos de estabilización para los precios agrícolas, seguros para los cultivos y subvenciones a las familias de campesinos.
Otras medidas de sostenimiento de la agricultura consistieron en cambios en el sistema de precios para proteger las empresas agroindustriales, precios mínimos de importación para contrarrestar los efectos de las exportaciones subvencionadas y cambios en las licencias de importación para determinados productos que tienen repercusiones en la producción pecuaria. Al mismo tiempo, el fondo de estabilización de precios para el algodón se modificó con objeto de mejorar su eficacia práctica y se firmó un acuerdo especial con Venezuela para reglamentar el comercio bilateral del arroz. Por último, se estableció un certificado de reembolso de impuestos para las actividades productivas relativas a la agricultura y la pesca.
Una novedad importante en el proceso de las reformas normativas llevadas a cabo por el Gobierno mexicano desde finales de los años ochenta45, fue el programa PROCAMPO. Introducido en 1993, se espera que permita equiparar los precios internos de los productos del programa con los precios mundiales para abril de 1995. El PROCAMPO tiene por objeto sustituir progresivamente el sostenimiento de los precios por pagos de ingresos directos. Se da apoyo directo a los productores que hayan cultivado los principales cereales y semillas oleaginosas en estos últimos años. Los agricultores podrán cambiar libremente hacia cultivos más rentables en el futuro. El apoyo de los ingresos directos está destinado a los agricultores de subsistencia más que a los productores comerciales. En el marco del nuevo programa, el Gobierno efectuará pagos directos a los agricultores en función del número de hectáreas cultivadas de maíz, frijoles, trigo, arroz, algodón, soja, cártamo, cebada, sorgo y café. Los pagos por hectárea se mantendrán constantes en valor real durante diez años, y luego se reducirán progresivamente entre el año 11 y el 15. Se prevé la conversión de tierras de maíz para destinarlas a trigo, algodón, frutas y hortalizas. Los agricultores de subsistencia, que en general no se han beneficiado del sistema de sostenimiento de precios garantizados, podrán aprovechar directamente el PROCAMPO. De esta manera, se espera que el programa mitigue los efectos de la migración de mano de obra agrícola del medio rural hacia el urbano. El presupuesto asignado en 1994 para la financiación del PROCAMPO representa un aumento de más del 80 por ciento con respecto al apoyo a los productores en 1993.
En el marco del programa «Argentina en crecimiento, 1993-1995», el Gobierno argentino ha anunciado en 1993 numerosas políticas de sostenimiento de la agricultura. Con objeto de mejorar la rentabilidad y fomentar las inversiones en el sector, se eliminaron los impuestos sobre los bienes y los derechos de importación sobre el capital; se introdujo un programa de crédito, con participación de bancos oficiales y privados, para refinanciar la deuda agrícola a tipos de interés próximos a los de los mercados internacionales; se proporcionaron servicios ampliados para la prefinanciación de las exportaciones agrícolas; se creó un nuevo servicio de crédito agrícola, por una cuantía de 200 millones de dólares, para el período de 1993-95; el Banco Nacional Argentino introdujo nuevas líneas de crédito supervisado para la reconversión de las unidades de producción agrícola hacia la cría de ovinos, los frutales, las hortalizas, los productos agroindustriales y el agriturismo. En este nuevo conjunto de políticas también figuraban medidas para mejorar la competitividad agroindustrial y la extensión agraria y reducir los riesgos climáticos. Se introdujo asimismo un programa de asistencia técnica para ayudar a la reconversión y la diversificación de la producción de unas 30 000 empresas agrícolas de tamaño pequeño y mediano.
Acuerdos comerciales en América Latina y el Caribe
El compromiso de numerosos países para conseguir un régimen comercial más abierto se pone de manifiesto en la reciente revitalización de acuerdos comerciales antiguos y nuevos en la región. Inspirados en particular en la Iniciativa Empresa para las Américas (IEA)46 y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), numerosos países negociaron la ampliación de los mercados por medio de un acceso previlegiado recíproco con los países vecinos, revitalizando así antiguos acuerdos comerciales en toda la región.
Los planes de cooperación regional no son nuevos en América Latina y el Caribe. Muchos de los grupos destinados a promover la integración económica y un comercio más libre (véase el Recuadro 7) se formaron en los años sesenta [el Pacto Andino y el Mercado Común Centroamericano (MCCA)], en los setenta [la Comunidad del Caribe (CARICOM)] y en los ochenta [la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)]. El TLC, que entró en vigor en enero de 1994, es el último bloque comercial de la región y con diferencia el mayor (véase Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pág. 75). Además, se han firmado otros muchos acuerdos bilaterales. No obstante, hasta hace poco han sido escasos los progresos realizados en esos planes, debido tanto a limitaciones a corto plazo derivados de la crisis económica como a factores de carácter más estructural (complementariedad limitada, transporte y servicios de comercialización inadecuados, estructuras económicas rígidas y niveles elevados de intervención oficial).
RECUADRO 7 | |
Nombre |
PACTO ANDINo o GRUPO ANDINO (ACUERDO DE CARTAGENA) |
PIB (1992): 151 000 millones de dólares | |
Establecido |
26 mayo 1969, efectivo desde el 16 de octubre de 1969 |
Objetivos |
Fomentar un desarrollo armonioso mediante la integración económica |
Miembros |
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela |
Situación actual |
Los aranceles externos del Pacto Andino son del 13,6%, frente al 41% en 1989. En 1992, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela establecieron un comercio libre de impuestos. El Perú ha establecido por separado un ALC con Bolivia y Venezuela. Venezuela y Colombia eliminaron todos los obstáculos arancelarios y no arancelarios en enero de 1992 |
Nombre |
COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM) |
Población (1990): 6 millones | |
Establecido |
4 de julio de 1973, efectivo desde el 1° de agosto de 1973 |
Objetivos |
Promover la integración y el desarrollo económicos, sobre todo entre los países menos adelantados |
Miembros |
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana,
Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y
Tabago |
Situación actual |
La CARICOM se está encaminando hacia un mercado único
en 1994. Los aranceles externos se espera que se reduzcan del 45 al 20% para 1998. |
Nombre |
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO (MCCA) |
PIB: 33 300 millones de dólares | |
Establecido |
13 de diciembre de 1960, efectivo desde el 3 de junio de 1961 |
Objetivos |
Promover el establecimiento de un mercado común centroamericano |
Miembros |
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua |
Situación actual |
En 1992, Honduras, Guatemala y El Salvador firmaron un ALC para eliminar todos los aranceles. Las tarifas arancelarias regionales oscilan entre el 5 y el 20%, con un arancel exterior común del 15%. En febrero de 1993, la región estableció también el Sistema Integrado Centroamericano (SICA), que funciona como parlamento centroamericano, en sustitución de la Organización de Estados Centroamericanos. El MCCA firmó un ALC con Venezuela y Colombia en 1993. México también firmó en 1992 un ALC con el MCCA, que será totalmente efectivo para 1996 |
Nombre |
ALC CHILE-MEXICO |
PIB (1992): 86 000 millones de dólares | |
Establecido |
Febrero de 1992 |
Objetivos |
Promover el libre comercio |
Miembros |
Chile y México |
Situación actual |
El ALC entre los dos países será plenamente efectivo el 1° de enero de 1994 |
Nombre |
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE
(TLC) |
PIB (1992): 6,2 trillones de dólares | |
Establecido |
1° de enero de 1994 |
Objetivos |
Promover un comercio regional más libre |
Miembros |
Canadá, Estados Unidos y México |
Situación actual |
El TLC comenzó a aplicarse el 1° de enero de 1994 |
Nombre |
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION
(ALADI) |
PNB por habitante (1990): 1 681 dólares | |
Establecido |
12 de agosto de 1980, efectivo desde el 18 de marzo de 1981 |
Objetivos |
Promover un comercio regional más libre |
Miembros |
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela |
Situación actual |
El lento avance de la ALADI hacia la integración ha inducido a algunos de sus miembros a buscar la integración bilateral y subregional |
Nombre |
MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) |
PIB (1992): 485 000 millones de dólares | |
Establecido |
26 de marzo de 1991 |
Objetivos |
Promover la cooperación económica regional |
Miembros |
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay |
Situación actual |
Los miembros del MERCOSUR tienen previsto eliminar la mayoría de los obstáculos al comercio y las inversiones para el final de 1994. Los aranceles se están reduciendo a menos de la mitad, para alcanzar un máximo del 20%. Los aranceles externos comunes entrarán en vigor el 1° de enero de 1995. |
Fuentes: CEPAL, Naciones Unidas; Banco Mundial; y C. Valdés et al. 1993. Overview of US agricultural trade with the Western Hemisphere. En Western Hemisphere Situation and Outlook Report. RS-93-2. Washington, DC, ERS/USDA. | |
Desde el comienzo de los años noventa, los grupos más antiguos han renovado sus acuerdos, asegurando una ulterior integración encaminada a un acuerdo de libre comercio (ALC) o una unión aduanera. Por ejemplo, el Pacto Andino redujo sus aranceles exteriores en más de un 40 por ciento, mientras que dos de sus miembros, Colombia y Venezuela, también establecieron la primera unión aduanera binacional de la región andina en enero de 1992. En consecuencia, las exportaciones de Colombia hacia Venezuela aumentaron un 30 por ciento, mientras que las de Venezuela hacia Colombia registraron un crecimiento del 20 por ciento. Estos grupos más antiguos están avanzando con mayor rapidez hacia un mercado común o un ALC entre algunos de los miembros del grupo o con otros no pertenecientes a él. Entre los nuevos acuerdos comerciales cabe mencionar el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el ALC Chile-México y el Grupo de los Tres (G3) -México, Colombia y Venezuela-, que todavía no han firmado el acuerdo comercial. Muchos bloques comerciales de la región son uniones aduaneras o mercados comunes, como el MCCA o el MERCOSUR (veáse el Recuadro 7).
El MERCOSUR, creado en 1991, es el mayor bloque comercial de América Latina, superado solamente por el TLC, con un PIB de 485 000 millones de dólares en 1992 y una población total de 196 millones de habitantes. El comercio interno del MERCOSUR ha aumentado considerablemente en los últimos años, sobre todo el de los cereales y los productos pecuarios, para los cuales los países miembros tienen ventaja comparativa. Por ejemplo, se prevé que la cuarta parte del comercio total de la Argentina en 1994 se realice con los países del MERCOSUR, correspondiendo las tres cuartas partes de esta cifra al Brasil. Un obstáculo importante para el avance del plan y la consecución de los objetivos establecidos es la discrepancia entre el Brasil y otros países miembros con respecto a los niveles de inflación y las políticas cambiarias. Por lo que se refiere a la agricultura, el Brasil ha estado practicando un sostenimiento normativo más activo que sus socios del plan, aunque la Argentina también ha activado considerablemente su intervención normativa a favor de la agricultura en los últimos meses.
A continuación se citan algunas novedades recientes en los planes de integración regional mencionados.
Por otra parte, se han establecido y se están negociando diversos pactos de cooperación bilateral y multilateral y de libre comercio. Por ejemplo, Chile ha firmado un acuerdo bilateral con México, Bolivia y Venezuela; México también ha firmado con Costa Rica un ALC, que entrará en vigor el 1° de enero de 1995; y Bolivia ha firmado un acuerdo bilateral con la Argentina. En julio de 1994, 25 países firmaron un acuerdo para el establecimiento de una Asociación de Estados del Caribe, con el objetivo de crear una nueva zona económica que comprendería Colombia, Cuba, México, Venezuela y los Estados centroamericanos e insulares del Caribe.
Desde el decenio de 1980, la economía brasileña ha estado sometida a diversos programas de estabilización y ajuste. Entre estos programas figuraron el conjunto de medidas tradicionales de estabilización de la balanza de pagos aprobado en 1982, la experiencia heterodoxa del Plan Cruzado de 1986, el Plan Bresser, heteredoxo y ortodoxo a la vez, de 1987, el efímero Plan Summer de 1988 y, por último, el Plan Collor de 1990. Durante este período tanto las tasas de inflación como el crecimiento del PIB registraron amplias oscilaciones y, desde 1987, la hiperinflación ha representado una amenaza persistente.
La coyuntura económica adversa, caracterizada por una profunda recesión durante gran parte del decenio de 1980, así como por la inestabilidad institucional y política y los esfuerzos denodados para restablecer el equilibrio macroeconómico a nivel interno y externo, afectó fuertemente al sector agropecuario. Por consiguiente, el crecimiento de este sector se aminoró, pasando de una tasa media anual del 3,4 por ciento durante el decenio de 1970 a un 2,4 por ciento en 1981-90. La producción de alimentos per cápita apenas se incrementó durante este último período, mientras que las importaciones de alimentos registraron un fuerte aumento. Las exportaciones agropecuarias se estabilizaron, en acusado contraste con los resultados sostenidos de períodos anteriores. Sin embargo, en el contexto de las importantes dificultades económicas con que se enfrentó Brasil durante el último decenio, los resultados globales del sector agropecuario fueron considerados notables por casi todos los analistas. La fuerte recuperación conseguida en 1991-94 confirma el dinamismo del sector.
Panorama general de los programas de estabilización y ajuste aplicados desde el decenio de 1980
De 1980 a 1994 hubo numerosas iniciativas para lograr la estabilización e introducir una reforma estructural. La principal preocupación de la política macroeconómica fue hacer frente al déficit cada vez mayor -y, a partir de 1982, insostenible- de la cuenta de transacciones externas mediante los clásicos programas de estabilización propugnados por el FMI.
Cuando se equilibró la balanza por cuenta corriente, la economía brasileña inició su recesión más profunda, acompañada de unas tasas de inflación que aumentaron desde un 100 por ciento anual en 1981/82 a un 230 por ciento en 1983/84.
A partir de 1985, después de haber superado la fase más crítica de restablecimiento del equilibrio de la balanza externa, la política económica se orientó más bien a controlar la inflación mediante una serie de programas heterodoxos de estabilización. La experiencia más importante al respecto durante este período fue el Plan Cruzado, que entró en vigor en febrero de 1986 en un momento en que la inflación mensual había llegado al 28 por ciento. Se introdujo una reforma monetaria, unida a una congelación de todos los precios, salarios y tipos de cambio. Se eliminaron los mecanismos oficiales de indización de los precios. En un intento por estimular la recuperación económica, se suavizaron las restricciones crediticias y se canalizaron recursos abundantes y baratos hacia el sector agropecuario en particular. Sin embargo, la inflación se aceleró hasta el 26 por ciento en junio de 1987, lo que puso de manifiesto la incoherencia de la combinación de congelaciones de precios con políticas monetarias y fiscales expansionistas.
A continuación se aplicó el Plan Bresser, que conjugaba medidas heterodoxas (congelación de salarios y precios) con una devaluación y una política monetaria restrictiva. La confianza en el Plan se debilitó muy pronto, ya que el Gobierno fue incapaz de llegar a un acuerdo satisfactorio con los acreedores extranjeros para aliviar la deuda, de reducir el déficit público y de aplicar la reforma fiscal.
En 1989, el Gobierno introdujo otro plan de estabilización -el Plan Summer- basado en la congelación de los precios y salarios, un tipo de cambio nominal fijo y una política monetaria estricta. Sin embargo, los efectos estabilizadores de este plan duraron sólo un mes. El Gobierno perdió el control del gasto público y pasó a depender por entero de los títulos del Estado a corto plazo, sumamente rentables, para financiar su déficit e impedir la hiperinflación.
En marzo de 1990, el Plan Collor, más radical, introdujo una restricción de liquidez sin precedentes mediante una congelación general de los activos bancarios, seguida poco después de una congelación de los precios. Al mismo tiempo se puso en marcha un programa de reforma estructural que incluía la privatización de empresas del sector público, una reforma administrativa, la liberalización del comercio y la desreglamentación interna. La sustitución de la paridad móvil de los tipos de cambios por una paridad flotante, en la que influyeron las operaciones del banco central, revistió especial importancia.
Pese a la restricción de la liquidez, que paralizó prácticamente la economía, los precios subieron y a finales de 1990 la inflación mensual había llegado al 20 por ciento. En enero de 1991 se introdujo una nueva fase del plan, denominada Collor II. Esta fase incluía una nueva ronda de medidas de congelación de precios y desindización, así como una nueva política monetaria restrictiva47, pero fue abandonada pronto en favor de un planteamiento orientado al mercado. Se aplicaron medidas más severas de reforma fiscal y privatización para hacer frente a la causa principal de la inflación: el déficit público. Otras medidas de lucha contra la inflación fueron la liberalización del comercio y una política monetaria aún más restrictiva48.
El Gobierno que entró en funciones en agosto de 1992 acentuó la orientación hacia el mercado. En febrero de 1994 se anunció un nuevo programa de ajuste -el Plan Real-, con una característica notable: a diferencia de planes anteriores, no contemplaba ninguna congelación de los precios. El Plan Real se aplicó en fases sucesivas: restablecimiento del equilibrio en los presupuestos del Estado mediante una reforma fiscal, creación de un valor unitario de referencia para los salarios, contratos y precios y, por último, introducción de una nueva moneda (el real) que entró en vigor el 1° de julio de 1994. Aunque no está legalmente vinculado al dólar EE.UU., el valor unitario de referencia ha seguido las variaciones del dólar desde su introducción.
Es demasiado pronto para evaluar la eficacia y viabilidad del Plan, pero las previsiones actuales son en general optimistas. Es de prever que el Plan contribuirá a consolidar las mejoras macroeconómicas conseguidas en los últimos meses. Aunque el Gobierno no pudo conseguir la aprobación de la reforma fiscal en su totalidad, se prevé que el déficit fiscal se reducirá a cero en 1994. Al mismo tiempo la deuda pública se redujo al 10 por ciento del PIB, las reservas de divisas aumentaron hasta la cifra sin precedentes de 40 000 millones de dólares, y la deuda externa se renegoció en condiciones relativamente favorables y se redujo al 15 por ciento del PIB. A pesar de la fuerte inflación, Brasil atrajo una vez más al capital internacional. En general, se prevé que la apertura de la economía permitirá superar los estrangulamientos en el suministro y contribuirá a la estabilidad de los precios. Por último, la cosecha extraordinaria de cereales prevista para 1993/94 ayudará a normalizar el suministro de alimentos.
La apreciación de la moneda nacional (estimada en un 15-20 por ciento desde principios del decenio de 1990) está contrarrestando las recientes mejoras de la competitividad de las exportaciones, conseguidas mediante el aumento de la productividad y la liberalización del comercio. No obstante, existe todavía un amplio margen para mejorar la situación mediante nuevos aumentos de la productividad y desgravaciones fiscales.
Se prevé que el Plan tendrá efectos positivos sobre el sector agropecuario en la medida en que la débil demanda interna -factor que limita considerablemente el crecimiento sostenido del sector- se reactive con el descenso de la inflación. Además, se prevé que la liberalización del mercado y la reducción de la inflación crearán condiciones más favorables para las inversiones agropecuarias y para la asignación de los recursos.
Función y resultados del sector agropecuario brasileño
Aunque el sector agropecuario aporta sólo el 10 por ciento del PIB, es un elemento fundamental de la economía. Además de su función tradicional como fuente de ingresos, empleo y divisas, este sector tiene también vínculos importantes con las industrias proveedoras y transformadoras, ha servido como válvula de escape de las presiones sociales durante los períodos de crisis y ha desempeñado una función anticíclica positiva desde el decenio de 1950. Aproximadamente el 27 por ciento de la mano de obra trabaja en el sector agropecuario y cerca del 30 por ciento de la población vive todavía en zonas rurales.
La crisis económica de principios del decenio de 1980 afectó de diferentes modos a los productos agropecuarios. La producción pecuaria aumentó en un 6,3 por ciento, pero la agrícola se redujo en un 5,1 por ciento en 1981-83. La producción para el mercado interno descendió o se estabilizó, mientras que la producción de algodón, cacao, café, jugo de naranja y caña de azúcar creció considerablemente. Esta preferencia por los productos comerciables obedeció sobre todo a la incentivación de los precios resultante de la devaluación de la moneda a principios del decenio de 1980.
En el período comprendido entre 1984 y 1989, el sector agropecuario registró una fuerte expansión gracias a las ayudas del Gobierno, a cierta recuperación económica y a la mejora de los mercados internacionales para ciertos productos brasileños. Prosiguió el crecimiento de los productos de exportación, aunque a un ritmo más lento debido en parte a la apreciación de la moneda. En cambio, la producción de alimentos básicos, en especial arroz, maíz y papas, se aceleró. La producción de trigo fue la que registró una expansión más rápida durante este período (12,6 por ciento anual).
Este crecimiento general se interrumpió bruscamente en 1990-91. La producción agrícola disminuyó un 3,7 por ciento en 1990 (reduciéndose algunos cultivos hasta un 10 por ciento) y no se recuperó en 1991. Las malas condiciones meteorológicas contribuyeron a este resultado, pero el déficit se debió también al deterioro económico registrado a finales de 1989 y a los efectos negativos del Plan Collor adoptado en marzo de 1990. La producción de arroz, frijoles, maíz, algodón y caña de azúcar se recuperó en 1991. Sin embargo, esta recuperación fue contrarrestada en gran medida por un fuerte descenso de la producción de soja (que pasó de 19,8 millones de toneladas en 1990 a 14,9 millones en 1991), causado por la escasez de créditos y las previsiones pesimistas respecto del mercado. Tras la breve crisis de 1990-91, el sector agropecuario reanudó su crecimiento: en 1992 la producción pecuaria aumentó un 5,3 por ciento y la agrícola un 6,5 por ciento. La producción de maíz se incrementó en un 29 por ciento, hasta alcanzar un volumen sin precedentes de 30,5 millones de toneladas, mientras que la de soja se recuperó ligeramente. La mejora de las condiciones del mercado internacional y la renovación de las ayudas públicas redundaron en un fuerte aumento de la producción agropecuaria en 1993, a pesar del descenso espectacular de la producción de algodón y trigo, negativamente afectados por la liberalización del comercio y por una nueva política que concedía menos prioridad a la autosuficiencia agrícola. Las estimaciones oficiales de la cosecha de cereales de 1993/94 indican un volumen nunca alcanzado con anterioridad.
RECUADRO 8 La concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos sigue siendo un problema fundamental del sector agropecuario brasileño. Las pequeñas explotaciones representan aproximadamente el 50 por ciento del total y ocupan el 2,2 por ciento de las tierras agrícolas, mientras que las grandes explotaciones representan el 5 por ciento y ocupan el 69,2 por ciento de todas las tierras. Esta distribución desigual de la tierra, unida a políticas macroeconómicas y sectoriales que han dado un trato discriminatorio a la producción familiar, ha tenido por resultado una agricultura bipolar, a la vez moderna y tradicional. Los sucesivos gobiernos han introducido programas de reforma agraria. Entre 1979 y 1993, unas 325 000 familias recibieron tierras de las autoridades estatales y federales. Entre 1985 y 1991, el gobierno federal por sí solo creó 524 asentamientos para 94 000 familias en una superficie de 4,7 millones de hectáreas. En un estudio reciente, realizado conjuntamente por la FAO y el Ministerio de Agricultura, Suministros y Reforma Agraria del Brasil1, se evalúan los resultados relativamente positivos de los programas de reforma agraria aplicados en Brasil desde 1985. En particular, se llega a la conclusión de que el 90 por ciento de las personas que se beneficiaron de las reformas experimentaron una notable mejora en sus condiciones de vida e ingresos. Sus ingresos familiares medios, equivalentes a 3,7 veces el salario mínimo, fueron análogos al promedio nacional, de 3,82 veces el salario mínimo. A pesar de estos logros, la presión social ejercida por los campesinos sin tierras ha aumentado en los últimos años. Unas 20 000 familias sin tierras están acampadas en condiciones precarias a lo largo de las carreteras y la ocupación ilegal de tierras se ha intensificado considerablemente. Estos problemas impulsaron al Gobierno a introducir en marzo de 1993 un programa urgente de reforma agraria con objetivos ambiciosos: proporcionar apoyo financiero, a través de un programa especial de crédito para la reforma agraria, a unos 100 000 pequeños productores que habían recibido tierras desde 1986, y asentar a 120 000 familias en 5 millones de hectáreas entre 1993 y 1994. A diferencia de planes anteriores, cuya finalidad era reformar las grandes unidades agrícolas, este programa de urgencia consolida la propiedad familiar. De acuerdo con este planteamiento, la reforma se llevará a cabo en zonas que se enfrentan con problemas de pobreza o tensión social utilizando tierras estatales o no ocupadas. A pesar de los graves problemas financieros e institucionales, se han alcanzado los objetivos establecidos para 1993 y se han creado asentamientos para 20 000 familias. 1 Ministerio de Agricultura, Suministros y Reforma Agraria e Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Programa Emergencial de Reforma Agrária. 1993. Brasilia. |
Las exportaciones agropecuarias han oscilado, pero en general han registrado un estancamiento que ha dado lugar a un descenso acusado de la parte correspondiente al sector en las exportaciones totales (del 45 por ciento en 1980 al 39 por ciento en 1985 y al 28 por ciento en 1993). No obstante, las exportaciones agropecuarias de Brasil (10 400 millones en 1993) siguen representando más del 5 por ciento del total mundial.
El estancamiento de las exportaciones se debió en parte a las políticas oficiales que colocaron en desventaja a las exportaciones de productos agropecuarios no elaborados. Pero a nivel internacional los mercados se mantuvieron en general inactivos y los precios bajos, especialmente en lo que respecta a los productos tropicales de los que Brasil ha sido tradicionalmente un productor importante. El descenso de los precios anuló los esfuerzos por incrementar los ingresos de exportación ampliando el volumen de las exportaciones agropecuarias. No obstante, el sector mostró flexibilidad para adecuar las modalidades de producción a las condiciones del mercado. En particular, en el decenio de 1980 se registró una expansión notable de las exportaciones de productos agropecuarios elaborados y no tradicionales que compensó en gran medida la disminución de las exportaciones tradicionales.
Los productos agropecuarios habían sido un rubro de importación poco importante hasta 1988, año en que las importaciones de alimentos se incrementaron fuertemente (alcanzando un punto máximo de 3 100 millones de dólares en 1991, aunque en 1993 bajaron a 2 100 millones). Este incremento se debió a un cambio en la composición de la producción interna, donde los productos alimentarios básicos se sacrificaron en beneficio de los productos comerciables, y a la liberalización del comercio, especialmente de trigo, al que las limitaciones naturales y climáticas imponen un grado elevado de dependencia externa.
Aunque los resultados del sector agropecuario han sido favorables, no se han traducido en beneficios correspondientes para las explotaciones agrícolas. Los precios agrícolas y los ingresos de los agricultores no han seguido el mismo ritmo que la inflación general y han sido inferiores a los precios e ingresos de otros sectores. Los precios nominales al productor, ajustados según el índice de los precios de consumo, señalan un descenso de los precios reales, especialmente a partir de 1986. En general, a principios del decenio de 1990 los precios agrícolas reales se habían reducido a la mitad de su nivel de diez años antes49. Más recientemente, los precios reales registraron cierta recuperación, pero su mantenimiento dependerá sobre todo del éxito del Plan Real. Asimismo, hubo una clara relación inversa entre las tasas de inflación y los términos de intercambio entre agricultura e industria a partir de 198650.
Un estudio51, en el que se comparaba la evolución de los precios agrícolas e industriales desde 1970, reveló que: i) los precios agrícolas al por mayor habían disminuido, mientras que los precios industriales habían aumentado; ii) los precios al productor de los bienes agrícolas destinados tanto al mercado interno como a la exportación habían bajado; iii) los precios agrícolas eran más inestables que los precios industriales, tanto al por mayor como al productor; y iv) la inestabilidad de los precios agrícolas, tanto al por mayor como al productor, se había acentuado a finales del decenio de 1980, lo que indicaba un aumento de la incertidumbre y del riesgo. En otro estudio reciente52 se llegaba a la conclusión de que los ingresos brutos derivados de los 20 cultivos principales del Brasil habían disminuido constantemente desde finales del decenio de 1980, con excepción de los años 1988 y 1991.
Todos esos estudios coincidían en que los efectos negativos de un mercado inactivo e inestable, una coyuntura macroeconómica desfavorable y las consecuencias de las medidas de estabilización habían anulado los aumentos de la productividad y los beneficios derivados de la reducción de los precios reales de los fertilizantes, productos agroquímicos y combustibles.
Políticas sectoriales en el contexto del ajuste macroeconómico
Hasta la crisis de la deuda a principios de los años ochenta, las políticas macroeconómicas del Brasil se habían orientado primordialmente hacia un crecimiento rápido encabezado por la industria. Posteriormente, los encargados de formular estas políticas se vieron obligados a cambiar el signo de sus prioridades en favor de la estabilización macroeconómica. Las limitaciones financieras relacionadas con la deuda se sumaron al deterioro del entorno económico nacional e internacional para modificar los objetivos e instrumentos de las políticas sectoriales y generales. Las políticas sectoriales, que en el decenio de 1970 habían promovido la modernización del sector agropecuario utilizando transferencias financieras aparentemente ilimitadas, quedaron subordinadas a los objetivos macroeconómicos.
En el nuevo contexto, las políticas agropecuarias pasaron a orientarse menos hacia el desarrollo para responder de modo más concreto a las preocupaciones sectoriales o relacionadas con la estabilización a corto plazo. Antes de 1987, el Gobierno intervenía con frecuencia en los mercados agrícolas utilizando instrumentos específicos para cada sector o a través de la política comercial. A pesar de la escasez de recursos y de otras limitaciones asociadas con las condiciones fiscales y monetarias restrictivas, las políticas agrícolas intentaron establecer un equilibrio entre objetivos sectoriales como el aumento de la producción alimentaria y objetivos macroeconómicos, en especial la generación de ingresos de exportación y la estabilización de los precios. Los objetivos relacionados con la estabilización y el carácter especial de las intervenciones causaron ineficiencias y perturbaciones. No obstante, hasta la campaña agrícola de 1987/88 las políticas de sostenimiento ayudaron de hecho a los agricultores a superar los efectos de unas condiciones macroeconómicas y un mercado desfavorables.
En 1988-1991, se hicieron esfuerzos para desreglamentar y liberalizar primero los mercados agrícolas internos y, a partir de 1990, el comercio exterior. Se desactivaron ciertos mecanismos de intervención en los mercados (para el café, trigo, cacao y caña de azúcar) y aunque se siguieron aplicando disposiciones relativas a los precios mínimos, éstas resultaron ineficaces.
La coyuntura macroeconómica desfavorable, unida a las medidas de liberalización que tenían como finalidad la estabilización en breve plazo, dio lugar a un descenso de la producción agrícola, que se estabilizó en 1990-1991. A partir de 1991, el Gobierno prosiguió la estrategia de liberalización adoptada en 1990, pero también reactivó en parte los instrumentos de política sectorial para hacer frente a la crisis agrícola y a sus efectos negativos sobre la estabilización.
Crédito rural. Antes de la crisis de principios de los años ochenta, el Gobierno subvencionaba fuertemente el crédito rural, que era el principal instrumento utilizado para promover la modernización agrícola y potenciar las industrias de equipo, insumos agrícolas y elaboración. A partir de entonces, la oferta de crédito rural disminuyó espectacularmente, pasando de 26 800
millones de dólares en 1979 a 6 100 millones en 1991 y a unos 8 000 millones tanto en 1992 como en 1993. Los préstamos oficiales siguen representando el grueso de los empréstitos agrícolas (más del 82 por ciento en 1992).
No sólo se redujo fuertemente la oferta de crédito rural, sino que además las condiciones y reglamentaciones de los préstamos se hicieron más restrictivas y se ajustaron prácticamente cada año durante el período comprendido entre 1980 y 1993. Dentro de los márgenes que permitían las limitaciones presupuestarias, con las políticas crediticias se intentó compensar a los agricultores por los efectos negativos de las políticas macroeconómicas y orientar las decisiones en materia de producción de modo que se tuvieran en cuenta las necesidades del mercado a corto plazo.
La reducción de las subvenciones del crédito rural ha sido un objetivo de todas las políticas aplicadas desde principios del decenio de 1980. En 1981, los tipos de interés del crédito rural sólo se indizaron en parte para compensar la inflación53, pero cuando la inflación se aceleró los tipos de interés reales adquirieron un carácter progresivamente negativo. Exceptuando breves períodos, esto no ha sucedido de nuevo desde 1984, año en que el crédito rural se indizó plenamente con arreglo a la inflación general. Aunque los tipos de interés aplicados al crédito rural han ido aumentando progresivamente, han seguido siendo considerablemente inferiores a los de la banca comercial.
De 1984 a 1987, los tipos de interés reales preferenciales oscilaron entre el 3 y el 7 por ciento, dependiendo del cultivo, la región y el tamaño de la explotación agrícola. Los pequeños productores de productos básicos disfrutaron de condiciones mejores que los grandes productores, financiando habitualmente el Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) el 100 por ciento de sus costos de producción. A raíz de la entrada en vigor del Plan Summer en enero de 1988, los tipos de interés reales se elevaron al 12 por ciento anual y en 1990/91 alcanzaron un máximo histórico del 18 por ciento, en el momento de la fuerte restricción de liquidez impuesta por el Plan Collor. Dos años consecutivos de recesión sectorial y perspectivas desfavorables para la campaña de 1991/92 indujeron al Gobierno a anunciar en octubre de 1991 un conjunto de medidas agrícolas de urgencia para estimular la recuperación, entre las que figuraban la reducción de los tipos de interés reales al 12 y 9 por ciento para los grandes y pequeños productores respectivamente54. Estos tipos seguían vigentes durante la campaña agrícola de 1993/94.
A pesar de las medidas introducidas por el Gobierno para evitarlo, prosiguió la concentración excesiva de crédito en las grandes explotaciones agrícolas, los cuales fueron las principales beneficiarias de los fondos del SNCR a tipos de interés preferenciales. En 1990, el 27 por ciento de los recursos del SNCR se destinó a pequeños productores, el 18,7 por ciento a medianos agricultores y el 33,6 por ciento a grandes agricultores.
Un estudio que abarca el período 1987-1992 indica que, en el caso de siete de los diez cultivos examinados, los precios al productor fueron inferiores a las tasas generales de inflación pero se incrementaron más de prisa que los costos del crédito rural55. Este interesante resultado ha de interpretarse con precaución, ya que la corrección monetaria es automática y diaria, pero los precios al productor están vinculados a las oscilaciones del mercado. De hecho, los costos financieros de los préstamos recibidos pueden ser mucho mayores que los ingresos obtenidos de la venta de las cosechas, ya que la inflación y los precios agrícolas no están directamente relacionados entre sí.
En 1993, el 12 por ciento de los agricultores que habían recibido préstamos estaban atrasados en los pagos, frente a un promedio del 2,5 por ciento en 1981-88. Este notable incremento parece indicar el inicio de un grave problema financiero que podría representar un serio obstáculo para el crecimiento agrícola en los próximos años. Entre 1986 y 1988, la condonación de la deuda costó al Banco do Brazil unos 455 millones de dólares. Pese a ello, un informe reciente del Banco do Brazil indicaba que 51 000 productores tenían pagos atrasados por un valor de 615 millones de dólares; el 10 por ciento de las sumas atrasadas de 1993 habían sido ya anuladas por el Banco en 1994. El 85 por ciento de los morosos eran grandes productores, el 8 por ciento pequeños productores y el 1 por ciento productores minúsculos. El informe restaba importancia al papel desempeñado por la desviación del crédito hacia otros usos en el incremento de los atrasos y culpaba en cambio al contexto macroeconómico inestable, a la pérdida de competitividad, especialmente de la producción de trigo y algodón, a la baja de los precios agrícolas y a la reducción del consumo interno.
Desde 1986, el Gobierno está buscando nuevas fuentes de financiación no inflacionarias e impulsando la participación del sector privado en la financiación agrícola. Hay que señalar en especial el éxito de la cuenta de ahorro denominada «Caderneta Verde», que en 1993 representó casi la mitad de todos los préstamos rurales. Sin embargo, estos esfuerzos no han bastado para contrarrestar la reducción general del crédito rural. Desde 1990, los productores se han beneficiado del Fondo Constitucional para el Desarrollo Regional, que facilita préstamos a largo plazo para la inversión a tipos de interés preferenciales, y de la inclusión de la agricultura en el programa FINAME, ejecutado por el Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES).
Para reducir la incertidumbre resultante de la inflación elevada, los agricultores brasileños presionaron al Gobierno para que aplicara el concepto de «equivalencia del producto», que se había introducido en el proyecto de ley agrícola 1990, pero que no había entrado nunca en vigor. El concepto significa que la institución de crédito basa el valor del préstamo en el valor del producto. Por ejemplo, si un productor de frijoles recibe en préstamo fondos equivalentes a 100 sacos de frijoles, deberá reembolsar el valor corriente de 100 sacos más los intereses. Este sistema protege a los agricultores, pero exige que el Gobierno subvencione la diferencia entre el valor del producto en el mercado y el costo financiero real del préstamo. Esta diferencia puede ser alta en años de cosechas abundantes y precios en descenso. No obstante, para 1993/94 el Gobierno ha convenido en introducir préstamos basados en la equivalencia del producto para seis cultivos (algodón, yuca, arroz, frijoles, maíz y trigo) hasta un límite de unos 200 000 dólares. El sector ha respondido con entusiasmo, sobre todo teniendo en cuenta que las perspectivas apuntan hacia una cosecha de cereales sin precedentes.
Crédito, inversión y resultados agrícolas. Las modificaciones del volumen y de las condiciones del crédito rural afectaron negativamente a las inversiones agropecuarias. Sin embargo, es difícil evaluar la cuantía del descenso de esas inversiones y los efectos finales sobre el crecimiento agrícola. Los datos disponibles indican una reducción de las compras de tractores y otros tipos de equipo, una aminoración del proceso de bonificación de tierras en la dinámica frontera centro-occidental, una reducción del consumo de fertilizantes y una disminución de las inversiones en mejora y conservación de suelos. No obstante, contrariamente a los pronósticos de los analistas, la caída de las inversiones y del crédito subvencionado en el decenio de 1980 no menoscabó al parecer el rendimiento agrícola. Hay varios factores que podrían explicar esto. Antes de la crisis, se había desviado una parte considerable del crédito rural subvencionado hacia fines no agrícolas; por tanto, tal vez la reducción del crédito afectó a la agricultura menos gravemente de lo que indican los datos disponibles. Otra explicación posible es que, dado el acceso reducido al crédito y los riesgos de contraer préstamos indizados en períodos de inflación elevada e inconstante, muchos grandes y medianos productores incrementaron su autofinanciación, consolidando de este modo la inversión y el crecimiento.
Programa de precios mínimos. Desde principios del decenio de 1980, los precios mínimos han reemplazado gradualmente al crédito rural como principal instrumento para estimular el crecimiento sectorial y orientar la producción hacia los cultivos prioritarios, en especial productos alimenticios básicos. Los precios mínimos han influido notablemente en el volumen y la composición de los cultivos.
Hasta principios del decenio de 1980, el programa de precios mínimos apenas afectó a las decisiones de los productores, ya que dichos precios solían ser considerablemente más bajos que los del mercado. Los precios mínimos se fijaban habitualmente antes de la campaña de plantación, teniendo en cuenta las previsiones del Gobierno acerca de la inflación futura. Sin embargo, la inflación efectiva superaba siempre las previsiones, y durante la campaña de recolección había una gran incertidumbre en cuanto al valor real de los precios mínimos.
En 1981, el Gobierno sustituyó el precio mínimo fijo por un precio base indizado en función de la inflación. Durante las campañas agrícolas de 1983/84 y 1984/85, los precios mínimos se elevaron para compensar la reducción del crédito rural oficial y las pérdidas originadas por la devaluación real. Los agricultores respondieron positivamente ampliando la producción agrícola (en un 8,5 y un 13,1 por ciento en 1984 y 1985 respectivamente) y modificando la composición de la producción. De hecho, fueron los cultivos fomentados por el programa como el arroz, el maíz, el algodón, los frijoles y la soja, los que encabezaron inicialmente la recuperación de la crisis de 1981-1983.
La determinación de los precios mínimos se rigió hasta cierto punto por criterios técnicos objetivos, en la medida en que según las previsiones generales debían cubrir costos de producción variables. En la práctica, la determinación de los precios obedeció sobre todo a razones políticas, ya que las necesidades de los agricultores tendieron a supeditarse a las preocupaciones del erario público. Esto dio lugar a amplias oscilaciones de los precios mínimos durante el decenio, aunque de hecho se registraron dos tendencias principales: un incremento general de 1981 a 1986 y un pronunciado descenso a partir de 1987. En 1990/91 los precios mínimos de todos los productos descendieron a un mínimo histórico56.
A raíz de la insuficiencia de las cosechas en 1990/1991, el Gobierno decidió reactivar el programa de precios mínimos con carácter selectivo, orientándolo hacia un número menor de cultivos (arroz, maíz y frijoles) y hacia los pequeños y medianos productores. En 1993, el programa se amplió a otros cultivos y a la totalidad de los productores. Desde 1992, el Gobierno ha fijado precios mínimos de apoyo más atractivos para los productos alimenticios básicos, pero ha procedido con mucha lentitud a comprar los productos a estos precios de apoyo. Ello ha creado fricciones entre el Gobierno y la asociación de agricultores, que es uno de los grupos de presión más fuertes del país.
Se puede evaluar de modo aproximado la importancia del programa considerando el grado de utilización por los productores de dos instrumentos: los préstamos del gobierno federal para almacenamiento y las compras del gobierno federal. En 1980-87, casi el 80 por ciento de la producción de algodón fue comprado por el Gobierno al precio mínimo garantizado o almacenado gracias a préstamos. En lo que respecta al arroz, en 1985-88 el programa se aplicó al 50 por ciento aproximadamente de la producción. En algunos años, el maíz, la soja y los frijoles participaron también ampliamente en este programa.
En 1981-88, en el marco del programa de precios mínimos la producción cerealera aumentó rápidamente en las fronteras centro-occidental (10,8 por ciento) y septentrional (7,3 por ciento), y una parte considerable de la producción se benefició de este programa, que fijaba precios mínimos garantizados sin tener en cuenta la distancia desde la explotación agrícola al mercado y los gastos de transporte conexos.
El programa tuvo una gran importancia en los mercados agrícolas hasta la campaña de 1987/88 en que perdió eficacia y credibilidad. A pesar de sus inconvenientes, los precios mínimos garantizados y ajustados a la inflación proporcionaron efectivamente a los productores cierta protección contra las oscilaciones de los precios. También facilitaron señales básicas para la asignación de recursos que el mercado fue incapaz de proporcionar en el contexto económico sumamente inestable del decenio de 1980.
Intervención del Gobierno en la comercialización
Tradicionalmente el Gobierno brasileño ha participado de modo amplio en todas las actividades relacionadas con la compra, transporte, distribución y comercio exterior de productos agrícolas, pero los inconvenientes de una intervención de este tipo se pusieron cada vez más de manifiesto durante el decenio crítico de 1980. Especialmente a partir de 1986, en lugar de ofrecer garantías en relación con el mercado y los precios, las políticas oficiales se convirtieron en una nueva fuente de incertidumbre que afectó no sólo a los beneficiarios más directos de esas políticas -productores y consumidores- sino también a toda la cadena de comercialización.
La situación desfavorable de la economía y del mercado limitó también la acumulación de existencias de cereales en el sector privado. Los mercados inactivos, la inflación alta e imprevisible, la política monetaria restrictiva, la escasez de crédito para la comercialización y la elevada rentabilidad de los títulos del Estado y otros activos financieros a corto plazo contribuyeron a que mermase la acumulación de existencias de cereales. En esas condiciones, el Gobierno se convirtió en el principal comprador de cereales, especialmente en las zonas fronterizas.
Como resultado de ello, el Gobierno acumuló amplias existencias de cereales, utilizadas sobre todo para regular el precio de los alimentos. Sin embargo, la gestión de las existencias por parte del sector público fue ineficiente y no favoreció el equilibrio del mercado. La carga financiera del mantenimiento de existencias se vio incrementada por los costos del transporte desde las zonas fronterizas y las ventas a precios subvencionados. De hecho, en 1985-88 la intervención en el mercado representó como promedio el 80 por ciento del gasto público total en el sector agropecuario. Hubo también dispendios importantes debidos tanto a problemas de almacenamiento como a la insuficiente capacidad de manipulación y control del sector público57. El Gobierno empezó a retirarse de los mercados agrícolas a partir de 1987, año en que no pudo seguir haciendo frente a sus compromisos de compra al precio mínimo y manteniendo el programa de precios mínimos. En un intento por disciplinar y liberalizar los mercados agropecuarios, fomentar la participación del sector privado en el mantenimiento de existencias de cereales y reducir los gastos, el Gobierno elaboró e introdujo en 1988 unas «normas de intervención». En virtud de estas normas, las compras del sector público sólo tendrían lugar cuando los precios del mercado agrícola excedieran de los precios de intervención (máximos) durante 15 días consecutivos. Además, los productos comprados sólo podrían venderse en el mercado a precios rentables que cubrieran los gastos de almacenamiento. Inicialmente, estas normas de liberalización se limitaron al arroz, maíz, algodón, soja y frijoles, pero más adelante se ampliaron a la carne de vacuno y al trigo. El proyecto de ley agrícola de 1991 siguió haciendo hincapié en la función del Gobierno para garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad de los precios, pero su finalidad principal era claramente librar a los mercados agrícola de la intervención estatal.
Entre las medidas de desreglamentación del mercado se incluyeron el desmantelamiento en 1991 del monopolio de las importaciones de trigo por parte del Gobierno, que había durado 30 años, así como la liberalización de la industria elaboradora, anteriormente dominada por un grupo reducido de personas a través de un sistema de cupos administrado por el Gobierno. También se disolvieron el Instituto del Azúcar y del Alcohol y el Instituto Brasileño del Café. Aunque el Gobierno siguió regulando el comercio del azúcar y la producción de alcohol, la industria del café fue desreglamentada por completo.
Políticas en materia de divisas y mercados agropecuarios
Las políticas en materia de divisas y comercio desempeñaron una función contradictoria en la determinación tanto de los precios agrícolas reales como del volumen y modalidades de la producción agrícola.
Durante casi todo el decenio de 1980, Brasil aplicó una política de minidevaluaciones periódicas, acompañadas de cierto número de devaluaciones oficiales de la moneda. Estas medidas originaron oscilaciones pronunciadas en el tipo de cambio real, pero hasta mediados del decenio de 1980 mantuvieron en general la paridad adquisitiva frente a las monedas de los países industrializados. Sin embargo, el tipo de cambio real se apreció notablemente a partir de 1985. Aunque esta tendencia se ha aminorado en los últimos años, casi todas las estimaciones seguían indicando en 1993 una sobrevaloración de la moneda del orden del 15 al 20 por ciento.
La depreciación de la moneda a principios del decenio de 1980 dio lugar a resultados contrapuestos. Las devaluaciones reales redujeron los efectos negativos del descenso de los precios de las exportaciones agrícolas y las minidevaluaciones redujeron la inestabilidad monetaria. Pero los productores para el mercado interno, ya perjudicados por el estancamiento de la demanda, pagaron más por los componentes importados de los medios necesarios para la producción. Al mismo tiempo, las oportunidades para sustituir importaciones de que disponían los productores internos quedaron anuladas en gran medida por las decisiones del Gobierno de importar alimentos en determinados casos y las intervenciones en materia de precios.
La fuerte apreciación del tipo de cambio a partir de 1985 tuvo efectos contrarios: disminuyó la competitividad de los cultivos comerciables, de modo que, si bien el crecimiento de la producción de estos cultivos siguió siendo en general notable, el sector de las ventas de exportación se resintió durante muchos años. Este problema se agudizó de modo particular en 1990 y 1991, cuando el tipo de cambio indizado en función de la inflación fue reemplazado por un tipo de cambio con una flotación dirigida. Durante ese período, los productores de bienes comerciables se vieron expuestos al riesgo de tipos de cambio imprevisibles sin tener la posibilidad de protegerse contra los mismos. Esta fue una de las causas principales de la catastrófica reducción de la producción agrícola en 1990-1991. Desde 1992, las intervenciones del banco central en los mercados de divisas han tratado con éxito de establecer objetivos monetarios compatibles con la estabilidad de los tipos reales de campo.
Políticas comerciales. Mediante las políticas comerciales del Brasil se ha prestado tradicionalmente gran atención a las medidas para apoyar la industria local, incluida la de elaboración de productos agropecuarios, asegurar un suministro suficiente de alimentos y productos agrícolas al mercado interno, e incrementar y diversificar las exportaciones. Con este fin el Gobierno ha puesto en marcha una amplia variedad de instrumentos, entre ellos prohibiciones y restricciones comerciales, obstáculos aduaneros, concesión de licencias de exportación e importación y subvención de las exportaciones. Estas medidas fueron aplicadas hasta principios del decenio de 1980 y, aunque es difícil determinar sus efectos netos, casi todas las evaluaciones indican que fueron perjudiciales para el sector agropecuario.
En el curso del decenio de 1980, las políticas comerciales fueron formuladas de nuevo teniendo en cuenta la necesidad de una estabilización en breve plazo. Esta nueva orientación significó un abandono aún mayor del sector agropecuario y dio a menudo origen a unas señales de mercado confusas y a una actuación incoherente. Por ejemplo, se autorizaron importaciones de alimentos en períodos en que el mercado interno era incapaz de absorber incluso la oferta interna, y se impusieron incentivos o restricciones a la exportación ignorando los intereses o necesidades de agricultores, industrias y consumidores58.
En 1987, el Gobierno empezó a liberalizar gradualmente las exportaciones agropecuarias. No obstante, sólo en 1990 se introdujo una importante reforma comercial. La finalidad principal de la reforma fue abandonar las restricciones cuantitativas para establecer un sistema arancelario que fuera compatible con los acuerdos del GATT y del MERCOSUR al tiempo que pudiera utilizarse también como medio para reestructurar el sistema productivo y controlar las presiones inflacionarias. La reforma eliminó prácticamente las restricciones comerciales de carácter administrativo y cuantitativo, simplificó los trámites administrativos y eliminó los derechos de exportación. Los aranceles se redujeron considerablemente, desde un 51 por ciento como promedio en 1988 a un 25,3 por ciento en 1991. El proceso de liberalización se ha acelerado en los últimos años: a principios de 1994, las tasas máximas aplicadas a las importaciones agrícolas eran del 10 por ciento, salvo en el caso de la leche y la leche en polvo (20 por ciento) y el arroz (15 por ciento). Los aranceles de importación aplicados a los insumos agropecuarios se redujeron también fuertemente, oscilando entre 0 (casi todos los componentes de los fertilizantes) y un 20 por ciento (equipo agrícola y tractores) en 1993. Los aranceles de las importaciones agropecuarias provenientes de los países miembros del MERCOSUR oscilaron entre 0 y un 5 por ciento. En general, las tasas nominales de protección variaron del -47 por ciento (maíz) al 8,5 por ciento (algodón)59. Es demasiado pronto para evaluar los efectos netos de la liberalización sobre el sector agropecuario. Por una parte, al menos en 1990 y 1991 las importaciones de alimentos agravarán probablemente los problemas con que se enfrentaba la agricultura, especialmente desde el Plan Collor. Por otra parte, los agricultores se beneficiaron de las reducciones arancelarias aplicadas a los insumos y equipos agrícolas, las cuales permitieron al sector aumentar su productividad y compensar en parte los efectos negativos de la sobrevaloración.
Mercados financieros, inflación y agricultura
En un entorno económico y financiero dominado por el riesgo y la incertidumbre, las operaciones en el mercado libre constituyeron un sistema eficaz para disponer de activos líquidos casi instantáneamente. Gracias a un uso cada vez más perfeccionado de este mecanismo, quienes disponían de dinero podían conseguir un alto grado de seguridad y rentabilidad financiera.
El desarrollo de las operaciones en el mercado libre tuvo repercusiones generalizadas para el sector agropecuario a través de sus vinculaciones con la inflación, los mercados financieros y los precios e ingresos agrícolas.
A corto plazo, los precios al productor se han visto afectados notablemente por los cambios en la demanda de acumulación de existencias, en la que a su vez ha influido fuertemente la coyuntura inflacionaria60. Durante los períodos de inflación e incertidumbre elevadas, la tenencia de activos financieros indizados, rentables y sumamente líquidos resulta más atractiva. Por ello, muchos productores optaron por vender a bajo precio parte de sus cosechas inmediatamente después de la recolección, esperando que la inversión del producto de la venta en el mercado financiero les permitiría compensar las ganancias no percibidas. También se redujo la demanda de tenencia de existencias por parte de las industrias elaboradoras y de los tenedores privados.
Los mercados financieros resultaban aún más atractivos si se tenía en cuenta la indización imperfecta de los precios agrícolas. Mientras que los precios industriales se han ajustado de modo casi constante a la inflación tanto pasada como prevista, los precios pagados a los productores agrícolas han tendido a ser inestables e inferiores a otros precios, en especial durante los períodos de recolección. Es por tanto lógico que los productores con excedentes optaran por un mercado financiero prometedor en lugar de enfrentarse a mercados sumamente inestables e inciertos para sus cosechas.
En cierta medida, fue la precaria situación financiera de los agricultores, que les impedía acumular existencias, la que
fomentó su propensión a «liquidar» sus cosechas inmediatamente después de la recolección y lanzarse al mercado de los títulos del Estado. Aunque tal vez esta práctica protegiera a algunos agricultores, hizo bajar los precios agrícolas durante los períodos posteriores a la recolección, cuando la mayoría de los agricultores venden el grueso de sus cosechas. Estos efectos contrapuestos ilustran la situación de crisis y prosperidad simultáneas que se observó en el sector agropecuario brasileño durante el último decenio.
RECUADRO 9 El PIB per cápita de Brasil (unos 2 500 dólares EE.UU. a principios del decenio de 1990) sitúa a este país entre las economías con ingresos medios altos, pero la distribución de la riqueza, de los recursos productivos y del acceso a los servicios sociales está sumamente desequilibrada. Se estima que unos 45 millones de personas, casi un tercio de la población, viven por debajo del nivel de la pobreza absoluta (es decir los ingresos por hogar equivalen a una cuarta parte o menos del salario mínimo legal). La pobreza absoluta, que era antes un problema predominantemente rural, afectó de modo creciente a las ciudades durante el decenio crítico de 1980; en 1988, se estimaba que aproximadamente la mitad de los indigentes vivían en zonas urbanas. Una incidencia tan alta de la pobreza tiene múltiples consecuencias. Cerca del 67 por ciento de la población consume menos del promedio mínimo de 2 400 calorías diarias recomendado por la FAO y la OMS1. La tasa de mortalidad infantil (64 por mil) es la tercera más alta de América Latina y el Caribe, después de las de Honduras y Bolivia. Se estima que el 12 por ciento de la población urbana y el 44 por ciento de la rural no tienen acceso suficiente al agua potable. Se calcula que un 10 por ciento aproximadamente de la población total sufre alguna forma de incapacidad física o mental de carácter temporal o permanente2. Sólo el 59 por ciento de los jóvenes de 10 a 17 años de edad son estudiantes a tiempo completo; el 12 por ciento son trabajadores a tiempo parcial y el 18 por ciento trabajan la jornada completa (más de 40 horas semanales). Unas 500 000 jóvenes (menores de 19 años de edad) son prostitutas. Las condiciones de trabajo, especialmente en el campo, son duras para muchos trabajadores. En 19803, el horario de trabajo del 35 por ciento de los trabajadores rurales era como mínimo de 49 horas semanales; y el salario medio del 60 por ciento de los que trabajaban 40 o más horas era inferior al salario mínimo. Por otra parte, más del 80 por ciento de los trabajadores rurales no tenían contrato de trabajo ni contaban con la protección de la seguridad social. Un signo llamativo de las desigualdades sociogeográficas existentes en Brasil es la diferencia de 11 años en la esperanza de vida media entre la población de la zona nororiental, históricamente deprimida, y la de la zona meridional que registra un mayor dinamismo económico. 1 Se estima que, para el año 2000, se necesitarán unos 120 millones de toneladas de cereales, legumbres y soja al año para cubrir el déficit nutricional, teniendo en cuenta el aumento previsto de la población. Esta cantidad es casi dos veces superior al volumen actual de la producción interna de esos productos. 2 Según la Organización Mundial de la Salud, el 70 por ciento de estas incapacidades podrían evitarse adoptando medidas preventivas o curativas muy sencillas como la vacunación, la asistencia antes y después del parto, la educación sanitaria, etc. 3 Aunque no se dispone de información completa para años más recientes, hay indicios de que las condiciones de trabajo podrían haber empeorado de hecho como consecuencia de la crisis económica de los años ochenta. |
El decenio de 1980 fue en Brasil un período de extraordinaria turbulencia económica y búsqueda afanosa de una combinación apropiada de políticas que produjo a la vez éxitos y fracasos. En general, la tasa de crecimiento fue desalentadora y la tasa de inflación catastrófica. La crisis, y las medidas para afrontarla, afectaron a todos los sectores y actividades económicas. A pesar de ello, la agricultura demostró una capacidad notable para recuperarse en las circunstancias más adversas. Esta capacidad de recuperación se debió en parte a las características estructurales y a la inercia de la agricultura, que la hicieron menos vulnerable que otros sectores a las conmociones de la economía, el mercado y la política, pero también se debió a circunstancias específicas de la agricultura brasileña, como la inmensidad de su territorio y la riqueza de su base de recursos.
Hubo también otros factores igualmente importantes, tales como la política aplicada. Durante casi todo el período - en términos generales hasta 1987- los programas oficiales de apoyo sectorial, a pesar de sus deficiencias e incoherencias, proporcionaron una protección eficaz a los agricultores que tuvieron acceso a ellos. A partir de 1987, la supresión de las ayudas públicas en un contexto de restricciones financieras y pérdida de credibilidad de la política económica dio lugar a un deterioro de la situación agrícola que culminó en la breve crisis de 1990-91. Sin embargo, el sector agropecuario se recuperó posteriormente, gracias a la recuperación tanto del mercado interno como del de exportación, la reducción de los riesgos como consecuencia de los controles de precios y de la intervención del Gobierno en el mercado, y el establecimiento de reglas más claras y creíbles. La renovación de las ayudas públicas también contribuyó a esta mejoría.
Otro factor importante fue la autofinanciación agrícola. El hecho de que, a pesar de la inflación elevada y de las condiciones económicas adversas en el decenio de 1980, los agricultores recurrieran menos a los préstamos y fuesen capaces de autofinanciar sus inversiones y mantener tasas de crecimiento sectorial relativamente dinámicas es un signo de la solidez y potencial de la agricultura brasileña. No obstante, la autofinanciación no habría sido posible sin las garantías mínimas ofrecidas por los programas de apoyo sectorial, en particular los relativos a los precios mínimos, y las oportunidades financieras brindadas por los mercados de títulos del Estado.
Aunque el sector agropecuario ha respondido bien a las ayudas estatales y a las nuevas oportunidades del mercado, su crecimiento ha tropezado también con algunas limitaciones. En primer lugar, no todos los agricultores han podido beneficiarse de las ayudas oficiales o de las oportunidades financieras y del mercado. Asimismo, los beneficios del crecimiento agropecuario no se han repartido por igual entre regiones, cultivos y categorías de productores, y queda todavía mucho por hacer para superar los desequilibrios estructurales que siguen caracterizando al sector rural. En el último decenio, se han agravado las desigualdades ya notables del modelo de distribución de los ingresos y bienes productivos.
La tendencia a la disminución de la autosuficiencia alimentaria puede considerarse anómala teniendo en cuenta la riqueza de los recursos agropecuarios del Brasil y la precaria situación nutricional de amplios sectores de su población.
Aunque cabe afirmar que la importancia concedida a la producción para la exportación puede facilitar también la financiación de las importaciones de alimentos, de un modo tal vez más eficiente en función de los costos, es dudoso que un razonamiento de este tipo pueda aplicarse a un país con las ventajas comparativas del Brasil en lo que respecta a la producción de alimentos, y que los consumidores con bajos ingresos se beneficien a la larga de este proceso.
La capacidad de reacción de los productores a los incentivos de las políticas y del mercado, incluso durante el difícil decenio de 1980, así como la recuperación de la producción agrícola a partir de 1990-1991 resultan alentadoras. Es de prever que el restablecimiento gradual tras la crisis económica y la aparición de un entorno normativo de carácter liberal crearán oportunidades sin precedente para el crecimiento de la agricultura en el futuro. En el nuevo marco orientado hacia el mercado, cabe esperar que las políticas de apoyo sectorial insistirán en la creación, especialmente para los pequeños agricultores, de condiciones básicas para el desarrollo global, como infraestructura, tecnología, extensión y educación, más que en las ayudas directas a corto plazo.
44 El precio del café aumentó un 10,6 por ciento, el del azúcar un 10 por ciento, el de la carne de res un 6 por ciento, el del arroz un 8 por ciento, el del trigo un 8,4 por ciento, y el de la soja un 3 por ciento.
45 Véase El estado mundial de la agricultura y la alimentación, 1993.
46 Se trata de una iniciativa comercial y de inversiones anunciada por los Estados Unidos en 1990, con objeto de promover el comercio regional liberalizado, reducir la deuda oficial y aumentar las inversiones extranjeras en América Latina y el Caribe. Su elemento fundamental fue una propuesta de creación de una zona de libre comercio en el hemisferio occidental. Sin embargo, a excepción de cierto compromiso de reducción de la deuda, no se introdujo ninguna legislación o presupuesto para la aplicación de ninguno de los objetivos de la iniciativa. No obstante, la perspectiva de un mayor acceso al mercado de los Estados Unidos constituyó un signo económico claro en toda la región, y todos los países de América Latina y el Caribe excepto tres firmaron la IEA con los Estados Unidos.
47 A pesar de la pérdida de credibilidad causada por el Plan Collor, la restricción de la liquidez hizo que los mercados de títulos del Estado resultaran de nuevo atractivos e imprimió cierta eficacia a la política monetaria. También contribuyó a reducir notablemente la deuda pública.
48 En cierta medida, el éxito de la política monetaria hizo que no se alcanzara su objetivo principal, a saber la inflación, ya que los tipos de interés muy elevados provocaron una afluencia masiva de capital que resultó difícil de administrar.
49 I. Goldin y G.C. Rezende. 1993. A agricultura brasileira na década de 80: crescimento numa economia en crise. Serie IPEA N° 138. Rio de Janeiro, IPEA.
50 G.C. Rezende. 1992. Do Cruzado ao Plano Collor: os planos de estabilização e a agricultura. Revista de Economia Politica, 12(2): 106-125.
51 C. Contador y L.C.A. Silva Jr. 1992. Inflação, preços relativos e risco na agricultura: algumas notas. Anais do XXX Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, Brasilia, SOBER.
52 B.D. Alburquerque. 1993. Brasil: la política de comercio exterior y el sector agropecuario. En FAO. Políticas de desarrollo de las exportaciones en países seleccionados de América Latina. Documento RLAC/93/09/-COEX-48. Santiago.
53 El valor nominal de los préstamos se indizó con arreglo a un porcentaje determinado de los cambios en el precio de los títulos del Estado (40 por ciento para los pequeños productores y 60 por ciento para los medianos y grandes productores). Además, los tipos de interés se mantuvieron fijos. A partir de 1984, el valor de los préstamos pendientes se ajustó al índice general de precios u otros indicadores financieros.
54 Esta diferencia en la cuantía de los tipos de interés carecía de importancia en el contexto de la elevada inflación.
55 Algodón, arroz, frijoles, naranjas, yuca, maíz y soja; los precios del cacao, el café y el trigo aumentaron menos que los costos financieros (CONAB, Anexo 4, CC 93/341).
56 Si se considera como período de referencia 1981 = 100, los precios mínimos reales de los principales cultivos en 1990 y 1991 fueron, respectivamente: 40 y 47 (algodón); 38 y 43 (arroz); 51 y 60 (frijoles); 57 y 59 (maíz); 42 y 48 (soja).
57 En 1988 el organismo público encargado de manipular las existencias estimó que las pérdidas anuales ascendían al 4 por ciento.
58 Por ejemplo, en 1982/83 una importante reducción de las cosechas coincidió con un fuerte aumento de las exportaciones a expensas de la oferta interna; en 1986, se restringieron las exportaciones de carne de vacuno y aves de corral sin tomar en consideración los contratos a largo plazo entre la industria exportadora y sus clientes tradicionales, especialmente en el Cercano Oriente. Las exportaciones de aves de corral se vieron gravemente perjudicadas y no recuperaron nunca su volumen anterior.
59 Proyecto de supervisión del Banco Mundial (LATAG).
60 Según la teoría de la cartera de valores tradicional, cuanto más alta es la tasa de inflación prevista, más deprisa abandonan los agentes el dinero para optar por activos reales, entre ellos productos agrícolas. Por otra parte, cuanto más alto es el tipo de interés aplicado a los títulos del estado, más desean tenerlos los agentes.
