G. Castilleja
Análisis de los cambios de las políticas forestales en tres países de América Latina, debidos en gran medida a la evolución de la situación de los mercados, a una mayor sensibilización sobre cuestiones del medio ambiente y a la mayor conciencia acerca de los derechos de los propietarios de tierras indígenas.
Guillermo Castilleja es oficial superior de programas del Fondo Mundial para la Naturaleza-EE.UU. (filial del Fondo Mundial para la Naturaleza en los Estados Unidos).
Hasta hace poco, los países de América Latina se caracterizaban por un mercado de productos forestales relativamente cerrado. A pesar de contar con un volumen de existencias que es el doble del de Asia y el Pacífico juntos, en 1980, los países de América Latina exportaron productos forestales por un valor de menos de un quinto de los exportados por Asia y el Pacífico (Banco Mundial, 1992). Sin embargo, hacia mediados del decenio de 1980 el crecimiento de la industria papelera de Chile y Brasil señalaba el potencial inutilizado de la región, con unos índices de crecimiento de las exportaciones de esos países entre 1980-1986 del 10 y el 19 por ciento, respectivamente (Banco Mundial, 1992). Solamente en Chile, las exportaciones forestales casi se han duplicado en los últimos dos años, alcanzando una cifra cercana a los 1 200 millones de dólares EE.UU. en 1992 (Chile Forestal, 1992).
El éxito chileno ha influido marcadamente en países como Colombia, Venezuela y México que, en la actualidad, están fomentando políticas de exportación similares a aquellas a las que se atribuye el auge del sector en Chile. Hay motivos suficientes para ser optimistas acerca de los futuros avances del sector en América Latina, debido no sólo a la expansión del mercado asiático de madera para pasta de fibra larga y corta, en cuya producción la región parece tener una ventaja comparativa (Reed, 1992), sino también a la expectativa de que en los decenios venideros América Latina reemplace a Asia como principal exportador mundial de maderas de frondosas tropicales (Grainger, 1987). Sin embargo, una presión pública a menudo imprevista está obligando a las autoridades competentes a reconocer que su objetivo de fomentar la inversión en el sector debe tener en consideración principios ajenos al valor estrictamente comercial.
Reconocimiento de los principios ambientales
Es de vital importancia el reconocimiento de la existencia de principios ambientales en la ordenación forestal, en particular en zonas con una biodiversidad rica o única y/o en las que la extracción de madera es singularmente arriesgada (Panayotou y Ashton, 1992). Las controversias públicas a este respecto a menudo se centran en el hecho que una zona deba declararse o no vedada para la extracción de madera con fines comerciales. Las instituciones forestales poco acostumbradas a la participación del público, y a menudo preocupadas por las pérdidas financieras que resultan de detraer de la producción ciertas zonas o recursos polémicos, inicialmente respondieron poniéndose a la defensiva. Recientemente, sin embargo, las instituciones forestales de América Latina han iniciado actividades de planificación, en algunos casos fomentadas por el Programa de Acción Forestal Tropical, que establecen categorías forestales tales como zonas de conservación, de protección y de producción comercial. Aunque la declaración de zona protegida no es en sí sinónimo de conservación, de hecho, en Brasil, México, Nicaragua, Colombia y Ecuador ha aumentado considerablemente la superficie de bosques legalmente protegidos de la explotación comercial y de la reconversión.
A pesar de los altos costos del establecimiento de parques y zonas protegidas, esto no ha limitado la presión de los ambientalistas sobre la industria de extracción de madera. La petición de introducir la ordenación forestal sostenible, principio raras veces aplicado en América Latina, representa tal vez un desafío aún mayor (Synnott, 1988). Dejando al margen los aspectos técnicos, el desafío no ha sido tanto promulgar una legislación que exija planes de ordenación forestal como requisito para obtener un permiso de extracción, ya que la nueva legislación forestal aprobada en México, Honduras, Nicaragua y Chile incluye dicho requisito, sino que el mayor desafío para la ordenación forestal sostenible parece ser la exigencia de que las autoridades forestales ejerzan una mayor supervisión, en un momento en que la política oficial consiste en fomentar el crecimiento económico a través de la des reglamentación y la menor intervención del Estado en las actividades comerciales. Además, los incentivos comerciales para la ordenación forestal sostenible todavía no han entrado en vigor en muchos casos, puesto que los mayores costos asociados con la ordenación forestal, por lo general, siguen sin compensarse con un mayor acceso a los mercados.
LA SITUACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS
Otro problema con el que se enfrentan los encargados de formular políticas cuando tratan de fomentar las inversiones en el sector forestal es el de la situación de los territorios indígenas con respecto a la tenencia de los recursos forestales. Más del 80 por ciento de las zonas forestales de América Latina pertenecen al Estado (FAO, 1982), y, en la mayoría de los países, los recursos forestales, estén en tierras privadas o públicas, pertenecen a la nación (Katz, 1975). Por lo tanto, las concesiones madereras otorgadas por el Estado constituyen un medio común mediante el cual los inversores han tenido acceso a una gran extensión de zonas forestales.
Sin embargo, las políticas de otorgamiento de concesiones raras veces reconocen el uso consuetudinario de la tierra y los derechos de propiedad de las poblaciones indígenas que viven en las «tierras públicas». Por ejemplo, en Honduras, mientras que el Estado considera que la mayor parte de las zonas forestales en la Mosquitia hondureña son territorio nacional, un mapa de los territorios indígenas muestra que sólo una pequeña parte de estas zonas no ha sido reclamada (Herlihy y Leake, 1992). Aun así, las comunidades indígenas de la Mosquitia no poseen ninguna documentación legal que garantice sus derechos sobre estos bosques. Esta discrepancia puede ser conflictiva, como ha demostrado la reciente reacción pública contra los intentos del Gobierno hondureño de otorgar concesiones forestales en la Mosquitia a compañías madereras extranjeras. El conflicto entre el acceso legal y consuetudinario a los recursos forestales también se ha planteado en Bolivia, Ecuador y Colombia, y está obligando cada vez más a las autoridades públicas a integrar los derechos de las comunidades indígenas en las políticas forestales nacionales.
El grado en que las cuestiones ambientales y las relativas a las comunidades indígenas han influido en la formulación de políticas forestales nacionales varía de un país a otro. Pero, puesto que los países de la región comparten muchos de los problemas y tienen que tratar de resolverlos en un marco legal similar, es probable que las soluciones aplicables a un país sean también pertinentes para los otros. Los casos que se muestran a continuación sirven para ilustrar aspectos específicos del modo en que los diferentes desafíos con que se enfrenta ahora la silvicultura en América Latina han influido recientemente en las políticas forestales nacionales.
CHILE
El enorme crecimiento de la industria forestal en Chile es una singularidad en el contexto de América Latina, y un modelo a los ojos de algunos países. Entre 1970 y 1990 las exportaciones de productos forestales aumentaron de 41,7 millones de dólares EE.UU. a 855,3 millones, y las previsiones para 1992 sitúan esta cifra en 1 200 millones de dólares (aproximadamente el 10 por ciento de las exportaciones totales de Chile). Este crecimiento se ha basado principalmente en el establecimiento en gran escala de plantaciones de Pinus radiara, y ha sido fomentado por la creciente demanda de pasta de papel, de papel y de madera aserrada chilenas en Japón y Europa. En 1992, más de 1,4 millones de ha en el sur de Chile estaban cubiertas de plantaciones forestales comerciales y se calcula que dicha superficie aumenta anualmente en unas 75 000 ha. A medida que crece, la industria forestal chilena centrada en las plantaciones diversifica su base de producción y, últimamente ha incorporado en los planes de plantación los eucaliptos y los bosques nativos para la producción de astillas.
Los incentivos para tal crecimiento se pueden atribuir en gran medida a una serie de políticas públicas específicas que se remontan a la Ley Forestal Chilena de 1931, que fomentó las primeras plantaciones en gran escala mediante una amplia exención de impuestos a las actividades de repoblación forestal (CORMA, 1991a). Durante el gobierno de la Unidad Popular, al principio del decenio de 1970, el Estado participó directamente en un esfuerzo impresionante de repoblación, creando miles de empleos, que más tarde se convirtieron en el apoyo de la actual industria forestal privada. El gobierno militar que vino a continuación refriendo el sistema de incentivos para la repoblación, haciéndolo más atractivo para el sector privado. En virtud del Decreto Ley 701 (que estará vigente hasta 1994), los costos de establecimiento de una plantación se subvencionan hasta en un 75 por ciento, no se paga impuestos territoriales, y los impuestos sobre los ingresos se reducen en cerca del 50 por ciento. El Decreto Ley 701 beneficia principalmente las operaciones en gran escala y atrae capital privado, al declarar que las superficies plantadas no se pueden nacionalizar. Aunque los subsidios y las concesiones fiscales aumentan la tasa de rentable dad de las inversiones, algunos argumentan que el principal incentivo para plantar es la seguridad sobre la tenencia de la tierra de que disfruta el inversor (Vincent y Binkley, 1992).
Los grupos ambientalistas se han opuesto sistemáticamente a las ingentes expiraciones efectuadas a través de este sistema de incentivos criticando los costos ambientales resultantes. Aunque el Decreto Ley 701 no permite, en principio, que se destruya el bosque nativo para establecer plantaciones forestales, existen pruebas de que al menos en 100 000 ha plantadas se produjo una reconversión forestal (Caviares y Lara, 1983). Parece ser que el pretexto que se utiliza para eludir el Decreto Ley 701 es una cláusula en él que ofrece a las autoridades forestales la posibilidad de aprobar la reconversión forestal de zonas en las que el bosque nativo «no es adecuado para la explotación comercial» (Gobierno de Chile, 1979).
Cuestiones relacionadas con la reconversión de bosques nativos
En el sur de Chile existen 12 tipos de bosques nativos, que incluyen el único bosque hidrofítico templado de América del Sur y los bosques mixtos endémicos de Nothofagus (Rottmann, 1988). La reconversión de los bosques nativos se está convirtiendo en una cuestión contenciosa debido a que la industria forestal chilena está aumentando rápidamente sus exportaciones de astillas de madera de fibra corta, utilizando actualmente como base de recursos los bosques nativos y las plantaciones de eucaliptos (CORMA, 1991b). Con esta tecnología y este mercado, es posible obtener beneficios de la inversión a partir del primer año, en contraposición con los casos en los que el único producto comercializable es la madera producida en la plantación. Sin embargo, este sistema se puso en discusión recientemente en el caso de una empresa conjunta chileno-japonesa que planeaba explotar (y vender en forma de astillas) más de 10 000 ha de bosque nativo y, a continuación, convertirlo en una plantación de eucaliptos en la provincia de Valdivia (Maxudov, 1989). Los grupos ambientalistas, tanto nacionales como internacionales, organizaron una campaña que obligó al Presidente Aylwin a detener el plan.
Cuestiones relacionadas con la reconversión de bosques nativos
Como consecuencia del conflicto de Valdivia, el gobierno de Aylwin inició un proceso para establecer unas directrices políticas claras por las que se rigieran los más de 5 millones de ha de bosque nativo en manos privadas. A pesar de que los principales componentes de la política forestal establecida durante el gobierno militar no han cambiado con el nuevo gobierno democrático, parece ser que el proceso de formulación de políticas se ha hecho más abierto y las opiniones de la comunidad ambientalista se han tenido en mayor consideración (Loveman, 1991). Como parte de la elaboración de la futura Ley del Bosque Nativo, el gobierno ha formado una comisión especial encargada de negociar con los principales interesados (que incluyen a la industria y a las organizaciones no gubernamentales u HONG) y tratar de alcanzar un consenso acerca del futuro de los bosque nativos. La propuesta planteada permite cierto grado de reconversión forestal (25 por ciento de las superficies con menos de 45 por ciento de pendiente), ofrece incentivos para su ordenación (en lugar de su sustitución), y suministra apoyo a los pequeños y medianos propietarios, considerando, a diferencia del Decreto Ley 701, aspectos de equidad social (Gobierno de Chile, 1992).
Para algunos grupos, esta propuesta sigue siendo insuficiente puesto que su promulgación permitiría reconvertir hasta 800 000 ha de bosques nativos. Por otra parte, la industria forestal ha expresado que la falta de una política clara frena la inversión en el sector, suponiendo que las piedras angulares del desarrollo de la industria serían la no intervención del gobierno y una política de fomento de las inversiones en gran escala. Los resultados del actual debate sobre la nueva Ley revelarán en qué medida se pueden reconciliar a través de procesos participativos las exigencias de unas normas idóneas para el medio ambiente y una industria forestal vigorosa.
NICARAGUA
Nicaragua es la nación de América Central con mayor extensión de bosques productivos, con unos de 2,5 millones de ha de bosques tropicales de frondosas y 500 000 ha de bosques de coníferas. La mayor parte de esta superficie está situada en las llanuras atlánticas, una región escasamente poblada, ocupada por comunidades indígenas Misquito, Sumo y Rama, que tradicionalmente se han considerado a sí mismos independientes de los mestizos de la costa del Pacífico. Sumada a las llanuras atlánticas que forman parte de la Mosquitia hondureña, esta región abarca la superficie forestal contigua más extensa de América Central.
Los recursos de la región atlántica han atraído a todo tipo de empresas comercia les, desde las compañías madereras británicas y americanas en busca de caoba, cedro español y rodelas primarios de pinos caribeños a principios de este siglo, a las compañías de frutas americanas en los decenios de 1940 y 1950, o a las compañías de madera para construcción que actualmente actúan en el Caribe y en América Central.
Abandono de las concesiones en gran escala
Antes de la llegada al poder del gobierno sandinista, en 1979, la mayoría de estas operaciones se realizaban a través de concesiones en gran escala otorgadas por el gobierno, asumiendo que esas tierras eran de propiedad nacional. Estos acuerdos dieron como resultado una silvicultura comercial sin escrúpulos que mermó gravemente las existencias forestales, especialmente los bosques de pinos, y creó pocos beneficios duraderos para la economía de la región atlántica.
Una vez en el poder, el gobierno sandinista revocó todas las concesiones sobre los recursos naturales y en 1981 aprobó una ley por la que se abolía el sistema de concesiones. El Estado asumió el control directo del sector forestal a través de la Corporación Forestal del Pueblo (CORFOP), encargada de la explotación, elaboración y venta de la madera obtenido en las tierras públicas. El volumen de exportación de productos forestales, relativamente alto durante los años de Somoza, cayó de 70 millones de dólares EE.UU. en 1976 a poco más de 3 millones de dólares en 1980. Las exportaciones de productos forestales, principalmente madera aserrada, se redujeron todavía más con la guerra y el aislamiento económico de Nicaragua durante el decenio de 1980, hasta una cifra inferior a 500 000 dólares en 1986 (Araquistain y Nuñez, 1990; Morales y Daloia, 1991).
El gobierno Chamorro, tras su victoria electoral sobre los sandinistas en 1990, reorientó la política económica de Nicaragua, dando mayor importancia al sector privado, fomentando las exportaciones y creando incentivos para la inversión extranjera. Al desmantelarse la CORFOP, regresaron los inversores privados internacionales en busca de concesiones forestales en la región atlántica. Conocedores de la terrible situación económica del país, muchos de estos inversores supusieron que el gobierno aceptaría prácticamente cualquier oferta.
La primera propuesta seria de inversión en el sector la hizo en 1991 una empresa de Taiwan en busca de una concesión forestal de 250 000 ha en el norte de la región atlántica. El proceso de decisión, colocado entre el nuevo plan económico y la legislación, aún vigente, del gobierno sandinista, fue bastante confuso. Sin embargo, la impresión de que se estaba llegando a un acuerdo fraudulento, que tendría graves consecuencias sociales y ambientales, desencadenó una protesta popular de grandes dimensiones. Los que se oponían a la concesión a Taiwan sostenían que la extracción de madera en gran escala aceleraría la degradación forestal y la pérdida de biodiversidad. Otra consideración de carácter más político fue que el gobierno central iba a otorgar una concesión sin consultar al gobierno regional (que gozaba de un estatuto de autonomía), ni a las comunidades indígenas que vivían, sin títulos de propiedad, en la zona propuesta para la concesión.
Establecimiento de una comisión forestal
Los grupos ambientalistas, tanto locales como internacionales, organizaron una intensa campaña que pronto alcanzó una difusión mundial. Finalmente, el gobierno nicaragüense, en un intento por disipar la imagen de una concesión al estilo del gobierno de Somoza, decidió establecer una comisión forestal integrada por órganos del gobierno y ONG con el fin de evaluar los pros y centras de la propuesta de Taiwan. La comisión consideró que la propuesta era inaceptable por motivos técnicos y el gobierno la rechazó oficial y públicamente, señalando que la operación propuesta no tenía en cuenta los derechos de las comunidades indígenas y carecía de «un plan de protección para evitar la degradación ambiental» (IRENA, 1992).
Este caso fue de vital importancia para definir la política forestal de Nicaragua en el ámbito de la nueva política económica. Como parte de sus deliberaciones, la comisión forestal recomendó que se elaborara un conjunto de procedimientos para la aprobación de operaciones de extracción de madera en gran escala; mientras tanto, no se podría aprobar ninguna propuesta de concesión. El nuevo Reglamento Forestal, que habrá de aprobarse este año, permite y facilita la inversión extranjera en el sector, haciendo especial hincapié en la ordenación forestal, la elaboración local, la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Revocando la política precedente, garantiza el derecho de propiedad del bosque a los propietarios privados de la tierra y crea un organismo encargado de administrar las tierras forestales públicas (IRENA, 1993).
La Comisión Forestal, que ahora se ha convertido en un órgano permanente, está evaluando, para poner a prueba el nuevo Reglamento, la propuesta de una empresa dominicana relativa a la explotación forestal de 40 000 ha en el norte de la región atlántica. Como primera medida, la Comisión ha recomendado que no se otorgue una concesión, ya que puede ser que la zona en cuestión, al menos en parte, sea propiedad de la comunidad Sumo de Awas Tingni, que está establecida allí. Si la comunidad es capaz de demostrar la posesión de esa tierra, los árboles les pertenecen, de conformidad con el nuevo Reglamento. En tal caso, la comunidad podría elegir entre ceder sus derechos a la empresa o firmar un acuerdo de venta por un volumen determinado de madera.
La finalidad de esta política no tiene precedentes, ni en Nicaragua ni en ningún otro país de la región donde hay tierras forestales estatales habitadas por comunidades indígenas. Sin embargo, su aplicación es actualmente más difícil debido a la ausencia de una definición legal de los derechos de tenencia de la mayoría de las comunidades indígenas de la región atlántica. Casos como el de Awas Tingni demostrarán si los gobiernos tienen intención de reconocer legalmente la función de las comunidades indígenas como administradores de los bosques, y, sobre todo, si estas comunidades pueden incorporar con éxito la silvicultura comercial a sus prácticas tradicionales.
MEXICO
Las zonas forestales de valor comercial de México comprenden una superficie de 25 millones de ha de bosques tropicales latifoliados y de coníferas. Sin embargo, el país es un importador neto de productos forestales. Este desequilibrio se debe, en gran parte, a la reducción constante de la producción nacional de pasta de papel. En lo que se refiere a la madera aserrada y a otros productos elaborados, la oferta cubre la demanda quedando pocos excedentes para la exportación.
Tenencia indígena de la tierra
A diferencia de la mayoría de los países de la región, casi el 80 por ciento de las tierras forestales de México pertenecen a las comunidades indígenas y a los ejidos, que son una forma comunal de tenencia de la tierra establecida por la revolución de 1920 para garantizar a la población rural el acceso a las tierras agrícolas; un 15 por ciento está en manos privadas y un 5 por ciento es de propiedad pública (SARH, 1992). La Constitución mexicana establece que todos los bosques, independientemente del régimen de tenencia de la tierra, pertenecen a la nación, mientras que el gobierno federal regula la extracción de madera, llevada a cabo por los concesionarios o por las cooperativas de los ejidos.
Durante gran parte de este siglo, la extracción comercial de madera se realizó mediante concesiones otorgadas por el gobierno federal a industrias cuya producción, como en el caso del papel, se consideraba de interés público. Sin embargo, el otorgamiento de concesiones madereras en las tierras de los ejidos terminó por provocar un conflicto. Los beneficios económicos de los ejidos eran mínimos y, debido al poco control ejercido por el Estado, la extracción comercial de madera estaba conduciendo a la degradación de los bosques. A principios del decenio de 1980, en un momento en el que muchos de los acuerdos de concesión llegaban a su vencimiento, varias organizaciones de ejidos se opusieron a su renovación y presionaron al gobierno para que les permitiera explotar sus propias tierras forestales (Snook, 1986).
La Ley Forestal de 1986 sentó las bases para la desaparición progresiva de las concesiones y la creación de cooperativas forestales independientes por parte de los ejidos. Sin embargo, decenios de concesiones forestales habían implantado un modelo de explotación forestal caracterizado por una selección de los árboles de mayor tamaño en los bosques de pinos y por intensas cortas selectivas de caoba y cedro en los bosques tropicales. Como consecuencia, las cooperativas forestales se han encontrado en general con bosques degradados y empobrecidos con necesidades silvícolas mayores a los recursos técnicos y financieros que ellas poseen.
Fomento de una silvicultura sostenible en los ejidos
Existen ejemplos en los que la tenacidad de la comunidad, el apoyo político y una adecuada asistencia técnica a los ejidos han fomentado una silvicultura sostenible, tanto en bosques templados como tropicales. La Unión de Comunidades y Ejidos Forestales de Oaxaca (UCEFO), que administra 70 000 ha de bosque de pinos, ha comenzado a introducir aclareos sucesivos, árboles seminales y otros métodos de silvicultura ideados para aumentar la productividad forestal y para ayudar a recuperar los bosques degradados que durante decenios fueron explotados por una sola compañía papelera (López y Gerez, 1993). En Quintana Roo, varias asociaciones de ejidos forestales, conocidas como Plan Piloto Forestal, administran colectivamente más de 250 000 ha de bosque tropical de tierras bajas (Bray et al., 1993). Con el apoyo de la comunidad de donantes, estos ejidos están elaborando estrategias de silvicultura y comercialización para incrementar la utilización de las especies madereras menos conocidas, reduciendo de este modo su dependencia de la producción de caoba y cedro en las masas forestales que ya han sufrido talas selectivas. Una consecuencia importante de las actividades forestales de los ejidos es que, como parte de sus acuerdos de cooperación, los ejidatarios demarcan las tierras forestales que explotan de modo permanente. En las zonas tropicales como Quintana Roo, sometidas a altos índices de deforestación, esta medida restringe de hecho la reconversión forestal.
Extracción de leña por parte de una cooperativa de ejido en Quintana Roo, México
Las cooperativas de ejidos han conseguido quedarse con una porción mayor del valor de los productos extraídos de sus bosques. Sin embargo, la capacidad de la mayoría de los ejidos para integrar verticalmente una línea de producción sigue siendo limitada y casi todos los ejidos forestales siguen dependiendo de aserraderos, fábricas de pasta para papel y otras industrias privadas. Además, los costos de producción de los ejidos son relativamente altos y sus productos no siempre se entregan dentro de los plazos convenidos o no siempre ofrecen la calidad que los compradores exigen. Esta situación ha creado una dependencia mutua entre los ejidatarios y la industria que es de difícil solución, debido en parte al antagonismo político y en parte a que el mercado de productos forestales de México ha tardado en recuperarse de la crisis económica del decenio de 1980.
A pesar del potencial que los ejidos forestales han demostrado en los últimos diez años, su futuro es incierto. La nueva política macroeconómica de México está fomentando firmemente la des reglamentación, la inversión privada y los mercados libres. Las leyes agrarias y forestales de 1992 han abierto la puerta a la privatización de los ejidos y a las inversiones directas del sector privado en la producción forestal (Gobierno de México, 1992). Aunque la industria podría aportar el nuevo capital que muchos ejidos necesitan para racionalizar sus planes de producción, muchos piensan que estas empresas conjuntas no ofrecen ventajas para las dos partes y anularían los logros que ya se han realizado.
El libre comercio entre países representa otro desafío para la silvicultura de los ejidos. Los precios de las coníferas (como salen del aserradero) son ahora en México un 35 por ciento más altos que los del mercado internacional (Lara, 1992) y, a pesar del actual arancel del 15 por ciento sobre la madera importada, los compradores mexicanos cada vez adquieren más productos importados (González, 1993). Es probable que la incorporación de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) redunde en un aumento de los envíos de madera barata de los Estados Unidos hacia México (Merino, 1992). En estas circunstancias, y con el fin de seguir siendo competitiva, es probable que la silvicultura de los ejidos se vea cada vez más obligada a reducir sus costos de producción, lo que se podría conseguir de diversas maneras. Lo importante será saber si se podrá hacer sin sacrificar los logros sociales y ambientales de los ejidos forestales.
El principio en que se basan los órganos decorosos es, al parecer, que una política macroeconómica de des reglamentación, privatización y mercados abiertos conducirá a la larga, y con ciertos reajustes, a una mejor integración entre los productores y la industria. Las vicisitudes de los ejidos forestales en México ofrecen importantes enseñanzas para otros países de América Latina.
CONCLUSIONES
Los casos citados indican que el sector forestal en América Latina ha iniciado un notable proceso de redefinición, tanto en lo que respecta a su importancia en el comercio mundial de productos forestales como al marco normativo que reglamenta su producción. Es todavía demasiado pronto para determinar si las tendencias examinadas en este artículo se dirigen hacia una dirección concreta. Además, la rápida deforestación impulsada por actividades externas al sector sigue amenazando su futuro, incluso si las políticas más progresistas tienen éxito.
En los ejemplos anteriores, el comercio, el medio ambiente y el régimen de tenencia de la tierra aparecen como los componentes esenciales de las políticas forestales de América Latina. Parece ser que todavía no se ha encontrado una fórmula única que combine todos estos elementos. Sin embargo, los ejemplos de Chile y Nicaragua demuestran que la dinámica del proceso de formulación de políticas es fundamental para determinar el curso de los acontecimientos. Aunque en algunas ocasiones se caractericen por la confusión y el antagonismo, los procesos participativos engendran ideas que los responsables de tomar decisiones, por sí solos, no son capaces de aportar.
Bibliografía
Araquistain, R. y Núñez, M. 1990. Manejo del bosque tropical húmedo y forestería social. Managua, Corporación Forestal del Pueblo.
Banco Mundial. 1992. Statistical appendix. En N.P. Sharma, ed. Managing the world's forests: looking for a balance between conservation and development. Dubuque, Iowa, Kendall Hunt.
Bray, D.B., Carrión, M. Merino, L. y Santos, V. 1993. On the load to sustainable forestry. Cultural Survival Quarterly, 17: 38-41.
Caviares, C. y Lara, A. 1983. La destrucción del bosque nativo para ser reemplazado por plantaciones de pino insigne: evaluación y proposiciones. Estudio de caso en la Provincia de Bío-Bío. Santiago, Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna.
Chile Forestal. 1992. Mercado forestal: exportaciones. Chile Forestal, 201: 34-40.
CORMA. 1991a. Aventuras y desventuras del bosque nativo. En Chile, País forestal. Pub. Dept. del Bosque Nativo. Corporación Chilena de la Madera. Santiago, Editorial Interamericana.
CORMA. 1991b. Bosque nativo: el valor de las astillas. En Chile, País forestal Pub. Dept. del Bosque Nativo. Corporación Chilena de la Madera. Santiago, Editorial Interamericana.
FAO. 1982. Los recursos forestales tropicales. Estudio FAO: Montes N° 30. Roma, FAO.
Gobierno de Chile. 1979. Decreto Ley N° 701 sobre fomento forestal. Diario Oficial de la República de Chile, 3 de abril.
Gobierno de Chile. 1992. Proyecto de Ley sobre bosques nativos. Propuesta legislativa presentada al Congreso chileno. Santiago (mimeo).
Gobierno de México. 1992. Ley Forestal. Diario Oficial, 22 de diciembre. pp. 16-26.
González, C. 1993. El tratado de libre comercio y su impacto en el sector forestal Documento de trabajo preparado para el WWF-EE.UU. Washington, D.C., WWF-EE.UU. (mimeo).
Grainger, J. 1987. The future environment for forest management in Latin America. En Management of the forests of Tropical America: prospects and technology. Washington, D.C., Institute of Tropical Forestry/Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Herlihy, P. y Leake, A.P. 1992. Tierras indígenas de la Mosquitia hondureña -1992: zonas de subsistencia. Tegucigalpa, Honduras, MOPAWI.
IRENA. 1992. Comunicado de prensa. 28 de enero de 1992. Managua, Instituto Nicaragüense de recursos naturales y el ambiente (mimeo).
IRENA. 1993. Reglamento forestal (propuesta). Managua, Instituto Nicaragüense de recursos naturales y el ambiente (mimeo).
Katz, F. 1975. Origen y desarrollo de los problemas agrarios en México. México, D.F., Sepstentas.
Lara, Y. 1992. Posibles impactos de las reformas al artículo 27 sobre los recursos forestales de México. El Cotidiano, 48: 13-20.
López, R. y Gerez, P. 1993. The permanent tension. Cultural Survival Quarterly, 17: 42-44.
Loveman, B. 1991. NGOs and the transition to democracy in Chile. Grassroots development, 15: 18-19.
Maxudov, J. 1989. Elephant dance: native forests. The Journal November 1989, pp. 12-17.
Merino, L. 1992. Contrastes en el sector forestal: Canadá. Estados Unidos y México. El Cotidiano, 48: 67-73.
Morales, A. y Daloia, A. 1991. La industria forestal en Nicaragua. Managua, Instituto Nicaragüense de recursos naturales y el ambiente (mimeo).
Panayotou, A. y Ashton, P.S. 1992. Not by timber alone: economics and ecology for sustaining tropical forest. Washington, D. C., Island.
Piña, J. 1992. El futuro de los bosques y selvas en México. Este País, septiembre de 1992, pp. 36-40.
Reed, C. 1992. Latin America looks good on paper. South, 30: 29.
Rottmann, J. 1988. Bosques de Chile. Santiago, UNISYS Corp.
SARH. 1992. Reforma de la ley forestal: estado actual de los recursos forestales en México. México, D.F., Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos (documento interno)
Snook, L. 1986. La problemática forestal de México: oportunidades y limitantes para el desarrollo. México, D.F., CONACYT/ONUDI (documento interno).
Synnott, T. 1988. Natural forest management for sustainable timber production: South America and the Caribbean. Yokahama, ITTO.
Vincent, J. y Binkley, C. 1992. Forest-based industrialization: a dynamic perspective. En N.P. Sharma, ed. Managing the world's forests: looking for a balance between conservation and development. Dubuque, Iowa, Kendall/Hunt.
