En los últimos años el desafío que plantea el desplazamiento de las plagas y enfermedades transfronterizas se ha acentuado al tiempo que se reducía la capacidad de regularlo. Esto se debe a que cada vez hay que prestar más atención a las consideraciones internacionales y a la capacidad del sector privado a la hora de concebir y establecer servicios de protección eficaces. Aunque a veces esto lleva a adoptar decisiones más eficientes, la participación de más partes interesadas complica y demora su aplicación. A pesar de estas tendencias las consideraciones nacionales todavía siguen primando en las decisiones relativas a la protección contra las plagas y enfermedades y la responsabilidad reside principalmente en los organismos nacionales. Una combinación de los siguientes factores nacionales e internacionales afecta a los países en sus esfuerzos por combatir las plagas y enfermedades transfronterizas:
- a un mayor comercio, más rápido (más material hospedero, más embalaje, más oportunidades de «viajar a dedo» a larga distancia);
- al comercio en horticultura fresca, floricultura, animales vivos y productos animales frescos;
- a nuevas rutas turísticas y comerciales (por ejemplo, de África austral a Asia del sudeste, de Asia del sudeste a América Central y del Sur).
- a dificultades en la aplicación de la cuarentena en muchas áreas;
- a movimientos de militares y refugiados;
- a la división del apoyo institucional para la cuarentena y a pérdidas de vías de suministro de los materiales;
- al aumento del contrabando;
- a la introducción de insumos de ayuda alimentaria que pueden estar contaminados;
- a dificultades en el acceso a las zonas fronterizas debido a las minas y a otros peligros, lo que complica más la vigilancia.
Algunos países son más vulnerables que otros a las invasiones de las plagas y enfermedades transfronterizas. La cooperación internacional es una de las formas de reducir la disparidad en cuanto al control de los recursos entre regiones o países vecinos. Es importante reconocer las regiones vulnerables, las vías de introducción probables y las limitaciones existentes a la hora de establecer enfoques internacionales para la lucha contra las mencionadas plagas y enfermedades.
Las diferencias nacionales y regionales proceden de la forma en que se evalúan el efecto económico, las condiciones políticas y los disturbios civiles, el régimen de reglamentación, incluidos los recursos para la prevención y la aplicación de las medidas, así como las actitudes y opiniones con respecto al riesgo; y las condiciones biológicas y físicas.
Debido a la importancia de los factores nacionales y los recursos financieros para la limitación de la propagación de las plagas y enfermedades transfronterizas, las regiones más pobres del mundo se ven muy afectadas. Sin embargo, no existe una correlación directa entre los niveles de ingresos del país y la capacidad de protección fitosanitaria y zoosanitaria para resistir a las amenazas que se ciernen sobre la agricultura. Además de los factores mencionados anteriormente las consideraciones económicas que figuran a continuación inciden en los esfuerzos de prevención:
La disolución de la Unión Soviética y la formación de nuevos bloques comerciales aumentó el riesgo de entrada de plagas y enfermedades en los países vecinos. Los gobiernos formados tuvieron que crear nuevas instituciones y reglamentaciones para el control sanitario y fitosanitario. Se entablaron relaciones comerciales diferentes a partir de esas vinculaciones políticas que, a veces, sirvieron como vía para la propagación de las plagas y enfermedades transfronterizas. Mejorar las capacidades sanitarias y fitosanitarias puede ser un importante medio para que los países con buenos sistemas de cuarentena protejan su agricultura.
Los disturbios civiles provocan la interrupción completa de los controles fitosanitarios y zoosanitarios y el desplazamiento de gran número de personas, las que suelen llevar consigo sus pertenencias, incluido el ganado y sus enfermedades. De este modo la peste bovina se volvió a introducir en Turquía a finales del decenio de 1980, durante el conflicto entre Irán e Iraq, por intermedio de las personas que buscaban refugio en el este del país.
Las zonas de disturbios civiles o guerras son vulnerables al ingreso de plagas y enfermedades debido a la falta de inspecciones y controles fronterizos y a un mayor desplazamiento no reglamentado de militares y refugiados. La ayuda alimentaria extranjera ha sido acusada de traer consigo plagas a muchos países en África. Este fue el caso de la introducción involuntaria del gorgojo mayor de los cereales en la República Unida de Tanzanía en un envío de ayuda alimentaria en 1979 (Mapa 9). La propagación del gusano de la raíz del maíz (Diabrotica virgifera) en Europa después de su introducción en Yugoslavia debida a los movimientos de tropas es un caso conocido.
Los sistemas reglamentarios para el manejo de las plagas y enfermedades transfronterizas dependen de la eficacia de las medidas tanto gubernamentales como procedentes del sector privado. Éstas están totalmente condicionadas por el nivel de recursos que los gobiernos puedan aportar así como por la capacidad técnica que exista en el país. El sector privado tiene una responsabilidad considerable en el seguimiento, la inspección y la notificación. Entre los países existen diferencias en cuanto al grado en que toleran el riesgo de ingreso de una plaga o enfermedad. Los sistemas reglamentarios también pueden fracasar o resultar inadecuados para responder eficazmente a los nuevos desafíos a los que se enfrentan en la lucha, ya sea debido a deficiencias sistemáticas o porque fallen las salvaguardias. Por ejemplo, 7 de los 11 brotes primarios de fiebre aftosa que ocurrieron en Europa entre 1991 y 1996 probablemente se debieron a la importación ilegal de ganado o de productos pecuarios.
Los desplazamientos de plantas, insectos y patógenos dentro de Europa o del continente americano han tenido considerables efectos, tanto benéficos como destructivos. Pero, por encima de todo, han sido menos importantes que los desplazamientos transatlánticos o transpacíficos. La principal amenaza reside en el desplazamiento entre las cuatro grandes masas continentales (el continente americano, Europa/África, Asia y Australasia) debido a la separación ecológica de estas distintas regiones. El comercio de plantas y animales ha aumentado en todas ellas.
El Mapa 10 muestra las zonas ecológicas del mundo que sirven como obstáculos al desplazamiento de las plagas. Muchos de los problemas causados por las plagas y enfermedades más dañinos e inesperados se producen cuando un organismo se desplaza a través de los obstáculos naturales. Sin embargo, los movimientos dentro de una zona también pueden ser significativos, por ejemplo, la posibilidad de que la mosca del Mediterráneo se desplace a Chile a partir de otras zonas de América del Sur.
Independientemente de la zona ecológica de desplazamiento, muchas plantas, animales y microbios clasificados como plagas son simplemente más invasivos y dominadores sobre otras especies debido a su adaptabilidad o a su elasticidad genética. Dichas especies, o a veces subespecies, pueden intercambiar los hospederos o ya disponen de una amplia gama de éstos, permitiéndoles así sobrevivir y radicarse en nuevas zonas geográficas mejor que sus competidores. Este mecanismo biológico es lo que hace que las plagas introducidas o exóticas (que no son oriundas en esa área) resulten particularmente dañinas.
La mayoría de las medidas de control se destina a evitar la entrada o la propagación, o ambas, de una plaga o enfermedad cuando la actividad humana -como el comercio o los viajes- o el contagio natural pueden transportar el organismo a una zona antes no afectada. Muchas plagas y animales infectados cruzan las fronteras cada año. La mayoría de estas introducciones no suscita una reacción oficial. Esto se debe a que se espera que esa introducción cause efectos económicos de poca importancia, que acaben muriendo en el medio ambiente del país, y que no se disponga de capacidad para detectar la introducción o que no haya una medida de control conocida que resulte eficaz.
Sin embargo, algunos movimientos de plagas y enfermedades presentan grandes amenazas para el sector agrícola o para la seguridad alimentaria, o para ambos, y obligan a tomar medidas para combatirlas. El problema de cómo hacer frente a la situación exige una decisión tanto pública como privada y depende de la gravedad y alcance del riesgo. Dos conceptos económicos, el bien público y la externalidad, permiten saber cuándo debe dejarse el control en manos de cada agricultor y cuándo se convierte en un asunto de interés para los organismos públicos.
Un bien público es uno que brinda beneficios a un grupo grande (potencialmente cualquiera) sin reducir la cantidad disponible para cada persona. Las características distintivas de un bien público puro son el no ser excluyente y no suscitar rivalidades en cuanto al consumo. En contraposición al bien privado puro, como la vacunación de una vaca realizada por un agricultor, el realizar la investigación para la vacuna es un bien público que suele brindar el gobierno. Un problema que surge con los bienes públicos es el deseo de «aprovecharlos gratis» de las personas que creen que les serán entregados paguen, o no, la parte que les corresponde de su coste. Más aún, las personas (o los países) tienen incentivos para esconder su verdadera demanda de tal bien, a veces restándole importancia y a veces exagerándola, dependiendo de la ganancia esperada o del coste potencial para ellos.
Se habla de externalidad cuando las acciones (o la inacción) de una persona (o una empresa) imponen costes o crean beneficios para otra, las cuales no son tomadas en cuenta por la persona (o la empresa) que los impone. Un ejemplo de externalidad negativa es el caso de una enfermedad transmisible que afecta al ganado en una comunidad y el de un agricultor que decide no participar en el programa de erradicación de la misma. Esa falta de participación quizá sea la mejor actuación para ese agricultor en particular, pero puede crear un foco de la enfermedad en la zona que podría contaminar a los animales que forman parte aquel programa.
Cuando una plaga o enfermedad afecta sólo a una pequeña zona y un número de personas (explotaciones agrícolas y otras expuestas a riesgo), o si las consecuencias de una introducción no son graves, entonces las respuestas individuales de las personas afectadas pueden alcanzar una solución económicamente eficiente. Las respuestas pueden ser medidas jurídicas, o negociaciones privadas, y dependerán de las condiciones socioeconómicas y de la tolerancia al riesgo de las partes afectadas.
Del mismo modo, cuando sólo un país o parte de un país se ve afectado por una plaga o enfermedad, los efectos de la externalidad están relativamente limitados. La respuesta ante esa situación muy probablemente incluirá la participación del gobierno aunque puede basarse exclusivamente en las condiciones y preferencias nacionales, y producirse con bastante rapidez. Sin embargo, en el caso de las plagas y enfermedades transfronterizas, están potencialmente afectadas por esas amenazas grandes regiones y muchas personas por lo cual una gestión adecuada exige generalmente un esfuerzo regional e internacional bajo la égida de las autoridades públicas, y un sistema para determinar cuáles decisiones de control son supranacionales y cuáles nacionales, y para poner en práctica con eficiencia las decisiones internacionales pertinentes.
El control exige el suministro de bienes públicos a nivel mundial o regional. El desplazamiento de las plagas y enfermedades a través de las fronteras generalmente impone una externalidad negativa en el país receptor que el país de origen tiene cierta obligación de evitar o minimizar. Las acciones de un país para proteger a otros de la invasión de plagas y enfermedades mediante medidas de control y el suministro de una información oportuna pueden considerarse como un bien público. Al igual que ocurre con la protección de la salud humana, un sistema mundial fitosanitario y zoosanitario es un bien público mundial, disponible para todos los países y para todas las poblaciones en las mismas condiciones.
Los aspectos específicos del control de plagas y enfermedades que compete al ámbito de los bienes públicos son la vigilancia, el suministro de información y la investigación sobre los métodos mejorados de prevención o diagnóstico. La elaboración de reglas y protocolos acordados también recibe el apoyo eficiente de las instituciones públicas aunque su éxito depende de la participación del mayor número posible de países.
El marco ofrecido por Jamison, Frenk y Knual6 al debatir la salud humana se aplica también al suministro internacional de bienes públicos de tipo fitosanitario y zoosanitario. Los autores sugieren que las funciones clave se brinden a nivel internacional a todos los países ya que cumplen con la definición de bienes públicos mundiales; incluyen: información, normas y reglamentaciones, elaboración de políticas, e investigación y desarrollo. Deberían suministrarse funciones adicionales para los países en desarrollo en vista de los escasos recursos de que disponen para brindarlas ellos mismos, y también de las externalidades que se imponen a otros países, si se carece de ellas. Se trata de mejorar la capacidad y el desempeño del sector fitosanitario y zoosanitario. Este marco reconoce la interdependencia de los países en su lucha contra las plagas y enfermedades al igual que las disparidades en su capacidad de participar en la misma.
Las autoridades nacionales e internacionales responsables de la protección fitosanitaria y zoosanitaria deben decidir cuánta protección es la adecuada y quién debería brindarla. Es más fácil responder a ambas preguntas en teoría que en la práctica. Las medidas destinadas a evitar el desplazamiento de las plagas y enfermedades a través de las fronteras pueden tomarlas las personas, uno o varios gobiernos nacionales, organizaciones internacionales o una combinación de los mencionados anteriormente. La eficiencia exige que el esfuerzo realizado en favor de la protección por parte de una persona, un gobierno o una organización sea proporcional al daño que se sufriría en ausencia de ella. La equidad exige que la carga resultante de brindar dicha protección la compartan todos aquellos que plantean el riesgo o que permiten que se propague (en el caso de riesgos evitables), aquellos que se benefician con la protección ante esos riesgo o, lo más probable, una combinación de ambos.
Resulta difícil evaluar el daño que puede ocasionar la introducción de una plaga o una enfermedad transfronteriza. Los países se sirven de su experiencia previa (como guía), junto con la evaluación científica del organismo, para considerar la magnitud de los daños y evaluarla. Deberían sopesar las posibles pérdidas resultantes de un brote o de la introducción de alguna plaga, comparándola con los costes resultantes de las medidas destinadas a evitarlos. A pesar de ello, las dificultades que implica cuantificar tanto la probabilidad científica como el alcance económico del daño, impiden a las autoridades escoger el nivel eficiente de protección. Más aún, las pérdidas reales de los cultivos o el ganado que resultan de una plaga o enfermedad pueden verse superadas mucho más por las pérdidas de las oportunidades comerciales que sufre un país infestado. Por lo tanto resulta especialmente difícil determinar la cantidad adecuada de protección que un país tiene que brindar en los casos en que están en peligro grandes volúmenes comerciales.
Hasta hace poco el criterio para combatir las plagas y enfermedades transfronterizas consistía en escoger entre las diversas opciones de control la más rentable o bien escoger un objetivo y hacer lo necesario para alcanzarlo sin reparar en los costes. No obstante, en los últimos diez años se han elaborado muchos más estudios que analizan tanto los costes como los beneficios del control de plagas y enfermedades -aunque aún principalmente concentrados en los países desarrollados- con la idea de decidir qué tipo de control se justifica en determinadas situaciones. También a nivel internacional se efectuó este análisis más amplio de las opciones de control debido a los requisitos impuestos por la OMC de que se lleven a cabo estudios científicos para justificar los obstáculos al comercio, incluidos los requisitos sanitarios y fitosanitarios (Recuadro 10).
Las medidas de lucha locales, nacionales e internacionales (plaguicidas, vacunas, manejo integrado de plagas, etc.) contra las plagas y enfermedades transfronterizas deberían concentrarse en lograr el nivel «óptimo» de protección (en caso de conocérselo), donde el coste marginal de control equivale al beneficio marginal7. Se garantiza una respuesta internacional si el daño -y en consecuencia las medidas de control- afecta a muchos países. Así pues, este enfoque recomendará una pulverización adicional para combatir la langosta del desierto sólo si los beneficios resultantes de prolongar la operación un día más (en lo que hace a los daños evitados) excedieran los costes de efectuarla, incluidos aquéllos ambientales u otros ocultos.
Determinar y cumplir una norma tan clara es mucho más difícil a nivel transfronterizo que a nivel nacional. Los escenarios de plagas y enfermedades transfronterizas no tienen la misma uniformidad ni la misma historia en cuanto a la investigación destinada a apoyar el proceso de decisión como ocurre con la experiencia de control nacional. La incertidumbre científica dificulta el análisis económico. Aún más, los programas de lucha conllevan la participación de muchos gobiernos y organizaciones cuya aceptación del riesgo y su deseo o capacidad para reducirlo varían.
La cuestión de quién brinda la protección también es más complicada en la práctica que en teoría. Como resultado de la mundialización del comercio agrícola, la lucha contra las plagas y enfermedades está cada vez más orientada en función de los intereses mundiales de los países aunque siguen ejerciendo gran influencia los sectores agrícolas nacionales. Las obligaciones internacionales de los países están regidas por el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. Las políticas nacionales están determinadas por factores políticos y económicos, tanto nacionales como internacionales
Se espera que un país adopte medidas razonables para evitar la propagación de las plagas y enfermedades transfronterizas mediante su sistema de cuarentena o cualquier otra medida idónea en el caso de plagas migratorias. Se espera además que los países importadores dispongan de un sistema de salvaguardias (cuyas características se abordarán con mayor detalle más adelante) para evitar la propagación, si se introducen en él. Sin embargo no está siempre claro cuáles son las obligaciones de un país para evitar la propagación. No todas las plagas y enfermedades afectarán a todos los países; por ello, no estarán todos igualmente dispuestos a participar en las actividades destinadas a combatirlas. Más aún, incluso si un país fuese vulnerable a una plaga o enfermedad, podría considerar que sus propios mecanismos de control son adecuados para evitar daños a nivel nacional y no estaría dispuesto a participar en una campaña internacional de lucha contra la misma.
Los países quizá no cumplan con sus obligaciones para evitar las propagaciones; por ejemplo, con frecuencia resulta incompleto e inexacto el conocimiento técnico y científico acerca de la propagación de plagas y enfermedades. Para la comunidad de donantes o los interlocutores comerciales resulta caro efectuar el tipo de estudios de los efectos económicos y ambientales. Además, no todos los países tienen acceso a la misma capacidad de respuesta institucional o tecnológica.
Existe asimismo el deseo de aprovechar gratis los bienes públicos, que surge porque todos los países pueden beneficiarse con los bienes suministrados y, por lo tanto, son reticentes a realizar esfuerzos para poner en práctica las medidas de control unilateralmente. Por motivos políticos o humanitarios, los países donantes pagan por los servicios de protección que ayudan a otros países a combatir las plagas y enfermedades. Debido a los diferentes incentivos, los países donantes pueden brindar una protección menor con respecto al nivel «óptimo» al tiempo que los países que necesitan protección pueden exagerar sus necesidades. Los países afectados pueden carecer de incentivos para adoptar prácticas destinadas a mejorar o mantener los sistemas de lucha.
Por ejemplo, se da esta situación cuando las plagas migratorias comienzan en un país y se desplazan a otros. Los gastos para combatir la langosta del desierto superaron 500 millones de dólares en un decenio (1987-1996) y estuvieron financiados en gran medida por los países donantes más que por los países afectados8. Algunos observadores creen que incentivos contradictorios entre países participantes en las organizaciones regionales de lucha contra la langosta del desierto llevaron a una financiación insuficiente de las operaciones de seguimiento y prevención, a pesar de ser muy grandes las necesidades de protección declaradas. Se pueden concebir soluciones compatibles con los incentivos pero exigen acuerdos de financiación más complicados -como pagos compartidos- o mejor información acerca de los riesgos reales y los costes de las invasiones de langostas.
Incluso los buenos sistemas no son infalibles y las plagas y las enfermedades se propagan. La mundialización o la regionalización de los sistemas de reglamentación y control ofrecen muchos beneficios al reducir las externalidades negativas y ampliar el número de beneficiarios de los bienes públicos.
Una vez garantizada la reacción internacional frente a las plagas y enfermedades migratorias y de cuarentena, deben considerarse las distintas estrategias de control necesarias. La elección del enfoque depende de cómo se propaga el riesgo (por vías naturales o por intervención humana), la gravedad del daño en caso de introducción, y el tipo de opciones de control. Las autoridades internacionales tienen que considerar también si su función implica sólo el suministro de bienes públicos -como vigilancia, investigación, etc.- o también el establecimiento y la coordinación de protocolos y medidas para combatirlas.
Las principales metas de cualquier programa de lucha contra las plagas y enfermedades transfronterizas consisten en determinar el nivel «óptimo» de su presencia para alcanzar los objetivos de un país y luego elegir la forma más rentable de lograr ese nivel de control. Por ejemplo, una política que procure la ausencia total de plagas o enfermedades es una norma estricta que puede conllevar costes significativos para un país. Se la puede lograr si se satisfacen los siguientes criterios9:
Normas menos estrictas resultan más eficientes si no se satisfacen los criterios antes mencionados. El nivel «óptimo» de control puede variar de un país a otro, dependiendo del resultado de los análisis.
La lucha contra las plagas migratorias plantea las cuestiones transfronterizas más obvias cuando las poblaciones de la plaga pueden crecer rápidamente, pasando de un foco localizado a una recrudescencia, con infestaciones graves que ocurren simultáneamente en varias zonas y países vecinos. La rápida multiplicación inicial puede pasar desapercibida en zonas remotas y poco pobladas y seguir una vía natural (inducida biológicamente). Una vez que invaden las zonas de cultivo rara vez alcanza el tiempo para evitar los daños a través de operaciones de control.
La extensa destrucción que puede acompañar un foco o un ataque masivo de plagas migratorias ha hecho que para muchos países se vuelva un imperativo político intentar combatirlas. Debido a la elevada proporción de daños causados por las plagas migratorias que se producen en las regiones pobres, se ejerce una presión mayor para evitar los efectos sobre los escasos recursos alimentarios. La lucha se organiza en respuesta a la aparición de plagas migratorias concentrándose principalmente en su erradicación una vez que su volumen es significativo. La respuesta básica es la pulverización extensiva con plaguicidas en las zonas afectadas una vez que se las ha definido. Una identificación rápida de las primeras etapas de las nubes de insectos en el país de origen resulta de fundamental importancia para minimizar los daños en otros.
Esto presenta una cuestión clásica de externalidad: la inacción de uno o más países puede causar enormes daños a otros. El país que paga por combatir la plaga no se enfrenta quizá con el mismo riesgo de daños que los países circundantes. La decisión más importante a la que se enfrentan los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales es la de reaccionar en el momento oportuno: o bien en las primeras fases de la gregarización o bien después de que las nubes de insectos han llegado en masa a su destino. La experiencia científica e histórica no indica claramente cuál es la más rentable, pero el coste recae en distintos países dependiendo de la decisión que se tome.
Los cambios en el comercio y sus prácticas en los últimos 20 años aumentaron el número y la diversidad de los riesgos fitosanitarios a los que se enfrentan los gobiernos nacionales. El rápido aumento del turismo por parte del público también es un factor que contribuye a ello. A diferencia de las plagas migratorias, la introducción de las plagas de cuarentena implica normalmente la intervención humana, por la importación de productos o el contrabando accidental o deliberado de los mismos a un país. La mayor parte de estas introducciones pasa desapercibida, y aunque la mayoría también resulta inofensiva, sin mejores métodos de detección de las plagas con fases de vida críptica no tendrán éxito los esfuerzos de exclusión. Este es un problema crónico para combatir los virus y otros organismos patógenos que no se pueden observar en el momento de la inspección.
Lo que constituye un desafío para la protección vegetal de cuarentena es la rapidez con que cambian los flujos comerciales y la tecnología. Debido a la facilidad y la multiplicidad de formas en que las especies invasivas pueden desplazarse, los países con importantes sectores agrícolas deben evaluar cuidadosa y frecuentemente los riesgos para su producción planteados por las plagas. Estos países deben mostrarse especialmente alertas en sus esfuerzos de prevención normales (seguimiento, inspección, etc.) pero también mantener una capacidad tecnológica siempre mayor para detectar y prevenir las plagas. Con objeto de cumplir con las obligaciones sanitarias y fitosanitarias, deben asimismo dedicar recursos a la evaluación del riesgo. Debido a la escasez de datos esto puede constituir una carga para los países en desarrollo.
Al igual que las plagas de cuarentena, la principal responsabilidad de controlar la propagación de las enfermedades de los animales compete tanto al país de origen como al de destino. Ambos se enfrentan a la carga que representan complicados sistemas de cuarentena así como al riesgo de las pérdidas de la producción, que se agravan si se introducen las plagas. Aún así, con frecuencia varía la capacidad de los países de brindar estos servicios.
Las enfermedades de los animales se propagan o bien a través de vías naturales o bien debido a la intervención humana. La transmisión de algunas enfermedades necesita de un insecto que le sirva de vector, lo que depende de condiciones ambientales externas y posiblemente de hospederos vegetales adecuados para cumplir con su ciclo de vida10. Por lo tanto, por motivos biológicos, estas vías de la enfermedad tienen alcance geográfico limitado, lo que simplifica la tarea de determinarlas para la transmisión de la enfermedad, comparadas con la introducción de plagas.
En regiones donde existe una buena estructura veterinaria el desplazamiento de ganado y de productos derivados está reglamentado y controlado para prevenir el ingreso y la consiguiente propagación de los agentes patógenos exóticos. Asimismo, el disponer de sistemas de vigilancia de las enfermedades con buenos medios de diagnóstico en laboratorio garantiza la detección precoz de los brotes de la enfermedad, lo que permite poner en práctica planes de situaciones imprevistas para hacer frente rápidamente a la epidemia. Además, existen fondos de emergencia y los agricultores generalmente reciben por lo menos una compensación parcial por las pérdidas sufridas. En muchos países, no obstante, es insuficiente la financiación pública de los servicios veterinarios, la que incluso tiende a reducirse. La capacidad de diagnóstico es escasa y no se controlan los desplazamientos de ganado. Los agricultores no suelen recibir compensación por las pérdidas debidas a las enfermedades.
