El análisis precedente de los factores financieros y otros factores asociados a la adopción de la AC y sus prácticas relacionadas ha recogido ya muchos de los efectos de la política, o de una forma más genérica, las acciones de gobierno sobre la adopción. Los gobiernos utilizan políticas macroeconómicas, regulaciones de mercado, subsidios a los factores de producción o a la formación y extensión, que alteren el entorno en el que los agricultores eligen una práctica sobre otra (Figura 1). Este capítulo examina el papel actual y potencial de la política en la adopción de la AC.
La agricultura ha estado sujeta a intereses e intervenciones por parte del estado desde la mitad del siglo pasado, quizá más que cualquier otro sector (Robinson, 1989; Gardner, 1990). Aunque se tiende a sobreestimar la influencia de las políticas en la toma de decisiones del agricultor (Winter, 2000), existe un reconocimiento creciente de que la provisión de apoyo público en forma de precios garantizados, subsidios a los medios de producción, concesión de déficit en los pagos, créditos a bajo interés o ayudas en caso de desastres naturales, ha incentivado y facilitado la inversión masiva por parte de los agricultores en la expansión de la capacidad de producción. Algunos autores han caracterizado esta forma dominante de agricultura, al menos en el mundo desarrollado, como industrial. Esto se debe a la tendencia continua hacia un menor número de unidades de producción y de mayor tamaño, especialización regional y de las empresas, un laboreo del suelo más intensivo, una dependencia progresiva de los productos agroquímicos y, en muchos lugares, un superávit en la producción (Troughton, 1985). Considerando sus efectos asociados sobre la calidad de los suelos, el agua o el hábitat natural, varios autores han citado la política agraria como una de las causas que ha contribuido a la degradación ambiental (Libby, 1985; Pierce, 1993; OECD, 1989; Lewandrowski et al., 1997).
Es en este contexto donde muchos gobiernos han introducido diferentes programas para incentivar la adopción de prácticas tipo de AC. Con los servicios de extensión, los subsidios y los impuestos, estas iniciativas han alcanzado resultados importantes. Por ejemplo, el éxito en la promoción de las prácticas de AC en ciertas regiones desarrolladas, particularmente en América Latina, es digna de mención y la política ha jugado un papel importante. El Recuadro 4 refleja los factores clave citados en la expansión de la AC en los países de MERCOSUR en América Latina. Muchos de ellos no son el resultado de la política gubernamental sino de factores ajenos y tradiciones locales. De hecho, muchos programas que promueven la AC en el mundo han sido relativamente poco efectivos debido a señales e incentivos contradictorios desde programas de ayuda ya existentes. Por ejemplo, las políticas diseñadas para promover la agricultura sostenible pueden quedar ensombrecidas por otras medidas políticas, típicamente de mayores recursos, de apoyo a los cultivos altamente erosivos como los cultivos en línea, como los cacahuetes y el tabaco, o por otras iniciativas de investigación y extensión más débiles, o de respuesta más lenta.
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RECUADRO 4 Diferentes estudios han examinado las razones del éxito en la promoción de la AC (laboreo cero) en la región de MERCOSUR, América Latina, razonando la eficiencia del sistema de innovación desarrollado alrededor de dicha promoción. Este sistema incluía un número de elementos políticos junto con elementos ajenos que contribuían a su éxito. Como ejemplo de estos últimos, las compañías de agroquímicos ayudaban a iniciar los programas, reconociendo su propio interés en la promoción el laboreo cero. Los agricultores se beneficiaban también significativamente, ya que los beneficios del laboreo cero eran especialmente acusados para el cultivo clave de la soja y estaban disponibles para explotaciones de mayor tamaño. En lo referente al papel de la política del gobierno, los servicios de investigación y extensión tradicionales eran débiles y lentos en su respuesta a las necesidades percibidas por los agricultores. Sin embargo, este hecho allanó el camino para otros agentes, como las explotaciones pioneras, ONG y agencias internacionales de ayuda que acudieron a llenar el vacío dejado. Además, los agricultores podían fácilmente reconocer y entender el problema subyacente y experimentar con las soluciones, ayudados por la información suministrada por las asociaciones de agricultores de laboreo cero. Las tradiciones locales también ayudaron: aunque no existía un conocimiento precursor del laboreo cero, hubo una tradición de innovar con cultivos comerciales. Además, un mal entendimiento entre los objetivos de la extensión y la investigación podría haber limitado el éxito del programa de AC. En Nueva Zelanda, el gobierno suprimió virtualmente todo el apoyo, incluyendo las ayudas ambientales, al sector agrícola pastoral dominante en el periodo posterior a 1984. Esta acción suministró una oportunidad única para evaluar las implicaciones de la eliminación del subsidio para la utilización de recursos en la explotación y la gestión ambiental. Los resultados sugieren que la respuesta a la eliminación de los subsidios, al menos a corto plazo, es un descenso en la intensidad de cultivo, manifestada como: (1) uso reducido de las tierras marginales; (2) menor uso y más selectivo de los fertilizantes; y (3) reducido número de cabezas de ganado y estabulación. Al mismo tiempo, la creciente inseguridad entre los agricultores acortó los horizontes temporales en la planificación y frenó ciertas inversiones ambientales. Mientras que los agricultores todavía llevan a cabo prácticas como la plantación de árboles para el control de la erosión debido a una reconocida necesidad o a una ética conservacionista, la eliminación de ayudas y otros subsidios ha reducido generalmente la disposición y capacidad de los agricultores para llevar a cabo actividades de cuidado de la tierra, especialmente durante periodos de apuros económicos. Por tanto, muchos gobiernos regionales han llenado el vacío dejado por las ayudas nacionales mediante la financiación de nuevos programas que incentivan el cuidado de las explotaciones.
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Algunos estudios han mostrado que la extensión financiada por el gobierno tiene un impacto positivo en la adopción de prácticas de AC (por ejemplo Logan, 1990), aunque Agbamu (1995) previene de que no en todos los casos es así. En el caso de la asistencia financiera estatal, Napier y Camboni (1993) identifican una correlación positiva, aunque débil, entre la participación en estos programas y la adopción del laboreo de conservación. Más específicamente, basado en un modelo de explotación de cultivos comerciales en el sudeste de Ontario, Stonehouse y Bohl (1993) muestran que un subsidio que cubra, de una vez, un 20 por ciento de los costos de desembolso animaría al agricultor a pasar de un laboreo convencional al no laboreo. Sin embargo, el estudio sugiere que el cambio a cultivos de cubierta permanente, como la alfalfa, requeriría subsidios excesivamente altos. Finalmente, con relación a la utilización de los impuestos, Aw-Hassan y Stoecker (1994) determinaron que si los daños derivados de las prácticas convencionales fuera de la explotación fueran gravados con un impuesto de 2,25 dólares EE.UU. por tonelada de suelo perdido, la superficie de tierra con altos rendimientos/alta erosión bajo laboreo de conservación se incrementaría significativamente, mientras que el uso de la tierra con bajos rendimientos cambiaría a pastos. Sin embargo, en un estudio similar, Stonehouse y Bohl (1993) muestran que es difícil alcanzar niveles significativos en la prevención de la erosión vía impuestos y tiene como resultado reducciones significativas en los beneficios netos.
Más allá de los límites del laboreo de conservación, el estudio de los nuevos programas de conservación en Europa pueden suministrar alguna idea sobre el efecto de la política en el comportamiento de conservación entre los agricultores. Estos programas se han desarrollado a través de una conversión progresiva del extenso régimen de ayudas de la Unión Europea desde un apoyo a la producción hacia un apoyo a las prácticas ambientales, como la política de abandono de tierras (Potter y Goodwin, 1998). Tomando como base un estudio en Escocia, Wynn et al. (2001) muestran que la indemnización económica por sí sola no asegura el éxito de los programas de conservación ya que una falta de concienciación en dichos programas puede limitar la participación. Una vez que son conscientes, los agricultores son más proclives a participar, siempre y cuando exista un buen ajuste con la situación de la explotación y los costos para alcanzarla sean bajos. Dichos costos son generalmente un obstáculo (Wilson, 2000). Incluso con una completa compensación por los inevitables ingresos agrícolas resultantes de la participación, unos costos administrativos o de transacción iguales a sólo el 5 por ciento de la indemnización total pueden inhibir la participación del agricultor (Falconer, 2000). Este resultado en Europa sugiere que el apoyo financiero por sí solo no es suficiente para incentivar la adopción de prácticas tipo de AC. Es necesario combinar dicho apoyo con otros esfuerzos dirigidos a las necesidades específicas del manejo de las explotaciones.
Considerando los impactos ambientales experimentados en la segunda mitad del siglo pasado, se ha concluido que la eliminación de las ayudas al sector agrícola basadas en la producción representaría la manera más eficaz de atenuar la degradación ambiental por parte de los gobiernos (OECD, 1989 y 1998). Existe un debate en lo relativo a los medios empleados, tanto directos como indirectos, por los que los gobiernos pueden promover la conservación en la agricultura de una manera eficiente. El Cuadro 9 resume los numerosos enfoques adoptados por los gobiernos en el mundo desarrollado para alcanzar los diferentes objetivos de la conservación.
En la promoción de la AC, una preocupación fundamental para los políticos es si ésta suministra un beneficio neto positivo o negativo a los usuarios potenciales. Una vez desaparece esta incertidumbre, Uri (1998b) recomienda:
asistencia técnica y formación donde la conservación sea rentable pero el agricultor no esté al corriente de las técnicas o de su rentabilidad, o no tiene los conocimientos básicos para llevarlas a cabo;
asistencia financiera donde la conservación no es rentable para el agricultor como individuo pero podría suministrar beneficios sociales considerables;
investigación y desarrollo a largo plazo;
retirada de la tierra; y
regulación e impuestos donde se requiere una actitud conservacionista por parte de todos los agricultores, o de aquellos que participan en los programas de ayudas relacionados (por ejemplo una medida de conformidad contrapuesta).
CUADRO 9
Resumen de los enfoques políticos para promover la agricultura de
conservación
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Categoría |
Tipo de enfoque |
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Conformidad voluntaria |
Acuerdos en el cuidado de la tierra, servicios de formación/extensión, investigación y desarrollo, centros de recursos, etc. |
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Controles económicos/comercio |
Necesidades de conformidad contrapuestas, prohibiciones a la exportación, etc. |
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Incentivos financieros |
Ayudas/subsidios, exenciones en los impuestos, etc. |
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Regulaciones |
Estatutos, penalizaciones, zonificación, impuestos, etc. |
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Propiedad/manejo directo |
Compra pública, fondos fiduciarios (fideicomiso), etc. |
Fuente: Pierce, 1996.
Con respecto al primer enfoque, McNairn y Mitchell (1992) mantienen que fomentar la adopción de las prácticas de conservación requiere asegurar los beneficios a largo plazo, información sin ambigüedad, fácilmente entendible y precisa y la promoción de múltiples beneficios, económicos y no económicos. La formación juega un papel determinante en la motivación de la adopción y necesita información y experiencia a medida, creíble y apropiada, que se comunique a través de los canales adecuados. Para ello, pueden ser altamente efectivos servicios de extensión que suministren información y asistencia, especialmente en el caso de las nuevas tecnologías emergentes, aunque no es necesario que los agentes públicos sean los proveedores exclusivos de dichos servicios.
La asistencia financiera para la adopción de las diferentes prácticas de conservación está bien establecida en Europa y, en menor grado, en Norte América. Dicha asistencia puede presentar diferentes formas, como la reducción de impuestos en la compra de equipos, el alquiler de maquinaria, los programas de costos compartidos y los subsidios directos. La asistencia es más apropiada para ayudar a superar inversiones iniciales de importancia y los costos de transición, así como en los casos donde la adopción no es rentable para la explotación individual. El Recuadro 5 presenta un análisis de las opciones políticas para fomentar la conservación de suelos en explotaciones de Ontario, Canadá, subrayando el papel que dichos análisis pueden jugar cuando se necesita la ayuda del gobierno. Sin embargo, Nowak (1987) sugiere que la asistencia financiera puede ser también importante en las situaciones en las que la adopción de una tecnología tiene como resultado beneficios netos positivos para los agricultores. El autor sostiene que el apoyo institucional tiende a reducir el riesgo al que se enfrentan los agricultores al adoptar una «tecnología desconocida» y reduce, por tanto, la necesidad de una información detallada previa a la adopción. Es decir, el apoyo del estado es útil para superar la no adopción causada por demandas de información costosas.
Un enfoque con una política menos intervencionista se podría centrar en la investigación y el desarrollo para mejorar los beneficios de la AC, mejorando su desempeño o reduciendo los costos. Este enfoque se basa en la adopción voluntaria y tiene como objetivo incrementar las ventajas de esta situación, haciendo la práctica más atractiva. Sin embargo, la investigación y el desarrollo es una estrategia política a largo plazo, con una probabilidad de éxito incierta.
La retirada de la tierra es sólo adecuada en aquellas ocasiones en las que los problemas de erosión son tan importantes como para garantizar la conversión a cultivos de cubierta permanente. Típicamente, este enfoque requiere una financiación pública importante para compensar a los agricultores, y no es factible en áreas altamente dependientes de una superficie de tierra limitada para la producción de cultivos de subsistencia.
Finalmente, aunque ya probado en algunos lugares, la regulación de los límites de erosión del suelo no es un enfoque habitual (Libby, 1985). Este enfoque surge probablemente en situaciones políticas delicadas y demandas de aplicación/conformidad onerosas, especialmente donde una regulación de la pérdida del suelo a través del no laboreo tiene como resultado descensos significativos en los beneficios netos (Cuadro 5). Un enfoque regulatorio más frecuente supone medidas de conformidad contrapuestas allí donde el derecho a un programa de apoyo depende de la adopción de ciertas prácticas de conservación. Debido a que la conformidad es por elección, el programa de ejecución será seguramente más factible desde el punto de vista político y más eficiente desde el punto de vista económico. Con respecto a la utilización de impuestos en la erosión, es posible inducir la adopción de la AC, incluso la conversión a pastos. Sin embargo, niveles significativos de conservación de suelos suponen importantes pérdidas en los ingresos (Recuadro 5). Por tanto, aunque posible, la recaudación de impuestos no es factible desde el punto de vista político.
La indeterminación en las conclusiones de los estudios empíricos y la naturaleza local obvia de muchos resultados sugieren que no es posible un enfoque universal. Para recoger las diferencias entre las diferentes explotaciones, agricultores y circunstancias económicas sería deseable un enfoque político con claros objetivos. En otras palabras, los mecanismos políticos, como las ayudas o los servicios de extensión podrían estar dirigidos a los individuos de un determinado lugar, o preferiblemente, a agricultores y formas de manejo de la explotación particulares (Recuadro 6). Aunque un enfoque político con claros objetivos supone una carga administrativa pesada para los funcionarios, se podría alcanzar una mayor eficiencia que con un enfoque más uniforme y podría representar el medio más efectivo de fomentar la AC.
Aunque este tipo de enfoque podría ser más apropiado para el diseño de programas que fomenten la AC de una forma directa, existen algunas directrices políticas alternativas que pueden ser de mayor aplicación universal. Por ejemplo, Isham (1999) apunta que las inversiones paralelas en capital social pueden ser necesarias para crear un entorno que permita de una forma suficiente la adopción de las actividades proyectadas, y ésto se podría aplicar claramente en el caso de la AC. Algunos autores sostienen que el capital social es producto de un proceso de aprendizaje. El fomento de discusiones sobre la comunidad y la búsqueda de un consenso en la toma de decisiones puede ayudar a alcanzar dicho aprendizaje. Una cuestión clave es si los gobiernos pueden fomentar el capital social, ya que es posible que los esfuerzos «de arriba a abajo» no sean capaces de promover un capital social «de abajo a arriba». Sin embargo, Sobels et al., (2001) sugieren que ésto no es así, y citan el programa Landcare en Australia como ejemplo del éxito del apoyo gubernamental en su contribución al capital social. De hecho, en un cierto grado, el éxito del programa Environmental Farm Plan de Ontario se puede atribuir al amor propio del agricultor y a su interés en «hacer la cosa justa» (Recuadro 6). Tanto el orgullo como la presión ejercida por sus colegas pueden ser importantes formas de motivación para la adopción de la AC, y las políticas gubernamentales pueden ser capaces de contribuir en este frente.
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RECUADRO 5 Se realizó un estudio para examinar los impactos de las políticas públicas en el uso de la tierra agrícola, la conservación de suelos, los aspectos económicos de la explotación y el presupuesto público y evaluar la efectividad de las alternativas políticas para combatir la erosión de los suelos. El objetivo era estimar a priori la efectividad de las acciones del gobierno diseñadas para evaluar las pérdidas por erosión. El estudio utilizaba un modelo de programación lineal multiperiódica para modelizar el manejo de una explotación típica de cultivos comerciales, que producía soja, maíz y cereal-grano en el suroeste de Ontario. La finalidad era maximizar el VAN de los beneficios netos de la explotación en un periodo de veinte años. Se consideraron diez sistemas de producción alternativos, representando diferentes rotaciones de cultivo y técnicas de laboreo (laboreo convencional, laboreo de conservación y laboreo cero). Además, se modelizaron seis políticas: (i) un límite regulado de pérdida de suelo debido a las operaciones en la explotación por año; (ii) un impuesto basado en las pérdidas por erosión anuales; (iii) un impuesto sobre los insumos materiales asociados a los sistemas de laboreo convencional; (iv) un subsidio «de una vez» para la compra de equipos de laboreo de conservación; (v) un subsidio anual para fomentar la incorporación de la alfalfa a la producción o para adoptar el laboreo de conservación; y (vi) un subsidio directo en los precios de producción para la alfalfa. En ausencia de cualquier política pública, el sistema más rentable era la rotación maíz-soja-trigo de invierno con laboreo convencional. Otras políticas mostraban lo siguiente:
En conclusión, las medidas políticas del sector público que requieren que el agricultor asuma la carga de reducir la erosión, difícilmente se podrán llevar a cabo debido a los efectos financieros adversos impuestos en las operaciones de la explotación. Las políticas públicas que requieran que los contribuyentes asuman dicha carga serían efectivas en términos de coste por unidad de erosión controlada, pero podrían suponer un problema fiscal, especialmente en un periodo de déficit presupuestario gubernamental e incremento de la deuda.
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RECUADRO 6 El Programa Environmental Farm Plan (EFP) de Ontario representa un enfoque innovativo en la conservación ambiental de la explotación, a través de la participación voluntaria de los agricultores para evaluar el riesgo ambiental y despertar la conciencia ambiental en su explotación. El Programa EFP se inició en 1992, ayudando a los agricultores a desarrollar un plan práctico para manejar sus explotaciones de una forma ambientalmente responsable. Los agricultores individuales trabajan a través de una serie de 23 módulos que cubren aspectos como la calidad del agua y el hábitat natural y envían sus planes individualizados para una revisión «de igual a igual» (es decir a otros agricultores). Comenzó, y todavía permanece, como un proceso dirigido por los propios agricultores, aunque el gobierno suministra algún experto técnico y fondos. La conformidad y el interés entre los agricultores es alto, especialmente en lo relativo a los enfoques de regulación tradicionales conducidos por el gobierno. Aunque existe algún aporte de fondos (un máximo de 1 500 dólares canadienses por explotación para los agricultores que completen, lleven a cabo y aseguren su participación en el EFP; además, los ganadores de los concursos ambientales reciben 1 000 dólares canadienses), el programa se basa fundamentalmente en el amor propio de los agricultores y en su deseo de destacar entre sus colegas, vecinos y consumidores. Como declaraba un participante en el programa: «El EFP es una excelente manera de puntuar nuestra propia tarjeta de resultados y valorar todas nuestras actividades agrícolas desde un punto de vista ambiental.... Necesitamos informar a nuestros vecinos de la ciudad de que estamos preocupados por el ambiente».
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Los análisis políticos y económicos especializados son prerrequisitos para un diseño apropiado y para centrar objetivos de una forma correcta en las políticas de AC. Los analistas políticos y los economistas interesados en la AC pueden utilizar numerosas técnicas y formas de pensar. Los indicadores de sostenibilidad constituyen un ejemplo. Estos últimos recogen los cambios sobre las prácticas agrícolas que alteran la sostenibilidad del sistema de cultivo de una manera cuantificable, que un análisis convencional podría no recoger. Por tanto, los indicadores de sostenibilidad pueden describir la evolución de la productividad del suelo en el tiempo o presentar su estado, de forma que sean capaces de contrastar mejor las condiciones bajo manejo convencional y de conservación. Los indicadores de sostenibilidad son aplicables en un ámbito local, intermedio, como en la comunidad o región, o incluso más amplio.
CUADRO 10
Efectos del manejo del laboreo y del suelo en los índices de sostenibilidad
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Nivel de sostenibilidad |
Índices de sostenibilidad influenciados por el laboreo del suelo |
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Planta/cultivo |
Rendimientos agrícolas |
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Sistema de cultivo |
Productividad |
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Sistema de explotación |
Beneficio, ingreso, recursos y calidad ambiental |
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Región/comunidad |
Suministro, ingreso no agrícola, ventaja comparativa, calidad ambiental |
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Nacional |
PNB, sostenibilidad de recursos, situación actual en el comercio |
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Internacional |
Ingesta de calorías per cápita |
Fuente: Lal, 1999.
En el Cuadro 10 se detalla cómo varían algunos de los indicadores con el cambio en las prácticas de laboreo y cómo afectan a cada uno de estos niveles. Cuanto más completas sean las medidas de sostenibilidad que se incorporan a estos indicadores, los cambios en las prácticas agrícolas supondrán también cambios en las medidas de acompañamiento.
En la explotación y en la localidad, los indicadores de sostenibilidad evalúan la sostenibilidad de sistemas de cultivo específicos y, por interferencia, la sostenibilidad del laboreo del suelo dentro de un sistema productivo determinado (Tisdell, 1996). El Cuadro 10 sugiere diferentes variables de la explotación que podrían ser válidas como indicadores. Los indicadores que son más completos definen la sostenibilidad en su aspecto de manejo, utilizando conceptos como el ingreso sostenible. Este último se puede definir como el ingreso potencial a perpetuidad que se puede derivar de la utilización de un recurso. En algunos casos, los indicadores que acompañan estas definiciones ligan la degradación del suelo en la explotación a las técnicas de contabilidad nacionales.
En un nivel macroeconómico, el sistema de contabilidad nacional ha integrado la degradación del suelo, a través de iniciativas contables «verdes», como el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas Integradas de las Naciones Unidas. Para ser coherentes con las prácticas contables nacionales estándar, la «contabilidad verde» mide la inversión o desinversión en el capital natural del suelo y entonces ajusta el PNN/PNB consecuentemente. Otros enfoques nacionales para los indicadores incluyen los cálculos de las tasas de ahorro «auténticas» del Banco Mundial. Estas últimas ajustan los ahorros netos domésticos mediante cambios en el valor del almacenamiento de los recursos y en los daños debidos a la contaminación, mientras que el indicador de Pearce-Atkinson incorpora elementos relacionados con la idea de ahorros «auténticos». Indicadores como éste pueden llevar a los políticos, de una forma más clara, el mensaje de que la degradación de los suelos tiene como resultado una pérdida en la riqueza de un país, y así aunar mayores esfuerzos en la promoción de prácticas más sostenibles, como la AC.
Los analistas que tienen que evaluar el potencial de los proyectos relacionados con la AC o las prácticas agrícolas a elegir, pueden adoptar diferentes medidas. Estos esfuerzos son importantes porque algunos de los beneficios de la AC no aparecen en los análisis del tipo costo-beneficio o en las comparaciones entre AC y prácticas alternativas definidas en términos financieros de una forma sesgada.
Es una práctica común utilizar estas técnicas de valoración para incorporar los beneficios y costos de las prácticas agrícolas que no tienen un precio en los mercados. Los ejemplos incluyen la sedimentación en zonas situadas aguas abajo procedente de la erosión de los suelos o la pérdida de fertilización orgánica, donde el estiércol es utilizado como combustible en lugar de en campos de cultivo. Las prácticas de valoración más apropiadas para las comparaciones entre las prácticas agrícolas convencionales y la AC incluyen el costo de reemplazo, los cambios en la productividad, enfoques sustitutivos directos e indirectos, gastos preventivos o de mitigación y técnicas de mercado hipotéticas o construidas (IIED, 1994).
Los análisis económicos de los proyectos pueden incorporar el agotamiento del suelo como una forma de capital natural en las prácticas de laboreo convencional, ya que permite comparaciones más realistas con la AC. Este agotamiento constituye un costo de cultivo no sostenible adicional a los costos normales de producción. Se trata de un costo del propio usuario ya que produce ganancias a corto plazo a expensas de los futuros ingresos (Daly, 1996). El omitir los costos propios del usuario tiene como resultado una exageración en los beneficios netos económicos de las prácticas de cultivo actuales, que agotan los suelos. Existen diferentes técnicas disponibles para calcular el costo del usuario por agotar el almacén de recursos naturales. Dos enfoques comunes son el método del precio neto y el método del costo marginal del usuario.
Un análisis ambiental adecuado requiere la evaluación de los cambios en las condiciones ambientales en lo relativo al rango de respuestas en el comportamiento que pueden existir (Freeman, 1993). Cuando los agricultores adoptan la AC, se pueden esperar numerosos cambios adicionales, como el cambio de cultivos, cambios en las medidas de control de plagas, cambios en las labores de cultivo para los diferentes miembros de la familia (por género), etc. Por esta razón, el análisis comparativo de la AC y las prácticas alternativas deberían adoptar un enfoque integrado de la explotación para recoger la gama completa de cambios en el comportamiento (Sorrenson, 2001). Diebel et al. (1993) sostienen que el análisis de prácticas individuales aisladas puede incluso suministrar resultados engañosos cuando ciertos factores se combinan de una forma sinérgica para generar barreras a la adopción que no son evidentes.
Mientras que en la redacción de proyectos se hace un uso universal del análisis de costo-beneficio, otras técnicas de evaluación de proyectos optan por la evaluación de proyectos o técnicas de AC. Entre ellas, se encuentra el análisis multi-criterio (AMC), el análisis de costo-efectividad, el análisis de decisiones, la evaluación de impacto ambiental y los métodos participativos. El AMC reconoce que los responsables de la toma de decisiones de los gobiernos y los pequeños propietarios tienen muchos objetivos en mente cuando deciden sobre la viabilidad de un proyecto agrícola y las prácticas de manejo de la explotación, respectivamente; más de lo que el simple análisis de coste-beneficio puede llegar a recoger. Además, diferentes técnicas de compensación, como las curvas de compensación u otras técnicas analíticas más sofisticadas, pueden ayudar a evaluar el equilibrio entre objetivos contrapuestos. Por ejemplo, Van Kooten et al. (1990) utilizan dicho método para examinar el equilibrio entre los beneficios netos y las motivaciones de cuidado de la tierra entre los agricultores en Saskatchewan, Canadá, en la adopción de las prácticas de conservación de suelos.
