En los últimos años, en el marco de la reorientación de la PAC, la UE y diversos estados nacionales lanzaron programas innovadores de desarrollo rural con lógica territorial, diversificación multisectorial y financiamiento público, por ejemplo, los LEADER, PRODER y Pactos territoriales. También se han dado procesos de desarrollo local endógeno en los que la participación pública ha sido menos importante, como es el caso de los distritos industriales y agro-alimentarios. Parece igualmente útil ‘redescubrir’ instituciones más tradicionales que han contribuido al desarrollo de la agricultura en muchas regiones europeas, como las cooperativas agrícolas y las asociaciones de regantes. Tanto los mecanismos innovadores como estas instituciones más convencionales han promovido la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, y de este modo han impulsado el crecimiento con equidad.
El programa comunitario LEADER[20] constituye el primer intento de poner en práctica el nuevo enfoque territorial, integrado y ascendente de desarrollo rural. Con base en la identificación de los problemas y las potencialidades de zonas rurales específicas, se formulan planes y promueven inversiones prioritarias. Sus tres principios generales son la innovación, el partenariado y la integración multisectorial:
Cada programa LEADER interviene en un territorio (comarca) relativamente pequeño (entre diez y cien mil habitantes) y homogéneo.
Un partenariado vertical entre las distintas instancias institucionales (municipal, regional, nacional, Comisión Europea) establece las orientaciones generales, las normas para la selección y aprobación de proyectos, las subvenciones o aportes de cada partner al cofinanciamiento de los proyectos, y las responsabilidades relativas al seguimiento de todo el proceso.
Se organiza un partenariado horizontal (Grupo de Acción Local - GAL) bajo la forma de asociación en la que participan actores públicos y privados de la economía y sociedad del territorio: alcaldes, asociaciones de productores y comerciantes, cooperativas, sindicatos, empresarios, ONG, bancos/cajas rurales, y grupos de la sociedad civil. En la asamblea de socios el sector privado/social constituye la mayoría. El GAL, con ayuda de un pequeño equipo técnico: i) prepara un plan estratégico y de inversiones para la comarca, con recursos y financiamiento de diversos orígenes, no sólo del LEADER, en el marco del programa operativo o de desarrollo rural de la región; ii) formula un plan de acción específico para los cinco o seis años de funcionamiento del Programa; y iii) estudia, aprueba y supervisa la ejecución de los proyectos presentados por los postulantes al financiamiento del Programa. Dentro de las normas establecidas por el partenariado vertical, los GALdisponen de un amplio margen de maniobra.
Se promueven acciones integradas, innovadoras y multisectoriales. Estas acciones se dirigen principalmente al aprovechamiento de las ventajas comparativas y peculiaridades del territorio, lo mismo que a la creación de clusters de pequeñas empresas y asociaciones de categoría, y de sinergias y complementariedades entre sectores, como factores para aumentar la competitividad de la comarca. Como el sector agrícola es atendido por otros instrumentos de la PAC, el LEADER privilegia la diversificación, principalmente en comercialización, mejoras del patrimonio y el medio ambiente, aumento del valor agregado de los productos básicos, pequeñas industrias, artesanías, turismo rural y empresas de servicios locales.
Los proyectos se cofinancian con fondos públicos europeos, recursos del estado miembro y la región, y aportes directos de los inversores privados.
Otras características, destinadas a evitar el aislamiento de los GALe integrar la comarca en los mercados, son la asistencia técnica que se les proporciona (particularmente en las primeras etapas), el trabajo en red a partir de “observatorios” en Bruselas y en cada país, y la cooperación entre los Grupos de Acción Local.
El programa LEADER, que comenzó a aplicarse con carácter experimental en 1991, se ha extendido y ampliado en función de la experiencia acumulada. El LEADER I (1991 - 94) ejecutó proyectos en 217 comarcas de regiones atrasadas o zonas rurales desfavorecidas. Sus principales aportes fueron la movilización de los actores locales, la creación y el funcionamiento de los GAL como instrumentos de concertación, y el trabajo en red, todo ello orientado a la valorización del territorio comarcal y la diversificación de sus actividades productivas. Por su parte, el LEADER II (1994 - 99) funcionó en más de 1000 comarcas e hizo hincapié en el carácter innovador de las acciones promovidas (valorización de productos locales, denominaciones de origen controlado, pequeñas industrias, turismo rural y artesanías) y en la cooperación entre los GAL, incluso entre los de distintos países de la UE, favorecida por los observatorios nacionales y el observatorio europeo de Bruselas. Finalmente, el LEADER Plus, en ejecución hasta el 2006, privilegia las estrategias integradas, elaboradas en torno a uno o dos temas o ejes aglutinantes del territorio, con el propósito de reforzar su competitividad; conlleva igualmente un importante componente de innovación, puesta en red y cooperación con otros territorios de la UE o de terceros países.
El LEADER cubre actualmente algo más de la mitad del espacio rural europeo. Sus resultados han sido exitosos, a pesar de que los recursos comunitarios asignados al programa son bastante limitados y de que los proyectos individuales son relativamente pequeños[21]. Su orientación hacia las innovaciones, la valorización de recursos locales desaprovechados en el pasado, las inversiones inmateriales (formación, partenariado local), y la flexibilidad y el amplio margen de maniobra de los GAL han abierto posibilidades de creación de capital social, realización de inversiones productivas y creación de empleo en zonas rurales atrasadas. La “metodología” LEADER ha enriquecido las políticas rurales de diversos países (Suecia, Bélgica y Austria), se ha aplicado en programas nacionales complementarios (PRODER en España y POMO en Finlandia), y se ha utilizado en programas parcialmente similares (como el Programa de Desarrollo Local en Irlanda).
El Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales (PRODER) deriva de las enseñanzas del LEADER y utiliza fondos europeos. Sin embargo, no se trata de una iniciativa comunitaria sino de un programa lanzado por España en comarcas de las regiones del Objetivo 1. Coordinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se financia con fondos estructurales europeos y recursos españoles (nacionales, de los gobiernos regionales y de las autoridades locales). Su objetivo fundamental es impulsar el desarrollo endógeno y sostenido de las zonas rurales atrasadas a través de la diversificación de sus economías y la contención del éxodo rural. Las medidas subvencionables abarcan la valorización del patrimonio rural y local (mejora y equipamiento de pequeños núcleos urbanos, pequeños polígonos industriales, etc.), el fomento de las inversiones en agroturismo y turismo local, el fomento de pequeñas empresas artesanas y de servicios, la revalorización del potencial productivo agrícola y forestal, y la mejora de los sistemas de extensión agrícola y forestal.
Adiferencia del LEADER, este programa financia actividades agrícolas y forestales, pero sólo tratándose de proyectos de carácter innovador. Por otra parte, no contempla la cooperación transnacional. Un ejemplo de este programa es el PRODER 2000 - 2006 de Andalucía, cofinanciado por el FEOGA-O y, en sus actividades de diversificación no agrarias, por el FEDER. Beneficia a comarcas rurales que, organizadas en “asociaciones de desarrollo rural”, formulan un Programa de Desarrollo Endógeno compuesto de un diagnóstico, objetivos y estrategia de desarrollo, y un programa detallado de actuación. La ejecución de cada programa sigue aproximadamente los lineamientos indicados más arriba para el LEADER[22].
Irlanda (1992) e Italia (1995) iniciaron programas de desarrollo local, basados en partenariados locales amplios que se organizan para impulsar las actividades productivas y la infraestructura en zonas rurales de menor desarrollo. Sobre la base de esta experiencia, la UE lanzó en 1998 los Pactos Territoriales para el Empleo (PTE) y hasta el 2002 había financiado 89 propuestas en los 15 países miembros. Las características de los PTE son similares a los Pactos italianos, que son los que se analizan a continuación.
Los Pactos territoriales son acuerdos entre sujetos públicos y privados para ejecutar programas integrados de inversiones industriales, agroindustriales, agrícolas y de servicios. Reciben subvenciones públicas sólo cuando tienen lugar en zonas deprimidas. La contribución máxima del Gobierno para cada Pacto asciende a unos 50 millones de euros y al menos el 30% de las inversiones debe financiarse privadamente[23]. El objetivo es promover el desarrollo de la región a través del establecimiento de una alianza local. En una primera fase de trabajo en común, los sujetos locales definen el territorio, analizan sus problemas, establecen la estrategia de intervención e identifican los proyectos idóneos para llevar a cabo esa estrategia. Asumen igualmente compromisos tendientes a favorecer el éxito del Pacto. Por ejemplo, los gobiernos provinciales y municipales pueden facilitar y abreviar los trámites burocráticos; los sindicatos aceptar condiciones especiales en materia de salarios y flexibilidad laboral; las empresas ofrecer aumentos de ocupación y capacitación de la mano de obra; y los bancos establecer condiciones crediticias favorables. Esta fase puede llevar dos o tres años, pues tiene también el propósito de mejorar las relaciones entre las instituciones y actores locales, y promover acciones concertadas en el territorio. Culmina con la firma del Pacto y su envío a los bancos, al gobierno de la región y al Ministero del Tesoro, a quienes corresponde aprobar el programa de desarrollo del territorio y los incentivos financieros a las inversiones identificadas.
En la fase sucesiva los participantes constituyen una sociedad encargada de acompañar la realización del conjunto de las actividades operativas del Pacto. En particular, esta sociedad colabora en la movilización de los recursos financieros, técnicos y organizativos necesarios para alcanzar los objetivos, controla que los participantes cumplan los compromisos asumidos y evalúa los resultados alcanzados.
Como se puede ver, el objetivo económico de los PT es llevar a cabo programas integrados, diseñados para alcanzar las prioridades seleccionadas por los actores, utilizando los recursos existentes en el territorio. Pero los Pactos también tratan de promover, en zonas atrasadas, condiciones socio - institucionales favorables al crecimiento económico, principalmente colaboración público-privada, confianza mutua, acciones colectivas y formación de recursos humanos. La justificación deriva de la hipótesis de que, precisamente, la acumulación de este capital social ha constituido históricamente un factor esencial del desarrollo rural de otras regiones italianas, entre otras cosas facilitando la agrupación de pequeños y medianos empresarios en distritos industriales y agroalimentarios de grandes dimensiones.
Los primeros pactos comenzaron a concertarse en 1995. La evaluación realizada por Cersosimo y Wolleb, sobre la base de un detallado trabajo de campo, ha podido verificar que en un número significativo de casos los PThan contribuido a reducir el aislamiento de los gobiernos y otros sujetos institucionales locales, reforzar la interacción y las relaciones horizontales, y aumentar el grado de confianza. Los acuerdos alcanzados en el proceso de construcción del Pacto se perciben como estables y duraderos, y el propio Pacto como una nueva institución intermedia a la que se reconoce un papel en el desarrollo local. La movilización socio - institucional inducida por el Pacto ha sido, en general, muy amplia. El instrumento ha obligado a la agregación, incentivado las coaliciones locales, ayudado a crear mesas de concertación con una pluralidad de sujetos institucionales públicos y privados, y estimulado la ampliación de las redes de relaciones y el crecimiento del capital social.
En cambio, los efectos de los Pactos en la esfera de las inversiones y producción de bienes privados y públicos han sido menos importantes o concluyentes, en parte debido al poco tiempo transcurrido, a incertidumbres y cambios en la legislación durante los primeros años de aplicación, y a que los proyectos apoyados no han gozado de ventajas particulares respecto a otras formas institucionalmente menos exigentes para obtener incentivos. Algunos resultados negativos se han originado en concertaciones oportunistas de sujetos que han considerado a los Pactos como un nuevo canal político para drenar recursos públicos.
Los distritos industriales (o, más generalmente, sistemas productivos locales) han estado asociados en Italia al éxito de las pequeñas empresas, casi siempre de gestión familiar y a menudo de origen artesano. Se caracterizan por la presencia, en zonas rurales relativamente pequeñas, de una activa comunidad de residentes y un amplio número de pequeñas y medianas empresas independientes, especializadas en productos intermedios o finales de una misma rama manufacturera.
Se apoyan en una densa red de relaciones institucionales y personales entre organismos públicos locales, iniciativas privadas y empresas, que se confrontan y coordinan con el propósito de llevar adelante políticas productivas funcionales al desarrollo del distrito. La combinación de la competición empresarial cuando se trata de producir bienes privados con la colaboración para producir bienes públicos o acceder a servicios, estimula el aumento de la calidad de los productos y la innovación de los procesos de producción como formas para responder dinámicamente a las exigencias del mercado[24].
Los DI se han desarrollado de forma principalmente autónoma durante las últimas décadas, concentrándose en ciertas ramas en que han adquirido ventajas competitivas relevantes. Entre las de base agrícola y agroalimentaria, cabe mencionar los textiles y el vestido, cuero y calzado, queso parmesano, jamón de Parma y San Daniele, hortalizas, frutas y flores. La especialización productiva contribuye a determinar la dimensión territorial de los DI, que en general abarcan uno o varios municipios contiguos. El tamaño de los distritos agro-alimentarios es más variable y puede ser mucho mayor que el de los distritos industriales. Otra característica de los distritos agro-alimentarios es su fuerte vinculación con la realidad local: muchas veces, la presencia de productos típicos representó históricamente la base para comenzar actividades artesanales de elaboración y preservación que permitieron valorizar los recursos y las tradiciones locales y ensanchar el mercado. Sin embargo, la relación del distrito con la agricultura de la zona tiende a debilitarse con el tiempo pues, a medida que crecen, las industrias locales de procesamiento suelen utilizar insumos procedentes de otras zonas[25].
Las pequeñas y medianas empresas que predominan en la mayoría de los DI no tienen la capacidad individual para organizar y financiar servicios esenciales para sobrevivir en mercados competitivos, tales como los servicios de investigación y desarrollo, innovación de los procesos y productos, capacitación, y mercadeo. Inicialmente esos servicios fueron organizados en forma relativamente informal, con la colaboración de estructuras públicas locales y regionales. La respuesta definitiva han sido los Centros de Servicios Especializados (CSE).
Los CSE son generalmente sociedades privadas sin fines de lucro, con capital suscrito por actores que representan los intereses públicos, privados y sociales del distrito: municipios, provincia, región, universidad, asociaciones locales de empresas y empresas individuales, entre otros. Los servicios que ofrecen dependen de las necesidades de cada realidad local y de la especialización productiva del distrito. En general, los servicios solicitados con mayor frecuencia son capacitación técnico-profesional; investigación, tanto aplicada como relacionada con los mercados; asistencia técnica en aspectos productivos y de gestión administrativo-financiera de las empresas; y servicios relacionados con la certificación de los productos y los procesos productivos. Si bien los CSE suelen tener una estructura interna pequeña (7 a 15 funcionarios muy calificados), tienen acceso a una densa red de profesionales externos, llamados a colaborar en actividades de investigación o de servicios, según las necesidades. Esta flexibilidad de los CSE les asegura un flujo de información y conocimientos actualizados y de alto nivel. El apoyo financiero público es a menudo esencial para el funcionamiento de los CSE, especialmente en sus fases iniciales. Los gobiernos regionales y locales contribuyen a formar el capital de los CSE, y estos complementan sus ingresos participando en concursos públicos para la preparación de programas de investigación de diverso tipo.
Los DI continúan expandiéndose en Italia, en los últimos años también en regiones del sur del país. Se estima que existen unos 200 distritos. Uno de los mayores (baldosas y azulejos) empleaba 22.000 trabajadores en el 2000 y facturaba algo más de 3.000 millones de euros. Dada su capacidad para insertarse y acompañar los procesos de globalización en una amplia gama de productos intermedios o terminados, muchos de ellos de alta calidad, la proporción exportada del facturado total es muy elevada y ha ido creciendo (del 41,8% en 1998 al 46,6% en 2000, en los distritos para los que existe información).
En definitiva, tal como algunos estudios empíricos han mostrado, el éxito de la pequeña empresa industrial y agroindustrial italiana no parece justificarse solamente por los factores internos privilegiados por la teoría convencional. Dichas empresas, habrían sido “capaces de superar las desventajas de su menor escala productiva a través de las economías externas generadas por la capacidad ‘sistémica’ del distrito para imaginar y administrar complejos procesos de descomposición/integración del ciclo productivo, basándose en empresas especializadas en fases parciales de la elaboración, en el ámbito de un contexto social adecuado para llevar a cabo una fuerte división del trabajo entre las diversas unidades productivas”[26].
La diversificación productiva y la preservación y valorización de la especificidad de cada territorio, dirigidas a recuperar o a crear ventajas competitivas en productos y servicios con mercados dinámicos, han sido un componente principal de las nuevas políticas rurales.
Entre los activos o el capital de un territorio cabe mencionar a los recursos físicos; el equipamiento y el patrimonio histórico y arquitectónico, incluidos pueblos y aldeas; el patrimonio cultural (folklore, tradiciones musicales y artísticas, especialidades culinarias y enológicas, artesanías) que otorga identidad general al territorio; los recursos humanos y conocimientos técnicos; las actividades productivas; y las instituciones y administraciones locales[27].
Con este concepto amplio de activos territoriales, su valorización puede asumir características muy diversas pero casi siempre se apoya en las “economías de diversificación” y corresponde a tres grandes opciones.
Primero, aumentar el valor añadido de productos y servicios existentes en el territorio, garantizando o mejorando su calidad o presentación, comercialización y grado de industrialización. En otros términos, dentro de las actividades de las diversas cadenas, se trata de poner en contacto a los productores locales con los consumidores (integración vertical a lo largo de una rama) y procurando que en lo posible estas actividades se realicen en la comarca. Así por ejemplo, en Los Pedroches (Andalucía) además de mejoramientos de la genética y el manejo del cerdo ibérico, el LEADER ha fomentado mataderos y producción local de embutidos y jamones con denominación de origen, cuyo valor de venta es más de tres veces superior al de los productos del cerdo vendidos anteriormente. En el mismo programa de Los Pedroches se ha innovado en los procesos, métodos y productos de las canteras de piedra existentes y se ha valorizado también la producción de aceitunas con la introducción de aceite biológico certificado. En Extremadura, aprovechando la fama de las cerezas del valle del Jerte, se ha apoyado la producción y comercialización de aguardiente de cereza utilizando cerezas de poca calidad para su venta en fresco. La especificidad del valle de Sousa (Portugal) es la artesanía realizada por mujeres, en particular el bordado. El LEADER de esa comarca ha profesionalizado esas actividades mediante la recuperación de técnicas tradicionales, modernización de los patrones e informatización de los métodos, cursos de formación y promoción comercial.
Segundo, valorizar recursos y factores anteriormente inutilizados o subutilizados, mediante la creación de nuevos productos y servicios con valor comercial. Por ejemplo, en Galicia, en la comarca de Portodemouros, se han hecho inversiones para aprovechar un embalse con fines deportivos. Construido hace años para generar energía sin el consenso de la población local, el embalse es ahora utilizado productivamente por ésta, incorporándose a la economía local. Muchos proyectos en diversos países han organizado actividades artesanales a partir de mano de obra de minusválidos o mujeres desocupadas. La posibilidad de albergar museos, centros culturales y servicios de documentación o de asesoramiento a empresas o a particulares, lo mismo que la de establecer restaurantes, hoteles rurales y agroturismos, ha estado en la base de la rehabilitación de edificios tradicionales (antiguos castillos, casas rurales, molinos, bodegas) o simplemente de edificios inutilizados en numerosas regiones europeas. La producción de plantas medicinales y determinados productos biológicos, y la realización del potencial de ciertas zonas como lugar de segunda residencia han permitido también valorizar territorios anteriormente poco utilizados.
Por último, se pueden aprovechar al máximo las sinergias existentes (o generar otras nuevas) entre distintas actividades, por medio de la integración horizontal de sectores de la economía local. Por ejemplo, la creación de centros de degustación de productos típicos del lugar, su inclusión en la carta de los restaurantes locales y la promoción de recetas culinarias estimula a la vez el turismo y la venta de productos locales. En el valle del Crati (Calabria), se aprovecha una atracción de la zona (caballos) para combinar la enseñanza de la equitación con actividades de degustación y venta de vinos, hotelería, restaurantes y turismo rural en toda la zona. En Portodemouros (Galicia), una industria rural que elabora el producto de pequeños apicultores de la zona ha establecido, en el mismo edificio rural, un bello y didáctico Museo de la Miel, creando sinergia entre las actividades agraria, agroindustrial y turística de la comarca.
En los últimos años, particularmente en el LEADER Plus, para organizar mejor las sinergias intersectoriales, se ha superado la lógica de los proyectos relativamente dispersos requiriéndose que todos ellos estén organizados en torno a ejes estratégicos o temas unificadores. Por ejemplo, en la comarca del Antico Frignano (Emilia-Romaña), los proyectos presentados para cofinanciamiento del LEADER debían vincularse a cuatro temas característicos del territorio (castaña, artesanía artística, monasterios benedictinos y la via Emilia del antiguo Imperio Romano), lo cual ha permitido aumentar la producción tradicional, las artesanías y los servicios turísticos. El “itinerario de un patrimonio” se ha convertido en un eje estratégico eficaz para construir programas integrados en muchas regiones. El “patrimonio” puede ser de muy diversos tipos, por ejemplo religioso, parques naturales, arqueológicos o culturales, lugares o rutas históricas, productos y artesanías típicas o fiestas populares tradicionales. Los ejemplos son numerosos, algunos de ellos muy conocidos: el camino de Santiago, en el norte de España; los itinerarios de San Francisco de Asís en Umbria; la ruta del Chianti en Toscana; el itinerario de las fiestas populares en Liguria; las Alpujarras en Andalucía; las rutas del queso, vino, jamón y otros productos en muchas regiones y países; los parques naturales de los Picos de Europa y Ordesa en España; la identidad cultural y tradiciones del Alentejo en Portugal, etc.
En todas estas actividades de valorización de activos territoriales, los GALy otros gestores de proyectos de desarrollo territorial han tenido generalmente un papel inicial fundamental. Amenudo ese papel ha sido continuado por asociaciones profesionales, creadas o reforzadas por los GAL, que agrupan por ejemplo a los artesanos, operadores turísticos, productores de bienes típicos u otros. A veces estas asociaciones mantienen un sistema de información y página Internet común para difundir las opciones que ofrece el territorio, como sucede por ejemplo en el LEADER del Apenino Central.
El turismo rural es uno de los principales propulsores de la valorización del territorio. Se trata de una actividad que integra la agricultura con el turismo, la artesanía y la cultura del territorio. Contribuye eficazmente a: i) incrementar el ingreso y el empleo rural, especialmente de los jóvenes y las mujeres, limitando su migración a las ciudades, problema especialmente frecuente en zonas de montaña; ii) valorizar y recuperar la arquitectura rural y el patrimonio inmobiliario tradicional; iii) redescubrir y promover los productos típicos y las maneras tradicionales de cultivarlos y prepararlos; iv) integrar la cultura campesina con la cultura artesanal (culinaria y de otros tipos); y v) conservar el paisaje rural.
En Italia, por ejemplo, se diferencia el turismo en hoteles, restaurantes y otros servicios situados en zonas rurales (“turismo rural”), del turismo en explotaciones agrícolas o “agroturismo”[28]. En éste último, se abren las puertas de la finca y la vida familiar para ofrecer al visitante una experiencia integral de la vida en el campo y un tiempo de reposo. El agricultor debe estar dispuesto a transformar la explotación en una empresa multiactiva y multifuncional, en el entendido de que la cultura rural es el mayor valor para compartir con los huéspedes. Para el agroturista la estadía significa reactivar vínculos con el campo o tener la experiencia de una dimensión y calidad de vida desconocida en las ciudades, que le permiten y entrar en contacto directo con una cierta cultura local. Para el sector público, los promotores privados y los grupos locales, el agroturismo significa un instrumento de desarrollo que articula la demanda de medio ambiente natural y diversidad de zonas rurales con las necesidades económicas y sociales de los productores agrícolas.
En varios países europeos, el movimiento cooperativo ha alcanzado una fuerza considerable. Se trata de asociaciones de primer y segundo grado que si bien directamente no tienen finalidades de lucro siguen lógicas estrictamente mercantiles. Los socios de las cooperativas de servicios de primer grado son normalmente agricultores (personas físicas o jurídicas) que mantienen la propiedad privada de sus predios lo mismo que una actividad empresarial autónoma.
Estas organizaciones buscan sobre todo generar economías de escala en la prestación de servicios esenciales para aumentar la competitividad de la agricultura, en especial los relativos a la comercialización y la elaboración en gran escala y con marcas de calidad, el mejoramiento y la sostenibilidad ambiental de la tecnología productiva; la disminución de los costos de los insumos, el financiamiento y los seguros agrícolas; el aumento de la calidad, la inocuidad y el grado de procesamiento de los productos vendidos; la capacitación de los socios y familiares; y otras sinergias alcanzables dentro de ciertas cadenas productivas.
Las cooperativas contribuyen también a la equidad, principalmente cobrando sus servicios en proporción directa a la cantidad y calidad del producto entregado por los socios. De esta forma, los pequeños y medianos productores tienen costos unitarios de transacción iguales a los de los grandes en los mencionados servicios de asistencia técnica, compra de insumos, acceso a los recursos financieros y la comercialización. Además, la considerable dimensión que a menudo alcanzan las operaciones de las cooperativas de segundo grado les hace partícipes de precios muy favorables, tanto para los insumos comprados como para los productos vendidos. Estas ventajas son especialmente importantes para los pequeños agricultores. Las visitas realizadas a cooperativas italianas y españolas de servicios para la horticultura y fruticultura, la oleicultura, la ganadería láctea, porcina y lanar, la vinicultura, la cerealicultura y la piscicultura han permitido comprobar las características recién mencionadas.
Por su parte, las asociaciones de regantes constituyen un elemento importante de la gestión de las redes colectivas de riego y de participación en aspectos más amplios de la gestión de los recursos hídricos. Muchas de ellas son instituciones seculares, constituidas y manejadas por los propios regantes. Otras proceden de la privatización y transferencia de los servicios de provisión del agua de riego. No sólo pueden mejorar la eficiencia, equidad y sostenibilidad financiera de los sistemas de riego sino también contribuir a aumentar los hábitos de concertación y la democratización en la sociedad rural. El buen funcionamiento de las asociaciones depende, inter alia, de adecuados estatutos y reglamentos internos, lo mismo que de la capacidad administrativa y técnica para operar y conservar el sistema de riego. En América Latina, estas asociaciones se están introduciendo y expandiendo en países como Argentina, Chile, Colombia, Guyana, México, Perú y República Dominicana. En algunos de ellos (en Chile por ejemplo), no se han limitado a la mera gestión de los recursos hídricos para el riego y han establecido servicios de asistencia técnica para sus asociados y de asesoría a terceros.
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[20] El nombre LEADER viene
del francés Liaisons Entre Actions de Développement de l'
Économie Rurale [21] En los últimos años se ha destinado al LEADER aproximadamente el 10% del minoritario segundo pilar de la PAC. Cada uno de los GAL del LEADER II recibió en total de la UE un promedio de 1,7 millones de euros; en la programación del LEADER Plus esa cifra aumenta a 2,3 millones, con un gasto medio total de 4,8 millones, incluyendo la participación privada. [22] Los principales parámetros para la distribución de los recursos disponibles entre los PRODER de las distintas zonas de Andalucía son: población y densidad de población, población de más de 65 años, tasa de dependencia, tasa de desempleo, proporción del paro femenino respecto del masculino, ingreso por habitante. En cada territorio, el Grupo de Desarrollo Rural determina los criterios para la evaluación de las demandas presentadas, pero teniendo en cuenta las siguientes prioridades establecidas por el Gobierno de Andalucía: oportunidades de empleo de los grupos objetivo, igualdad de género, corrección de desequilibrios socioeconómicos en la zona, carácter innovador y contribución al desarrollo integral y sostenible, viabilidad técnica, económica y financiera, impacto ambiental. (Ver Junta de Andalucía - Dirección General de Desarrollo Rural, "PRODER de Andalucía 2000-2006"). [23] Véase Domenico. Cersosimo y Guglielmo. Wolleb, "Politiche pubbliche e contesti istituzionali. Una ricerca sui patti territoriali"; in Stato e Mercato, dicembre 2001; y Paola Casavola y Francesca Utili, "Encouraging local partnerships to promote local development. What one should really expect from Territorial Pacts in depressed areas?", Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione, Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Roma, 2001 (borrador). [24] Véase: Istituto per la Promozione Industriale (IPI), "L'esperienza italiana dei Distretti Industriali", Roma, 2002; y Roberto Fanfani y Carmen Brasili, "Agri-Food Districts: Theory and Evidence", Universidad de Bolonia", 2002. [25] Fanfani y Brasili, op.cit. [26] Istituto per la Promozione Industriale, op. cit. [27] Véase Comisión Europea - Observatorio europeo LEADER, "La competitividad territorial" y "La competividadad económica", en Innovación en el medio rural, Cuadernos 6/1 de diciembre 1999 y Cuaderno 6/4 de diciembre 2000, Bruselas. [28] El agroturismo está definido por la Ley Nacional 730 (1985) como actividad complementaria y conexa a la normal actividad agrícola de la finca, que debe continuar siendo la principal (en términos del tiempo de trabajo empleado). Existen unas 11.000 explotaciones agrícolas certificadas para el agroturismo. [29] No se han estudiado otras instituciones europeas de posible interés (consorcios agrarios en Italia, etc) |
