Los estudios de casos de países tienen una sección final en la que se examinan las cuestiones de interés y las preocupaciones para las negociaciones, que a veces derivan de los informes oficiales presentados al período de sesiones especial del Comité de Agricultura de la OMC, y otras, de un examen más general sobre los derechos y obligaciones que los países en desarrollo tienen frente a los países desarrollados en el marco del AsA. Aunque en este capítulo de síntesis no es posible ni apropiado resumir en detalle la situación de cada país, se pueden indicar algunos puntos a modo de conclusión.
En la actual ronda de negociaciones siguen siendo objetivos fundamentales la obtención de un acceso mayor a los mercados (particularmente en los países desarrollados que en el pasado han registrado los niveles más altos de distorsión del comercio en la ayuda a la producción agrícola interna) y la eliminación de la competencia desleal causada por las subvenciones a las exportaciones. En la mayoría de los países en desarrollo, las estrategias de substitución de las importaciones aplicadas en el pasado han sido reemplazadas por políticas de desarrollo, que hacen hincapié en las ventajas de la integración en la economía global. Ahora bien, dichas ventajas quedarían sin efecto si los obstáculos al comercio continuaran impidiendo y restringiendo el crecimiento de sectores en los que los países en desarrollo tienen una ventaja comparativa. Las dificultades aparecen con claridad en el estudio egipcio. Si mejorara su acceso a los mercados, lo mejor para Egipto sería adoptar una estrategia basada en la asignación de una cantidad cada vez mayor de recursos a productos hortícolas exportables de gran valor en los que Egipto tiene una ventaja comparativa. Pero si el mejoramiento del acceso a los mercado fuera limitado, Egipto se vería obligado a adoptar una estrategia de sustitución de las importaciones centrada en la producción de alimentos, lo que supone un uso menos eficaz de los recursos agrícolas. El proteccionismo aplicado en la UE (un mercado importante de Egipto) no constituye un incentivo para modificar su situación en materia de autosuficiencia en alimentos como un medio para la seguridad alimentaria.
Entre los problemas particulares planteados en los estudios de casos bajo los apartados relativos al acceso a los mercados y la competencia figuran los siguientes: las crestas arancelarias aplicadas a productos de exportación de interés de los países en desarrollo; la progresividad arancelaria que, aunque se redujo en la RU, sigue siendo un factor disuasivo del aumento de la actividad de elaboración de alimentos de valor añadido en los países en desarrollo; la creciente utilización de las medidas MSF y los grandes retrasos en el reconocimiento de la equivalencia de dichas medidas aplicadas en los países en desarrollo; el problema de las preferencias comerciales; la necesidad de volúmenes mayores de contingentes arancelarios y una administración más transparente del acceso a los mismos; y la necesidad de desmantelar las subvenciones a la exportación.
En la mayoría de los estudios se considera justificada la aplicación de un mecanismo apropiado de salvaguardia contra los bajos precios de importación y los aumentos rápidos de las importaciones, para permitir una ulterior liberalización del comercio sin incurrir indebidamente en costos sociales altos. Dicho mecanismo se justifica también como un medio de protección contra el efecto de los altos niveles de las subvenciones y de la protección de la agricultura que se aplica en los países desarrollados, que deprimen y desestabilizan los precios mundiales y crean una competencia desleal en los mercados tanto internacionales como internos. En general, se tiene la impresión de que las cláusulas de salvaguardia del GATT son demasiado difíciles y engorrosas de aplicar debido a la necesidad de demostrar la existencia de daño. Se considera que una alternativa más eficaz sería la de una versión modificada de la disposición de salvaguardia especial a que pudieran recurrir solamente los países en desarrollo.
La otra preocupación planteada sobre todo por los países importadores de alimentos es de que el alza de los precios mundiales y la inestabilidad comporten para los países en desarrollo el riesgo de una tendencia alcista de los precios. El sentir general es de que la Decisión de Marrakech es ineficaz y de que en las actuales negociaciones será fundamental fortalecer de alguna manera sus disposiciones para lograr el apoyo de los países de bajos ingresos importadores de alimentos.
Muchos de los estudios indicaron la necesidad de asegurar que las normas del AsA no impidan a los países en desarrollo proteger y ayudar la producción interna de alimentos. Una preocupación que en parte surge de la percepción de que para la seguridad alimentaria nacional hace falta un nivel alto de autosuficiencia en alimentos, particularmente básicos. Pero también surge del hecho de que el grueso de la pobreza se encuentra en las zonas rurales y de que, por consiguiente, es necesario fomentar las oportunidades de crecimiento y de empleo en dichas zonas y en la agricultura como parte de una estrategia de seguridad alimentaria. A causa de que los pequeños productores son a menudo los más vulnerables en el proceso de liberalización del comercio, se necesitaría también algún tipo de mecanismo de ayuda selectiva para aumentar la productividad de las pequeñas fincas y estimular la diversificación económica rural, con objeto de impedir la marginación de los productores de bajos ingresos. Un tercer argumento es el de la equidad, que se refiere al hecho de que el AsA premió las elevadas subvenciones aplicadas en el pasado por los países desarrollados permitiéndoles continuar con esa práctica, pero ahora niega esos mismos derechos a los países en desarrollo, simplemente porque eran demasiado pobres para financiar tales subvenciones en el pasado.
Los datos ofrecidos en los estudios de casos hacen pensar que las disciplinas de la OMC no han sido restrictivas de las políticas de ayuda interna que los países en desarrollo quieren aplicar. Al parecer, las restricciones presupuestarias y los compromisos asumidos en el marco del programa de ajuste estructural fueron más importantes en cuanto a limitar esas intervenciones. Con todo, muchos estudios de casos indican que los países en desarrollo están preocupados por las consecuencias de las disciplinas actuales para las futuras opciones en materia de ayuda interna. Muchos de ellos quieren una flexibilidad mayor de la que permiten las actuales disposiciones del AsA.
Al examinar estas preocupaciones puede ser útil tener una perspectiva histórica sobre las tendencias registradas en la ayuda a los agricultores. A medida que los países se van desarrollando, el aumento de los ingresos guarda relación con el aumento de las transferencias al sector agrícola interno. Ello ha sido así en el pasado por razones tanto económicas como políticas. El crecimiento económico guarda relación con el desplazamiento de las oportunidades de empleo desde los sectores agrícolas a los sectores no agrícolas, y desde las zonas rurales a las zonas urbanas. Este desplazamiento trae consigo una creciente disparidad entre los ingresos medios no agrícolas y agrícolas y, en última instancia, una reducción del tamaño absoluto de la fuerza laboral agrícola. Ante la disminución de los ingresos relativos, los agricultores se sienten incentivados a organizarse y a presionar políticamente por la transferencia de ingresos. Al mismo tiempo, el crecimiento económico significa que hay mayores posibilidades de que el sector no agrícola cargue con los costos del aumento de las transferencias a los agricultores. El crecimiento económico comporta también un cambio hacia una alimentación más basada en la carne, lo que supone un mayor consumo indirecto de cereales, que en el caso de los países importadores netos de alimentos suele producir un empeoramiento de la balanza del comercio agropecuario. Las preocupaciones acerca de que la disminución de las tasas de autosuficiencia en alimentos supone una disminución de la seguridad alimentaria, sumadas a las preocupaciones por la equidad, aumentan la buena disposición de la población no agrícola a contribuir a las transferencias agrícolas. A medida que el sector agrícola disminuye en tamaño, crece la eficacia de los agricultores en la promoción de sus intereses, y se reduce el costo por habitante de las transferencias a la población no agrícola cada vez más numerosa. El resultado es que a medida que crecen los ingresos por habitante aumentan los niveles de la ayuda agrícola. Es probable que entren en juego las mismas fuerzas, particularmente en los países en desarrollo de ingresos medios, a medida que aumentan los niveles de los ingresos por habitante.
Los datos de los estudios muestran que en muchos países en desarrollo, especialmente los de bajos ingresos, las limitaciones financieras harán improbable la utilización de una flexibilidad adicional para desembolsos por concepto de ayuda interna. Los usuarios más probables de una flexibilidad adicional son los países en desarrollo de ingresos medios en los que la industrialización ha ido creciendo y donde los números absolutos de los que trabajan en la agricultura están descendiendo. Teniendo en cuenta estas probables presiones que se ejercerán en el futuro a favor de un aumento de las transferencias agrícolas, particularmente entre los países en desarrollo de ingresos medios, la cuestión que han de plantearse los países en desarrollo es sobre la conveniencia de buscar una flexibilidad mayor para las transferencias agrícolas relacionadas con la producción. Hay enseñanzas importantes que ofrece la experiencia de los países desarrollados en los que el margen de protección tiende a ser aprovechado por los grupos productores sin que redunde necesariamente en el interés nacional.
Una estrategia alternativa, más favorecida por los países en desarrollo de bajos ingresos, es la de conservar o aumentar la flexibilidad para adoptar medidas en la frontera con el fin de proteger la producción interna. Aumentar los aranceles para proteger a los productores nacionales de alimentos no acarrea gastos al gobierno sino que contribuye a sus ingresos. Existe una tensión permanente entre alzar los precios para beneficiar a los productores rurales y bajar los precios de los alimentos para mejorar la seguridad alimentaria de los consumidores. Las ventajas del sostenimiento de los precios tienden a beneficiar predominantemente a los grandes productores comerciales que producen la mayor parte de los suministros alimentarios comercializados. Muchos de los pobres de las zonas rurales son trabajadores agrícolas y compradores netos de alimentos. Un ejemplo notable es Indonesia, donde la incidencia de la pobreza que había ido descendiendo constantemente durante los dos decenios de 1976-1996 experimentó un aumento pronunciado como consecuencia de la crisis asiática, para volver en 2000 al nivel anterior a la crisis. Una gran parte de esa mejora se debió a la baja de los precios de los alimentos, a causa principalmente del descenso de los precios del arroz debido a la reforma del comercio. En algunos casos, la eliminación de los tipos de cambio sobrevalorizados aumentaría los incentivos para la producción interna de alimentos (como sucedió últimamente en Egipto) sin introducir las distorsiones relacionadas con una política arancelaria, pero también pueden adoptarse medidas especiales para ayudar a los consumidores empobrecidos después de la devaluación. En el futuro, la política arancelaria también tiene que tener en cuenta los compromisos de integración regional asumidos por cada país.
Algunos estudios de casos plantean, además, otras cuestiones específicas que han de aclararse en las negociaciones agrícolas, a saber: la situación de las subvenciones al riego, la metodología utilizada para calcular el aspecto del sostenimiento de los precios del mercado de la MGA y la situación de los países MA. Algunos países querrían que se aclararan las normas del AsA para permitir que los niveles positivos de la MGA por productos específicos, o los niveles positivos de la MGA no referida a productos específicos, se vieran compensados por los niveles negativos de la MGA por productos específicos. Un cambio que interesaría sólo a los países que tienen un compromiso consolidado en materia de MGA. Para los países cuyos niveles de MGA deberán limitarse en el futuro a las categorías “exentas” - que son la gran mayoría de los países en desarrollo - la posibilidad de compensación no tendría mucho significado porque los requisitos de minimis limitan a un 10 por ciento del valor de la producción de cada producto el nivel de la MGA permitido, prescindiendo de los niveles altos o bajos de la MGA para otros productos.
A medida que avanzan las negociaciones y las posibilidades de opción se hacen más claras, los países en desarrollo tendrán que ir realizando análisis específicos y pormenorizados de cómo les afectarían las distintas cuestiones negociadas. Algunos países necesitan asistencia técnica y financiera a fin de mejorar su capacidad para efectuar análisis de políticas. Algunos estudios de casos subrayaron la ineficacia de los sistemas normativos de muchos países para abordar las cuestiones del AsA y la necesidad de una mejor coordinación, incluida la participación de organizaciones de la sociedad civil en la formulación de las posiciones negociadoras nacionales. Asimismo, muchos países en desarrollo están negociando acuerdos de integración regional simultáneamente con la liberalización comercial multilateral. En algunos estudios se destacó la necesidad de que los países en desarrollo evaluaran y actualizaran sus niveles de MGA, no sólo para cumplir con el proceso de la OMC sino como parte de su proceso interno de análisis de políticas. Aunque algunos países se beneficiaron de la asistencia técnica en el marco del programa conjunto de asistencia técnica integrada y del marco integrado para la asistencia técnica relacionada con el comercio, destinados a los países MA, se necesita una asistencia técnica y financiera continua para mejorar la capacidad de análisis de políticas, particularmente en esos países.
