En la agricultura de los últimos veinte años han aparecido a nivel mundial un número importante de normas sociales y ambientales voluntarias, así como de programas de certificación. La mayoría de las normas sociales y ambientales han sido desarrolladas por organizaciones no gubernamentales (ONG), como el sistema del comercio justo, la norma SA8000 sobre responsabilidad social y el ‘Programa para la Agricultura Sostenible’ de SAN/Rainforest Alliance. Muchos programas han sido impulsados directamente por el sector privado, tales como el Sistema Armonizado COLEACP o el EurepGap. Los gobiernos también han participado o se han ido involucrando en algunos de ellos, sobre todo en aquellos relacionados con la agricultura orgánica y el etiquetado.
Los productos tropicales etiquetados orgánicos y del comercio justo tienen una participación comercial del 1 o 2 por ciento del total de los mercados norteamericanos y europeos. En el café es de aproximadamente el 0,8 por ciento, y en el banano y cítricos del 2 por ciento. El crecimiento anual del volumen comercializado ha sido durante varios años superior al 20 por ciento. Se han observado tasas de crecimiento cercanas al 100 por ciento en algunos productos como el banano orgánico, aunque parecería ser que estas tasas de crecimiento han alcanzado su tope. Los volúmenes de ventas de productos con etiqueta de comercio justo han crecido entre un 10 y un 25 por ciento por año, aunque se trata de volúmenes pequeños.
No todos los productos certificados llevan etiqueta. Existen mercados de productos certificados sin etiqueta, como los de la Red de la Agricultura Sostenible (Sustainable Agriculture Network - SAN), SA8000 y los productos certificados EurepGap, que sólo se diferencian en los niveles de mayorista y minorista y no a nivel del consumidor. En consecuencia, no hay cifras disponibles sobre su participación en los mercados y se desconoce la demanda por estos tipos de certificación.
Los estudios de caso documentados del Capítulo 6 dan una idea del efecto de la certificación a nivel del predio rural. La aplicación de métodos orgánicos en fincas que tradicionalmente emplean bajos insumos puede resultar en un incremento en la productividad a largo plazo. Sin embargo, los métodos van frecuentemente acompañados de mayores costos de producción, principalmente debido a un incremento en el uso de la mano de obra. El acceso a los mercados con primas adicionales por certificación normalmente aporta a los productores un incremento en sus ganancias netas. Los estudios de caso de conversión desde sistemas de altos insumos a sistemas orgánicos reportan un declive inicial en la productividad, la cual se recupera en parte o completamente al cabo de un tiempo. Los efectos sobre los costos de producción son muy variados, pero a menudo implican una considerable inversión inicial. En estos casos es esencial el acceso a los mercados de primas para compensar la caída de la productividad y los costos de las inversiones.
Para las cooperativas de agricultores certificadas por las Organizaciones de Etiquetado de Comercio Equitativo - Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), el precio con prima parece ser sólo una parte, y a menudo muy pequeña, de los beneficios derivados del sistema. Su participación resulta en mejoras en la organización, mejores posiciones en las negociaciones, crédito comercial y economías de escala, parecen tener mayor importancia. Los beneficios provienen del sistema de comercialización y de las actividades adicionales de apoyo que brindan las agencias, que parecen estar fuertemente vinculadas entre sí y apoyarse mutuamente. El efecto de la prima es limitado debido a que solamente una pequeña parte de la producción total se vende como comercio justo.
Parecería ser que tanto la certificación orgánica como la del comercio justo resultarían en mejoras generales en la calidad del producto, lo es beneficioso también para su eventual venta en mercados de productos convencionales.
Con respecto a otras normas discutidas en este documento, los estudios disponibles eran limitados y tratan solamente de un estándar por país, por lo que no se pueden hacer generalizaciones sobre su efecto.
El capítulo 7 analiza las normas sociales y ambientales voluntarias y la programación del etiquetado en relación con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por su naturaleza voluntaria, a las normas y a los programas de certificación analizados no se les considera restrictivos del comercio y, por ende, son de poco interés para los comités de la OMC. Es más, la OMC es un acuerdo entre gobiernos y por lo tanto sólo tiene un efecto indirecto sobre las acciones de las ONG. Sin embargo, existen algunas inquietudes sobre la naturaleza discriminatoria de las normas sociales y ambientales, puesto que éstas hacen distinciones sobre la base de una producción no relacionada con el producto o con los métodos de elaboración. De hecho, algunas normas voluntarias parecen tener algún impacto sobre el acceso a mercados.
El informe concluye con un breve análisis sobre algunos de los debates actuales y del papel del gobierno con respecto a las normas sociales y ambientales voluntarias. El primer tema de debate es la necesidad de que los programas de certificación cuenten con una cierta flexibilidad a nivel local y al mismo tiempo logren un grado de credibilidad global. Es importante que un amplio número de interesados participe en el establecimiento de normas para asegurar que éstas no vayan a discriminar en contra de algunas categorías de productores o elaboradores. Igualmente, los requisitos de un estándar deben estar vinculados directamente al objetivo esencial del mismo, sin incluir criterios superfluos o ser demasiado prescriptivos en cuanto a la manera de lograr el objetivo. Además, y teniendo en cuenta la especificidad local, los sistemas genéricos de normas deben ser complementados por normas locales o específicas del cultivo, o por un sistema de normas mínimas que irán desarrollándose y creciendo. En los sistemas de verificación se pueden hacer arreglos especiales para los propietarios de pequeñas granjas, tales como los sistemas de control interno.
El incremento en el uso de la certificación por terceros ha conducido al desarrollo de una «industria certificadora», con sus propios intereses económicos. La certificación es un medio y no debe volverse un fin. Todos los actores involucrados deben trabajar continuamente para minimizar los costos y el tiempo de certificación, sin comprometer la calidad o la credibilidad.
Los países en desarrollo y los pequeños productores que quieran participar de sistemas de certificación social y ambiental pueden enfrentarse a restricciones específicas. En algunos países la falta de organismos locales de certificación aumenta los costos de certificación. Además, el sistema de rastreabilidad favorece a las granjas comerciales de mayor tamaño. Algunas normas, como la SA8000 referentes a las condiciones laborales de los trabajadores contratados, no son pertinentes para aquellos productores que utilizan solamente mano de obra familiar. Por otra parte, el comercio justo ha sido ideado especialmente para ayudar a los productores de pequeña escala de los países en desarrollo, aunque su beneficio potencial es poco debido al pequeño tamaño de este mercado. Finalmente, la certificación EurepGap podría en el futuro ser obligatoria, lo que podría ocasionar serios problemas para los productores que no tienen acceso a los laboratorios que deberían realizar las pruebas requeridas, y además podrían enfrentarse a dificultades para satisfacer los criterios establecidos debido a la extensa documentación exigida.
Los gobiernos asumen varios papeles con relación a la certificación social y ambiental voluntaria. Ellos proporcionan el marco jurídico en el cual operan dichos sistemas. Pueden también otorgar protección legal al uso de ciertos términos que se utilizan en el etiquetado de los productos. Las agencias de gobierno pueden actuar como organismos de acreditación o de establecimiento de normas. Además pueden facilitar la certificación apoyando a aquellas organizaciones locales que aboguen por la aplicación de normas, dando subvenciones o incentivos fiscales para los productores que aplican las normas, o mediante la capacitación de personal de extensión.
