La novena Conferencia de las Partes (CP-9) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se celebró en Milán (Italia) del 1º al 12 de diciembre de 2003. La conferencia, que contó con más de 5 000 participantes, agrupó a representantes de gobiernos nacionales, organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado y tuvo como finalidad concluir las negociaciones para la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto.
Las sesiones de alto nivel incluyeron tres mesas redondas ministeriales de carácter informal que se centraron en la adaptación, la mitigación del cambio climático, el desarrollo sostenible, la tecnología y la evaluación. Los ministros convinieron en que el cambio climático es el desafío de alcance mundial más importante para la humanidad y en que sus efectos negativos constituyen ya una realidad en todas las zonas del mundo.
La CP-9 adoptó decisiones sobre un número tan elevado de cuestiones relacionadas con los bosques que algunos periodistas utilizaron el calificativo de «CP forestal» para referirse al período de sesiones.
Un avance importante fue el acuerdo sobre las modalidades y procedimientos para incluir proyectos de forestación y reforestación en el mecanismo para un desarrollo limpio. Una cuestión espinosa fue la cuestión de la no permanencia de los créditos por el establecimiento de sumideros. La decisión de la CP define dos tipos de reducciones certificadas de emisiones: temporales, que son válidas hasta el final del período de compromiso posterior al período en que se emitieron; y a largo plazo, válidas hasta la conclusión del período de acreditación del proyecto. En el caso de los proyectos de establecimiento de sumideros, dicho período puede tener una duración de 20 años, con la posibilidad de dos renovaciones hasta un máximo de 60 años, o 30 años sin renovaciones. Las reducciones certificadas de emisiones no se podrán acumular para períodos de compromiso posteriores, sino que deberán ser sustituidas por otro crédito antes de su caducidad.
La CP-9 también abordó las cuestiones de la adicionalidad, las fugas (aumento de todos los gases de efecto invernadero fuera del ámbito del proyecto que puede medirse y atribuirse al proyecto) y las repercusiones socioeconómicas y ambientales. Una de las cuestiones más controvertidas fue la de si debían excluirse de ese tipo de proyectos los árboles modificados genéticamente y las especies arbóreas exóticas potencialmente invasoras. La decisión final prescribe que los proyectos en los que se utilice ese tipo de árboles deberán ser evaluados de conformidad con la legislación nacional de los países hospedante e inversor y que la información relativa a las especies utilizadas deberá figurar en el documento de diseño del proyecto. Deberán analizarse las repercusiones socioeconómicas y ambientales en la zona del proyecto y fuera de ella y en caso de que se consideren «significativas» habrán de evaluarse formalmente con arreglo a los procedimientos nacionales.
El acuerdo define también una nueva categoría de uso de la tierra en pequeña escala, el cambio de uso de la tierra y los proyectos forestales, que puede ser objeto de modalidades simplificadas y de procedimientos de facilitación. Estos proyectos son aquellos que dan lugar a una eliminación neta de gases de efecto invernadero antropógenos de menos de 8 000 toneladas de dióxido de carbono por año y que son formulados o ejecutados por comunidades o personas de bajos ingresos, según los criterios del país hospedante. Las modalidades para los proyectos de uso de la tierra en pequeña escala, cambio del uso de la tierra y silvicultura se decidirán en la CP-10.
El décimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes se celebrará del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2004 en Buenos Aires (Argentina).
El séptimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP-7) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se celebró entre los días 9 y 20 de febrero de 2004 en Kuala Lumpur (Malasia), con más de 2 300 participantes. Este período de sesiones, que debía examinar tres nuevos programas de trabajo, adoptar el programa de trabajo plurianual, examinar un gran número de cuestiones transversales y analizar más de 300 páginas de proyectos de decisiones, fue uno de los más ambiciosos que se ha celebrado nunca.
Los delegados adoptaron 33 decisiones sobre cuestiones tales como la biodiversidad y el turismo; las actividades de seguimiento y los indicadores; el enfoque por ecosistemas; la biodiversidad y el cambio climático; el aprovechamiento sostenible; las especies exóticas invasoras; la biodiversidad de las zonas de montaña; las zonas protegidas; el acceso a los beneficios y su distribución; la transferencia de tecnología y la cooperación; los conocimientos tradicionales; los incentivos; la cooperación científica y técnica y el mecanismo de intercambio de información; los recursos y los mecanismos financieros; y la rendición de informes nacionales. La conferencia subrayó con insistencia la necesidad de fomentar la capacidad, la participación de todas las partes interesadas, incluidas las mujeres, los jóvenes y las comunidades indígenas y locales, y la adopción de objetivos orientados a los resultados.
Por lo que respecta a la biodiversidad forestal, la CP-7 hizo hincapié en la importancia de la colaboración internacional, especialmente a través de la Asociación de colaboración en materia de bosques (ACB), y subrayó los vínculos entre los diferentes programas temáticos de trabajo. Recomendó la adopción de indicadores pertinentes de la biodiversidad forestal e instó a intensificar la cooperación regional y la integración y colaboración intersectoriales. Asimismo, recabó la colaboración permanente de la ACB con otros miembros sobre la armonización y simplificación de los requisitos nacionales en materia de rendición de informes.
Se adoptaron nuevos programas de trabajo sobre la biodiversidad de las zonas de montaña, las zonas protegidas y la transferencia de tecnología. La CP-7 acordó establecer un grupo de trabajo especial de composición abierta sobre las zonas protegidas para que evaluara los progresos realizados en la aplicación del programa de trabajo hasta 2010.
Los delegados apoyaron asimismo el establecimiento de un grupo especial de expertos técnicos con el fin de subsanar las deficiencias existentes en el marco reglamentario internacional relacionado con las especies exóticas invasoras. En la reunión se incidió en la necesidad de fortalecer la capacidad para el control fronterizo y la respuesta en las situaciones de urgencia, la importancia de las medidas de ámbito regional y el potencial de la adopción de incentivos.
De conformidad con la recomendación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la CP-7 adoptó la decisión de crear un Grupo de trabajo sobre acceso y participación en los beneficios y estableció su mandato. Los países también acordaron iniciar por su cuenta conversaciones con objeto de formular normas globales para regular el acceso de los científicos y las empresas a los recursos biológicos del mundo en desarrollo. Se estableció un grupo de trabajo que contribuirá a buscar fórmulas para compensar a los países en desarrollo y las comunidades indígenas por la utilización de sus recursos. No fue posible, sin embargo, convenir en si las normas deberían ser jurídicamente vinculantes.
La CP acordó un conjunto de directrices de ejecución acerca del enfoque por ecosistemas, señalando que debía tratarse de instrumentos de carácter voluntario, adaptados a las condiciones locales y aplicados de conformidad con la legislación nacional. Se señaló que la ordenación forestal sostenible y determinados enfoques de gestión de otros ecosistemas (por ejemplo, las cuencas fluviales y las zonas marinas y costeras) pueden favorecer la aplicación del enfoque por ecosistemas. La CP-7 esbozó propuestas para integrar el enfoque por ecosistemas con la ordenación forestal sostenible. (Véase en Unasylva 214/215, p. 6-7 un análisis detallado del enfoque por ecosistemas y de la ordenación forestal sostenible.)
En el marco del compromiso global que asumieron los dirigentes mundiales en la Cumbre de «reducir de forma significativa» la pérdida de biodiversidad antes de 2010, los países participantes acordaron conservar al menos la décima parte de la superficie de cada uno de los numerosos tipos de ecosistemas existentes en el mundo, así como intensificar los esfuerzos para estabilizar las poblaciones de numerosas especies en retroceso, y se comprometieron a garantizar que el comercio mundial no ponga en peligro a ninguna especie de plantas o animales silvestres. Los delegados convinieron en establecer fórmulas para ampliar las zonas protegidas del mundo con la esperanza de que esas medidas contribuyan a la consecución del objetivo de 2010.
La octava Conferencia de las Partes del CDB tendrá lugar en Brasil en 2006.
Declaración ministerial de Kuala Lumpur Una sesión ministerial convocada en la CP-7 del CDB adoptó la Declaración ministerial de Kuala Lumpur. Entre otras cosas, la declaración: • insta a los gobiernos a ratificar el CDB y el Protocolo sobre seguridad de la biotecnología; • reafirma la importante función de las comunidades indígenas y locales en la conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos; • recoge el compromiso de los ministros de elaborar un régimen internacional sobre el acceso y la participación en los beneficios; • recoge el compromiso de los gobiernos de integrar la conservación de la biodiversidad y la utilización sostenible en el desarrollo socioeconómico; • insta a los gobiernos a establecer redes de zonas protegidas y a formular indicadores e incentivos para conseguir el objetivo de 2010; • insta a los gobiernos a identificar y eliminar los obstáculos que impiden el intercambio de tecnologías básicas para la aplicación del CDB. |
Siete comunidades tropicales de todo el mundo recibieron el Premio Ecuatorial 2004 en una ceremonia de condecoración celebrada el 19 de febrero de 2004 en la CP-7 del CDB en Kuala Lumpur (Malasia). Los ganadores, seleccionados entre más de 340 candidatos y 26 finalistas, han protagonizado una experiencia satisfactoria en la reducción de la pobreza mediante la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. Cinco de esas comunidades desarrollan actividades relacionadas con la conservación de los bosques y los recursos silvestres.
En el Proyecto Nasa de Colombia, una comunidad de indígenas Paez gestiona de forma sostenible una zona de 49 000 ha de extensión próxima a la frontera con Ecuador, que ocupa parcialmente la Reserva de la Biosfera Nevada del Huila. A pesar de los conflictos civiles y de la violencia que reinan en la región, en el marco del proyecto se han puesto en marcha varios programas favorables a la comunidad y al medio ambiente, especialmente actividades de educación ambiental y de promoción de medicamentos tradicionales y de la agrosilvicultura. Las actividades del proyecto se financian con fórmulas innovadoras mediante la venta de productos, como zumos y creaciones artesanales, fabricados con métodos respetuosos con el medio ambiente.
La comunidad indígena mexicana de San Juan Parangaricutiro posee 11 000 ha de bosque en el estado de Michoacán. Desde hace más de 20 años, la comunidad mantiene una serie de empresas bien gestionadas que desarrollan actividades relacionadas con la silvicultura sostenible, la producción de productos madereros por métodos respetuosos con el medio ambiente (especialmente muebles y resinas), el ecoturismo, la agrosilvicultura y la ordenación de animales silvestres. Los novedosos sistemas utilizados en las actividades de conservación y en la gestión empresarial se han difundido ampliamente a otras comunidades indígenas de México. (Véase en Unasylva 213, p. 10, un artículo sobre la percepción ambiental de los estudiantes de secundaria de San Juan Parangaricutiro.)
Desde 1998, el Proyecto de gestión ambiental de Rufiji, que se está ejecutando en la República Unida de Tanzanía, ha conseguido avances importantes en el objetivo de promover la conservación a largo plazo y asegurar los medios de subsistencia en las aldeas próximas a la Reserva de Caza Selous, que forma parte del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través de la utilización racional de los bosques, tierras forestales y humedales de Rufiji. En el marco del proyecto se han dado pasos importantes para formular un plan de gestión ambiental a nivel de distrito y aldea y se han hecho esfuerzos para impartir conocimientos y preparar a las comunidades para desarrollar de forma sostenible actividades como la pesca, la apicultura y la propagación y plantación de árboles.
Conservación Torra, un programa comunitario que se estableció en 1996, ha promovido actividades de caza y ecoturismo sostenibles en una superficie de 352 000 ha de la región de Kunene, en el noroeste de Namibia. Estas actividades han rendido considerables beneficios a la comunidad. Conservación estableció el Campo Damaraland, un establecimiento de lujo que ha recibido a multitud de visitantes que han acudido a ese notable centro de ecoturismo. El establecimiento, totalmente administrado y gestionado por residentes locales, ha supuesto una inyección de 250 000 dólares EE.UU. en la economía local. Los miembros de la comunidad que pertenecen al Comité de Gestión de Conservación controlan la vida silvestre y las actividades humanas y garantizan que las políticas de ordenación de la tierra y de la fauna y flora silvestres se basen en una información exacta.
La organización no gubernamental brasileña Sociedade Civil Mamirauá obtuvo la condecoración por promover la creación de dos reservas de desarrollo sostenible en el Complejo de Conservación de la Amazonia Central, un lugar incluido en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Mediante la gestión de estas reservas, en colaboración con las comunidades, científicos y el gobierno, el grupo ha obtenido resultados tangibles en la conservación de la biodiversidad y la mitigación de la pobreza.
También fueron premiados la Fundación Recursos Genéticos, Energía, Ecología y Nutrición de la India y el Consejo Asesor para la Gestión del Parque Nacional Bunaken y el Foro de Ciudadanos Conscientes de Bunaken, de Indonesia, que manejan conjuntamente una importante zona marina protegida.
Iniciativa Ecuatorial, que se inició en 2002, se centra en las regiones tropicales y otorga cada dos años siete premios en efectivo de 30 000 dólares EE.UU. Los asociados en la iniciativa son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), BrasilConnects, el Gobierno de Canadá, Conservación Internacional, el Ministerio Federal Alemán para el Desarrollo y la Cooperación Económica, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Nature Conservancy, el Fideicomiso Televisivo para el Medio Ambiente y la Fundación de las Naciones Unidas.
Para obtener más información sobre la Iniciativa Ecuatorial y el Premio Ecuatorial, véase www.undp.org/equatorinitiative/index.htm
FAO/CFU5/R. Faidutti
El control de la cubierta forestal, el conocimiento del bosque y su biología y la conservación y utilización sostenible de los recursos forestales dependen de la aplicación de tecnologías adecuadas. Todos los países deben poder acceder a esas tecnologías y tener la capacidad para aplicarlas.
Teniendo presente esas necesidades, el Gobierno de la República del Congo hospedó el Taller mundial sobre la transferencia de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y sobre la creación de capacidad para la ordenación forestal sostenible, una iniciativa impulsada por los países en apoyo de la labor del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (FNUB). Representantes de 49 países y numerosas organizaciones internacionales se reunieron en Brazzaville del 23 al 27 de febrero de 2004.
Copatrocinaron el taller los Gobiernos de Brasil, Francia, Estados Unidos, Indonesia, Italia, Noruega, Reino Unido, Senegal, Sudáfrica y Suiza, con el apoyo técnico de la FAO, la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), el Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo (CIRAD).
Basándose en la labor del Grupo especial de expertos sobre finanzas y transferencia de tecnologías respetuosas con el medio ambiente del FNUB, que se había reunido en diciembre de 2003, los asistentes al taller trataron de identificar medios de solucionar los problemas que obstaculizan la transferencia de tecnologías relacionadas con la actividad forestal que sean ecológicamente sostenibles, económicamente viables y socialmente aceptables. El taller formuló las recomendaciones que se indican a continuación.
A nivel internacional, los miembros de la Asociación de colaboración en materia de bosques (ACB) deberían promover la asistencia técnica y financiera para la transferencia de tecnología y la creación de capacidad en favor de todas las partes interesadas, y evaluar las capacidades y necesidades actuales. Deberían ilustrar a los agentes internacionales sobre los beneficios de la transferencia de tecnología en relación con el alivio de la pobreza, la seguridad alimentaria, la salud, la diversidad biológica y la conservación de los recursos naturales. Asimismo, deberían fomentar la transferencia de tecnología orientada específicamente a los países en desarrollo, contribuir a fortalecer las instituciones y sistemas de capacitación y enseñanza forestales y ayudar a las redes regionales de investigación e información a facilitar la cooperación y el intercambio de conocimientos. De igual forma, deberían estudiar las fuentes de financiación existentes y otras nuevas para la transferencia de tecnología, como el sistema de pago por los servicios ambientales (por ejemplo, el mecanismo para un desarrollo limpio), los fondos específicos de inversión o los métodos de canje de la deuda.
Sería necesario exhortar a las instituciones que se ocupan de las cuestiones comerciales y financieras a que adopten criterios de inversión que promuevan la transferencia de tecnología. La asistencia para el desarrollo debería apoyar programas a largo plazo (antes que proyectos a corto plazo) para el desarrollo, la transferencia y la adopción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
A nivel nacional, los gobiernos deberían facilitar el acceso a los mercados para la transferencia de tecnología del sector privado, estableciendo y aplicando incentivos para la introducción de tecnologías racionales desde el punto de vista ambiental, y eliminar los desincentivos que puedan frenar su adopción. Deberían fomentar el acceso libre y el intercambio de información e integrar tecnologías respetuosas con el medio ambiente en las políticas nacionales pertinentes (como los planes forestales nacionales o programas similares). Deberían invertir en sistemas nacionales de investigación y desarrollo forestal y adoptar regímenes de derechos de propiedad intelectual que promuevan la transferencia de tecnologías, incluso las relacionadas con los conocimientos tradicionales. Deberían promulgar reglamentaciones que favorezcan la adopción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente en la gestión forestal y la elaboración industrial. Asimismo, deberían adoptar marcos jurídicos apropiados y medios para su observancia lo suficientemente flexibles para integrar nuevos conocimientos derivados de la investigación o de otras fuentes de innovación.
Sería necesario evaluar con criterios participativos los efectos socioeconómicos, culturales y ambientales de las tecnologías nuevas y tradicionales y fomentar instrumentos voluntarios como las normas, la certificación, el etiquetado y los códigos de conducta, con el fin de facilitar el uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Entre las opciones para financiar la transferencia de tecnología a escala nacional cabe mencionar la retención de una parte de las rentas forestales, el establecimiento de fondos nacionales de desarrollo forestal, los instrumentos fiscales, los sistemas de microcrédito orientados a sectores concretos, los fondos fiduciarios nacionales, las asociaciones públicas y privadas y los sistemas de pago por los servicios ambientales.
El FNUB estudió esas recomendaciones en su cuarto período de sesiones, que tuvo lugar en mayo de 2004.
El informe final de este taller está disponible en www.un.org/esa/forests/pdf/cli/brazzafinalreport.pdf
