9.3 Estructura y coherencia de las estrategias

9.3.1 Conformación de las estrategias

Si bien la visión creativa y viable acerca del futuro es un elemento esencial de las estrategias, los medios para lograr que esta visión se transforme en realidad deben ser indicados con el detalle y rigor suficientes como para que puedan constituir un programa implementable. Una visión puede ayudar a consolidar la unidad del país y promover el acuerdo sobre las prioridades de política, pero por sí sola no lleva necesariamente a la formulación de planes de acción y a medidas concretas. Anticipar la trayectoria futura en términos amplios y específicos, simultáneamente, es también un gran desafío de las estrategias. Al mismo tiempo, las estrategias deben presentar un orden de prioridades.

Un paso útil en la transición desde el enunciado de la visión hasta el programa de propuestas de políticas consiste en la identificación de los principales obstáculos para la realización de la visión. Los agricultores y otros habitantes rurales son conscientes de muchos de los problemas que deben ser superados para alcanzar las potencialidades del sector. Ellos pueden expresar sus preocupaciones en términos de bajos precios en finca, manipulación de los precios por parte de los intermediarios, altos costos de producción, erosión de los suelos, mal funcionamiento de los sistemas de riego, falta de acceso al crédito y otros servicios financieros, y otras similares. Una función de las estrategias es articular esas inquietudes en forma manejable, en conceptos que puedan ser tratados mediante acciones de política. Los bajos precios en finca pueden originarse en la deficiente infraestructura de comercialización, pero también en tasas de cambio sobrevaluadas o aranceles desiguales que permiten el ingreso de productos alimenticios con aranceles muy bajos, mientras gravan más a los otros productos de importación. La estrategia debe diagnosticar con exactitud los orígenes de las inquietudes de los agricultores y luego formular las correspondientes soluciones de política: es necesario exponer claramente los vínculos lógicos entre el diagnóstico y las soluciones.

Otro paso que deben cumplir los grupos de trabajo es el de la descripción del marco de las políticas vigentes. Algunos participantes probablemente han trabajado toda o la mayor parte de su vida profesional dentro de un mismo contexto de políticas y puede no resultarles fácil dar mentalmente un paso hacia fuera, identificando claramente el marco existente y definiendo alternativas. En esta materia puede ser útil examinar las experiencias de otros países emergentes, con la ayuda de asesores o de reuniones directas con contrapartes internacionales.

La estructura o el bosquejo general del documento puede estimular las preguntas adecuadas y facilitar el trabajo, especialmente cuando personas poco especializadas están involucradas en el proceso participativo. Los que están formulando la estrategia deben ser guiados hacia la identificación de los principales obstáculos y cuestiones a considerar en cada tema, antes de que pretendan analizar las políticas alternativas.

Si las estrategias se dividen en capítulos de acuerdo a los temas abordados, conviene también pedir a los autores que traduzcan los amplios objetivos sectoriales en objetivos secundarios para cada uno de esos temas. De esta manera, las recomendaciones se presentan en forma tal que cumplan los subobjetivos y, en el proceso de hacerlo, superen los obstáculos que han impedido alcanzar esos objetivos secundarios en el pasado. La descripción de los objetivos secundarios debe ser breve, de media página a no más de página y media. Si es más extensa se pueden confundir los medios con los objetivos, lo que tiende a alargar la discusión.

Resulta también útil que cada capítulo contenga los antecedentes relevantes sobre el tema, además de un resumen de las políticas pasadas y presentes; así, las reformas se formulan en una perspectiva adecuada. La estrategia debe ser mucho más que un conjunto de recomendaciones, que pueden ser rápidamente olvidadas si se presentan sin fundamentos suficientes. La estrategia también debe constituir una importante referencia de trabajo para los investigadores y analistas de políticas. Entre otras cosas, este enfoque ayuda a que el trabajo sea riguroso, y a evitar que los políticos y quienes adoptan las decisiones ignoren las propuestas de la estrategia.

Como ejemplo de las formas de organizar el trabajo en una secuencia lógica, en Estonia y Guyana ha sido útil dividir cada capítulo en las siguientes partes:

1) Características básicas del sector, subsector o tema examinado.

2) Análisis de las políticas pasadas y presentes sobre el subsector o tema.

3) Principales cuestiones y obstáculos que deben ser abordados.

4) Objetivos específicos (secundarios) para el subsector o tema.

5) Recomendaciones de política y razones técnicas que las justifican (las políticas se diseñan de manera lógica, como vías para superar los obstáculos y alcanzar los objetivos.)

6) Apéndices: reformas legislativas y programas de inversión recomendados (no aplicable para todos los subsectores o temas).

La parte introductoria de la estrategia determina los objetivos generales y los interpreta en el contexto predominante. También puede ser útil establecer el conjunto de principios de política, como se ilustró en el Capítulo 2. En el texto se pueden adoptar argumentos valiosos y recomendaciones fundadas, ya formulados en otros contextos. Se trata de un documento comprensivo pero no necesariamente original en todas sus partes. De hecho, incorporar trabajos realizados por otros grupos puede ayudar a consolidar el consenso social y el apoyo a las recomendaciones de la estrategia.

Que la estrategia de desarrollo agrícola sea exhaustiva no obliga a incluir en ella todos los temas relacionados con la agricultura. Las circunstancias pueden hacer necesario trabajar separadamente, en distintos períodos, por ejemplo en la estrategia nacional de riego y en la del ordenamiento forestal; pero sí significa lograr una cobertura relativamente completa de las políticas relevantes para la estrategia. No se recomienda preparar estrategias separadas para los productos agrícolas (granos, legumbres, tubérculos, ganadería, etc.) ya que, a largo plazo, esos productos pueden ser sustitutos unos de otros en la producción del sector, por lo menos hasta cierto grado, y todos responden al mismo conjunto básico de políticas: las políticas comerciales, de financiación agrícola, de tenencia de tierra y otras similares. Las acciones específicas para cultivos y productos ganaderos se organizan en programas, dentro del marco de la estrategia (véanse en el Capítulo 2 las diferencias entre políticas, programas y proyectos).

Las probabilidades de que las estrategias sean implementadas dependen de muchas circunstancias, algunas difíciles de predecir. También dependen esencialmente de la fuerza conceptual y del respeto que impone el documento, lo cual no significa que deba ser escrita en forma académica y difícil de leer, sino más bien que tenga una lógica clara y fundamentos empíricos convincentes. El análisis formal y cuantitativo de los temas puede servir de apoyo a la preparación de las estrategias; de hecho, es esencial que estas tengan un riguroso sustento, pero el documento en sí mismo debe estar escrito en lenguaje comprensible para amplias audiencias. Los fundamentos analíticos particularmente importantes se pueden presentar en anexos.

Diversas dimensiones o ejes principales pueden ayudar a otorgar coherencia global a la estrategia. Se trata de las vigas estructurales en que se apoya la sustancia de la estrategia. Ellas pueden estar basadas en factores históricos, económicos y sociales, en consideraciones agronómicas o ecológicas, o en otros factores y consideraciones relevantes. La elección depende en gran medida de la índole de los problemas abordados y de las peculiaridades de cada país y del sector agrícola. En Estonia, los ejes principales de la estrategia fueron el imperativo histórico de continuar la de-sovietización de la agricultura (que estaba rezagada con relación al resto de la economía) y la necesidad de medidas compatibles con el mercado para compensar los graves daños causados al sector por la adopción de un tipo de cambio sobrevaluado y de políticas comerciales ultra-liberales. La abrupta crisis económica del agro hacía urgente prestar atención a los problemas sociales emergentes en las zonas rurales.

En algunas circunstancias, el paradigma económico del agricultor (Capítulo 2) proporciona un marco lógico útil para formular las estrategias: los incentivos a la producción, la base de recursos agrícolas incluyendo la seguridad de tenencia de la tierra, y el acceso a los insumos, mercados y tecnologías de producción. Se pueden utilizar otros marcos, si conducen a descripciones claras de los temas y a la formulación de recomendaciones de política capaces de ser implementadas.

9.3.2 Instituciones y capital humano

El razonamiento económico sugiere a veces que los programas de reforma de las políticas sean organizados alrededor del concepto de corregir las fallas del mercado. El concepto de fallas del mercado es complementario al mencionado enfoque de incentivos, recursos y accesos, dado que el esfuerzo para mejorar cada uno de estos implica corregir las correspondientes imperfecciones del mercado. En muchos casos, las políticas y los programas diseñados para mejorar los incentivos y corregir las fallas del mercado involucran el fortalecimiento de las instituciones. Por ejemplo, mejorar el acceso de los pequeños productores al crédito y reducir las tasas de interés que pagan, requiere frecuentemente nuevos tipos de instituciones de crédito rural privado y cambios en las regulaciones financieras (Capítulo 7). Asimismo, la ampliación del acceso a la tierra requiere a menudo ajustes legislativos que definan con claridad los derechos de propiedad o que establezcan nuevas reglas de juego para la tenencia de tierras, lo mismo que el mejoramiento de los registros locales de tierras y nuevos mecanismos de financiación para la compra de tierras. Los sistemas de transferencia de la tecnología agrícola están experimentando un profundo cambio institucional en todos los países emergentes. (Capítulo 8).

En la mayoría de los casos las estrategias agrícolas quedarán incompletas si no evalúan el papel del capital humano, factor que merece atención especial. Theodore Schultz ha tratado el tema de la siguiente manera:

Los factores de producción decisivos para mejorar el bienestar de la gente pobre no son el espacio, la energía y las tierras de cultivo; los factores decisivos son la mejora de la calidad de la población y los avances del conocimiento^[1006].

Como se mencionó en el Capítulo 8, un obstáculo importante al progreso tecnológico es la baja alfabetización de los agricultores y su falta de familiaridad con los conceptos básicos de la contabilidad de costos y la administración de fincas. Las estrategias deben prestar atención a este tema, además de proporcionar opciones para mejorar la escolaridad rural, la alfabetización y los conocimientos numéricos de los agricultores. El Gobierno de México, por ejemplo, reconociendo la importancia de las restricciones de capital humano, ha iniciado un programa de transferencias financieras a las familias rurales vinculado a las tasas de asistencia escolar de sus niños.

Existen evidencias empíricas de la relación entre alfabetismo y productividad agrícola en varios países en desarrollo. Thomas Pinckney estudió los efectos de la educación en la productividad de pueblos cafetaleros de Kenya y Tanzania, a través de datos de encuestas:

Los resultados en los dos lugares son sorprendentes... Manteniendo los demás insumos constantes, la producción de los agricultores capaces de sumar y restar números de dos dígitos y de leer y comprender párrafos simples, es más de 30 por ciento más alta^[1007].

En breve, a medida que nuevas tecnologías emergen, los mercados demandan productos de mayor calidad y más seguros, y las exigencias de los consumidores en cuanto a calidad y tiempos de despacho cambian, el capital humano se convierte en el principal factor estratégico del desarrollo agrícola. El acceso continuo y la asimilación de la información están adquiriendo importancia creciente en la agricultura de todo el mundo. Las instituciones y las políticas que facilitan dicho acceso son esenciales, pero con frecuencia los ministerios de agricultura tardan en reconocer la importancia de los temas de calidad.

En países donde la tierra es escasa, otro indicador que vale la pena vigilar es la relación tierra/mano de obra. En las etapas iniciales del desarrollo, con altas tasas de fertilidad demográfica, el tamaño promedio de las fincas puede declinar a menos que se abran nuevas tierras al cultivo, lo cual puede darse a expensas de los bosques. Al establecerse el marco de la estrategia, conviene analizar las tendencias de la población y la migración rural-urbana, para determinar si la tasa de crecimiento de la población rural está declinando y, si es así, cuando comenzaría a disminuir en números absolutos, revirtiendo la tendencia a la fragmentación de las fincas o a la ocupación de bosques o tierras marginales.

Tanto la lógica de mejorar los incentives como la de desarrollar los recursos humanos apuntan en la dirección del fortalecimiento institucional. Las instituciones son parte integral de la dotación de capital humano y social de los países. Prácticamente todas las estrategias ponen un acento fundamental en la dimensión institucional. En las palabras de James Bonnen:

Evidentemente, las naciones incapaces de mejoramientos institucionales y del capital humano a largo plazo no podrán alcanzar agriculturas industrializadas y altamente productivas. Del mismo modo, la construcción institucional y la acumulación de capital humano debe ir más allá de las instituciones de investigación y educación. El capital físico y los insumos convencionales son necesarios para la conservación, recuperación y expansión de las tierras y aguas; para el crédito de largo, mediano y corto plazo; para los caminos rurales, servicios de correos y comunicaciones electrónicas; y para el fortalecimiento de las modernas instituciones de mercado^[1008].

En cuanto al papel de las instituciones en la economía se ha indicado que:

Las instituciones pueden ser consideradas como acuerdos entre los agentes económicos para tratar de disminuir la incertidumbre del intercambio y de la propiedad (North, 1990^[1009]). Los derechos de propiedad mal definidos inducen a comportamientos oportunistas para capturar beneficios residuales, dentro y fuera de las empresas (Milgrom y Roberts, 1992^[1010]). Los altos costos de transacción y la incertidumbre son resultados de estos derechos de propiedad incompletos. Por lo tanto, los acuerdos institucionales pretenden disminuir las incertidumbres del intercambio y los costos de transacción, a través de la definición de las reglas del juego^[1011].

En la economía rural, el alcance del fortalecimiento institucional va más allá que reducir la incertidumbre y los costos de transacción. En muchos casos, facilita el acceso a mercados o a servicios anteriormente no disponibles para los agricultores, o al menos para algunos grupos de estos: se reducen así los costos de transacción de un valor infinito a uno finito y más asequible. Y lo que es tal vez más fundamental, las instituciones eficientes abren las puertas de los agricultores a los nuevos conocimientos y les permiten llegar a acuerdos seguros para recibir insumos, vender productos y diferir los pagos. Si todas las transacciones y pagos deben hacerse al contado, queda poco espacio para crecimientos que excedan el mercado local.

9.3.3 Coherencia

Otra dimensión de las estrategias se refiere a la coherencia y complementariedad entre las diversas políticas, o sea la coherencia intrasectorial de las políticas. Así, el acceso a tierras de cultivo requiere mejoras en las instituciones financieras y, en algunos casos, creación de nuevos programas e instituciones, como los fondos de tierras. La regularización de la tenencia puede ser una condición previa para la aplicación de otras políticas y programas. Por ejemplo, para transferir recursos a los pequeños agricultores es indispensable que las tierras de los agricultores estén registradas de alguna forma. La disponibilidad de financiación es también una condición necesaria para muchos programas de transferencia de tecnología. En cuanto a la producción y la comercialización, un requisito previo de los programas de certificados de depósito de cosechas es el establecimiento y la difusión de normas de calidad para granos. La lista de ejemplos se extiende considerablemente, pero es evidente que los requisitos de coherencia lógica deben ser satisfechos para que las recomendaciones estratégicas sean factibles.

Cuando se define al sector agrícola en sentido amplio, entran en juego requisitos de coherencia adicionales. En varios países de América Latina, las leyes sobre tenencia de la tierra son incompatibles con el manejo sustentable de los bosques. En Panamá, para citar un ejemplo, una familia rural no puede aspirar al derecho de tenencia de tierras de propiedad del Estado mientras estén forestadas. En cambio, si corta los árboles y siembra cultivos anuales, puede adquirir un título provisional de acuerdo a la ley de reforma agraria, que a la larga se transforma en un título común de propiedad^[1012]. Existen otras vinculaciones entre las políticas agrícolas y las de medio ambiente rural, así como entre las primeras y las de manejo de aguas.

A pesar de la importancia de la coherencia entre las políticas agrícolas y las de recursos naturales, conviene evitar la tentación que aflora en algunas estrategias de tratar de decidir centralizadamente los cultivos a realizarse en cada tipo de suelos. Los agricultores están mejor posicionados que el gobierno para hacer esta elección. A veces, el cultivo sembrado en un terreno dado puede ser la segunda, tercera o cuarta mejor opción para ese suelo, porque los cultivos más adecuados ya se realizan en tierras aún más aptas en otros sitios. La ley de las ventajas comparativas rige tanto para la producción y comercialización nacional como para la internacional. Para mejorar el uso de los suelos, los planificadores de políticas pueden organizar talleres y cursos de capacitación para informar a los agricultores de la región sobre las alternativas productivas que pueden considerar y como las pueden realizar y comercializar.

Además de la intrasectorial, la coherencia intersectorial es también importante. Como las políticas macroeconómicas figuran normalmente entre los principales determinantes del crecimiento agrícola, la estrategia del sector no puede ignorar esas conexiones (Capítulo 4). Los efectos de las políticas macroeconómicas son tan generalizados que no es exagerado decir que tienen una fuerte influencia sobre el tipo de sociedad que se está desarrollando. A veces se piensa que hay sólo un conjunto "correcto" de políticas macroeconómicas, pero esto no es verdad. Sólo para mencionar tres ejemplos, la composición de las políticas de ingresos y gastos, del tipo de cambio y la velocidad con que se reduce la inflación pueden variar. En una reciente estrategia agrícola para El Salvador se señaló que la elevada dependencia de las remesas recibidas de los trabajadores en el exterior, y la política de permitir que estas aprecien la tasa de cambio real, estaban creando una economía y una sociedad dependientes de los servicios y de la industria "maquiladora". La agricultura y la manufactura per se han ido permanentemente disminuyendo en importancia. La estrategia diseñada para El Salvador también cuantifica el costo social de la migración rural-urbana - que es una resultante del sesgo del tipo de cambio en contra de los sectores productivos - y señala alternativas macroeconómicas que ayudarían a corregir ese sesgo y a promover el crecimiento de la agricultura y las manufacturas^[1013].

El Banco Mundial ha comentado la relación entre la macroeconomía y las políticas sectoriales con las siguientes palabras:

La reforma de políticas agrícolas específicas no debería estar divorciada de la del conjunto de las políticas económicas y de estrategias de desarrollo que inducen fuertes sesgos contrarios a la producción y las exportaciones agrícolas... la conexión entre las políticas sectoriales y las macroeconómicas es usualmente tan fuerte, que es mejor llevar a cabo las reformas agrícolas en conjunto con las de las políticas económicas generales.

La prioridad más importante es asegurar que la rentabilidad de la agricultura no sea artificialmente deprimida por las políticas macroeconómicas o las sectoriales^[1014].

Las estrategias agrícolas pueden tener que asumir la tarea de bosquejar opciones macroeconómicas viables, si es que estas no han sido ya incorporadas al diálogo público. Deberían presentar claramente las interdependencias entre las políticas macroeconómicas y las sectoriales, lo mismo que entre las macropolíticas y las perspectivas de desarrollo de los sectores. Sin embargo, aunque incluyan esas dos conexiones macrosectoriales y un riguroso análisis del potencial agrícola y de las políticas para alcanzar ese potencial, conviene evitar la adopción de posturas partidarias en favor de la agricultura vis-à-vis el resto de la economía. Si los precios agrícolas reales han declinado debido a las políticas macroeconómicas y comerciales, cabe proponer nuevas políticas para revertir esa tendencia y, al mismo tiempo, medidas para compensar a la población urbana pobre por los efectos del alza en los precios de los alimentos. Desde una perspectiva intersectorial, el precepto guía debe ser evitar políticas sesgadas en contra de la agricultura, pero tampoco hacer de la agricultura una protegida del resto de la economía^[1015]. Gale Johnson ha expresado esta idea con las siguientes palabras:

La agricultura tiene importantes contribuciones que hacer al desarrollo económico, pero debe recibir un trato imparcial para que esas contribuciones se hagan realidad^[1016].

Afortunadamente, existen muchos tipos de políticas que fomentan el desarrollo agrícola sin repercutir negativamente en otros sectores, como se ha mostrado a lo largo de este volumen.

Una manera adecuada de incorporar consideraciones macroeconómicas al análisis agrícola es a través del marco de los incentivos del sector. Los incentivos netos a la producción son el resultado de las distintas políticas, por ejemplo, impuestos, tarifas, reembolsos a la exportación, controles comerciales, transferencias fiscales y, naturalmente, la tasa de cambio. A veces el efecto neto de estas políticas es desigual dentro del sector. En Nicaragua se señaló hace poco que el subsector del café, que contribuye decisivamente a los ingresos en moneda extranjera y a los de los pequeños agricultores, ha sido gravado más fuertemente que otros subsectores, lo que desalienta su crecimiento. En estos casos, la estrategia puede estudiar diversas combinaciones alternativas de impuestos y tarifas que generen los mismos ingresos fiscales, pero con pocas distorsiones. Un ejercicio más completo consistiría en analizar conjuntamente los efectos de todos los instrumentos de la política sectorial e identificar las combinaciones alternativas que conduzcan a una tasa uniforme de protección efectiva para todos los productos.

Otra dimensión importante de la planificación es el tiempo. Puede valer la pena proyectar la evolución en el tiempo del sector, a los efectos de ilustrar su potencial para generar ingresos, empleo, comercio con el extranjero, etc. Sin embargo, esas proyecciones tienen un mero rol ilustrativo o pedagógico, ya que es difícil relacionarlas rigurosamente con los efectos de las reformas de políticas y con sus tiempos. El papel básico de la estrategia es presentar una visión del sector que sea válida para el mediano plazo, sin necesariamente pronosticar fechas en las que las recomendaciones generarán sus efectos. En este contexto, el mediano plazo significa por lo menos cinco años y usualmente el lapso apropiado es de diez a quince años. Una clara definición de las prioridades entre las medidas de política es más útil que un pronóstico de los efectos de las reformas, período a período.

Finalmente, un importante eje unificador de la estrategia es el conjunto de metas u objetivos de políticas, subobjetivos operacionales y medios para alcanzarlos. Los objetivos más generales son los ingresos reales rurales y, dentro de estos, los ingresos de los pobres rurales (Capítulo 2). La prioridad estratégica hacia los pobres rurales se justifica desde el punto de vista nacional y en la perspectiva sectorial, ya que en la mayoría de los países emergentes buena parte de los pobres son rurales. En África, por ejemplo, "En general, los datos de hogares muestran que mientras una proporción grande de la población urbana vive pobremente, la población rural vive peor"^[1017].

Rosamund Naylor y Walter Falcon, examinando las tendencias de la pobreza y la demografía en países en desarrollo, han concluido que, a pesar de la migración rural-urbana:

La cantidad de pobres rurales continuará excediendo a la de los urbanos hasta bien entrado el siglo XXI, aunque sean menos visibles o políticamente menos ruidosos^[1018].

Este acento en los ingresos conduce directamente al objetivo secundario del aumento de la productividad y, en muchos casos, a la meta de mejorar los precios relativos en fincas. Pero las metas basadas en los ingresos rurales y de los pobres no implican la estabilización de los precios de los alimentos como objetivo primario, aunque tenga un lugar en el grupo de los objetivos menores. La estabilización de los precios es aceptada por algunos analistas como una meta fundamental de la política. Timmer, por ejemplo, sugiere que la "estabilidad del precio de los alimentos" es una meta esencial pues mejora la seguridad alimentaria y atrae más inversiones a la agricultura^[1019].

La evidencia empírica y teórica del daño causado por las fluctuaciones de precios es aún poco clara. Como señala Stephen Jones:

no existe un consenso firme sobre la importancia de (y como definir y medir) los costos de la variación de los precios tanto para los productores de alimentos como para los consumidores. Los modelos microeconómicos sobre los efectos de la falta de mercados para regular los precios sugieren que los beneficios sobre la eficiencia en la asignación de los recursos derivados de la estabilización de precios alcanzada mediante políticas convencionales de reservas estabilizadoras son probablemente pequeños con relación al impacto distributivo de estas políticas y a los costos de la intervención. Por otro lado, este enfoque ha sido criticado por descuidar el impacto dinámico de la inestabilidad de los precios sobre la inversión y la retroalimentación desde esa inestabilidad de los precios de los alimentos hacia la macroeconomía^[1020].

Indiscutiblemente, las fluctuaciones extremas y frecuentes de los precios de los alimentos perjudican la seguridad alimentaria y las inversiones, pero la meta de estabilización de precios debe ser puesta en un contexto apropiado. La primera objeción a su aceptación general es: ¿estabilidad a que nivel de precios? Precios de alimentos sistemáticamente bajos (en relación con otros precios de la economía) perjudican la seguridad alimentaria y las posibilidades de inversión. Si bien las mediciones teóricas y empíricas del bienestar económico (funciones de utilidad) dependen del valor esperado de los ingresos en finca y de su varianza^[1021], y los agricultores han demostrado ser adversos al riesgo, la mayoría de ellos aceptaría precios promedio más altos a cambio de un mayor grado de variabilidad en esos precios. La segunda principal objeción es que los precios de los alimentos deben tener ciertas fluctuaciones estacionales, para atraer inversiones en servicios de mercadeo; sin estas inversiones las fluctuaciones de los precios tienden a ser aún más extremas, en caso de crisis externas.

Una tercera objeción es que el excesivo acento en la estabilidad de los precios de los alimentos puede llevar a diseñar políticas distorsionantes para la economía e imprudentes para la gobernabilidad en muchos países, como es el caso de los precios de apoyo a la producción y otros tipos de intervenciones en los precios^[1022]. Los responsables de las políticas frecuentemente utilizan el argumento de la estabilidad de los precios alimentarios para evitar aumentar los precios reales en finca. En las palabras de un Informe sobre el Desarrollo Mundial, del Banco Mundial:

Se espera que los precios de las materias primas agrícolas varíen más que los precios de los productos industriales por tres razones: los mercados agrícolas son vulnerables a los cambios climáticos; en el corto plazo, la respuesta de la oferta y la demanda a los cambios en los precios es usualmente menor en los productos agrícolas que en los industriales; y la producción de la mayoría de los cultivos es necesariamente estacional... la variabilidad de los precios de las materias primas agrícolas explica por que los gobiernos de los países en desarrollo a menudo ensayan esquemas de estabilización de precios para proteger a los agricultores de caídas grandes y a los consumidores de fuertes incrementos de precios. Cuando la mayor estabilidad de los precios lleva a mayor estabilidad del ingreso, los agricultores se benefician de la reducción del riesgo. Sin embargo, estos beneficios son extremadamente difíciles de estimar en la practica... es posible exagerar los beneficios de la estabilización. Por ejemplo, los agricultores pueden perder más que ganar si sus ingresos fluctúan con la variación de los rendimientos y la producción de sus cultivos: precios estables pueden entonces desestabilizar los ingresos... Más aún, los agricultores, consumidores, comerciantes y otros usuarios industriales pueden reducir los riesgos que enfrentan diversificando sus actividades, mediante el uso del mercado de capitales, almacenando productos y compartiendo riesgos a través de contratos de compra y venta.

La estabilización es una tarea particularmente compleja para cualquier gobierno, y sus costos pueden ser muy altos^[1023].

Las fluctuaciones extremas de precios pueden moderarse desmantelando las barreras comerciales. Según el Banco Mundial:^[1024]

Se debería otorgar mayor prioridad a los objetivos de moderar las fluctuaciones de los precios al productor, estabilizar y hacer más predecibles los sistemas de políticas públicas, y estimular las actividades del sector privado.