En 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación reafirmaron “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”. En la declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, de junio de 2002, se reafirmó la importancia de reforzar el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y se invitó al Consejo de la FAO a que estableciera “un Grupo de Trabajo Intergubernamental [...] con el fin de elaborar [...] un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”.
El Grupo de Trabajo Intergubernamental se creó en noviembre de 2002 y se reforzaron las relaciones de trabajo, en particular con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. Tras dos años de intensas y constructivas negociaciones y de debates entre los miembros del Grupo de Trabajo Intergubernamental y su Mesa así como los representantes de las partes interesadas y la sociedad civil, el Consejo de la FAO aprobó las Directrices voluntarias en noviembre de 2004.
Las Directrices voluntarias representan el primer intento de los gobiernos de interpretar un derecho económico, social y cultural y de recomendar medidas que hayan de adoptarse para su realización. El objetivo de las Directrices voluntarias es proporcionar orientación práctica a los Estados respecto de sus esfuerzos por lograr la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, con objeto de alcanzar los objetivos del Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Las partes interesadas pertinentes podrían beneficiarse también de esa orientación. Las Directrices voluntarias abarcan todas las distintas medidas que deben considerar los gobiernos en el plano nacional a fin de establecer un entorno propicio para que su población pueda alimentarse por sí misma con dignidad y de crear redes de seguridad apropiadas para quienes no estén en condiciones de hacerlo. Pueden emplearse para reforzar y mejorar los marcos de desarrollo existentes, especialmente en relación con las dimensiones social y humana, colocando los derechos de las personas de forma más resuelta en el centro del desarrollo.
Las Directrices voluntarias representan un paso hacia la integración de los derechos humanos en la labor de los organismos que se ocupan de la alimentación y la agricultura, como la FAO, tal como ha solicitado el Secretario General de las Naciones Unidas en el contexto de su programa de reforma de las Naciones Unidas. Las Directrices constituyen un instrumento adicional para luchar contra el hambre y la pobreza y acelerar la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio.
La FAO está comprometida a reforzar su capacidad, con la ayuda de los Estados Miembros, para ayudar a los gobiernos deseosos de aplicar las Directrices voluntarias. La Organización espera tener la oportunidad de cooperar con los gobiernos y otros agentes fundamentales que deseen aplicar a la reducción de la pobreza enfoques basados en los derechos y que estén interesados en realizar el derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional por medio de la aplicación de las Directrices voluntarias. Esforzarse por lograr que todo niño, mujer y hombre disponga de una alimentación adecuada de forma habitual no sólo es un imperativo moral y una inversión que produce enormes beneficios económicos: equivale asimismo a la realización de un derecho humano básico.
Jacques Diouf
Director General
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
