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Adriana Padilla 1
Este artículo ofrece una visión objetiva sobre diversos aspectos de la Reserva Forestal Imataca -RFI- organizados en un intento de responder múltiples interrogantes: ¿Qué se conoce actualmente sobre la RFI?, ¿Qué actividades se desarrollan en el presente?, ¿Quiénes viven allí?, ¿Es posible el desarrollo sostenido de la RFI? Mediante laboriosa investigación documental y, en algunos casos, corroboración in situ, se ha intentado elaborar un trabajo capaz de ofrecer una orientación válida para el lector interesado.
Más de tres millones y medio de ha al sur del Delta del Orinoco, biodiversidad considerada más rica y variada que la de toda Europa, ingentes recursos minerales, especialmente oro y diamantes, 530 km de margen limítrofe con Guyana y un tesoro etnocultural albergado desde épocas prehispánicas, son algunas peculiaridades de la Reserva Forestal Imataca -RFI-. La convergencia de esos factores que caracterizan la reserva provoca una situación controvertible considerada de interés público por su estrecha relación con el desarrollo económico y social de la nación. Es necesario jerarquizar la importancia de su biodiversidad, culturas indígenas, recursos madereros, acervo minero y resguardo fronterizo.
Un diagnóstico preliminar, considerado como punto de partida para la identificación de tendencias a favor y en contra del objetivo principal -desarrollo sostenible de la reserva-, permite analizar los procesos económicos, sociales y ecosistémicos responsables de la actual situación para generar propuestas de acción, basadas en la precisión sobre los diferentes usos del territorio, sus problemas y potencialidades, para establecer la estrategia de ordenamiento territorial.
El propósito de este trabajo es ofrecer información objetiva y actualizada de la integración de actividades en la RFI con la finalidad de promover la inquietud de ordenarla para lograr la trilogía del desarrollo sostenible: sustentabilidad del ambiente, beneficio económico y bienestar social. Para tal fin se consideró esencial el desarrollo de lo siguiente:
La RFI, creada en enero de 1963, ocupa un área de más de 3 800 000 ha (CIERFI 2000) ubicadas en el este de Venezuela.
El basamento geológico de la RFI corresponde, en su mayoría, a rocas muy antiguas asociadas a una gran cantidad de depósitos metálicos y no metálicos que pueden ser de gran interés económico_ hierro, oro, platino, sulfuros polimetálicos, tierras raras, manganeso, diamantes, arcillas, caolín, mármol, dolomita, y rocas ornamentales, entre otros. Estas rocas pertenecen a las Provincias Geológicas de Pastora, de Imataca y de Roraima.
Se han reportado tres tipos bioclimáticos en la RFI: ombrófilo y tropófilo macrotérmico, y ombrófilo submesotérmico. Según Sarmiento (2001 octubre), las "especies ombrófilas" son aquellas capaces de prosperar en áreas de gran pluviometría, con chubascos, chaparrones y lluvias; mientras que "vegetación tropófila" es la denominación aplicada a las comunidades caducifolias tropicales.
Los suelos predominantes son residuales, generalmente profundos, ácidos, de baja fertilidad -pobres en macronutrientes P, Na, K, Ca, Mg, etc.- no obstante, en las áreas bajo bosque se modifica, ya que los horizontes superficiales se enriquecen con materias orgánicas y por consiguiente en bases, producto de la descomposición de los restos vegetales.
La CIERFI (2000) reporta una zonificación cuantitativa de la presencia de órdenes de suelos, según la clasificación "Soil Taxonomy"donde se evidencia la predominancia de suelos del orden Ultisoles en 73% del área.
Las asociaciones vegetales de la RFI se presentan como bosques altos densos de Selva Pluvial y Selva Veranera Siempreverde a Semidecidua asociadas a ecosistemas de Bosque Húmedo Tropical en casi la totalidad de la reserva, y Bosque Deltáico o de Estuario inundable periódicamente, estos últimos como medios o altos (MARNR 1985).
La administración de las reservas forestales es potestad del Ministerio del Ambiente y los Recurso Naturales. Éste no es un Ministerio "de la Producción" en su sentido estricto, sino un orientador de la misma y un catalizador de su dinámica (MARN 2002, 30 de agosto). Recientemente se creó el Ministerio de la Producción y el Comercio -MPC-, cuya orientación es lograr coherencia entre esos sectores dentro de las actividades de la economía real del país (MPC n.d.).
Entre el 09 y 10 de mayo de 2002 se llevó a cabo, en la ciudad de Mérida, Venezuela, la "Reunión preparatoria para la formulación de una agenda forestal para el país". En esta reunión, la Ingeniero Forestal Diomira Barrios, asesora del, también recientemente creado, Ministerio de Agricultura y Tierras -MAT- explicó que el MPC se creó justamente para atender aspectos productivos. El Ingeniero Forestal Wilfredo Franco quien, para el momento, actuaba como Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- en representación del Plan de Desarrollo Forestal del País que adelanta el Ministerio de Planificación y Desarrollo, fue el encargado de la instalación de dicha reunión.
Se evidenció sorpresa y confusión entre los participantes de la reunión al percatarse de la manifiesta desarticulación interministerial. Se percibió una sensación de impotencia para comprender los límites de ingerencia jurídica de cada ministerio revalidándose el galimatías operacional para ajustarse a la ley que ordena al sector forestal.
Mientras las políticas y competencias ministeriales se discuten y aclaran, la dinámica agraria en la RFI no se detiene.
El uso agrícola lo ejercen los indígenas y pequeños productores agropecuarios. Los indígenas desarrollan una agricultura de autoconsumo muy restringida y de conucos migratorios. Los pequeños productores agropecuarios se caracterizan por ser, en su mayoría, procedentes de otros estados del país, principalmente Sucre y Monagas.
La madera es escasamente extraída de los conucos donde frecuentemente es quemada debido a que los potenciales usuarios podrían verse involucrados en conflictos policiales.
Se han registrado 5 etnias -Pemón, Akawaio, Arawako, Kariña y un número poco significativo Warao. Se ha estimado que la población indígena para Pemón, Akawaio y Arawako es de 4716; Kariña de 1141 y Warao de 964. La población de pequeños productores agropecuarios en la reserva no alcanza un límite superior a 5000 personas, concentrándose la mayoría de ellos en el sector norte (Mansutti y otros 2000).
El Servicio Forestal Venezolano, cuya denominación cambió a "Dirección General del Recurso Forestal", se ha responsabilizado de la entrega oficial de concesiones para la explotación de madera en Imataca. Éstas van de 20 000 a 180 000 ha, concedidas por periodos de 20 a 40 años.
Según el Jefe de la División de Manejo del Recurso Forestal del estado Bolívar, Ingeniero Forestal Godolfredo Arteaga (comunicación personal, 27 de mayo de 2002), sólo 3 de las 14 concesiones otorgadas en la RFI están actualmente activas, una de ellas aprovecha exclusivamente la especie Euterpe oleracea para la producción de palmito enlatado, las otras dos concesionarias activas aprovechan alrededor de 30 especies comerciales para la industria de aserrío.
Explicó Arteaga que, los lineamientos de manejo de la RFI están concebidos bajo criterios de ordenación por cabida superficial, donde se autoriza el número de árboles. Esto contribuye con la sustentabilidad del bosque puesto que el número de árboles a tumbar es limitado dejando individuos de diámetros altos en pie, mientras que en autorizaciones de tumba por cabida volumétrica se establecen cuotas fijas de volúmenes por especie, buscando ese volumen en cualquier parte de la unidad.
Se ha estimado que la masa forestal arbórea de la RFI se ubica alrededor de 178 m 3 /ha, siendo el aprovechamiento actual escasamente cercano a 12 m 3 /ha calculando un promedio de extracción anual de 4000 m 3 /concesionaria, es decir que actualmente se extraen 8000 m 3 de madera por año en la RFI, puesto que sólo dos empresas están legalmente autorizadas.
Un componente importante en la dinámica de los ecosistemas es la intervención antropológica, que a su vez obedece a las necesidades de los seres humanos que los habitan y a su cultura o hábitos de vida. Podría deducirse, entonces, que la diversidad cultural es un componente de la biodiversidad.
La Ley de Diversidad Biológica -LDB- (2000) ordena, en su capítulo tercero, la conservación de la diversidad cultural de las comunidades locales y de los pueblos y comunidades indígenas que presenten una identidad propia y claramente perceptible.
El territorio de la RFI ha sido hábitat natural de las etnias indígenas Warao, Pemón, Arawako, Akawaio y Kariña. Estas etnias realizan actividades agrícolas y de cacería para la subsistencia mediante el conuco tradicional, las cuales tienen efectos no perdurables sobre las características ecológicas de la reserva debido a la baja densidad de población y aprovechamientos de bajo impacto. Son poseedores de sabidurías, conocimientos y técnicas ancestrales. Invalorable patrimonio nacional. El bosque, además de ser morada de estos habitantes, es fuente de alimento, medicina, herramientas de trabajo, materias primas para la construcción de sus viviendas y la elaboración de artesanías.
Todos y cada uno de los elementos que componen un ecosistema se encuentran en permanente interrelación, cuando alguno es alterado el resultado es manifestado en un cambio del paisaje. El respeto a las etnias y sus costumbres no sólo incrementa la posibilidad de adquirir sabidurías genuinas sino que es principio indispensable para el desarrollo sostenible de las regiones en que conviven.
La población minera está conformada por individuos provenientes de diferentes estados de Venezuela y de otros países, generalmente itinerantes que permanecen allí en condiciones de vida precarias, mientras la mina es rentable, razón que hace difícil obtener cifras fehacientes del número de habitantes en los eventuales establecimientos.
El asentamiento minero más importante de la RFI es el complejo Ciudad Dorada, cercano a la mina de oro Las Cristinas, estimada como la segunda más grande de América Latina y la sexta del mundo con reservas de 12 millones de onzas de oro y mil millones de libras de cobre ("La quimera del oro" 2002, febrero).
En el documento "Derecho a un ambiente sano" (n.d.), Miles Useche afirma que, en la RFI, se han otorgado permisos para una superficie de 1 000 000 de ha y por esa misma vía se explotan 12,4 t de oro al año, comprobándose, además, una superficie activa de un millón de hectáreas de explotación ilegal con el doble de rendimiento, o sea 24 t de oro que se esfuman.
Al no existir una reglamentación precisa de ordenación de uso de los recursos naturales de la RFI el Gobierno Nacional aprobó el Decreto N° 1850 que dictaría el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso para la RFI, estados Bolívar y Delta Amacuro, publicado en Gaceta Oficial N° 36 215 de fecha 28 de mayo de 1997.
Esta promulgación generó una situación de querella entre el Ejecutivo Nacional, las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, la sociedad civil organizada y la opinión pública en general. Hasta los actuales momentos no se ha concluido el litigio suscitado a partir de la aprobación del Decreto 1850.
La forma en que se presenta el material aurífero -veta, saprolita o aluvión- relaciona la forma de extracción, la técnica de explotación y el nivel de producción. La extracción de oro puede ser subacuática, a cielo abierto o subterránea; mediante técnicas manuales, con chupadoras, monitores hidráulicos o maquinaria pesada; para alcanzar niveles de producción artesanal, de pequeña o mediana minería o de gran alcance.
Los actores de la minería artesanal son mineros poco estables que se movilizan de "bulla en bulla". Ellos han sido los exploradores de la zona y han descubierto los grandes yacimientos dentro de la reserva desde tiempos remotos. La afectación de esta actividad es mínima ya que es muy localizada.
En el ejercicio de pequeña y mediana minería se utilizan monitores operados a diesel o eléctricos para una mecanización parcial del trabajo. La explotación es de aluvión y puede ser subacuática. Se advierte que esta modalidad está prohibida debido a que representa la minería más impactante del ambiente generando destrucción de bosques de galería y de la capa vegetal, alteración de cauces, sedimentos y contaminación mercurial. No obstante se aprecia como la modalidad de explotación de aluvión se ejerce sin comedimiento dentro de la RFI.
Las grandes concesionarias mineras ubicadas en la RFI trabajan en yacimientos de veta y saprolita a cielo abierto. El procesamiento del material se hace en plantas de cianuración, cuyos productos de desecho se depositan en lagunas dispuestas para tal fin, y en las cuales deben tomarse las medidas de protección ambiental pertinentes.
Permanentemente se producen enfrentamientos entre los organismos públicos y las organizaciones civiles, además de los conflictos internos por el control del espacio y los recursos, favoreciendo fuertes tensiones sociales e inseguridad. Una de las causas radica en la falta de políticas y estrategias apropiadas.
La RFI es limítrofe con Guyana, por lo que su desarrollo es imperativo. Es importante que la reserva, en su lindero, tenga presencia venezolana, civil y militar, en una estrategia combinada de resguardo fronterizo, protección del ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales para el bienestar colectivo regional y nacional, demostrando así el interés del país por esta zona.
La implantación de un plan jurídico es obligatoria para impedir el contrabando de extracción de los recursos de cualquier tipo y la permanencia de inmigrantes ilegales en territorio nacional, garantizar la protección y seguridad de los habitantes de la zona y velar por el cumplimiento exacto de todas las leyes nacionales vigentes. Es esencial identificar los impactos de las actividades económicas y los costos y beneficios internos y externos.
Hace falta una reglamentación procedente, clara y bien definida para que las comunidades indígenas, hoy ignoradas, reciban la protección y el apoyo del Estado a objeto de fortalecer sus capacidades para salvaguardar su cultura.
El respeto a normas especiales constituye un sistema para limpiar el área de la reserva de los pseudo desarrollos existentes y promover la asociación de la población flotante hacia empresas organizadas que tengan capacidad de cumplir con todas las exigencias de protección ambiental y de la sociedad.
La presencia de ingentes recursos forestales y mineros promueve la necesidad de pretender hacer el mejor uso de ellos. Sin embargo, una planificación de usos factible, donde se puntualice los criterios técnicos de la reglamentación y factores condicionantes para el aprovechamiento de los recursos no ha sido aún propuesta.
Las empresas declaran que no saben qué van a explotar, ni el estimado de la producción, ni el estimado del costo de restauración del sitio afectado. Expresan que su preocupación es la obtención del permiso ambiental.
La promulgación del Decreto 1850, ha resultado en un enfrentamiento alimentado por posiciones de grupos que, por una parte pretenden salvaguardar la sustentabilidad ambiental y la biodiversidad del área ocupada por la RFI en su integridad natural y, por la otra, quieren destacar, exclusivamente, las bondades económicas de la explotación de cada uno de estos recursos, llegándose a un atolladero que agotó los ánimos de diálogo.
La discusión debe reactivarse, no sólo porque el Decreto 1850 no cubrió las expectativas de la mayoría, sino también porque la República Bolivariana de Venezuela está en presencia de nuevas leyes aprobadas: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la nueva Ley de Minas, la Ley de Diversidad Biológica, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, son algunos de los instrumentos que deben revisarse para la reformulación del Decreto 1850 o, en su defecto, la redacción de un nuevo proyecto de ley que legisle el uso y protección de la RFI.
Es impostergable la realización de actividades en búsqueda de la actualización y armonización de la normativa fundamentada en el concurso de científicos y expertos, orientados a la solución de los problemas descritos, que tengan una visión clara de los principios y valores de la ética ambientalista.
La aplicación de los avances científico tecnológicos del siglo XX demuestra que la naturaleza es vulnerable, y lo hace con hechos reconocibles sobre los daños causados. Es evidente la importancia de considerar la necesidad del uso previo de los conocimientos. El poder público está obligado a reconocer al ambiente como un bien tutelado, propiedad de la comunidad y de las generaciones futuras.
Los proyectos que plantean intervención de la naturaleza deben proponer acciones alternativas, fundamentadas en consideraciones de carácter ético y social, donde el desarrollo no se limite a buscar bienestar económico local y coyuntural. Para lograrlo es obligante insertar previamente los resultados de la actividad de investigación donde esté presente el análisis global, planetario, de los problemas ambientales que encierran un alto grado de incertidumbre cuando permiten prever la desaparición de un ecosistema localizado, más aún cuando incluye etnias con culturas milenarias.
La ética y los valores sociales constituyen el marco conceptual de cualquier proyecto que tenga por finalidad alcanzar el desarrollo sostenible y no limitarse a expectativas inciertas de crecimiento económico.
Agradecimiento: Al Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la ULA, por su apoyo financiero.
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1 Profesaora de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Universidad de Los Andes.
Urb. Santa María Norte, Calle Los Olivos # 14-B. Mérida 5101. Venezuela.
Teléfono: 58 274 2401668
E. Mail: [email protected]; [email protected]
2 La cita de documentos de soporte electrónico se hizo siguiendo los criterios establecidos en el manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association, eliminando los paréntesis y las comas en las fechas para uniformizarlas con los lineamientos exigidos en la "presentación de memorias" del Congreso.