Desarrollar una estrategia para poner en práctica el derecho a la alimentación debe comenzar por evaluar la situación actual. La Directriz 3,2 del Derecho a la Alimentación* recomienda que los titulares de obligaciones (los Estados) comiencen con una, “evaluación cuidadosa de la legislación nacional, las políticas y medidas administrativas, los programas actuales en ejecución, la identificación sistemática de las limitaciones existentes y los recursos disponibles”. No solamente los resultados y los impactos de las medidas políticas y los programas son importantes, sino también la implementación de los procesos; los programas basados en los derechos son transparentes, participativos, no discriminatorios, y dotan de medios a los titulares de derechos para que puedan exigir a los titulares de obligaciones el cumplimiento de sus responsabilidades. Un análisis posterior revelará qué cambios de política, nuevas medidas y prioridades de la seguridad alimentaria pueden conducir a la realización del derecho a la alimentación.