Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) son uno de los muchos y diversos instrumentos que pueden complementar y favorecer un entorno normativo propicio para la agricultura y el desarrollo rural sostenibles (ADRS). En la actualidad el papel de los programas de PSA a favor de la ADRS es bastante limitado. Recientes reseñas de literatura sobre las experiencias de los PSA destacan cuatro características principales de este tipo de programas que se están ejecutando en la actualidad: 1) la mayoría no demuestra adicionalidad y carecen de mecanismos de selección apropiados; 2) están diseñados con objetivos múltiples; y 3) siguen estando financiados en gran o total medida por el sector público. En el presente artículo argumentamos que un proceso de preparación de programas de PSA liderado por el sector público que incluya asociaciones con el sector privado es fundamental para materializar el potencial de este instrumento normativo a favor de la ADRS. Nuestro análisis indica tres importantes áreas en las que la inversión del sector público podría mejorar la capacidad de los programas de PSA para apoyar el desarrollo agrícola disponible: 1) Reducción de los costos de transacción y reproducción; 2) creación de un entorno normativo favorable; y 3) garantía de la equidad y aprovechamiento de múltiples beneficios. Aunque el potencial de cambio dentro de los sistemas de producción agrícola para generar servicios ambientales es considerable, la obtención de los beneficios de los programas de PSA requiere, casi siempre, que éstos sean implementados por un gran número de productores y en grandes superficies a fin de alcanzar economías de escala en los costos de transacción y la gestión del riesgo. Al mismo tiempo deben ser diseñados para favorecer la flexibilidad que exigen los modos de vida de las comunidades rurales.