La inseguridad alimentaria está profundamente interrelacionada con las disparidades sanitarias y económicas, como un factor subyacente de riesgo para el COVID-19 y como un efecto de la crisis económica provocada por la pandemia. Las desigualdades sanitarias preexistentes y el mayor riesgo de pérdida de empleo o de ingresos dan lugar a que las personas latinas e indígenas, se hayan afectado de forma desproporcionada por el COVID-19, agravando aún más las desigualdades que ya existían mucho antes por la pandemia.

Más allá de la necesidad inmediata de reconocer y abordar efectivamente estas desigualdades a la luz del COVID-19, los sistemas subyacentes que las crearon y perpetuaron deben ser rediseñados. Las comunidades necesitan nuevas leyes, normas y prácticas institucionales que aborden directamente la discriminación estructural, la desigualdad salarial y otros factores fundamentales de la inseguridad alimentaria y la desigualdad sanitaria.

En respuesta a esta crisis de salud pública, las instituciones federales, estatales, locales y tribales están identificando soluciones rápidas que permiten superar los obstáculos legales y normativos para conseguir asistencia y recursos para quienes más los necesitan, creando una hoja de ruta para construir un sistema alimentario más resistente y justo a largo plazo. Crear estabilidad y justicia a largo plazo en el sistema alimentario significa ir más allá del acceso a los alimentos y la nutrición, y llegar al empleo estable, al apoyo a los ingresos y a la salud de la comunidad. La intersección y la coordinación de los sistemas de salud y los sistemas alimentarios están en el centro de estos esfuerzos y representan un espacio prometedor para el cambio sostenible a largo plazo.