En el año 2013 al menos 4.000 familias de los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Potosí fueron afectadas por desbordes del río San Juan del Oro, de acuerdo con un reporte del Viceministerio de Defensa Civil (VIDECI). Como todo evento súbito, encontró a los municipios afectados con limitaciones para la respuesta, pero las lecciones aprendidas de aquel evento le han dado a la región herramientas sólidas para la prevención.

Hoy, las familias que por entonces perdieron casi todo, cuentan con la planificación del territorio frente al evento adverso, la estructura, el equipamiento y el personal capacitado disponible para hacer frente, además de leyes o normativas para la preparación o respuesta, así como la preparación y sensibilización de los miembros de la comunidad, explica Víctor Hugo Vedia, responsable de la Unidad de gestión de riesgos del municipio de Tupiza (Potosí).

“No estar preparado para un desastre es tremendo, porque cuando te afecta tienes ganas de irte, las semanas siguientes no tienes para comer, es una caída tremenda. El 2013 me tocó vivirlo, el río creció y todas las plantas fueron sepultadas con arena y el 2017 fue una segunda caída”, narra Ricardo Ovando, productor de hortalizas de la comunidad de Ichupampa, municipio de Tupiza.

Hace dos meses, en febrero de este año, el municipio de Cotagaita (Potosí) se vio sorprendido por una riada que, según el reporte de su alcalde, Macario Navarro, afectó a 150 casas y 700 personas. Para la respuesta se movilizó la Gobernación, bomberos, Policía y el Ejército.

“Sin embargo, recibimos el impacto de la riada más organizados, nuestro municipio ha respondido mejor que en gestiones pasadas, fortalecimos una Unidad de Gestión de Riesgo constituida y el Comité Operativo de Emergencias (COE) activado”, explica Franz Tito, técnico agropecuario del municipio de Cotagaita.

“Afrontar el riesgo implica conocerlo. Para eso se trabajó con ocho municipios, hemos elaborado sus mapas de riesgo y sus planes de contingencia comunales, además de sus leyes locales en gestión de riesgos. A esto se suma el trabajo de interconexión entre municipios, bajo una estrategia de monitoreo escalonado, eso significa que cada municipio informa al otro, por ejemplo, sobre el volumen de agua de lluvia que cae en la parte alta de la cuenca, para que los que están en la parte baja tomen sus recaudos”, explica Edwin Ali, técnico de gestión de riesgos de la FAO en Bolivia en la Cuenca San Juan del Oro.

Este trabajo ha sido complementado con una estrategia agrícola. “El principio que hemos aplicado los municipios es garantizar la seguridad alimentaria, para ello el trabajo que hemos realizado fue utilizar especies de ciclo corto, para que las comunidades antes de la primera lluvia garanticen una cosecha y no queden vulnerables ante el riesgo de riadas en las épocas de lluvia”, comenta Mario Martínez, alcalde del municipio de Tupiza.

“Por otra parte, los municipios hemos trabajado en los sistemas de alerta temprana, eso es esencial porque nos prepara con antelación a un posible desastre. Hemos rehabilitado ocho estaciones meteorológicas y capacitado a gente de la comunidad, para que interprete los datos y al mismo tiempo nos informe. En otras comunidades en las cuales no tenemos comunicación hemos implementado las alertas luminosas, eso funciona con un sistema de linternas, que emiten luces de color rojo, amarillo y verde. Cuando es verde está normal, en amarillo es atento a cambios y cuando es rojo la comunidad aplica varias estrategias, como hacer humear en el chaco para subir la temperatura o aplicar calentadores”, comenta Oscar Peca, responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos y Alerta Temprana del municipio de Vitichi (Potosí).

La tecnología y la comunicación juegan un papel preponderante para que esta coordinación funcione y para estos municipios la aplicación WhatsApp deja de tener solo un rol social y pasa a tener un uso preventivo, debido a que 15 municipios se comunican y se informan de las condiciones hidrometeorológicas por esta vía.

“Nuestro Sindicato agrario ha elegido a un joven, porque maneja mejor la tecnología y él ha sido capacitado para entender la información que se pasa entre los técnicos de gestión de riesgos. A mediados de abril, gracias a unas alertas del municipio de Tupiza, hemos podido salvar nuestras cebollas cosechadas y evacuar algo de nuestro ganado”, narra Marvel Gonzales, Secretario general de la comunidad de Santa Rosa (Las Carreras, Chuquisaca).

Otra de las claves identificadas para sobrellevar estos eventos adversos son herramientas sencillas y rentables para los productores, en ese marco “la siembra de la tuna es una alternativa sencilla y de alta rentabilidad, que puede ayudar a complementar la economía de las comunidades, porque es sencilla en su manejo y es resistente a climas extremos”, explica Willy Blanco, Secretario de desarrollo productivo del municipio de Cotagaita.

Una estrategia adicional, implementada por el Programa de Asistencia Técnica del VIDECI y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el financiamiento de la Agencia Italiana de Cooperación Internacional, para abarcar la extensa territorialidad que tienen los municipios, es la formación de promotores y promotoras para que aprendan haciendo las estrategias de riesgos y agrícolas y que de esta forma, en coordinación con los Gobiernos autónomos municipales, puedan trabajar de forma mancomunada frente a un evento adverso.

La solidaridad es un elemento esencial para que el modelo funcione. Un ejemplo ha sido que, durante el desastre sucedido en Cotagaita, los municipios de Vitichi y Tupiza apoyaron con maquinaria, motoniveladora y volqueta, para apoyar a la población frente a esta emergencia.

Sin embargo, todo lo que los municipios aprenden y aplican trascienden, y es que frente a la emergencia sanitaria del Covid19, cinco de los municipios que apenas habían terminado de superar la época de lluvias han puesto al servicio de la población sus Comité municipales de reducción de riesgo y atención de desastres (COMURADE), así como sus Comités operativos de emergencia (COE), como lo determina la Ley nacional de gestión de riesgos (Ley 602 de 2014), sólo que en esta ocasión en apoyo a la salud de su población.