El Estado y un consorcio de cinco organizaciones humanitarias propone un protocolo para la planificación segura de las intervenciones en campo, en base al análisis del riesgo en el contexto del COVID-19. Se trata de un instrumento para que técnicos de ámbitos esenciales como la salud, agropecuaria, educación y otros, cuenten con una metodología de intervención, un análisis integral del territorio y sus riesgos, con el fin de preservar su seguridad, la de sus familias y la de las comunidades.

El protocolo permite la identificación de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos, así como las soluciones, para la toma de decisiones a nivel individual y organizacional. Se adapta a diferentes contextos, por ejemplo, comunidades, distritos o municipios y está pensado para que profesionales de instituciones públicas y privadas elaboren estrategias preventivas de trabajo frente a la pandemia.

Esto significa hacer un análisis integral del contexto, del territorio, de las pericias de campo, de las estrategias a aplicar y de esta forma tener un programa de trabajo con el mayor grado de certidumbre durante y después de la crisis sanitaria.

La herramienta es una propuesta del consorcio liderado por la FAO y conformado por Soluciones Prácticas, Organización Mundial para las Migraciones, Visión Mundial y UNICEF, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión integral y multisectorial de riesgos para reducir la vulnerabilidad de los medios de vida de las comunidades expuestas a múltiples amenazas naturales y provocadas por el hombre y riesgos ocultos, correlacionando áreas periurbanas y rurales y comunidades indígenas en Bolivia, Colombia y Venezuela”.

Esta iniciativa viene trabajando para ayudar en prever y mitigar los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las poblaciones además de contribuir a mitigar los efectos de la COVID-19 en el comercio y el abastecimiento normal de alimentos.

Esta planificación busca apoyar la continuidad de los programas, proyectos públicos y privados la misma ha considerado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Autoridad Nacional Competente en salud pública para que las acciones desarrolladas estén en sintonía con los esfuerzos de contención de la enfermedad y además se garantice la seguridad y el bienestar de la vida humana.