Esta sección se basa sustancialmente en la Declaración de la CMSA de 2009 de Roma, las Directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación, el Marco Amplio para la Acción Actualizado y otros documentos e instrumentos que reflejan un consenso generalizado y creciente acerca de la forma más acertada de formular, coordinar, ejecutar, apoyar, financiar y supervisar las estrategias y los programas de seguridad alimentaria y nutrición.

Una buena gobernanza para la seguridad alimentaria y la nutrición en todos los niveles 

—mundial, regional y, sobre todo, nacional— es un requisito primordial para realizar progresos en la lucha contra el hambre y la malnutrición. La buena gobernanza exige a los gobiernos establecer prioridades respecto a las estrategias, políticas, programas y fondos para combatir el hambre y la malnutrición y, a la comunidad internacional, coordinar y movilizar un apoyo significativo, ya sea mediante la asistencia humanitaria o para el desarrollo, a nivel nacional, bilateral o multilateral, en consonancia con las prioridades del país. 

La persistencia del hambre generalizada y, en los últimos años, la crisis económica y la volatilidad excesiva de los precios de los alimentos han puesto de manifiesto la fragilidad de los mecanismos mundiales de seguridad alimentaria y nutrición. La coordinación entre los actores a nivel nacional, regional y mundial ha sido insuficiente. Superar las causas estructurales del hambre y la malnutrición requerirá que se promueva la coherencia de todas las políticas nacionales e internacionales apropiadas con el derecho a la alimentación, así como la convergencia de políticas, estrategias y programas que asignen prioridad urgente tanto a la satisfacción de las necesidades a largo plazo como a las solicitudes de asistencia de emergencia en relación con la seguridad alimentaria y la nutrición. Para alcanzar estos objetivos se precisa el respaldo de todas las instancias gubernamentales, voluntad política y medidas coordinadas a largo plazo. Las intervenciones deben contar con financiación adecuada y con suficiente capacidad tanto para su ejecución como para el seguimiento de sus efectos (Marco Amplio para la Acción Actualizado, párrafo 8)

5.01  MEDIDAS BÁSICAS A NIVEL NACIONAL

La principal responsabilidad de los Estados de garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos ha sido reafirmada en numerosas ocasiones, incluso en el primer Principio de Roma para una seguridad alimentaria mundial sostenible, que hace hincapié en los planes controlados y dirigidos por los países y reza lo siguiente:

Reafirmamos que la seguridad alimentaria es una responsabilidad nacional y que todos los planes dirigidos a abordar los retos que la seguridad alimentaria plantea deben ser articulados, diseñados, controlados y dirigidos por los países y establecidos en consulta con todas las principales partes interesadas. Daremos gran prioridad a la seguridad alimentaria y ello quedará reflejado en nuestros programas y presupuestos nacionales (Declaración de la CMSA, párrafo 9) .

En las recomendaciones que figuran a continuación se reúnen las lecciones más importantes que se han extraído de las medidas a nivel nacional como, por ejemplo, las siguientes: 

1. Los Estados deberían establecer o reforzar los mecanismos interministeriales en relación con las estrategias, políticas y programas nacionales de seguridad alimentaria y nutrición. 
2. Lo ideal sería que estos mecanismos se crearan y coordinaran en las altas instancias del gobierno, se consolidaran en la legislación nacional y contaran con la participación de representantes de ministerios u organismos nacionales de todos los sectores relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición, entre ellos, la agricultura, la protección social, el desarrollo, la salud, la infraestructura, la enseñanza, las finanzas, la industria y la tecnología.
3. Las estrategias nacionales en materia de seguridad alimentaria y nutrición, independientemente de que se hayan integrado o no en estrategias más amplias de desarrollo o reducción de la pobreza, deberían ser globales, reforzar los sistemas alimentarios locales y nacionales, y abordar todos los pilares de la seguridad alimentaria y la nutrición, en concreto, la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad.
4. Deberían crearse o reforzarse mecanismos para coordinar estrategias y acciones con las administraciones locales; los Estados deberían estudiar la posibilidad de establecer plataformas y marcos de múltiples partes interesadas a nivel local y nacional para la formulación, ejecución y supervisión de estrategias, legislación, políticas y programas de seguridad alimentaria y nutrición, posiblemente mediante mecanismos de integración multisectorial con mecanismos de coordinación nacional. Entre las partes interesadas deberían encontrarse, según proceda, los gobiernos locales, la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones de agricultores, los productores de alimentos en pequeña escala y tradicionales, las asociaciones de mujeres y de jóvenes, representantes de los grupos más afectados por la inseguridad alimentaria y, en su caso, los donantes y asociados en el desarrollo.
5. Elaborar o reforzar mecanismos de inventario y vigilancia con el fin de coordinar mejor las medidas adoptadas por las diferentes partes interesadas y promover la rendición de cuentas.
6. Al formular estrategias y programas nacionales en materia de seguridad alimentaria y nutrición, los Estados deberían esforzarse por estudiar los posibles efectos no deseados o negativos que tales estrategias y programas puedan tener en la seguridad alimentaria y la nutrición de otros Estados.

Aplicación de las Directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación

Además de las recomendaciones del apartado anterior, las Directrices sobre el derecho a la alimentación ofrecen a los países una orientación práctica para la elaboración de marcos institucionales eficaces y de marcos jurídicos adecuados, para establecer mecanismos de vigilancia independientes y para aplicar los marcos mencionados.

Se recomienda seguir las siete etapas que figuran a continuación para aplicar las Directrices sobre el derecho a la alimentación (Elaboradas por la Unidad del Derecho a la Alimentación de la FAO) : 

Primera etapa: Determinar cuáles son las personas que padecen inseguridad alimentaria, dónde viven y por qué sufren hambre. Analizar las causas subyacentes de su inseguridad alimentaria utilizando datos desglosados a fin de que los gobiernos puedan orientar más acertadamente sus iniciativas. 

Segunda etapa: Realizar una evaluación exhaustiva, en consulta con las principales partes interesadas, de las políticas, las instituciones, las leyes, los programas y las asignaciones presupuestarias existentes con objeto de determinar mejor tanto las limitaciones como las oportunidades para responder a las necesidades y los derechos de las personas que padecen inseguridad alimentaria. 

Tercera etapa: Con arreglo a la evaluación, adoptar una estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutrición basada en los derechos humanos como una hoja de ruta con objeto de coordinar las medidas gubernamentales encaminadas a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada. Esta estrategia debería incluir objetivos, plazos, responsabilidades e indicadores de evaluación conocidos por todos, y debería sentar las bases para la asignación de recursos presupuestarios. 

Cuarta etapa: Determinar las funciones y responsabilidades de las instituciones públicas competentes en todos los niveles a fin de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y una coordinación eficaz y, en caso necesario, establecer, reformar o mejorar la organización y la estructura de estas instituciones públicas. 

Quinta etapa: Considerar la posibilidad de integrar el derecho a la alimentación en la legislación nacional, como la Constitución, una ley marco o una ley sectorial, estableciendo así una norma vinculante a largo plazo para el gobierno y las partes interesadas.

Sexta etapa: Supervisar las repercusiones y los resultados de las políticas, la legislación, los programas y los proyectos con vistas a medir los logros de los objetivos establecidos, subsanar las posibles deficiencias y mejorar constantemente las medidas gubernamentales. Ello podría incluir evaluaciones de los efectos de políticas y programas desde el punto de vista del derecho a la alimentación. Es preciso prestar especial atención a la vigilancia de la situación de la seguridad alimentaria de los grupos vulnerables, especialmente las mujeres, los niños y los ancianos, así como su situación nutricional, en particular la prevalencia de carencias de micronutrientes.

Séptima etapa: Establecer mecanismos de rendición de cuentas y reclamación, que pueden ser judiciales, extrajudiciales o administrativos, para que los titulares de derechos puedan exigir responsabilidades a los gobiernos y para garantizar la adopción de medidas correctivas sin demoras cuando las políticas o programas no se apliquen o presten los servicios previstos.

5.02  MEJORA DEL APOYO REGIONAL A LAS MEDIDAS NACIONALES Y LOCALES

Si bien el nivel nacional es el más importante, la mayoría de los países se beneficiarán de una mejor coordinación y colaboración en el plano regional. De acuerdo con sus mandatos, las organizaciones intergubernamentales regionales desempeñan algunas funciones esenciales, a saber, proporcionar incentivos políticos y orientación técnica para promover la respuesta a nivel nacional, y ayudar a crear mercados regionales, poniendo al mismo tiempo en común los riesgos y las respuestas de sus miembros. Muchas organizaciones regionales han creado marcos de políticas que constituyen una base conceptual para la elaboración de políticas nacionales y orientaciones prácticas sobre procesos de planificación integradores. Estos procesos son fundamentales para promover y respaldar las asociaciones necesarias en el plano nacional en pro de la seguridad alimentaria y la nutrición. 

De acuerdo con sus mandatos, los organismos regionales pueden desempeñar una función importante en la elaboración de políticas a fin de abordar las dimensiones transfronterizas de la seguridad alimentaria y la nutrición y crear mercados regionales sólidos. Tales políticas se basan en la sólida complementariedad intrarregional entre la ecología, la producción y el consumo. Abordan también la necesidad de gestionar conjuntamente los recursos transfronterizos, como los ríos, las cuencas hidrográficas, los acuíferos, las tierras de pastoreo y los recursos marinos, y de la lucha conjunta contra las plagas transfronterizas. Además, contemplan la inversión regional para impulsar los esfuerzos nacionales y abordar cuestiones concretas como la eliminación de los obstáculos intrarregionales al comercio, el refuerzo de las cadenas de valor regionales, la armonización de los sistemas de información y la coordinación de los sistemas de seguimiento ante situaciones de emergencia alimentaria y la movilización de recursos.

De conformidad con sus respectivos mandatos, las plataformas regionales pueden proporcionar espacio para el diálogo entre agrupaciones regionales, los gobiernos, los donantes y los organismos de las Naciones Unidas. Facilitan asimismo el acuerdo sobre los principios comunes y las medidas propuestas y allanan el camino para mejorar la armonización de las políticas. Asimismo, pueden ofrecer la oportunidad de seguir de cerca y evaluar el rendimiento y de vigilar el gasto y el flujo de asistencia de los gobiernos, por lo que estimulan una coordinación más adecuada entre los donantes, los bancos de desarrollo multilaterales regionales y los organismos de las Naciones Unidas. Aunque no son estrictamente regionales, las plataformas de países afines o con políticas similares tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)  y el G-20 pueden desempeñar algunas de las mismas funciones. 

Por último, las organizaciones y plataformas regionales pueden proporcionar una interfaz útil entre los niveles mundial y nacional al contribuir a difundir y adaptar las prácticas y las enseñanzas aceptadas internacionalmente en un contexto regional apropiado y con instituciones más cercanas a los gobiernos nacionales. 

Con el fin de obtener íntegramente los beneficios mencionados más arriba y mejorar el apoyo de los organismos regionales a las medidas nacionales, se recomienda, cuando proceda, la adopción, entre otras, de las siguientes medidas:

1. Elaborar o reforzar los mecanismos regionales de coordinación en los que participen todas las partes interesadas pertinentes con objeto de formular o actualizar estrategias o marcos regionales en materia de seguridad alimentaria y nutrición, que se basarán en las características específicas de la región y aprovecharán los puntos fuertes y las ventajas comparativas de las instituciones regionales existentes.
2. Elaborar o reforzar los mecanismos regionales de coordinación en los que participen todas las partes interesadas pertinentes con objeto de formular o actualizar estrategias o marcos regionales en materia de seguridad alimentaria y nutrición, que se basarán en las características específicas de la región y aprovecharán los puntos fuertes y las ventajas comparativas de las instituciones regionales existentes.
3. Lograr la convergencia, consolidación o coordinación de los diferentes esfuerzos regionales y subregionales dirigidos a adoptar estrategias y políticas regionales claras en materia de seguridad alimentaria y nutrición, con un control igualmente regional.
4. Promover los vínculos entre los mecanismos y marcos regionales y el CSA, lo que incluye la promoción de la comunicación recíproca con objeto de mejorar la convergencia y la coordinación de las políticas. 
5. Reforzar la armonización y la coherencia de las contribuciones técnicas y financieras realizadas por las organizaciones de ayuda internacional, los bancos regionales, los organismos técnicos regionales y las plataformas regionales de agricultores, el sector privado y las OSC en apoyo de las estrategias regionales y nacionales.
6. Un mayor apoyo por parte de los donantes a los procesos de integración económica regional y el uso de entidades regionales como asociados eficaces en la elaboración y aplicación de estrategias, políticas y programas nacionales de seguridad alimentaria y nutrición.
7. La coordinación de las políticas regionales en lo que respecta al comercio de insumos y productos agrícolas, así como el cumplimiento de las normas aceptadas en el ámbito internacional y regional con el fin de facilitar el comercio intrarregional.
8. Examinar, entre otras necesidades, la de establecer reservas alimentarias estratégicas con finalidades de emergencia humanitaria, redes de seguridad social u otros instrumentos de gestión del riesgo que promuevan la seguridad alimentaria y beneficien a las mujeres y los hombres de las comunidades pobres y marginadas.
9. Deberían reforzarse las cadenas de valor regionales, especialmente para el desarrollo de infraestructuras, puesto que tienen el potencial de ampliar los mercados proporcionando incentivos a los inversores privados nacionales y extranjeros para realizar inversiones a largo plazo en la agroindustria y los agronegocios, dentro del respeto a la legislación nacional.

5.03  MEJORA DEL APOYO MUNDIAL A LAS MEDIDAS REGIONALES Y NACIONALES Y RESPUESTA A LOS DESAFÍOS MUNDIALES

Para superar el flagelo del hambre se requieren esfuerzos concertados de todo el mundo. La comunidad internacional tiene dos funciones fundamentales que desempeñar a este respecto: la primera es mejorar su apoyo a los esfuerzos regionales y nacionales; la segunda es coordinar las respuestas a los desafíos mundiales relacionados con la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

La comunidad internacional ha manifestado reiteradamente su compromiso de apoyar a los gobiernos nacionales en sus esfuerzos para combatir el hambre. La afirmación del primer Principio de Roma para una seguridad alimentaria mundial sostenible contempla el compromiso de “[intensificar] el apoyo internacional para fomentar estrategias regionales y nacionales eficaces y elaborar planes de inversión bajo la dirección de los países, así como para promover la responsabilidad, la transparencia y la mutua rendición de cuentas”. El segundo y el cuarto principios también están directamente relacionados con la mejora del apoyo internacional a los países . El Comunicado Conjunto de L'Aquila sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, de 2009, la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y el Programa de Acción de Accra también abordan esta cuestión.

Los proveedores de asistencia internacional para el desarrollo son muchos y variados. Comprenden a los países donantes a título individual, los organismos internacionales de carácter multilateral, las instituciones financieras internacionales y regionales, las ONG internacionales y las fundaciones privadas. El reto para la gobernanza mundial consiste en garantizar que no haya duplicación de actividades entre todos estos actores y que sus requisitos administrativos no supongan una carga excesiva para los países beneficiarios. La elevada fragmentación significa que muchos países en desarrollo siguen luchando para conciliar sus propias necesidades y prioridades estratégicas con los procedimientos, condiciones, plazos, límites y carteras de un número muy amplio de asociados. El problema que se plantea reviste aún más gravedad respecto a los países menos adelantados, que por lo general carecen de recursos y capacidad para gestionar un gran número de asociaciones y dependen en mayor medida de la asistencia internacional.

Las organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas se están esforzando considerablemente por agilizar y coordinar su asistencia a través de los equipos de las Naciones Unidas de apoyo a los países, la programación conjunta y actividades como las relacionadas con el concepto de la iniciativa “Unidos en la acción”; además, han elaborado el Marco Amplio para la Acción Actualizado con objeto de guiar y coordinar sus medidas. 

En cuanto al examen de los desafíos mundiales relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición, se han realizado algunos progresos al abordar cuestiones que requieren esfuerzos mundiales, como el cambio climático, la biodiversidad, los recursos genéticos, la volatilidad excesiva de los precios, la pesca internacional, el comercio o las normas alimentarias, entre otras. Si bien se ha prestado una mayor atención política a estas cuestiones y se han establecido prioridades al respecto desde la crisis alimentaria de 2008, para realizar nuevos avances será necesario en muchos casos alcanzar un consenso y superar algunas dificultades políticas y diferencias económicas (véase la Sección 6).

Existe, no obstante, un amplio consenso respecto a una estrategia destinada a recabar un mayor apoyo mundial para los esfuerzos nacionales y regionales y a responder mejor a los desafíos mundiales, en especial a los siguientes elementos clave, entre otros:

Incrementar el apoyo mundial en los planos nacional y regional:

6. Asistencia oficial para el desarrollo (AOD) (OCDE estadísticas sobre la AOD): dlos países donantes deberían realizar esfuerzos concretos hacia el logro de los objetivos en materia de AOD, del 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) para los ,países en desarrollo en su conjunto y del 0,15 % al 0,2 % para los países menos adelantados, según proceda.

g.      Asistencia alimentaria: los países que proporcionan asistencia alimentaria deberían basarla en sólidas evaluaciones de las necesidades que involucren a los beneficiarios y a otros actores pertinentes, en la medida de lo posible, y orientar la asistencia especialmente a los grupos necesitados y vulnerables. La asistencia alimentaria solo debería prestarse cuando sea el medio más eficaz y adecuado de satisfacer las necesidades alimentarias o nutricionales de las poblaciones más vulnerables. La asistencia alimentaria puede desempeñar un papel fundamental para salvar vidas, proteger los medios de vida y fomentar la capacidad de resistencia de las personas. En la asistencia alimentaria, como en toda asistencia, se debería evitar la creación de dependencia. Los alimentos deberían adquirirse, siempre que sea posible y apropiado, a nivel local o regional o proporcionarse en forma de dinero en efectivo o transferencias de cupones.

h.     Deuda externa: los países y las organizaciones internacionales deberían considerar la posibilidad de aplicar medidas de alivio de la deuda externa con objeto de liberar recursos para combatir el hambre, mitigar la pobreza rural y urbana y promover el desarrollo sostenible (Plan de Acción de la CMA de 1996, párrafo 53, Objetivo 6.2 y párrafo 53, incisos m) y n); Directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación, Capítulo III, párrafo 11)

Abordar los principales desafíos mundiales

a)     Comercio: el comercio local, nacional, regional e internacional puede desempeñar una función destacada en la promoción del desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición en el plano nacional; los países deberían promover el comercio regional e internacional como uno de los instrumentos eficaces para el desarrollo; es importante fomentar la coherencia de las políticas comerciales, ambientales y de desarrollo y las funciones sociales, económicas y políticas que influyen en los resultados de las estrategias de lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria.

b)     Cambio climático: aumentar las capacidades nacionales de los países en desarrollo, intensificar la cooperación internacional y la transferencia de tecnología destinada a mejorar la adaptación ante los efectos adversos del cambio climático y la eficiencia de los sistemas de producción.

10. Investigación:;Investigación: estimular las asociaciones entre los sectores público y privado, así como la investigación agrícola nacional e internacional, incluida la colaboración bilateral y multilateral en materia de investigación, especialmente en el marco del Consorcio de Centros Internacionales de Investigación Agrícola (Consorcio del CGIAR) y en coordinación con el proceso de la Conferencia Mundial sobre Investigación Agrícola para el Desarrollo

5.04  CÓMO HACERLO REALIDAD: VINCULAR LAS POLÍTICAS Y LOS PROGRAMAS A LOS RECURSOS

La sostenibilidad de los esfuerzos dirigidos a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición para todos depende fundamentalmente del gasto público de los propios países. En lo que atañe a la financiación sectorial en los países en desarrollo, existe consenso respecto de la necesidad de incrementar la proporción del gasto público que se destina a la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición. Aunque las estimaciones de las necesidades mundiales de financiación varían considerablemente, existe acuerdo general sobre la necesidad de invertir y compensar el descenso de la inversión destinada a la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición durante los últimos 25 años y cumplir los compromisos asumidos en el pasado.

Los gobiernos y demás actores del proceso deberían tener en cuenta, entre otros, los elementos siguientes al tomar decisiones sobre sus estrategias de financiación para el desarrollo:

a)     En los presupuestos nacionales deberían asignarse claramente recursos estables y significativos para aplicar las estrategias nacionales en materia de seguridad alimentaria y nutrición, y utilizarse de forma transparente y responsable. Los Estados deberían esforzarse para garantizar que los recortes presupuestarios no afecten negativamente al acceso a una alimentación adecuada de los sectores más pobres de la sociedad (Con arreglo a las Directrices voluntarias 12.1, 12.2 y 12.3 sobre el derecho a la alimentación)

b)     Las estimaciones mundiales deberían incluir los costos derivados de la elaboración y aplicación de unos programas sobre nutrición y redes de seguridad mejorados y más sostenibles como componente inherente del programa de seguridad alimentaria y nutrición.

c)     La importancia fundamental de la inversión privada nacional en agricultura, en particular la de los agricultores, y la necesidad de encontrar formas de movilizar y desbloquear el potencial adicional de la inversión nacional mediante un mejor acceso a los servicios financieros y mercados; ello puede requerir enfoques de financiación innovadores con la finalidad de disminuir los riesgos de los préstamos para la agricultura, crear productos financieros apropiados para los agricultores, mejorar el funcionamiento de los mercados agrícolas y aumentar los conocimientos de los agricultores sobre finanzas.

d)     La AOD sigue desempeñando una función importante en la coordinación y la aceleración de la planificación y la aplicación de planes de inversión en seguridad alimentaria y nutrición; la lucha contra la desnutrición y el hambre no debería verse limitada por los recursos actuales disponibles para los países en desarrollo, por lo que la AOD es esencial para respaldar las inversiones públicas fundamentales, que incluyen programas sociales, redes de seguridad, infraestructuras, la investigación, la extensión y el desarrollo de la capacidad; debería lograse una mayor transparencia y rendición de cuentas respecto al cumplimiento de los compromisos de la AOD para la seguridad alimentaria y la nutrición.

e)     La inversión privada es una fuente importante de financiación de la inversión que es complementaria a la inversión pública centrada en la AOD, pero es necesario que tenga lugar en un contexto que asegure la coherencia con los objetivos nacionales de seguridad alimentaria y de nutrición.

f)      Las remesas son una importante fuente de financiación para el desarrollo y el crecimiento económico en muchos países en desarrollo. Deberían hacerse esfuerzos a fin de facilitar la movilización de los recursos de las remesas para el desarrollo, la seguridad alimentaria y la nutrición.

g)     Es importante el mapeo de acciones para la seguridad alimentaria y la nutrición, así como de los vínculos de estas con los flujos de recursos, para facilitar un mayor ajuste de las asignaciones de recursos en apoyo de las estrategias y programas nacionales y regionales.

5.05  SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

En el documento de la reforma del CSA se afirma que una de las funciones del CSA consiste en “promover la rendición de cuentas y compartir las mejores prácticas a todos los niveles”. En este sentido, “el CSA debería ayudar a los países y regiones, según sea apropiado, a abordar las cuestiones de si se están logrando los objetivos y en qué forma pueden reducirse con mayor rapidez y eficacia la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Para ello será necesario desarrollar un mecanismo innovador, incluida la definición de indicadores comunes, a fin de supervisar los progresos hacia estos objetivos y medidas acordados teniendo en cuenta las enseñanzas aprendidas de anteriores intentos de vigilancia del CSA y otros”. A tal fin, la Mesa del CSA ha establecido un grupo de trabajo de composición abierta con objeto de formular propuestas para una vigilancia eficaz, que se incorporarán en las versiones posteriores del MEM, una vez aprobadas por el CSA.

Una estrategia de vigilancia y rendición de cuentas integrales para la seguridad alimentaria y la nutrición requiere varios componentes distintos, que varían en cuanto a su objetivo, enfoque y nivel deseado de aplicación. A continuación figuran unas aclaraciones y orientaciones básicas respecto a algunos de los componentes más importantes.

a.      Rendición de cuentas respecto a los compromisos y resultados

La rendición de cuentas sobre los compromisos y los resultados es fundamental, especialmente para el avance de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada, y cabe observar que los países que obtienen progresos mayores con respecto a la seguridad alimentaria y la nutrición son aquellos que han demostrado la mayor voluntad política, con un compromiso político y financiero firme, abierto y transparente para todos los interesados. Los objetivos del seguimiento deberían incluir los resultados nutricionales, los indicadores del derecho a la alimentación, el rendimiento del sector agrícola, el progreso hacia la realización de los ODS, en especial el ODS 2, y las metas concertadas en el plano regional.

Los sistemas de supervisión y rendición de cuentas deberían ajustarse a los cinco principios siguientes:

            i.     Deberían basarse en los derechos humanos, con especial referencia a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.

          ii.     Deberían permitir la rendición de cuentas por parte de los responsables de las decisiones.

         iii.     Deberían tener un carácter participativo y contemplar evaluaciones que impliquen a todos los interesados y beneficiarios, incluidos los más vulnerables.

         iv.     Deberían resultar sencillos, pero amplios, precisos, oportunos y comprensibles para todos, con indicadores desglosados por sexos, edades, regiones, etc., que permitan reflejar los efectos, el proceso y los resultados previstos.

           v.     No deberían constituir una duplicación de sistemas existentes, sino basarse en ellos y reforzar las capacidades estadísticas y de análisis nacionales.

El progreso hacia la realización de los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición ya se supervisa en numerosos foros, que incluyen órganos de carácter internacional, regional y nacional. Aunque los órganos internacionales continuarán ocupándose del seguimiento mundial del hambre y la malnutrición y del progreso hacia la realización de los ODS, los países necesitan establecer sus propios mecanismos para que múltiples interesados directos participen en los procesos de supervisión y presentación de informes sobre sus objetivos declarados, así como examinar opciones para una gobernanza eficaz e inclusiva de la seguridad alimentaria y la nutrición en el ámbito nacional.

b)          La vigilancia de la inseguridad alimentaria, el hambre y todas las formas de malnutrición

Este componente guarda relación con la vigilancia del número real de personas que padecen hambre, ya sea a corto o a largo plazo, que debería ser la responsabilidad principal de los países, con el apoyo de las organizaciones regionales e internacionales. La FAO, el FIDA y el PMA tienen unas funciones importantes que desempeñar en este sentido, entre ellas, en la publicación anual —en colaboración con la OMS, el UNICEF y el Banco Mundial— del informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que reúne y analiza datos de los Estados Miembros en apoyo a los sistemas nacionales de información, así como en la facilitación de análisis y cartografía de la vulnerabilidad y evaluaciones de las necesidades en relación con la seguridad alimentaria fundamentales para ayudar a los países a evitar y afrontar las crisis alimentarias. En el Marco Amplio para la Acción Actualizado se describen otros trabajos en curso sobre seguimiento y análisis de la información.

Contar con sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas eficientes, que proporcionen datos desglosados por sexo y edad, es importante para: establecer la situación de un país en lo que atañe al desarrollo agrícola, la seguridad alimentaria y la nutrición, así como el ejercicio del derecho a la alimentación; determinar la magnitud y la distribución de las necesidades entre los grupos con distintos medios de vida; fomentar una mayor eficacia, rendición de cuentas, transparencia y coordinación de las respuestas a estas necesidades.

Queda mucho por hacer en los planos nacional, regional y mundial para mejorar los sistemas de información, la recopilación de datos, y la armonización de las metodologías e indicadores con objeto de realizar estimaciones sobre el hambre y todas las formas de malnutrición. 

A este respecto, el CSA acordó formular las siguientes recomendaciones (Informe final del 37.º período de sesiones del CSA, párrafo 57):

            i.     Respaldar la propuesta de crear un conjunto de indicadores básicos de la seguridad alimentaria, incluidas la elaboración, la aprobación y la promoción de normas aceptadas internacionalmente.

          ii.     Recomendar encarecidamente que la FAO perfeccionase su método de medición de la subnutrición y prestase especial atención a mejorar la oportunidad y fiabilidad de los datos y parámetros utilizados para ello.

         iii.     Alentar encarecidamente a la FAO y otros organismos pertinentes a reforzar sus actividades relacionadas con el desarrollo de la capacidad con miras a potenciar tanto las estadísticas alimentarias y agrícolas básicas como los sistemas específicos de seguimiento de la seguridad alimentaria.

         iv.     Instar a los países a reforzar sus sistemas nacionales de información sobre seguridad alimentaria y nutrición.

           v.     Destacar la necesidad de mejorar la integración de todas las medidas relacionadas con la información sobre seguridad alimentaria y nutrición en todos los ámbitos y alentar a movilizar recursos para tal fin.

         vi.     Recomendar que se siga intensificando el diálogo entre los responsables de elaborar las políticas, los organismos de estadística y los proveedores de datos con objeto de determinar mejor las necesidades de información para el diseño, la aplicación y el seguimiento de políticas en materia de seguridad alimentaria y de vincularlas al suministro de tal información.

c)           Mapeo de las acciones relativas a la seguridad alimentaria y la nutrición

Otro de los componentes de una estrategia de seguimiento es el mapeo de las acciones e iniciativas de seguridad alimentaria y nutrición a todos los niveles.

A este respecto, el CSA respaldó las siguientes recomendaciones(Informe final del 37.º período de sesiones del CSA, párrafos 54 y 55. El Comité también aprobó una serie de recomendaciones específicas programáticas y técnicas relacionadas con el mapeo que pueden consultarse en el Anexo J de dicho informe):

            i.     Se alienta a las partes interesadas y los sectores pertinentes a que contribuyan a ayudar a los países a elaborar y aplicar el instrumento de mapeo de acciones para la seguridad alimentaria y la nutrición y a establecer asociaciones apropiadas entre múltiples sectores y partes interesadas, esforzándose asimismo por armonizar los métodos.

          ii.     Deberían facilitarse recursos suficientes para financiar las actividades de seguimiento destinadas a prestar a los países interesados apoyo técnico para la elaboración y aplicación de sistemas de mapeo de acciones para la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de las iniciativas nacionales de seguimiento del desarrollo.

         iii.     Debería integrarse el proceso de mapeo de acciones para la seguridad alimentaria y la nutrición como parte integrante de los sistemas nacionales de información que comprenden al sector de la agricultura y la alimentación, aplicándose a nivel nacional una metodología uniforme.

d)           Vigilancia y seguimiento del estado de aplicación de las recomendaciones del CSA

En consonancia con el mandato del CSA, debería encontrarse una forma de seguir de cerca el estado de aplicación de las decisiones y recomendaciones del propio Comité, de manera que permita reforzar las funciones del CSA de coordinación y convergencia de las políticas. El Comité hizo suyo un enfoque metodológico como primer paso hacia la elaboración de un marco para el seguimiento de sus decisiones y recomendaciones. Este enfoque se basa en los siguientes criterios de evaluación: pertinencia del CSA; carácter inclusivo y participación; coordinación y compromiso; promoción de la convergencia de políticas; adopción de decisiones basada en hechos comprobados; estrategia de comunicación del CSA; capacidad de respuesta del CSA; influencia del CSA; y capacidad de aplicación.

El Comité aprobó un mandato para el intercambio de experiencias y buenas prácticas respecto de la aplicación de sus decisiones y recomendaciones mediante la organización de actos a escala nacional, regional y mundial. El mandato ofrece orientación a las partes interesadas para el intercambio, de forma voluntaria, de sus experiencias y enseñanzas en relación con la aplicación de las decisiones y recomendaciones del CSA a través de la organización de actos. Asimismo, proporciona a las partes interesadas un marco relativo a su contribución a los actos temáticos mundiales que se llevarán a cabo durante los períodos de sesiones plenarias. El objetivo de estos actos será realizar un balance de la utilización y aplicación de las decisiones y recomendaciones del CSA.