El proyecto Gobernanza en Áreas Protegidas, financiado por la Unión Europea e implementado por la FAO con sus socios estratégicos: Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y Parques Nacionales Naturales de Colombia, presentó el 27 de marzo de 2019 los principales resultados y lecciones aprendidas durante el desarrollo de actividades relacionadas con el ordenamiento productivo y social de la propiedad en los municipios de Íquira, Santa María, Teruel (Huila), Planadas y Rioblanco (Tolima), Pueblo Bello y Valledupar (Cesar), Aracataca, Ciénaga, Fundación y el Distrito de Santa Marta (Magdalena) y las caracterizaciones de afectaciones étnico-territoriales de cuatro casos de comunidades indígenas y afro. 

Este proyecto surge de la necesidad de reducir los conflictos por uso, ocupación y tenencia de tierras e incorporar las directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, como herramienta que fomente el desarrollo local sostenible, mediado por el uso eficiente del suelo rural y de la biodiversidad, así como el fortalecimiento de la gobernanza local y el desarrollo comunitario. 

Del trabajo realizado con el apoyo técnico de la UPRA se destaca el desarrollo de diagnósticos para el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural de 11 municipios ubicados en las zonas de influencia de los Parques Nacionales Naturales (PNN) Sierra Nevada de Santa Marta y Nevado del Huila, a partir de la definición de la frontera agrícola y la elaboración de lineamientos para las zonas de reserva campesina que se trabajan con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). En este ejercicio se encontró que, en promedio, el 69,4% de las Unidades de Producción Agropecuaria del conjunto de estos municipios son inferiores a las 10 hectáreas, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario (CNA). Esto indicaría que, en gran medida, la economía rural se sustenta en agricultura del tipo familiar que contrasta con un indicador de concentración de la propiedad, medido por el coeficiente Gini, de 0,659, lo que denota desigualdad en la distribución de la propiedad rural. 

Del mismo modo, el CNA estimó que en estos municipios la pobreza multidimensional alcanza al 66,3 de la población rural, situación que parece difícil de remediar si se considera que el 46,6% de los predios rurales de los municipios, en promedio, presentan una situación de informalidad en la tenencia.  También fue posible estimar en 599 el número de unidades de producción de estos municipios que se localizan en áreas de los Parques Nacionales Naturales Nevado del Huila y Sierra Nevada de Santa Marta y que para 2015, en las mismas áreas protegidas se identificó una cobertura asociada a usos agrícolas del 1,4% (2.237 ha) y 12,2% (49.226), respectivamente.

De otro lado, las actividades adelantadas junto con la URT permitieron caracterizar las afectaciones étnico-territoriales de cuatro comunidades indígenas y afrodescendientes (3030 personas), cuyos territorios se traslapan con áreas protegidas: comunidad wiwa de Güamaka y La Laguna en el PNN Sierra Nevada de Santa Marta, la comunidad de COCOMASUR del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, y las comunidades indígenas de Ñukanchipa-Llagta (del pueblo indígena Kichwa) y el Resguardo Indígena de Agua Negra (del pueblo Murui) en el PNN La Paya.

Estos procesos de caracterización de afectaciones étnico-territoriales, generadas por el conflicto armado que vivió el país, promueven la necesidad de que los grupos étnicos ejerzan plenamente sus derechos de autonomía y gobierno de sus territorios, fortaleciendo la gobernanza de los recursos naturales y aportando al mejoramiento de las condiciones de vida de los mismos.

En tal sentido, la incorporación de las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de la tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques (DVGT) en territorios estratégicos como las áreas protegidas, constituye una herramienta importante para la construcción de territorios incluyentes de modo que se garantice la seguridad alimentaria, el acceso a la tierra y otros naturales y su administración, donde se reconoce la existencia de otros modelos de administración.

Los ejecutores y socios de este proyecto esperan que, tanto comunidades como gobiernos locales, consideren los lineamientos en el momento de formular los respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial para avanzar en la articulación de los esfuerzos sectoriales, comunitarios y de gobierno, que permitan la adopción de prácticas responsables de uso de la tierra productiva y gestión de la conservación de la biodiversidad en áreas de influencia de áreas protegidas, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de la población rural.