Catalizar la transformación sostenible e inclusiva de nuestros sistemas alimentarios: UN BREVE ANÁLISIS DE COLOMBIA

Colombia, cuarto país más grande de América del Sur y segundo más biodiverso del mundo después de Brasil, cuenta con una gran riqueza de recursos naturales y una extensa superficie agrícola. Tiene así la capacidad de producir alimentos muy diversos tanto para el consumo nacional como para la exportación y, sin embargo, se enfrenta a múltiples retos para lograr que sus sistemas alimentarios sean sostenibles e inclusivos.

Más de la mitad de los hogares colombianos sufren algún grado de inseguridad alimentaria y nutricional, que afecta de manera desproporcionada a los indígenas, a los afrodescendientes y a las mujeres cabeza de familia (77%, 68,9% y 57,6%, respectivamente). En particular, las mujeres en edad reproductiva sufren de anemia, mientras que los niños sufren de retraso en el crecimiento.

Por otro lado, uno de cada dos adultos tiene sobrepeso u obesidad (37,7% y 18,7% respectivamente) como consecuencia de cambios en la dieta a favor de alimentos azucarados, grasos y ultra procesados, principalmente importados, lo que provoca graves problemas de nutrición y salud.

Aunque el sector agrícola sigue siendo la segunda fuente de empleo por detrás del comercio (17,3% de la población ocupada), su contribución a la economía ha disminuido del 17% a principios de los años 1990 a una media del 7% del producto interno bruno. Los sistemas alimentarios generan el 26% del empleo en el país, pero el trabajo rural es uno de los peor pagados, con salarios un 30% por debajo del mínimo legal.

Los agricultores de pequeña escala, que desempeñan un papel fundamental en el suministro de la canasta básica de alimentos y representan más de una quinta parte de la producción total, están entre los más vulnerables debido a la distribución desigual de la tierra, los bajos ingresos, la escasa capacidad de inversión y los bajos niveles de tecnología e innovación.

Los cultivos agroindustriales destinados al mercado de la exportación siguen siendo predominantes. Entre ellos figuran el azúcar en bruto, el aceite de palma y el café, este último con la mayor superficie cosechada.

Alta incidencia de la pobreza rural

Entre 2019 y 2020, la pobreza económica aumentó un 6,8%, alcanzando al 42,5% de la población, equivalente a 21 millones de colombianos, de los cuales 7,5 millones viven en pobreza extrema. La pobreza rural es 3,5 veces mayor que la urbana en términos de ingresos y 2,9 veces mayor en términos de pobreza multidimensional.

Entre los principales factores de vulnerabilidad están la excesiva concentración de la propiedad de la tierra y su distribución desigual (la más desigual de América Latina). Sólo un tercio de la población rural tiene títulos de propiedad, lo que a su vez limita el acceso al crédito. La informalidad del sector, sobre todo en lo que respecta al acceso a los activos de producción y a la mano de obra, también es un factor de vulnerabilidad.

Estos desequilibrios han provocado la emigración a las ciudades, sobre todo de los jóvenes, y el envejecimiento de la población rural. El porcentaje de personas que viven en zonas rurales ha descendido del 53,3% en 1960 al 18,6% en 2020.

Estos desequilibrios se ven agravados por la desigual distribución de los recursos públicos en favor de las zonas urbanas. Existe una gran disparidad entre los principales centros económicos como Bogotá y Antioquia, que se benefician de una mayor inversión económica, y los demás departamentos, lo que alimenta aún más un círculo vicioso de pobreza persistente.

A ello se suma el difícil clima social y económico de las zonas rurales, sujetas a violencia permanente, cultivos ilícitos, minería ilegal y tráfico ilegal de madera, así como a una elevada corrupción y baja gobernanza, todo lo que limita la capacidad de crecimiento de la agricultura familiar como medio de vida.

Centralización de los mercados mayoristas

Uno de los mayores retos de los sistemas alimentarios colombianos está relacionado con la entralización de los mercados en las grandes zonas urbanas, cuyo resultado es que los productos alimentarios fluyen hacia las ciudades, especialmente Bogotá, y luego se reexportan a las regiones de producción con vistas al consumo. Esta centralización lleva a un aumento de los costes

y del desperdicio y promueve un mayor número de intermediarios, lo que repercute en el precio que reciben los productores y en el que pagan los consumidores. Se calcula que el 20% de las pérdidas y residuos (2 millones de toneladas al año) se producen en el proceso de distribución debido a las malas prácticas logísticas.

En este contexto, los mercados, que suelen estar alejados de las zonas de producción, desaprovechan su potencial como motor integrador de la producción local y de las cadenas de suministro.

Daño ambiental

La agricultura insostenible, los cultivos ilícitos, la deforestación y el comercio ilegal de madera están entre las principales causas de daño ambiental. Entre 2000 y 2019, se deforestaron 2,8 millones de ha debido a la expansión de la tierra para la agricultura y la ganadería, acelerando la pérdida de biodiversidad y aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En 2020, el 55% de las emisiones de GEI fueron causadas por el sector agrícola y forestal, incluyendo el 28,6% generado por las actividades ganaderas, y la mayor pérdida de ecosistemas forestales se produjo en la Amazonia, con unas tasas de deforestación alarmantes.

Además, el mal uso de productos agroquímicos —4,8 veces superior a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)—, ha provocado una grave contaminación del agua, el suelo y el aire que repercute en la calidad y seguridad de los alimentos.

El sector agrícola se ha vuelto muy vulnerable al cambio y la variabilidad del clima. Como consecuencia del aumento de las temperaturas, se estima que para 2040 el rendimiento medio disminuirá un 7,4% en cultivos básicos como el maíz, las patatas y el arroz.

La débil gobernanza, caracterizada por la centralización de la toma de decisiones, la falta de participación ciudadana, los bajos niveles de empoderamiento de las comunidades rurales en los procesos de planificación territorial y la insuficiencia de mecanismos para consensuar los planes de uso del suelo, así como la falta de coordinación interinstitucional, dificultan la gestión de los desafíos que enfrentan los sistemas alimentarios colombianos.

Contacto de prensa:
Damaris Castillo Romero
[email protected]
Coordinadora Oficina de Comunicaciones
Representación FAO Colombia
Cel: 3162599668