Santiago, Chile- De acuerdo con un nuevo reporte especial realizado por las agencias, el costo de la inacción frente al hambre y la inseguridad alimentaria representa en promedio un 6,4% del PIB de los países estudiados. 

El nuevo informe Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe, realizado en conjunto por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), advierte que los costos de no combatir el hambre y la malnutrición pueden llegar a ser más altos que los de las soluciones para garantizar la seguridad alimentaria y una mejor nutrición. 

Según el reporte, se estima que el gasto producido por la inacción ante el impacto del hambre y la malnutrición representa en promedio un 6,4% del PIB de los países estudiados. 

En contraste, el promedio del costo de trabajar para cerrar la brecha de ingresos con transferencias para el acceso a dietas saludables es 1,5 % del PIB, sin incluir costos de gestión e implementación. 

El informe identifica diferentes tipos de financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe y su relación en el PIB regional: (i) el financiamiento del consumo y la producción de alimentos; (ii) el gasto público relacionado a gastos agropecuarios y de protección social); (iii) los flujos internacionales de desarrollo; y (iv) el financiamiento proveniente del sistema bancario y los mercados de capitales.   

La publicación destaca la importancia de invertir en la agricultura y la necesidad de realizar otras intervenciones para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición, evidenciando que el problema principal no proviene de la escasez de alimentos, sino de la falta de acceso físico y económico, especialmente en zonas rurales pobres y con poblaciones vulnerables. 

El documento realza la necesidad de hacer una estimación de los costos asociados a la implementación de políticas, programas e intervenciones como elemento previo al análisis del financiamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición. También destaca la importancia de mejorar la recopilación de información sobre los distintos flujos de financiamiento. 

“Alinear las políticas sociales, económicas y comerciales y los objetivos de mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe es fundamental, más aún cuando el gasto en alimentos representa el 22% del PIB regional”, señaló Mario Lubetkin, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. 

Lubetkin enfatizó, además, que las intervenciones integrales que aborden los ingresos y el acceso a alimentos nutritivos, las preferencias de los consumidores y las regulaciones sobre etiquetado frontal nutricional de alimentos, así como el apoyo a la agricultura familiar mediante sistemas de compras públicas pueden contribuir a fortalecer los sistemas agroalimentarios y el acceso equitativo a dietas saludables. 

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, indicó que “la incidencia de la pobreza extrema en la región fue de 11,4% en 2023, según estimaciones de la CEPAL, lo que significa que más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos”. 

“Esa incidencia es más más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales. Por ello, es imperativo fomentar políticas públicas inclusivas y promover una mejor focalización del gasto público, capaz de impactar directamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. En la actualidad, más de la mitad del total de las transferencias monetarias en América Latina y el Caribe se destina a hogares con ingresos per cápita superiores a la línea de pobreza”, destacó Salazar-Xirinachs. 

“La falta de ingresos para acceder a una dieta saludable y nutritiva está entre las principales causas del hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. De hecho, esta región tiene la dieta saludable más cara del mundo”, aseguró Lola Castro, directora regional de WFP para América Latina y el Caribe, agregando que “es inaceptable que las poblaciones más vulnerables sigan pagando un costo tan alto por cuenta de la desnutrición, sobrepeso y obesidad o doble carga de la malnutrición, cuando el continente produce suficientes alimentos para alimentar a toda su población”. 

A su vez, el Director General del IICA, Manuel Otero, indicó que "la tarea que tenemos por delante ahora es realizar a nivel de país análisis similares en el contexto de planes y programas integrales para el fortalecimiento y mejora de los sistemas alimentarios, operacionalizando los objetivos, instrumentos e institucionalidad, con una clara estimación de costos y, por supuesto, su financiamiento, tomando una visión amplia de los seis flujos financieros principales, como se plantea en el documento”.
 

Seguridad alimentaria: salud y desarrollo en Colombia 

De acuerdo con el último informe de la Red Global de Crisis Alimentarias, para 2023 1,3 millones de personas residentes en Colombia fueron afectadas por la inseguridad alimentaria aguda, estas ubicadas especialmente en zonas rurales. Situación a la que se sumaron para el mismo periodo, 2,9 millones de migrantes. 

De otro lado, el Informe Mundial del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (SOFI) 2023, para el 2021 el 31,3% de la población no lograba acceder a una dieta saludable (3,3 USD costo de la dieta saludable -dólares PPA por persona al día-), situación que conduce y se asocia a las estadísticas de inseguridad alimentaria. 

Frente a esta situación el gobierno nacional ha venido en construcción de varias medidas para dar un mayor impulso al sector agropecuario del país, fijando como prioridad a los(as) productores en pequeña escala dedicados a la agricultura campesina, familiar y comunitaria (ACFC), quienes proveen y se autoabastecen en al menos un 75% con los alimentos que producen. 

“Este paquete de medidas, que vinculan créditos, seguros, mejoramiento de semillas adaptadas a la variedad de climas, así como la producción de bioinsumos, están encaminadas hacia una mayor productividad, la reducción de costos de producción y la venta de los alimentos, e incluso la apertura de nuevos mercados en el exterior, procesos en los que la FAO ha brindado su acompañamiento a instituciones del orden nacional y local en busca de mejorar el funcionamiento de los sistemas agroalimentarios”, afirmó Agustín Zimmermann, representante de la FAO en Colombia. 

Entre otras acciones, vale la pena resaltar la inclusión de Colombia en la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento de Alimentos en agosto de 2023, fundamentales para proveer una oferta estable de alimentos y facilitar el acceso de la población más vulnerable a una alimentación saludable. 

En línea con esta iniciativa y lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, “desde la FAO hemos establecido prioridades en el trabajo conjunto con Colombia diversas acciones que buscan viabilizar el cumplimiento de las metas nacionales en torno a: i) el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada, ii) el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, iii) la transformación productiva, internacionalización y acción climática, y iv) la convergencia regional”, agregó Zimmermann.
 

Más información:

• Conozca el informe completo: Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe
• Vea aquí la transmisión del Lanzamiento informe especial “Financiamiento para la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe”
• Visite la galería fotográfica del lanzamiento: https://flic.kr/s/aHBqjBokcM

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