La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) es un problema apremiante que sustrae enormes recursos económicos y naturales a la economía mundial y al ambiente marino. Sus efectos pueden ser muy graves, particularmente para los Estados costeros en desarrollo y los pequeños Estados insulares que dependen de la pesca. 

Ante tal relevancia, en 2007 el Comité de Pesca de la FAO (COFI), creado en 1965, reconoció la necesidad de diseñar un instrumento jurídicamente vinculante de Medidas del Estado Rector del Puerto (MERP) para combatir la pesca INDNR como una de las herramientas más importantes del Plan de Acción Internacional  contra la Pesca Ilegal (PIR). Este órgano auxiliar del Consejo de la FAO es el único foro mundial intergubernamental en el que se examinan las principales cuestiones y problemas internacionales de la pesca y la acuicultura, y se formulan recomendaciones para los gobiernos, las organizaciones regionales de pesca, las ONG, los pescadores, la FAO y la comunidad internacional, en forma periódica. 

El COFI, tras de varias reuniones con los Estados miembro, en el 2009 aprobó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), destinado a prevenir, desalentar y eliminar la Pesca INDNR, siendo este el primer tratado de carácter vinculante centrado específicamente en la pesca INDNR. 

Este acuerdo, vinculante a nivel mundial, tiene el objetivo de evitar la entrada de la pesca de captura proveniente de la pesca INDNR en los mercados nacionales e internacionales, incluso desde los puertos, así como su uso, y también a los buques extranjeros que practican, embarcaciones con actividades conexas a la pesca o que se sospeche practiquen estos tipos de pesca. 

En este contexto, la FAO está ayudando a una serie de Estados y por solicitud de estos, en mejorar las capacidades para la implementación efectiva de las disposiciones del Acuerdo y a formular estrategias y planes de acción nacionales para cumplir gradualmente con los requisitos estipulados en el AMERP y en los instrumentos internacionales y mecanismos regionales relacionados. Esto incluye el apoyo a algunos Estados que no se han sumado para que se conviertan en Parte oficial del Acuerdo. 

Con este propósito, Colombia recibió durante la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre a los especialistas del equipo de la FAO en política y derecho internacional de la pesca, Adela Rey Aneiros, y Javier Villanueva García, especialista en pesca, para desarrollar el taller interinstitucional en el que se preparó la estrategia nacional, se identificaron brecha y  se acordaron las líneas para la construcción de un plan de acción nacional para la generación de capacidades y avanzar en la aplicación del AMERP en el país. 

Este taller reunió a delegados de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Dirección General Marítima (DIMAR), Vicepresidencia de la República, la Armada Nacional, Comisión Colombiana del Océano (CCO), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) y la Gobernación de San Andrés, entre otras instituciones nacionales y locales.

Los participantes revisaron las políticas, legislación, estructura institucional y procesos existentes en materia de seguimiento, control y vigilancia (SCV), dando paso a la definición de las medidas apropiadas para la introducción de disposiciones y procedimientos en línea con el AMERP y los instrumentos internacionales y mecanismos regionales destinados a combatir la pesca INDNR, y teniendo en cuenta la capacidad institucional con la que cuenta Colombia. 

Producto de dicha revisión, los especialistas de la FAO dejaron algunas recomendaciones para seguir adelante con la vinculación de Colombia al AMERP, dentro de las que se destacan: la revisión del marco jurídico para garantizar su alineamiento a los instrumentos internacionales, el fortalecimiento del sistema sancionatorio y la formulación de un plan nacional de conservación, ordenamiento y gestión sostenible de las actividades pesqueras en las aguas de jurisdicción nacional. 

“Colombia cuenta con una estructura organizacional amplia, la cual le permite ejercer las diferentes responsabilidades institucionales que de manera directa o indirecta apoyan a la tarea de prevenir, desalentar y eliminar la pesca INDNR. Sin embargo, la estructura organizacional del país requiere de ciertos ajustes o mejora de la articulación que permitan la implementación de medidas efectivas de SCV para hacer frente a la pesca INDNR de manera más concertada entre las instituciones nacionales” afirmó Javier Villanueva, especialista en pesca de la FAO. 

Para lograrlo se recomienda incorporar tecnologías que permitan garantizar un adecuado SCV de las embarcaciones de pabellón colombiano y de pabellones de terceros Estados que operan en las aguas de jurisdicción nacional. Como alternativa puede robustecerse el Sistema Integrado de Tráfico Marítimo (SITMAR), desarrollada y aplicada por la DIMAR, así como aplicativos de teléfonos inteligentes, de la mano con una mayor capacitación y organización de las funciones institucionales, apropiadas desde la Mesa Nacional Contra la Pesca Ilegal e Ilícita actividad de Pesca (MNPII). 

Esta Mesa, creada desde el 2015, busca mejorar los mecanismos de diálogo y concertación de procesos, técnicas y metodologías para combatir la pesca INDNR. Integrada por 10 instituciones de carácter nacional, cuenta además con la participación de expertos en pesca de Centro y Sur América. Es coordinada por la CCO y tiene como objetivo integrar los diversos esfuerzos de las instituciones miembro para generar mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional, adelantando acciones destinadas a prevenir, desalentar y eliminar las actividades ilícitas de la pesca y la pesca ilegal en el territorio marítimo colombiano. 

Efectos de la pesca INDNR

La pesca INDNR no solo despoja a los océanos del mundo 26 millones de toneladas de productos pesqueros al año, con pérdidas financieras que llegan a los 23 000 millones de USD anuales, sino que también afecta gravemente a los medios de subsistencia de los pescadores, agrava la pobreza y contribuye en gran medida a la inseguridad alimentaria. 

De manera particular y enfática, la pesca INDNR afecta negativamente a las áreas con menor gobernanza o capacidad de vigilancia, debilitando especialmente la pesca a pequeña escala en muchas de las regiones más vulnerables del mundo. También se ha establecido que la pesca ilegal frecuentemente está ligada a otras actividades ilícitas, como el trabajo forzado y otras violaciones de derechos humanos con efectos adversos en los trabajadores de la industria pesquera y sus comunidades. 

Combatir la pesca ilegal contribuye al desarrollo y el empoderamiento de las personas que dependen de los océanos para obtener sus alimentos e ingresos. Esta actividad emplea en la actualidad a 56 millones de personas, además de quienes trabajan en actividades relacionadas con dicho sector, como la manipulación, procesado y distribución. En total, la pesca y la piscicultura sostienen los medios de subsistencia y las familias de entre 660 y 880 millones de personas, equivalente al 12% de la población mundial.
 

Podcast recomendado:
Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal (INDNR).
 

Vídeos recomendados:
Efectos e impactos de la pesca ilegal no regulada y no reglamentada en América Latina y el Caribe.
Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.

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