La política de Estado del Desarrollo Rural Territorial busca brindar mayores oportunidades y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

 FAO y JICA realizan un estudio conjunto sobre el desarrollo de los territorios rurales en Costa Rica y otros países.

 Actores de instituciones del sector público, no gubernamentales y representantes de los gobiernos locales, debatieron sobre los principales retos y oportunidades que el país enfrenta para fortalecer las políticas públicas, las capacidades institucionales y la gobernanza en pro del desarrollo rural territorial.

 “En la actualidad la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), realizan un estudio conjunto sobre el desarrollo de los territorios rurales en Centroamérica y República Dominicana, que ha incluido la participación del sector agropecuario ampliado”, comentó Octavio Ramírez, Oficial a cargo de la Representación de la FAO en el país.

 El estudio permitirá conocer los principales desafíos y prioridades existentes en materia de desarrollo rural territorial, y servirá como marco de referencia para una eventual cooperación técnica FAO-JICA.

 Ryozo Hanya, Representante Residente de JICA enfatizó que la construcción de opciones de bienestar y medios de vida sostenibles en los territorios, debe ser participativa y consensuada con múltiples actores. Adicionalmente, recalcó que FAO y JICA disponen de una importante trayectoria de trabajo rural con diferentes países, por lo tanto, ambas organizaciones pueden brindar apoyo en las políticas públicas que aborden el desarrollo rural territorial.

 La  visión de la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial Costarricense 2015-2030, propicia territorios rurales integrados al desarrollo nacional para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, mediante una gestión integrada, articulada y participativa de la institucionalidad pública, empresa privada y sociedad civil, en un marco de cohesión, equidad, solidaridad, respeto y compromiso al año 2030.

 “El objetivo de esta Política de Estado es fomentar el desarrollo de los territorios rurales reconociendo y respetando sus características propias y la identidad cultural de su población, por medio de un sistema de organización público-privado, que reduzca las desigualdades e inequidades económicas, sociales, culturales, ambientales, y político  institucionales, mediante el desarrollo de capacidades y oportunidades de sus habitantes”, indicó Ricardo Rodríguez, Presidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural territorial (INDER).

 Durante la primera fase del estudio se identificó, la necesidad de que los gobiernos locales asuman un rol dinamizador de las economías locales, y  faculten de formación de capacidades, y capital a los productores y organizaciones, para que puedan involucrarse en los procesos participativos que se realicen.

 Además, se recomendó que el Estado promueva más la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial,  y  fortalezca  la articulación del INDER de la mano del sector agropecuario ampliado. El INDER fue creado mediante la Ley Nº 9036,  con el objetivo de definir un nuevo modelo de planificación para impulsar el desarrollo rural sostenible, que permitiera la formulación, planificación y ejecución, seguimiento  y evaluación de las Políticas del Gobierno en esta materia.

 También se indicó que se deben reglamentar los Consejos de Desarrollo Rural Territorial, consolidar los programas de asistencia técnica del sector agropecuario, y fortalecer el Plan SAN-CELAC en construcción. Asimismo, en esta primera fase del estudio, se resaltó la importancia de impulsar una agenda agroambiental que contribuya a superar los conflictos entre las áreas de producción y las áreas de conservación que permitan un desarrollo de los territorios rurales adecuado.