La agricultura familiar es responsable de una parte importante de los alimentos de la canasta básica que garantizan la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos de la región mesoamericana, y un eje central del desarrollo rural y las economías locales. Sin embargo, se requieren políticas públicas diferenciadas que contribuyan a que se reconozca y se desarrolle en buenas condiciones.

Con el objetivo de impulsar este tipo de agricultura, y en virtud de la vocación del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” de facilitar el intercambio de experiencias entre los países mesoamericanos para compartir y replicar buenas prácticas validadas, se llevó a cabo esta mañana un conversatorio virtual sobre la experiencia legislativa colombiana en el ámbito de las compras públicas a la agricultura familiar, convocado a solicitud del Parlamento Agropecuario Nacional de Costa Rica.

“Para nuestro espacio, es prioridad fortalecer los sistemas de comercialización para las organizaciones agropecuarias y pesqueras, en busca de mejorar la participación del primer eslabón de la seguridad alimentaria en el mercado y así, reducir la intermediación, fomentando precios justos y la dignificación agropecuaria, sin duda alguna, este dialogo nos conduce a propiciar mejores escenarios en el futuro”, afirmó Windell Gabriels, presidente del Parlamento Agropecuario Nacional de Costa Rica.

La presentación de la experiencia de formulación de la Ley de Compras Públicas colombiana, así como de su evolución y principales lecciones aprendidas, estuvo a cargo de Marcos Rodríguez, coordinador de “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” en Colombia, quien estuvo involucrado muy de cerca en el acompañamiento al proceso de dicha Ley.

Según Rodríguez, el 20 de junio del año pasado, el congreso de Colombia aprobó la Ley de Compras Públicas, que fomenta la inclusión productiva de los agricultores familiares al mercado de compras públicas en todo el territorio colombiano, y obliga a las entidades del Estado a que al menos el 30% de las compras públicas de alimentos se hagan directamente de la agricultura familiar local. La Ley aplica no sólo para entidades públicas a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, sino también para sociedades de economía mixta y entidades privadas que manejan recursos públicos.

La Ley es el resultado de un proceso que inició en 2018, impulsado por el Frente Parlamentario contra el Hambre capítulo Colombia, y que contó con el apoyo del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” — una iniciativa liderada conjuntamente por la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)— y la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas de Alimentos de Colombia.

Por parte de FAO, además, participaron en el intercambio las asistentes de representante para Colombia, Manuela Ángel, y para Costa Rica, Andrea Padilla, así como la coordinadora del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” en Costa Rica, Magaly Lázaro, entre otros funcionarios.

Este conversatorio constituye un punto de partida tanto para la formulación de marcos normativos y políticas públicas diferenciadas, como para el control y la fiscalización que deben ejercer los parlamentarios costarricenses en la materia.