El pasado sábado 14 de mayo, fue aprobada la ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. La normativa jurídica, primera de su tipo en la isla, se desarrolló con acompañamiento técnico de FAO en el marco del proyecto “Fortalecimiento de políticas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba” (POSAS), del programa país SAS Cuba, financiado por la Unión Europea.

El texto de la norma, establece el marco legislativo general para alcanzar la soberanía alimentaria, fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional y garantizar progresivamente el derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada.

Asimismo, ordena los procesos de producción, transformación y comercialización de alimentos hasta su consumo, promueve la movilización de los recursos locales y organiza a los a los actores de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles.

Durante su intervención en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ydael Pérez Brito, Ministro de Agricultura de Cuba, destacó la alta participación de personas en la construcción de la legislación, su intersectorialidad e interinstitucionalidad, así como los aportes que realizará a la autonomía municipal.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Agroalimentaria de la Asamblea reconoció como una novedad dentro de la Ley la definición de un Comité Nacional para la Prevención y Reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena alimentaria.

De igual forma, resaltó que el cuerpo legal contempla aspectos relacionados con la sustitución de importaciones de alimentos, materias primas, insumos y tecnologías para asegurar la producción nacional de estos.

La Ley SSAN, establece la creación, composición y funciones de las comisiones dedicadas a la soberanía alimentaria a nivel nacional, provincial y municipal, fortalece la autonomía municipal y los procesos de descentralización y promueve la práctica de la agricultura sostenible sobre bases agroecológicas.

Otro aspecto relevante, reside en el hecho de que, a partir de su aplicación, se establecen las obligaciones específicas del Estado para garantizar, progresivamente, la alimentación sana y adecuada de las personas en el país, en especial a las personas en situación de vulnerabilidad.

La instrumentación jurídica del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Eduación Nutricional, contó en su construcción con la participación intersectorial de 22 Organismos de la Administración Central del Estado, 12 Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, 27 entidades, 11 organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores de instituciones científicas y universidades. En el proceso de consulta previo a su aprobación participaron diputados, cooperativistas, productoras y productores agropecuarios, además de las opiniones de la población recogidas a través del sitio web de la Asamblea Nacional, de formas asociativas, universidades y las Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Cuba.