Ecuador cierra el año con un importante hito en materia de regularización de la actividad pesquera. La Asamblea Nacional aprobó, en su sesión de pleno número 556, por unanimidad el informe legislativo para la adhesión del país al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR); el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en el combate de la pesca ilegal.

Durante la sesión del pleno, la asambleísta Esther Cuesta realizó la moción para aprobar este informe, revisado previamente por la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, y una vez cumplida una etapa de socialización con los asambleístas y representantes del Ejecutivo, principalmente del Ministerio de Acuacultura y Pesca y la Cancillería; así como la Armada del Ecuador. Esther Cuesta afirmó en su intervención que, con la adhesión al Acuerdo, el país podrá potenciar sus capacidades de exportación de los recursos pesqueros por medio del impulso del comercio justo y el acceso a nuevos mercados.

Este proceso contó con el acompañamiento técnico de la FAO, que cumple la función de Secretaría Técnica del Acuerdo, en donde expertos del organismo internacional compartieron los beneficios y el impacto positivo que ha tenido la implementación de este instrumento para los países que ya son parte. John Preissing, Representante de la FAO en Ecuador, reconoció los esfuerzos realizados a nivel nacional para disuadir las operaciones ilegales de la pesca; y enfatizó el compromiso del organismo internacional para apoyar la ejecución de las medidas y acciones que se requieran para precautelar el recurso biológico de los mares y contribuir al fortalecimiento de la economía del país con base a un correcto manejo de la trazabilidad de los productos pesqueros.

Por su parte, el asambleísta Mauricio Proaño, Presidente del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, mencionó la importancia de regular la actividad pesquera como una alternativa para responder a los requerimientos alimentarios de la población. “En Ecuador tenemos un mar que supera cinco veces el territorio continental. Si destruimos este recurso podemos tener problemas futuros de alimentación. En esa medida, la peca ilegal debe eliminarse hasta el año 2020”, dijo Proaño.

Actualmente 84 Estados son parte del Acuerdo, incluida la Unión Europea como organización. De éstos, 13 son países de América Latina y el Caribe (Bahamas, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Perú).

Con la aprobación de la Asamblea, el proceso continua en la Presidencia de la República con la publicación en el Registro Oficial de esta decisión del país. Posteriormente, la Cancillería depositará el Acuerdo de adhesión en la FAO formalizando la integración del Ecuador a este instrumento internacional.

Sobre el Acuerdo

El Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP) busca prevenir, desalentar y eliminar la pesca la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), impidiendo que los buques que la practican utilicen puertos para desembarcar sus capturas. De esta manera, el AMERP reduce los incentivos para que estos buques continúen operando y además, frena el flujo de productos pesqueros derivados de la pesca INDNR hacia los mercados nacionales e internacionales.

El Acuerdo apoya el rol de los puertos internacionales para realizar las inspecciones regulares de los buques pesqueros y que nieguen los servicios portuarios a los buques infractores. La aplicación eficaz del AMERP contribuye también a la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos marinos vivos y sus ecosistemas.

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 incluye un objetivo específico (ODS 14) sobre la conservación y el uso sostenible de los océanos. El Acuerdo apoya al logro de la meta 14.4 al 2020, respecto a reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas; y aplicar planes de gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible.

Por pedido de los Estados miembros de la FAO, el Acuerdo fue redactado en 2005 y aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia en su 36º periodo de sesiones, entrando en vigor en junio de 2016. Los países demandaron el apoyo de este organismo para asegurar la apropiada detección e investigación de la pesca INDNR, así como medidas de seguimiento y generación permanente de información.