La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Ecuador organizó el pasado 24 de septiembre de 2018 en la ciudad de Quito, el taller sobre “Derecho marítimo y pesca ilegal: retos y proyecciones”, el cual tuvo como objetivo analizar el Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), así como las acciones que se están llevando a cabo en el país para lograr los objetivos del instrumento y poder adherirse como Parte oficial al mismo.

Este espacio contó con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuyo mandato a nivel global es asesorar a sus países miembros frente a los desafíos actuales para garantizar la seguridad alimentaria de la población, mediante un uso sostenible de los recursos naturales.

Así lo señaló John Preissing, representante de este organismo internacional para Ecuador, quién enfatizó que los océanos y los mares tienen un enorme potencial para alimentar a los casi 10 000 millones de personas que poblarán la Tierra en el año 2050, tomando en cuenta que más de 3.1 millones de personas dependen del pescado como fuente de al menos 20% del total de su ingesta de proteína animal.

Se estima que la pesca INDNR afecta a uno de cada cinco peces capturados, con un coste anual de hasta 23 000 millones de dólares EEUU. Por lo tanto, representa una amenaza directa para los esfuerzos de ordenación, sostenibilidad y conservación de los recursos pesqueros, así como para la biodiversidad marina; generando la pérdida de beneficios económicos.

Para el especialista en pesca de la oficina regional para América Latina y el Caribe de la FAO, Javier Villanueva, adoptar instrumentos internacionales, principalmente el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto, fortalece la gobernanza del sector y permite combatir la pesca INDNR, a través de una serie de procedimientos consensuados y estandarizados por los países, con el fin de frenar el flujo de los productos procedentes de esta actividad hacia los mercados. Explicó que en Latinoamérica y el Caribe, ya 13 países han adoptado el referido Acuerdo y se espera que más naciones se unan a este esfuerzo que a nivel global ya cuenta con 55 Partes que representan a más de 80 Estados. Adicional a esto, los países de la región, incluido Ecuador, han conformado una red de intercambio de información y experiencias para hacer frente a esta problemática.

Por su parte, la Asambleísta Esther Cuesta enfatizó que es fundamental para el país incorporar estos mecanismos y estándares internacionales jurídicos para un eficaz cumplimiento de la legislación nacional y erradicar el problema de la pesca INDNR; e hizo un llamado a todos los asambleístas miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales para que se priorice la ratificación de este acuerdo en la agenda legislativa.

En el evento también participaron funcionarios de la Dirección de Relaciones Vecinales y Soberanía de la Cancillería, del Ministerio de Acuacultura y Pesca y oficiales de la Armada Nacional, quienes expusieron varios procedimientos y arreglos institucionales para garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos vivos y sus ecosistemas; evidenciando la importancia de la articulación intersectorial para lograr una ordenación pesquera y una gobernanza a todos los niveles.

La aplicación de las medidas del Estado rector del puerto para hacer frente a la pesca INDNR con un respaldo de instrumentos internacionales otorgará un incentivo para establecer procedimientos coordinados y facilitar una cooperación responsable entre todos los estados ribereños.

Más información:

Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (AMERP)

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