La lactancia materna es fundamental para la sobrevivencia, el crecimiento y el desarrollo de niñas y niños en edades tempranas, siendo esta esencial para el desarrollo cognitivo y para la prevención de la malnutrición en todas sus formas: la desnutrición crónica, el sobrepeso, la obesidad y la deficiencia de micronutrientes; así como también, infecciones agudas e incluso la muerte.  

La desnutrición crónica infantil es uno de los principales problemas de salud pública del Ecuador, donde 20% de niñas y niños menores de 2 años la padecen. Combatir esta problemática multicausal implica atender factores determinantes en su conjunto: la lactancia materna junto con el acceso a controles de salud de niñas, niños y mujeres embarazadas, un esquema completo y oportuno de vacunación, el acceso a agua segura y apta para el consumo humano, el saneamiento adecuado, las prácticas de higiene, entre otros.

Alentar el consumo de sucedáneos de la leche materna no aporta en la prevención de la desnutrición crónica; al contrario, pone en riesgo la salud de la niñez. En Ecuador, tan solo la mitad de niñas y niños menores de 6 meses de edad (51%) se alimentan de manera exclusiva de leche materna, y 3 de cada 10 niñas y niños menores de un año ya no reciben lactancia materna. Esta situación es aún más crítica al alcanzar los 2 años de edad.

Las normas socioculturales perjudiciales para la alimentación infantil, las prácticas de marketing empresarial y las actividades que debilitan las políticas públicas de protección de la lactancia materna son algunas de las barreras que impiden aplicar las recomendaciones internacionales: lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y continua hasta los 2 años o más. La promoción de sucedáneos de la leche materna viola el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, del cual Ecuador es signatario. 

Por eso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés) reiteramos que proteger el derecho de cada niña y niño a una buena nutrición es un deber del Estado y de todos los actores de la sociedad.