El compromiso político e institucional de los gobiernos locales al oriente de El Salvador está transformando las capacidades productivas y de acceso a la alimentación adecuada de 2,300 familias, gracias a la creación y el fortalecimiento de unidades técnicas especializadas dentro de las municipalidades, enfocadas en la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), a través de la producción agrícola y la educación nutricional.    

En el marco de una estrategia de co-financiamiento diseñada por el programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, una iniciativa conjunta de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  (FAO), los gobiernos locales han designado presupuestos y recursos para invertir en la creación o el fortalecimiento de un Departamento de SAN o de Medio Ambiente para el apoyo a la agricultura familiar (según el territorio), que cuente con su propio presupuesto y recursos humanos. 

El objetivo de esta estructura en los gobiernos locales ha sido transferir conocimientos y nuevas tecnologías a los productores, así como la entrega de insumos para la producción de hortalizas, fertilizantes y sobre todo asistencia técnica, para que las comunidades tengan la capacidad de producir sus propios alimentos y diversificar su dieta. 

Para lograr una coordinación y un efectivo funcionamiento de las unidades o departamentos de SAN, “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” ha asesorado a las municipalidades en aspectos de planificación, estructura organizativa, incorporación de enfoque en seguridad alimentaria y el trabajo territorial con las familias.  

Asimismo, se han establecido importantes coordinaciones con el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal-CENTA (entidad gubernamental); la Asociación Intermunicipal de la Sierra Tecapa-Chinameca (ASITECHI), constituida por catorce municipios del departamento de Usulután; y la MICSUR (Micro región Cacahuatique Sur), formada por los gobiernos locales de Yamabal, Guatajiagua y Sensembra, del departamento de Morazán. 

“Desde la implementación del programa `Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO´, en el caso de la microrregión ASITECHI, se fortaleció la institucionalidad para la implementación del programa de seguridad alimentaria con la creación de catorce unidades productivas, donde cada una de las municipalidades hemos contratado a un técnico que se ha convertido en el extensionista para el asesoramiento y la transferencia de conocimiento a las familias del campo”, destacó el alcalde municipal de Alegría y presidente de la ASITECHI, René Sánchez Funes.  

 Las mancomunidades y asociaciones de municipios han sido claves en la organización, seguimiento y construcción de un modelo de incidencia en la SAN, que impulsa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” en los territorios.   

 Durante la pandemia por COVID-19, estas Unidades desempeñaron un rol fundamental para que no se detuviera la producción de alimentos, brindando asistencia técnica, disponiendo y canalizando insumos agrícolas tanto del presupuesto municipal como del Programa. Asimismo, activaron mecanismos de comunicación a distancia para no dejar a nadie atrás en la producción y el abastecimiento de alimentos.  

Por su parte, el alcalde municipal de Jucuarán, Boanerge Carranza, manifestó que, gracias al acompañamiento técnico del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, logró organizar y dar un rumbo adecuado a la Unidad, estableciendo sus objetivos, metas y la planificación de acciones que responden a los intereses y necesidades de la población. 

Estas acciones le permitieron anticiparse a una posible crisis de alimentos en Jucuarán, ya que, al contar con un mapeo de actores del municipio, se han canalizado de manera más acertada los apoyos y se han activado los liderazgos locales, necesarios para hacer frente a las problemáticas derivadas de la COVID-19, respecto a la alimentación.   

“Hemos dado seguimiento a hombres y mujeres, para la producción diversificada de pepino, rábano, tomate, chile, cilantro y se ha instalado macro túnel para semillero. Esto ayuda a paliar la situación de INSAN (Inseguridad Alimentaria y Nutricional) en comunidades, a consecuencia de COVID-19”, expresó el alcalde Carranza.  

 La Unidad en SAN de Jucuarán inició operaciones con tres extensionistas, sin embargo, a inicios del año se amplió a seis ante la demanda de la población de asistencia técnica y de ayuda para mejorar su producción. El equipo técnico se ha organizado para atender las necesidades de la población en cuarenta comunidades, durante la pandemia.   

 Por su parte, el alcalde municipal de Yamabal y presidente de la MICSUR, Adonay Gómez, resaltó el rol de las unidades de seguridad alimentaria, como factor que contribuye a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable, en situación de pobreza e inseguridad alimentaria y ahora con mayor fuerza tras los efectos de la COVID-19. 

 “Es importante tener en nuestras municipalidades la unidad agropecuaria, ya que ésta es la que está directamente vinculada con todas las familias. Hemos recorrido de comunidad en comunidad y vemos que la gente ha estado bastante ansiosa y desesperada por la situación de COVID-19, por eso, además de apoyarles en su productividad les hemos apoyado con canastas solidarias y bonos”, declaró el alcalde Gómez.  

“En los ejes (de trabajo) para la microrregión (MICSUR) se tiene identificado el de la SAN, que es en el cual la AMEXCID y la FAO, a través del programa `Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO´, han tenido incidencia y nos han apoyado grandemente. Se ha trabajado fuertemente con barreras vivas, muertas, reforestación, reservorios y un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia que cuenta con una planta potabilizadora. La co-inversión del gobierno local de Semsembra y la contribución financiera y técnica de la AMEXCID y la FAO a través de su programa, han permitido proveer agua apta para consumo humano a más de 300 familias en el caserío El Guarumal”, añadió el alcalde de Sensembra, Oscar Elvidio Vásquez. 

Caso emblemático  

 En el caso del municipio de San Miguel, este recibió la asistencia técnica para el diseño y creación del Departamento de Agricultura y Seguridad Alimentaria, generando un hito en el municipio, ya que no existía una inversión significativa en este rubro antes de su creación.     

“Cuando vienen la FAO y la AMEXCID con este proyecto de fortalecimiento institucional, la alcaldía de San Miguel acoge la iniciativa de trabajar en la seguridad alimentaria y coincide con la llegada del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”. Entonces da un impulso que a nosotros nos sirve para crear el Departamento de Agricultura y Seguridad Alimentaria”, declaró Raúl Romero, jefe de esa Unidad.  

Actualmente, diez personas laboran para ese departamento, entre ellas, personal técnico extensionista, de administración y operadores de maquinaria. Anualmente, el gobierno local de San Miguel destina alrededor de USD 500, 000 para implementar acciones en SAN. 

En el marco de “Mesoamérica sin Hambre-AMEXCID-FAO”, este municipio ha instalado dos centros de agricultura urbana y periurbana, donde anualmente se produce en promedio 3,845 aves de doble propósito (para la producción de carne y huevo); además, ha brindado asistencia técnica a 1,135 productores en 32 cantones y más de 200 comunidades. Adicionalmente, se trabaja en 75 granjas que han sido creadas y sostenidas por las comunidades del municipio.  

Se han creado en San Miguel cinco Escuelas de Campo, con la participación de 357 familias que están aprendiendo a producir hortalizas, frutas, y siembras, incluso en época seca para completar de manera más adecuada su dieta nutricional y generar ingresos para mejorar su acceso alimentos. 

 En el contexto de la COVID-19, el gobierno local de San Miguel, con el apoyo de “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, lanzó un proyecto piloto de huertos urbanos, dando como resultado la participación de más de mil familias, produciendo en casa sus propios alimentos.  

La articulación en los territorios es un ejemplo de cómo el compromiso político en la lucha contra el hambre y la pobreza se puede concretar en la asignación de recursos, invertidos de forma adecuada y siguiendo criterios técnicos validados, para lograr una mayor incidencia en la seguridad alimentaria y nutricional.   Asimismo, se convierte en un modelo en los territorios para afrontar situaciones inesperadas, tal como los efectos generados durante 2020 debido a la pandemia por COVID-19.