En Latinoamérica, el reconocimiento a los pueblos indígenas ha significado un proceso paulatino de lucha, tanto de parte de las comunidades indígenas como de diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales locales que han realizado importantes esfuerzos para este fin.

Particularmente en El Salvador, el reconocimiento jurídico de los Pueblos Indígenas cobra fuerza en el 2014, con la reforma al artículo 63 de la Constitución de la República: “El Salvador reconoce a los Pueblos Indígenas y adoptará políticas públicas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”.

Asimismo, el Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019: El Salvador productivo, educado y seguro, plantea ejecutar acciones específicas orientadas a los grupos poblacionales tradicionalmente excluidos del desarrollo y del pleno ejercicio de sus derechos. En consecuencia, este plan establece como poblaciones prioritarias para sus diversas intervenciones a los Pueblos Indígenas, en correspondencia con el reconocimiento constitucional de sus derechos.

En esta misma línea, y como parte del seguimiento a este objetivo del PQD, diversas instancias multisectoriales han trabajado articuladamente en la creación de una propuesta de Política Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador, la cual fue presentada al Ejecutivo a principios del 2014, y cuyo objetivo es impulsar a las instituciones del Estado hacia la creación de políticas, desde su quehacer, enmarcadas a la labor con los pueblos indígenas. 

Ese mismo año, el Estado Salvadoreño adoptó el documento final de la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, habiendo sido seleccionado como país piloto para implementar esta Declaración.

“El Estado Salvadoreño debe continuar haciendo todos los esfuerzos posibles para hacer cumplir lo establecido en la ratificación del artículo 63 de la constitución, que establece el reconocimiento de los Pueblos Indígenas (…) Por su parte, los pueblos indígenas deben continuar con total ahínco en el mantenimiento de sus prácticas culturales y ancestrales, y deben sentirse orgullosos que han sabido mantener su identidad como tal, lo cual les fortalece y les permite desarrollarse, porque cumplen una labor fundamental en el tema de la SAN y, en términos generales, para el desarrollo de país”.  Dr. Alan González, Representante de la FAO en El Salvador.

En este marco, en El Salvador se han realizado otros esfuerzos importantes en el tema de fortalecimiento a los Pueblos Indígenas, entre ellos el reconocimiento del país como un Estado multicultural y pluriétnico (2010); la adopción de Ordenanzas Municipales de Derechos de la Comunidades Indígenas Asentadas en el Municipio de Nahuizalco, Sonsonate, Izalco y Panchimalco; la implementación de mesas de trabajo con pueblos indígenas; la traducción al Náhuatl de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Contribución de FAO al fortalecimiento de los Pueblos Indígenas

De acuerdo a la Política de FAO sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el mandato de la Organización se encuentra en consonancia con cualquier tipo de acción que garantice que se lleve a cabo todos los esfuerzos necesarios para respetar, incluir y promover las cuestiones relativas a los pueblos indígenas.

Bajo esa lógica, y en el marco de la Conferencia Regional de Pueblos Indígenas de la ONU en el año 2014, la FAO responde a la solicitud del Gobierno de El Salvador, y de Organizaciones Indígenas, para apoyar la construcción de un Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas (PANPI), como un instrumento que debe guiar las políticas interculturales del Estado Salvadoreño en los próximos años, para superar las desventajas y hacer efectivo el marco de la Declaración de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y de otros instrumentos de derechos específicos relacionados con la niñez y las mujeres.

Como parte de este apoyo, la FAO acompañó el proceso de construcción del PANPI desde el inicio, mediante la realización de una serie de talleres de consulta, la construcción del documento y la validación del mismo, con pueblos indígenas e instituciones gubernamentales. Finalmente, a principios del 2017, titulares, representantes de diferentes instituciones del Gobierno y del Sistema de Naciones Unidas (incluida  la FAO), avalaron los contenidos de este Plan con el que se busca fortalecer la institucionalidad del Estado, aumentar el conocimiento y la sensibilidad hacia el sector, así como la gestión de recursos financieros para la implementación de las acciones planteadas en el mismo.

Todo este proceso de generación del documento, fue liderado por el equipo de conducción indígena, apoyado técnica y financieramente por el Sistema de las Naciones (FAO, FIDA y Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas); y contó con la participación del conjunto de instituciones del Estado con responsabilidad en el tema: Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaría de Cultura, Secretaría de Participación Ciudadana, Ministerio de Gobernación e Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria.

El Plan Nacional de Pueblos Indígenas, con el que ahora se cuenta, es un instrumento de política pública que permite ordenar las intervenciones de las diferentes instituciones y organizaciones vinculantes al tema de pueblos indígenas, cuya elaboración no habría sido posible sin el compromiso político e involucramiento proactivo del Gobierno salvadoreño, así como el fuerte liderazgo de Organizaciones Indígenas del país.

Implementación del PANPI

Para dar seguimiento al PANPI, y garantizar su implementación, FAO El Salvador está por iniciar un proyecto denominado “Contribuyendo a la Gobernanza de la SAN sobre pueblos indígenas en el ciclo de políticas públicas”, el cual aportará a la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en marcos legales y políticas públicas vinculadas a la SAN en El Salvador.

Mediante esta intervención se fortalecerán las capacidades de la institucionalidad pública para integrar los derechos de los pueblos indígenas en marcos regulatorios y en contenidos de políticas públicas vinculadas a la SAN.