Recientemente se llevó a cabo el Primer Diálogo Nacional de Políticas Agroambientales para la incorporación de este tema en la agenda nacional, como una alternativa para responder a la variabilidad climática en el Corredor Seco Centroamericano. Esta es una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El Primer Diálogo Nacional estuvo presidido por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez; la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pohl; el Representante de la FAO, Alan González; y la Viceministra de Medio Ambiente de Brasil, Juliana Ferreira Simoes, quien compartió la experiencia del país suramericano en este tema.

“Estas Directrices Voluntarias son un aporte importante para mejorar la formulación e implementación de políticas Agroambientales y promover una agricultura más sostenible, con incidencia en las actividades agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola; además, representan una guía que vincula sociedad, territorio, ambiente y economía de manera más integrada y armónica y enfocándose en la sostenibilidad”, indicó el Representante de la FAO, Alan González.

De acuerdo a la propuesta discutida en este espacio, el enfoque agroambiental promueve modelos sostenibles de producción para la conservación de los recursos naturales del país y garantiza la seguridad alimentaria de la población; ya que considera la interrelación del sector agropecuario y ambiental en las políticas públicas para reducir significativamente la pobreza rural. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en años recientes El Salvador ha visto aumentar el número y la intensidad de los desastres naturales, con altas repercusiones sobre la economía del país. Esta misma fuente indica que los impactos del deterioro ambiental afectan sobre todo a los sectores sociales más vulnerables, entre ellos la población rural que depende directamente de los recursos naturales para su subsistencia.

De ahí que, a partir de este primer espacio de discusión, las diversas instancias participantes (Gobierno, academia, sociedad civil, sector agrícola y ambiental, entre otros), buscan promover marcos institucionales y normativos que reduzcan el daño de la actividad agropecuaria sobre el medioambiente y contribuyan a enfrentar el cambio climático, bajo una visión de desarrollo sostenible.

Es por ello que, actualmente, el MAG/CENTA y MARN, con el acompañamiento de la FAO, avanzan en la actualización de la Política Nacional de Medio Ambiente, del Anteproyecto de Ley de Riego y Avenamiento, del Anteproyecto de la Ley Forestal y del Anteproyecto de Ley de Incentivos Forestales; así como en la creación de la Política de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima y su correspondiente estrategia.

La integración a estos marcos normativos de las Directrices Voluntarias para las Políticas Agroambientales en América Latina se ha realizado mediante una amplia consulta territorial a nivel nacional donde han participado organizaciones de agricultores, extensionistas agrícolas, organizaciones de mujeres, técnicos y directores de instituciones gubernamentales, unidades ambientales, universidades, entre otras instancias que aportan a este planteamiento agroambiental.