Para la FAO, lograr las metas de desarrollo sostenible requiere como elemento ineludible la sostenibilidad social, económica y ambiental de la agricultura, como sector, y de los territorios rurales por extensión.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentaron la propuesta de marco normativo nacional con enfoque agroambiental, para la promoción de modelos sostenibles de producción para la conservación de los recursos naturales.

El Anteproyecto de Ley de Riego y Avenamiento, el Anteproyecto de Ley Forestal, el Borrador de la propuesta de Ley de Incentivos Forestales, la Política de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima y la Estrategia de implementación de las Directrices Voluntarias para Políticas Agroambientales en El Salvador (hoja de ruta), fueron los cinco documentos de marcos normativos presentados, cuya aprobación e implementación garantizará la seguridad alimentaria de la población al considerar la interrelación del sector agropecuario y ambiental para reducir significativamente la pobreza rural.

De acuerdo a datos oficiales, más del 75% del territorio nacional se destina a la agricultura en sus diferentes formas, siendo entonces una parte esencial de los medios de vida de la población y de la forma como se gestionan los ecosistemas. De ahí que, según los funcionarios de las instancias participantes en el evento, la forma en que se desarrolla la actividad incide en el desempeño económico, las estructuras sociales y el estado del medio ambiente. Ese es el planteamiento de la normativa presentada.

“En FAO estamos conscientes que el contexto actual de un clima cambiante obliga a transitar hacia vías de desarrollo resilientes y sostenibles, que logren una mitigación y adaptación ambiciosas, al mismo tiempo que se aumenta la productividad agrícola, se eleva el nivel de vida de la población rural y se contribuye al crecimiento de la economía”, explicó el Representante de la FAO, Alan González.

El funcionario de FAO explicó que la actualización y formulación de estos documentos, a la luz de las Directrices Voluntarias para las Políticas Agroambientales en América Latina, se realizó mediante una amplia consulta territorial a nivel nacional, donde han participado organizaciones de agricultores, extensionistas agrícolas, organizaciones de mujeres, técnicos y directores de instituciones gubernamentales, unidades ambientales, universidades, entre otras instancias.

Según las autoridades, este esfuerzo conjunto ha fortalecido la gobernanza, al tratarse de una iniciativa que responde a objetivos compartidos de desarrollo sostenible y con el liderazgo de un Comité Técnico interinstitucional de conducción, que contribuyó en los procesos de formulación y validación de las políticas con enfoque agroambiental.

Adicionalmente, resaltaron que contar con estos instrumentos ahora contribuye a preparar condiciones favorables para el inicio de la implementación del proyecto RECLIMA (Resiliencia Climática en los Agroecosistemas del Corredor Seco), recientemente aprobado, y que apunta a mejorar la resiliencia frente al cambio climático de los sistemas agrícolas en el Corredor Seco de El Salvador.