En América Latina y el Caribe, aunque existan muchas organizaciones de productores de comercio justo, con sus redes nacionales y articulaciones regionales, los consumidores no están bien organizados, ni familiarizados con las propuestas y prácticas de consumo responsable. Al mismo tiempo, son muy pocas las entidades que se dedican al comercio justo y al consumo responsable; casi no existen tiendas de comercio justo, a parte en algunos países con presencia de fuertes comercializadoras solidarias. Por tanto, el anillo de la sociedad civil, fundamental para impulsar el movimiento, es aún muy débil.

En este escenario, en varios países latinoamericanos, se ha dado una convergencia entre productores e instituciones públicas, vistas como aliados clave para responder a los desafíos que viven los productores en sus sociedades, tanto en las zonas rurales como urbanas. De esta manera, poco a poco, los temas del comercio justo, el consumo responsable y, más en general, de la economía solidaria, se están insertando en propuestas de políticas públicas, planes y programas nacionales o regionales.

Es lo que es posible ver en este informe sobre las “Políticas públicas para el fomento del comercio justo y solidario en América Latina: los casos de Brasil, Ecuador y Colombia”, que CLAC acaba de publicar con el apoyo de la cooperación finlandés y Fairtrade Finlandia.