Este Protocolo es un referente de actuación ciudadana e interinstitucional. En su diseño y construcción han participado instancias y autoridades involucradas en la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, que aportan el conocimiento y experiencia desde la diversidad de sus ámbitos de responsabilidad.

En un compromiso decidido de las instituciones signantes por garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, se inscribe la responsabilidad constitucional y legal de prevenir y erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en contra de ellas, en específico, la política en razón de género que atente contra el libre ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Su contenido responde, además, a una demanda manifiesta por dotar de herramientas prácticas de actuación tanto a mujeres, partidos políticos, organizaciones sociales, grupos de mujeres y demás instancias relacionadas con la defensa de los derechos político-electorales de las mismas.