Las mujeres rurales, campesinas, indígenas, agricultoras, siguen enfrentando desigualdades estructurales y políticas socioeconómicas que limitan el reconocimiento y la plena valoración de su trabajo reproductivo, productivo y comunitario. Como resultado y aunque su trabajo los sostiene, las mujeres rurales tienen poca posibilidad de participación y liderazgo en los mecanismos de toma de decisiones, en la ejecución de los programas agrarios o de desarrollo rural, y en los sistemas productivos. Además, enfrentan todavía limitaciones importantes en su acceso a recursos financieros, crédito, mercados y otros, así como a servicios de salud, educación, justicia, vivienda y saneamiento, entre otros, que socavan el pleno ejercicio de sus derechos en todos los ámbitos.

En este momento de emergencia global que representa el COVID-19, las mujeres rurales enfrentan los mismos desafíos que todas las mujeres – la agudización de la crisis de cuidados, la precariedad económica y el incremento de la pobreza, la falta de acceso a bienes y servicios esenciales, la limitada movilidad, y el incremento de la violencia de género – pero las enfrentan desde el ámbito rural que presenta una serie de obstáculos adicionales, incluyendo mayores tasas de desnutrición, la desaparición de servicios públicos junto con un incremento en la carga de cuidado, la devastación de comunidades rurales pobres con la propagación del COVID-19, y la interrupción de la cadena de producción alimenticia que impacta particularmente a productoras de alimentos a pequeña escala.