Las políticas públicas y las acciones institucionales deben tomar en cuenta y potenciar el sinergismo entre agricultura familiar y desarrollo territorial, de manera que aquélla sea motor de desarrollo del territorio, y que el mejoramiento integral de las condiciones para el desarrollo de éste contribuya también a fortalecer a la agricultura familiar. Las políticas e intervenciones de la institucionalidad pública no pueden dirigirse únicamente a productores individuales, sino que deben considerar sus múltiples interrelaciones y las redes formales e informales y los contextos socioculturales en las cuales se inscriben en cada territorio rural.