En la nueva Constitución, Ecuador incluyó la soberanía alimentaria entre los derechos del buen vivir; es decir, colocó la cuestión agroalimentaria en un horizonte alternativo al régimen alimentario corporativo, priorizando la garantía del derecho universal a la alimentación. De esta forma, se ha planteado la centralidad de los sistemas alimentarios locales y el reconocimiento de un papel protagónico de la agricultura en pequeña escala. En la primera parte del artículo se introduce a La Vía Campesina, el movimiento internacional promotor de la soberanía alimentaria, para luego explorar los principios que fundan esta propuesta y la manera en que opera un replanteamiento de la cuestión agraria. El objetivo es delinear el enfoque a través del cual se analiza el caso ecuatoriano. La segunda parte del artículo contextualiza la estructura agraria del país, mientras que la tercera presenta a los actores y las acciones colectivas que han facilitado la constitucionalización de la soberanía alimentaria. Finalmente, en la cuarta parte se analiza la correspondencia de la agenda agraria oficial con los desafíos constituyentes. Una pregunta entrecruza el texto: ¿en qué medida el proceso de cambio en curso en Ecuador ha incluido una agenda agraria post-neoliberal, afirmando los principios de la soberanía alimentaria y, por ende, logrando superar los mandatos del desarrollismo y de la modernización en agricultura? En este marco, el artículo analiza las políticas dirigidas a las agriculturas campesinas durante los primeros años luego de la Asamblea Constituyente de Montecristi del 2007-2008, mirando hacia el modelo agrario que las ha guíado, la relación impulsada con el patrimonio natural, los circuitos alimentarios priorizados y los posibles impactos en los niveles de dependencia del mercado.