La norma establece también como responsabilidades del Estado la conservación de la agrobiodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la dinamización de las economías locales, la contribución al empleo rural y la vigencia de las comunidades, mediante la implementación de las políticas de Estado.

 

La finalidad de la presente Ley es mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de la agricultura familiar, reducir la pobreza del sector rural y orientar la acción de los organismos competentes, en los distintos niveles de gobierno con un enfoque multisectorial e intergubernamental, para el desarrollo sustentable de la agricultura familiar, a través de políticas que mejoren el acceso a los recursos naturales productivos, técnicos y financieros.