La equiparación conceptual y epistemológica entre desigualdades de género y pobreza propició la ausencia de un análisis de género sistémico e integral que recorriera la estructura de la propiedad rural en su conjunto. Al hacerlo, impidió que se contara con un potente vector analítico que proveyese información valiosa acerca de las relaciones causales entre desigualdad de género y limitaciones al desarrollo rural sostenible. El problema que se presenta como consecuencia del predominio de esta equiparación "género/pobreza rural" no es ético sino metodológico y conceptual, ya que la pobreza como realidad susceptible de cambio, es un factor que incide poco en la dinámica de un orden de género asimétrico situado temporal y espacialmente. Sin embargo, a la inversa ocurre lo contrario: cualquier medida estatal correctamente planteada desde lo conceptual y aceptablemente dotada de financiamiento que apunte a la equidad de género tiene impacto directo e inmediato en la reducción de la pobreza en un sistema agrario determinado. La equidad en este ámbito excede a una cuestión ética o una demanda de justicia de género. Es un tema de política económica, de programas públicos enfocados al desarrollo rural sostenible en todas sus fascetas.