En las últimas semanas se ha hablado mucho acerca del futuro. El año 2030 ha sido señalado por las Naciones Unidas como el decisivo, cuando los efectos del cambio climático se vuelvan catastróficos e irreversibles, si es que nuestros sistemas de producción y consumo se mantienen tal como hoy.

Ese mismo año ya había sido establecido por los países del mundo como la fecha límite para resolver todas las desigualdades y desafíos de nuestro modelo de desarrollo actual.

Es decir, nos quedan menos de 12 años para lograr que todas las personas lleven una vida digna, sin hambre ni pobreza; para que nuestros sistemas productivos sean más responsables y hagan frente al cambio climático; para que las 8 mil 600 millones de personas que seremos para entonces, vivamos en un entorno seguro, con paz y justicia.

Pensando el futuro de esa manera, el año 2030 no parece tan distante, sino abrumadoramente cercano.

Tanto que nos hace preguntarnos si nuestros gobiernos, nuestras instituciones y nuestras capacidades técnicas y humanas serán suficientes para cumplir con las 169 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre las cuales 132 son relevantes para el medio rural.

Son cientos de prioridades y mecanismos estratégicos. Millones de vidas en juego. Sólo grandes cambios de comportamiento y transformaciones en las políticas pueden dar respuesta al desafío que hemos asumido como habitantes de este planeta.

La inminencia del año 2030 también debería hacer que nos preguntemos si de verdad estamos incluyendo a todas las personas en esta apuesta de la humanidad por el futuro.