Martín Perdomo tiene sembradas cuatro hectáreas de café en su finquita en una vereda de Chaparral, en el sur del Tolima. Tiene la cédula cafetera que lo acredita como socio de la Federación Nacional de Cafeteros, está afiliado a una de las cooperativas cafeteras más dinámicas del país y vive en una región que se está ganando, año tras año, la mejor taza de café de Colombia. Pero no puede sacarle el potencial a su finca porque no tiene un título que lo acredite como dueño.

Perdomo no lo tiene porque la parcela que le compró a su papá -y que éste había adquirido en 1996- nunca tuvo escrituras. Como no tiene ese título, no puede ir al banco a pedir un préstamo para su cosecha. Tampoco puede pedir un subsidio para arreglar su alicaída casa de bahareque. Ni postularse para alguno de los programas del Ministerio de Agricultura.

Él es uno de los miles de campesinos en todo el país que están marginados de cualquier apoyo del Estado, a causa del altísimo nivel de informalidad en la tenencia de la tierra que afecta -según un estudio que hizo la economista y experta en tierras Ana María Ibáñez- a uno de cada dos predios rurales.

Solo en el sur del Tolima, una región que está a solo cuatro horas en carro de Ibagué y Bogotá, entre el 60 y el 70 por ciento de los campesinos no tiene títulos sobre sus parcelas.

De ahí que para Perdomo y para miles de campesinos sea tan importante el punto de tierras en los acuerdos de La Habana, que –si se firma un Acuerdo final y se cumple lo negociado- vería un programa masivo y gratuito de formalización de la tierra, que será la piedra angular de un ambicioso plan de transformación de las condiciones de vida en el campo que busca que sus habitantes dejen de ser ciudadanos de segunda.