El 1 de febrero, el Gobierno de Argentina eliminó los subsidios a la electricidad y subió los precios para reducir los gastos fiscales y fomentar la inversión en el sector energético. En Argentina, el gobierno federal sólo controla los costos de la energía en la capital y sus suburbios. Fuera de Buenos Aires, los gobiernos provinciales fijan sus propios precios. Los de los servicios públicos habían sido congelados en gran parte desde la crisis económica que sufrió el país en 2001/02, y ahora se esperan fuertes alzas. Sin embargo, para proteger a las familias vulnerables del impacto en su capacidad de compra, la medida se ha implementado conjuntamente a la introducción de una nueva tarifa social para ofrecer subsidios sobre la base de los ingresos y los bienes que se tienen en propiedad.