Este día fue lanzado en Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala, el IX Encuentro Regional del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe, con el propósito enfrentar los importantes retos de América Latina y el Caribe para alcanzar la Agenda 2030, y en especial, su Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2).

El evento fue inaugurado por Yoná Da Silva, Secretaria Técnica ODA-ALC; Jairo Flores, Coordinador Regional del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe FPH-ALC (en video); Pablo González Secretario General del Parlamento Latinoamericano y Caribeño PARLATINO; Roberto Carlos Gutiérrez, Gerente de Programas de la SEGIB; Maynor Estrada, Oficial a Cargo, FAO Guatemala; Alberto Cortezón, Jefe de Cooperación de la delegación de la Unión Europea; Icela Martínez, Directora del proyecto de Integración y Desarrollo AMEXCID y María Luisa Aumesquet, Coordinadora del Área de Formación del Centro de Formación de la Cooperación Española AECID en Antigua Guatemala.

En eses sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ha evidenciado que 257.5 millones de habitantes de América Latina y el Caribe vive con sobrepeso y 104.7 millones con obesidad, mientras que 39.3 millones de personas padecen hambre en la región.

Aunado a esto el aumento en las migraciones desde el Triángulo del Norte de América Central, especialmente en sus áreas rurales, lo cual se relaciona estrechamente con la inseguridad alimentaria, las crisis climáticas y la falta de oportunidades económicas en los territorios rurales, entre otros factores.

Estos importantes desafíos han sido enfrentados a través de los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), los cuales ha logrado un significativo desarrollo normativo, impulsando la fiscalización
y seguimiento a las leyes y proyectos de ley claves impulsados por los Frentes Parlamentarios, los cuales buscan asegurar que estas iniciativas tengan un impacto en los territorios y grupos poblacionales más vulnerables de la región.